Acuerdo migratorio podría llegar al Congreso, pero sería conocido por la siguiente Legislatura

Mientras que en el Organismo Ejecutivo aún existe la duda si el acuerdo migratorio que se firmó con Estados Unidos la semana pasada tiene que ser ratificado por el Organismo Legislativo, las autoridades estadounidenses consideran necesario que el convenio sea aprobado por el Congreso.

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Los congresistas participan en una sesión extraordinaria, realizada en un hotel de la zona 10 capitalina, en la cual se realiza la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Los congresistas participan en una sesión extraordinaria, realizada en un hotel de la zona 10 capitalina, en la cual se realiza la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, se reunió ayer, 31 de julio, con el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, y cuando salió de la cita periodistas le preguntaron si el acuerdo debía llegar al Congreso.

“Como he dicho, estamos en el proceso de análisis de ese extremo. Es importante que el presidente del Congreso tenga una idea de los alcances del proyecto y lo conozca, para que si eventualmente la decisión es esa, estén preparados”, declaró el funcionario.

Degenhart señaló que tienen dos escenarios: el de “un acuerdo bilateral simplificado y la ruta que implica enviarlo al Congreso para su aprobación”.

“Son dos líneas de acción distintas que están en análisis”, recalcó el ministro.

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La postura del ministro es igual a la que mostró el vicecanciller Pablo García Sáenz el pasado lunes, cuando precisó: “Se debe hacer una consulta con todos los ministerios que están involucrados en el caso” y posteriormente se decidirá si el acuerdo debe ser ratificado por el  Legislativo.

Una fuente del Gobierno de EE. UU. explicó que para la Administración de su país el acuerdo debe pasar por el Congreso guatemalteco y ser ratificado para cumplir con todas las reglamentaciones legales.

Se desmarcan

Aunque la opinión de la mayoría de bloques legislativos es que el acuerdo migratorio firmado por Guatemala y EE. UU. debe ser ratificado por el Congreso, algunos diputados comienzan a manejar la idea de que será la próxima legislatura la que tendrá la misión de hacerlo.

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Aseguran que en principio el convenio debe seguir todo el proceso legislativo; es decir, ingresar como iniciativa de ley, pasar a una comisión y obtener un dictamen favorable, luego ser discutido en el pleno, posteriormente votado y por último recibir la sanción presidencial, lo cual podría durar varios meses.

Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, afirmó que “los tiempos van en contra” para aprobar en esta legislatura el acuerdo.

“Hay muchas interpelaciones presentadas en el Congreso. Hay que analizar que efectivamente los acuerdos sean conocidos por el pleno y si es así hay prioridades. Es más factible que la próxima legislatura lo conozca”, aseveró Lau.

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Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), coincidió con Lau en que será la próxima legislatura la que conocerá el convenio y recordó que este debe pasar por todo el trámite de una iniciativa de ley.

Javier Hernández Franco, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), considera correcto que el acuerdo llegue al Congreso, pero dijo que “con voluntad política daría tiempo” de aprobarlo.

Qué dice la Constitución

  • Ratificar acuerdos internacionales es atribución del Congreso.
  • Según el artículo 171, literal l, es atribución del Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando estos entran en alguno de los siguientes seis casos:
  • Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos.
  • Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano.
  • Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado.
  • Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales.
  • Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional.
  • Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional.

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