Se incrementa rechazo a reformas a la Ley de Reconciliación

El Congreso podría aprobar hoy en tercer debate la iniciativa 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar una amnistía total a los culpables de crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

A pesar del rechazo que ha causado el proyecto de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, el Congreso sesionará hoy por la tarde y podría aprobar en tercer debate la iniciativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A pesar del rechazo que ha causado el proyecto de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, el Congreso sesionará hoy por la tarde y podría aprobar en tercer debate la iniciativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mientras el Legislativo insiste en aprobar esas modificaciones, el rechazo internacional al proyecto crece, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) piden al Estado frenar tal aprobación.

Además, actores del proceso de la firma de los acuerdos de paz advierten de que las reformas significan un grave retroceso para el país y que los diputados utilizan esa propuesta con el propósito de ganar simpatizantes, de cara al  proceso electoral.

Crece rechazo

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional informó que luego de la audiencia por el caso Molina Theissen, la Corte IDH requiere al Estado de Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

En su considerando número 54, la resolución de la Corte IDH señala: “De acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 14 casos, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1986 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive”.

En tanto, abogados de organizaciones de derechos humanos locales analizan  los alcances que podría tener la resolución de la Corte IDH antes de fijar una postura que darán a conocer a los diputados al Congreso.

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Debió advertir

Víctor Hugo Godoy Morales, expresidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), resaltó que lo que hace la Corte es una recomendación.

“Cuando son sentencias las decisiones de la Corte sí son vinculantes. En este caso estamos ante una resolución luego de una audiencia. Claro que requerir se puede interpretar como que es una exigencia”, aseveró Godoy.

Agregó que Copredeh debió, desde un principio, advertir al Ejecutivo y al Legislativo de que la aprobación de este proyecto de ley era contrario a los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala.

En tanto, el asesor especial para la Prevención del Genocidio de la ONU,  Adama Dieng, urgió a los congresistas “rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional”.

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El asesor también expresó su profunda preocupación “por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto de ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca”.

“El proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un periodo muy oscuro de su historia”, declaró Dieng.

Añadió: “A pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y Dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro”.

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, comentó: “Reiteramos nuestra profunda preocupación por la amnistía para los abusadores de derechos humanos y delincuentes que resultaría de la enmienda propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional. Los Estados Unidos apoyan a los guatemaltecos en su lucha contra la impunidad”.

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Defiende proyecto

Fernando Linares-Beltranena, diputado ponente de la iniciativa, aseguró que la resolución de la Corte IDH no es vinculante.

“El Estado de Guatemala es soberano y el Congreso tiene la atribución de discutir leyes, y nos extraña que la Corte IDH no se pronuncie por la violación de derechos humanos que ha ocurrido desde 1996, en que se decretó una amnistía recíproca con la cual no se ha cumplido”, expuso el congresista.

Además cuestionó que Breier se pronunciara sin conocer los argumentos de la iniciativa.

Mala utilización

Raquel Zelaya, exsecretaria de la Paz, apuntó que “tristemente” percibe que “muchos de los que están a favor de reformar la ley lo que hacen en un periodo electoral es tratar de ganar voluntades”.

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“La intencionalidad no es que se aprueben las reformas  a la  ley porque tiene muchos valladares legales para hacerlo, pero manifestar esa intención gana voluntades electorales”, afirmó Zelaya.

Pablo Monsanto, excombatiente guerrillero, considera que la intención del Congreso  “es un retroceso para Guatemala, no de 25 años, sino de muchos más”. “Si se aprueba la reforma a la ley será un muy mal precedente para el país porque cualquiera puede decir que se pueden cometer crímenes, que no ocurrirá nada”, afirmó.

Quieren amnistía total

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original de esa norma, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.

Además, absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La reforma también adiciona un   artículo en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como autoprocesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

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