El Congreso de la República conocerá el martes 24 de marzo, en primer debate, el dictamen y proyecto de ley que dispone aprobar la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, según el orden del día de la 19 sesión ordinaria del Legislativo.

La propuesta ha avanzado poco, pese a que autoridades de la banca central han instado a los diputados a priorizar el tema, ya que, de no ser aprobada, Guatemala podría ser incluida en una lista gris de naciones que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.

“Nos podrían ver como un país no cooperante”, advirtió Saulo de León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Guatemala debe cumplir con recomendaciones internacionales para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades han advertido sobre las posibles consecuencias de no avanzar con esta reforma, en especial para la estabilidad macroeconómica y las evaluaciones de riesgo país.

La advertencia se produce en el contexto de la evaluación que efectuará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de dichas recomendaciones. La evaluación está prevista para dentro de 20 meses, según la información.

De León Durán confirmó anteriormente que a inicios del 2027 “Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Gafilat”.

Este proceso implica un examen cuyos resultados podrían derivar en la inclusión del país en la lista de naciones con deficiencias o poca cooperación en los sistemas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Más sectores bajo supervisión

La iniciativa contempla la incorporación de nuevos sujetos obligados a los controles de la unidad de inteligencia financiera, entre ellos empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas y proveedores del Estado.

También incluye a quinielas y bingos legalmente autorizados, que formarían parte del grupo de personas individuales y jurídicas supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conforme a la propuesta que busca actualizar y modernizar la normativa vigente.

Además, se reestructura el listado de entidades ya vigiladas, como emisores u operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing o factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, así como promotores o intermediarios de compraventa de inmuebles, contemplados en las leyes del 2001 y del 2005.

Impacto económico

Ingresar a la lista gris afectaría la reputación financiera de los bancos nacionales, la relación con organismos financieros internacionales y los mercados globales, además de repercutir en transacciones personales como el envío de remesas o la solicitud de créditos.

Por ello, el Ejecutivo presentó al Congreso la iniciativa 6593, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

De León Durán, quien llegó al Congreso este lunes 23 de marzo para solicitar su aprobación, señaló: “Reconocemos que Guatemala es un país importador”.

Añadió que “un informe negativo sobre Guatemala pone una bandera roja ante todos nuestros socios comerciales; eso se traduce en mayor escrutinio en procesos, primas de riesgo para préstamos a empresas, en tasas de interés e incluso algún veto comercial a Guatemala”.

Asimismo, explicó que “recibimos una gran cantidad de remesas; se canalizan por determinados bancos y estos, cuando identifiquen que el destino es un país en la lista gris, pondrán más controles a los connacionales que implicarán mayores costos e impactarán al bolsillo de los guatemaltecos”.

El funcionario también indicó que “impacta al sistema financiero; es cierto, son los primeros en ver consecuencias negativas, que finalmente llegarán a los guatemaltecos que hacen uso de los bancos”, incluidas cooperativas y casas de cambio.

Finalmente, reiteró: “Nos podrían ver como un país no cooperante”.

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