Avanza iniciativa con la cual el Congreso busca controlar los antejuicios

La iniciativa 5300, con la cual se busca hacer reformas a la Ley en Materia de Antejuicios, avanzó en primer debate sin ninguna discusión en la sesión plenaria celebrada este martes en el Congreso.

El pleno del Congreso discutió en primer debate la iniciativa que busca reformas a la Ley en Materia de Antejuicios. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)
El pleno del Congreso discutió en primer debate la iniciativa que busca reformas a la Ley en Materia de Antejuicios. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

Juristas señalan que la iniciativa es perjudicial, pues únicamente quita un filtro técnico, y de ser aprobada, los antejuicios podrían ser utilizados para que el Congreso pueda hacer presión de forma negativa a funcionarios.


En la sesión plenaria celebrada la tarde de este martes se aprobó que el referido proyecto de ley se discutiera en primer debate.

Después de que el primer secretario del Congreso, Estuardo Galdámez, leyera el dictamen favorable, el primer vicepresidente del Congreso Felipe Alejos, quien dirigió la plenaria por la ausencia de Álvaro Arzú Escobar, sometió a debate la iniciativa.

Sin embargo, ningún diputado pidió la palabra para argumentar en favor o en contra la iniciativa y Galdámez anunció que el proyecto se reservaba para su trámite siguiente.

Los jefes de bloque acordaron desde el lunes pasado que la iniciativa 5300 sea discutida el miércoles en segundo debate por lo que la iniciativa podría estar a poco de convertirse en ley.

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Cambios

La iniciativa propone un cambio en el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio para que cuando un juez tenga conocimiento sobre una denuncia o querella presentada en contra de un funcionario que goce del derecho de antejuicio se inhiba y en un plazo no mayor de tres días hábiles traslade el expediente  directamente al organismo competente.

Sí llegara a darse el cambio, se eliminaría directamente el filtro que actualmente se tiene con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que el Congreso podrá conocer de primera mano todos los expedientes e iniciar los juicios políticos que la Constitución le manda a conocer.

Según el Artículo 165, literal H, de la Constitución, al Congreso le compete dilucidar los antejuicios contra el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, ministros, secretarios y los procuradores de los Derechos Humanos y General de la Nación.

El otro cambio que propone la iniciativa es que si el antejuicio no logra el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se archivará en la Dirección Legislativa y ya no podrá volverse a conocer, acción que actualmente sí es permitida.

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Críticas

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, consideró imprudente hacer una reforma “que elimine ese filtro y el tamiz que tiene la Corte Suprema”.

“El antejuicio es un asunto que compete a los tribunales. Qué mejor que en una primera vista se determine la procedencia o no del antejuicio, pero si le quitamos esa función queda pintada, como un cartel en la calle entonces vale preguntar ¿Para qué sirve la CSJ?”, declaró Fernández Molina.

El exmagistrado consideró que esta iniciativa lo único que hace es crear un “menoscabo y desmedro” en contra de las funciones de la CSJ.

El jurista también opinó que el cambio que propone archivar el expediente si no logra votos en ningún sentido “definitivamente también es improcedente porque básicamente estarían juzgado y declarando inocente a la persona al archivar el expediente”.

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“Esto no es buena idea, ahora bien si quieren revisar la ley de antejuicio que lo hagan, deberían hacerlo por ejemplo los alcances del antejuicio, por ejemplo creo que sí se puede investigar o los plazos para que el tribunal de antejuicio determine o no levantar la inmunidad”, aseveró Fernández Molina.

Gabriela Ayerdi, abogada de la organización Acción Ciudadana (AC), afirmó que es necesario analizar el contexto en el que se discute esta iniciativa pues desde el año pasado se ha tenido un sistema de pesos y contrapesos debilitado.

“Definitivamente las acciones para reformar la Ley en Materia de Antejuicio responden a los intereses del Congreso y Ejecutivo en frenar a quienes se han opuesto las decisiones que han tomado”, aseveró Ayerdi.

La jurista recalcó que es evidente que el Congreso “quiere callar a los que se han opuesto a sus decisiones por lo que a su criterio “la ciudadanía debe estar atenta para evitar que estas personas se blinden de las instancias que no favorecen sus acciones”.

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Carlos Chavarría, subjefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), razonó que quitar el filtro de la CSJ abre la puerta para que el Congreso inicie directamente juicios políticos que aunque legales no son legítimos.

“Obviar este filtro sin tener capacidad de análisis simplemente para hacer un juicio político es llevar al funcionario a la hoguera porque no me agrada y porque se juntaros varias bancadas a quienes no les gusta”, infirió Chavarría.

Javier Hernández Franco, jefe de la bancada oficial, fue consultado sobre el avance de la iniciativa en el pleno y reconoció que esto sería darle poderes al Congreso, pero que estos “están plasmados en la Constitución”.

“Creo que si regresamos al sentido de la Constitución era que el Congreso conociera de estos antejuicios y no que se hiciera una calificación en la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos haciendo es legislar para ir a la Constitución”, concluyó el jefe del oficialismo.

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