En 30 días fueron expulsados más de 300 migrantes, la mayoría eran hondureños, haitianos y salvadoreños.
La Policía Nacional Civil (PNC) implementó varios operativos para detectar el traslado de migrantes y el Plan Gobernanza fue la acción policial más grande que desplegó en rutas nacionales para lograr las detenciones.
Según registros del INM, solo por la implementación de ese plan que duró tres días fueron expulsados 218 indocumentados.
Hubo tres grupos mayoritarios de migrantes expulsados de Guatemala en ese operativo: 69 hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos, de acuerdo con el INM.
Además, el 12 de junio último fueron expulsados 90 haitianos que fueron detenidos en la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva, cuando intentaban abordar autobuses que los trasladarían a Ayutla, San Marcos, en la frontera con México.
El vocero de la PNC, Pablo Castillo, expuso que continúan con la identificación de migrantes que transitan en el territorio sin autorización, y aclaró que el Plan Gobernanza fue temporal, pero la estrategia para reducir la migración ilegal “tiene más etapas” que se ejecutarán, y no descartó que se implementen más operativos.
“En las fronteras y rutas hay policías que siguen detectando inmigrantes que ingresaron al territorio guatemalteco sin registrarse o autorización. Aunque no hay operativos masivos se sigue con la inspección para evitar más migración”, explicó Castillo.
El endurecimiento de las políticas migratorias por Gobernación se aplicó luego de los compromisos asumidos por las autoridades guatemaltecas con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., a finales de mayo pasado.
La aplicación de la expulsión se basa en la eliminación del salvoconducto para migrantes llamado “orden de abandono”, el cual dejaba que por sus propios medios las personas salieran del país en un periodo establecido y por la frontera que optaran.
Dudas y críticas
La Defensoría de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señaló que la cartera de Gobernación suprimió “la orden de abandono en periodo de 10 días” y aclaró que la expulsión “no está normada en el Código de Migración ni en otra legislación guatemalteca, por lo que no es aplicable y son arbitrarios”.
La directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán, consideró que las nuevas políticas migratorias del gobierno surgen por las presiones del gobierno de Estados Unidos y consideró que las redadas pueden tener impacto, pero no confía en que habrá disminución significativa de la migración.
“Las redadas de la PNC pueden desincentivar la migración, pero los grupos de tratas de migrantes buscarán rutas alternas que pueden poner en peligro la vida de personas y mientras las causas de la migración persistan habrá necesidad de ir a Estados Unidos”, argumentó Roldán.
Según Roldán, los migrantes esperarán el desarrollo de la coyuntura para continuar el tránsito a EE. UU. y de eso también dependerá las decisiones de las autoridades en la región.
El analista en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, criticó las acciones de Gobernación porque no está brindando un trato respetuoso a los indocumentados, cuando Guatemala es un país que tiene poblaciones migrantes en EE. UU. -unos 1.5 millones-.
“El Código Migratorio de Guatemala obliga al país a colocarse en una posición de respeto de los derechos humanos de los migrantes, y cómo no, si Guatemala es un país que depende de la movilidad humana para la subsistencia de una gran parte de su población”, expresó Solares.
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