Congreso intentó desobedecer orden de la Corte de Constitucionalidad

Treinta y ocho diputados votaron para que se agendara en el orden del día de la sesión plenaria que se realizó la tarde de este miércoles las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó el pasado 19 de julio dejar en suspenso el proceso de aprobación de dicha iniciativa.

Varios diputados votaron por una moción para cambiar el orden del día e incluir las reformas a la Ley de Reconciliación en la agenda. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)
Varios diputados votaron por una moción para cambiar el orden del día e incluir las reformas a la Ley de Reconciliación en la agenda. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

Cuando se abrió la segunda sesión plenaria de este miércoles el diputado Fernando Linares-Beltranena, ponente de la referida iniciativa, pidió la palabra y propuso al pleno que se agendara para el tercer debate la iniciativa 5377.

El argumento de Linares-Beltranena es que los magistrados de la CC no pueden ordenar al Congreso detener un proceso que es una función constitucional del Congreso.

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, tomó la palabra y secundó la propuesta del ponente de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y argumentó que se debería buscar “una verdadera institucionalidad”.

La directiva llamó a votación y dejó abierto el evento por más tiempo del que normalmente toma la votación de una incorporación a la orden del día, sin embargo el tablero nunca superó los 38 diputados y la propuesta fue improbada.

Previó a que se cerrara la votación el diputado Galdámez se acercó a varios diputados para pedirles que votaran por la moción y aunque consiguió algunos votos fueron insuficientes. Al finalizar el evento el congresista gritó dentro del pleno: “La izquierda votó en contra de la institucionalidad”.

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Cerca de desobedecer a la CC

Si la propuesta de Linares-Beltranena hubiera tenido el apoyo de al menos 80 diputados el Congreso hubiera desobedecido la orden de la CC contenida en el amparo provisional que emitieron el pasado 19 de julio.

Con su decisión, los magistrados, ordenaron que se dejara en en suspenso “el procedimiento de formación, sanción y promulgación de la iniciativa 5377 que busca hacer reformas a la Ley de Reconciliación Nacional”.

Dicho amparo fue promovido por organizaciones de Derechos Humanos que alegan que la iniciativa es violatoria de Convenios Internacionales y que su aprobación es un retroceso para la justicia del país.

El proyecto en mención extendería la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original de la Ley de Reconciliación Nacional como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando retroactividad de ley.

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También modificaría el artículo 5 para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

Una de las reformas más criticadas es que se adicionaría un nuevo artículo, con el cual toda persona que esté siendo juzgada o ya tenga condena por estos casos “se le deberá decretar amnistía y sobreseimiento en su caso y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

Denuncian a magistrados

Por esta decisión la Comisión Permanente del Congreso, el pasado 24 de junio, presentó una querella penal contra tres magistrados de la CC al considerar que el amparo provisional que detiene las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional “reúne características delictivas”.

A criterio de la Comisión Permanente, “este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar”.

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El argumento de la Comisión es que la CC se extralimitó en sus funciones al otorgar un amparo sobre una ley que no ha sido aprobada, vedando el derecho de legislar a los diputados.

Los magistrados denunciados son Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela, por los delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Sin mayor avance

Posterior al intento de incluir en la agenda la iniciativa 5377 los diputados continuaron con la agenda, los secretarios del Congreso leyeron varias iniciativas de ley para que fueran enviadas a las distintas comisiones de trabajo.

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Posteriormente el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, propuso al pleno que las sesiones plenarias se realicen el martes a las 10 y 13 horas y el miércoles a las 14 horas. Esta propuesta fue consensuada en la Instancia de Jefes de Bloques.

La moción del congresista fue aceptada por el pleno con una votación hecha con quórum reducido y luego de esto se levantó la segunda sesión plenaria de este miércoles.

Anteriormente, en la mañana, se realizó una sesión plenaria donde la diputada Vivian Preciado Navarijo, realizó la interpelación al ministro de Comunicaciones José Luis Benito, el juicio político tuvo poco avance pues el funcionario solo respondió cinco de 32 preguntas básicas.

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