Áreas pobres no serán prioridad en el gasto

Mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca no se cumplirá con el proyecto de presupuesto para el 2017, pues las asignaciones reflejan que no se prioriza áreas con mayor índice de pobreza, tendencia que se ha mantenido por años.

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El proyecto de presupuesto 2017 evidencia que las áreas pobres no serán prioridad para inversión. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El proyecto de presupuesto 2017 evidencia que las áreas pobres no serán prioridad para inversión. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Dos de las funciones más importantes del presupuesto son fortalecer la infraestuctura física estatal —vial, servicios de educación, de salud, y otros— y mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Como “más de lo mismo”, “necesidad de priorizar” o “insuficiente” califican analistas el presupuesto, cuyo plazo de aprobación vence mañana a las 12 horas, en medio de cuestionamiento por la fuente de financiamiento. Hoy el Congreso sesionará y podría no aprobar el gasto.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que el presupuesto proyectado para el 2017 “es insuficiente y no va a contribuir a cambiar las condiciones de los guatemaltecos, mantiene la misma estructura y sigue siendo un presupuesto de sobrevivencia”.

Refirió que se debe reforzar la inversión en protección social, invertir en la niñez, salud, educación y nutrición. “Es necesario invertir mucho en niñez y adolescencia para mejorar su calidad de vida y porque son ellos quienes conformarán el segmento productivo del país en 10 años”, manifestó.

Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que existe necesidad de priorizar el gasto social en educación, el combate a la desnutrición y salud, pero “es necesario que el presupuesto se ejecute de tal forma que muestre resultados a la ciudadanía”.

Para el próximo año se prevé que se concentren fondos en ciertas áreas y no se observa correlación de inversión por persona, por departamento, respecto a indicadores de mayor pobreza en el país o con más desnutrición crónica, comentó Jorge Lavarreda, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Con la asignación prevista para el departamento de Guatemala se destinan Q7 mil 583 por persona, mientras los montos más bajos por persona serían para Totonicapán, con Q1 mil 258; Alta Verapaz, Q1 mil 301, y Huehuetenango, Q1 mil 355; que se encuentran entre los cinco con mayor índice de pobreza, desde 83.1% a 73.5%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2014 efectuada por el Instituto Nacional de Estadística.

El Cien refiere que con respecto a los cinco años anteriores, en salud se destina más fondos para lo administrativo que para áreas de salud.

“Creo que sí se pondrán de acuerdo —los diputados— para aprobar un presupuesto, pero en realidad es más de lo mismo”, expresó Lavarreda.

La estructura del presupuesto mantiene la tendencia de los últimos 10 años, con mayor porcentaje para funcionamiento, 66% en el 2017, y menor inversión, 18%.

El 29% del presupuesto, unos Q22 mil 264.70 millones, se destinarán a remuneraciones, salarios y prestaciones de personal el próximo año.

El Organismo Ejecutivo propuso Q79 mil 830 millones para el 2017 y la Comisión de Finanzas lo dejó en Q76 mil 989.5 millones. Ahora la bancada de Gobierno busca elevarlo Q1 mil millones.

Crean dudosos bolsones

Persisten las dudas respecto a las fuente del financiamiento, como la creación de bolsones de supuestos ingresos sin respaldo técnico, tal como los Q3 mil 200 millones asignados como parte de la meta de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), provenientes del plan de fiscalización y seguimiento de casos jurídicos, refirieron los analistas.

Lavarreda apuntó que tanto la propuesta del Ejecutivo como la de la Comisión “sigue con la mala práctica de incluir bolsones de ingresos”.

Medina agregó que fiscalmente el presupuesto es sostenible y no ofrece riesgos macroeconómicos, pero duda que se pueda cumplir con todo el monto en mención sobre todo por el tema de acciones de fiscalización de la SAT por Q715 millones y Q1 mil 200 millones por cobranza administrativa.

Otra duda es que un alto porcentaje se destinaría para pago de deuda adquirida y funcionamiento, aunque la Comisión de Finanzas bajó el déficit fiscal a 1.5% del PIB.

Lavarreda opina que se incluyeron controles, pero muchas normas presupuestarias no deberían agregarse o quitarse cada año en el Congreso sino pasar a ser parte de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Futuro incierto

A pocas horas de que se venza el plazo para aprobar el presupuesto para el 2017, los diputados aún  negocian varias enmiendas  que serán discutidas en la Comisión de Finanzas del Congreso, con la presencia de los ministros de Energía y Minas, Luis Chang, y  del Tesoro, Julio Estrada.

La solicitud del partido de gobierno es que se incrementen unos Q700 millones al techo presupuestario, a fin de  incluir Q300 millones para el subsidio de la tarifa social e incrementar  a varias oenegés y fundaciones a las que se les habría reducido.

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la Comisión de Finanzas, explicó que los legisladores oficialistas se comprometieron a no incluir enmiendas de último momento sin consenso. “Si incumplen, se les indicó que se tratará de bloquear la aprobación  porque ya no es posible que se continúe con negocios oscuros”, afirmó.

El detalle de la distribución del presupuesto por persona puede consultarlo en la edición impresa de Prensa Libre.