El proceso que debió culminar en octubre de 2019 con la toma de posesión de la Suprema y de Apelaciones comenzó a ser discutido por los diputados en una sesión extraordinaria, que previamente rindió honores a la diputada fallecida Adela de Torrebiarte.
Se trata de la elección de 26 abogados para la Suprema -13 titulares y 13 suplentes- y 270 para Apelaciones -135 titulares y 90 suplentes-. Son en total 296 abogados finalistas definidos por las comisiones de postulación en 2019.
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Hay que tomar en cuenta que hay 20 abogados que, según el Ministerio Público (MP), no son idóneos para el cargo, lo cual la Corte de Constitucionalidad (CC) en mayo, en un amparo definitivo a la fiscalía, ordenó al Congreso tomar en cuenta para que fueran excluidos. Asimismo hay 10 diputados que, de nuevo según el MP, tienen conflicto de interés con determinados aspirantes, para lo cual no deberían ser parte de la votación.
¿Cuál primero?
El asunto comenzó con el debate en torno a la forma de abordar la elección, puesto que algunos diputados decían que debía ser primero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y luego Apelaciones, pero otros congresistas insistían que la CC no definió un orden.
Bernardo Arévalo, de Semilla, consideró que el voto de cada bancada por cada abogado no contradice a la resolución de la CC y solicitó que fuera primero por CSJ y luego Apelaciones, como establece la parte resolutiva de la CC.
Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, dijo que la CC no establece qué corte debe ser primero en elección y consideró que debe ser primero la de Apelaciones y luego CSJ porque en ese orden llegaron los listados de las comisiones de postulación.
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Aníbal Samayoa, del Partido Humanista y quien dijo ya tener definido sus votos, sostuvo que la elección debe ser mediante el tablero electrónico porque está establecido en la Ley del Organismo Legislativo y, según su apreciación, sería un “verdadero fallo” de la CC resolver incurrió en inconstitucionalidad que el Congreso se basó en su propia ley para este ejercicio.
Eduardo Zachrisson Castillo, del PAN, enfatizó que la Constitución establece que la CC es el órgano que debe interpretarla. “Nos guste o no, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice”, argumentó. En su razonamiento reflexionó entonces que el Congreso no debía interpretar a conveniencia la resolución sino únicamente cumplirla porque de lo contrario sería un desacato.
Leslie Valenzuela, de UNE, apeló al Congreso cumpla la parte resolutiva de la CC, que establece en el orden CSJ y luego Apelaciones.
Arzú Escobar, en un nuevo uso de la palabra, resaltó que hay un interés político de elegir primero la Suprema porque en 2021 esos nuevos magistrados nominarían magistrados de la CC para la magistratura 2021-2026.
Édgar Batres, de Winaq, exhortó al pleno que encontrar una solución pronta, porque “no estamos entendiendo el sentimiento del pueblo que sale pacíficamente a manifestar”. Su postura fue ceñirse a la resolución de la CC, en su orden CSJ y Apelaciones.
¿Uno por uno?
La discusión también se centró en cómo sería la votación de aquellos 20 abogados señalados, si quedarían fuera o bien si cada diputado debería votar en su contra en su momento.
Otro factor determinante es que la CC resolvió que cada diputado debe votar a viva voz por cada aspirante y razonar su voto, lo que vislumbra un proceso prolongado tomando en cuenta que son 160 diputados y 296 abogados. Alguna propuesta fue que cada bancada votara a favor o en contra de cada uno de los candidatos o si bien se hace conforme el mecanismo definido mediante el acuerdo 14-2020, que establece que la votación debe ser por cada diputado a viva voz y por cada aspirante.
La sesión tomó más de dos horas para leer la resolución de la CC del 6 de mayo, amparo definitivo a favor del MP y contra el Congreso, con el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa.
