Con 102 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo Legislativo 15-2026, por medio del cual solicitará una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el veto que el presidente Bernardo Arévalo dio al Decreto 10-2026 del Congreso, por medio del cual se reforman el Código Penal y la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, al aducir que contiene varias inconstitucionalidades.

Los diputados conocieron este martes 12 de mayo el veto a la norma contenido en el acuerdo gubernativo 68-2026, publicado el pasado 6 de mayo en el Diario de Centro América. Dentro de las consideraciones del veto emitido por el Ejecutivo se justificó que, luego del análisis realizado al Decreto 10-2026, se estableció que este contiene varias disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República, toda vez que vulnera principios penales de taxatividad y lesividad, e inobserva la disposición constitucional en materia de protección integral de la niñez, adolescencia y familia.

El veto emitido por el Ejecutivo indica que en los artículos 1 y 2 de la norma aprobada por el Congreso, que reforman los artículos 173 y 173 bis del Código Penal, se introduce el supuesto para los tipos penales de violación y agresión sexual: “Cuando en los supuestos descritos en el segundo párrafo de este artículo, el sujeto activo sea adolescente y el sujeto pasivo no sea menor de 14 años y no medie violencia física, psicológica o prevalimiento, se podrán imponer sanciones”. Según el veto emitido por el presidente, esta disposición es contraria a la Constitución.

Luego de dar a conocer a los diputados en el hemiciclo el veto, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, sometió a votación la propuesta para remitirlo a la CC, para que emita opinión sobre si es procedente o no.

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Se busca enmendar error

Según indicó el diputado del bloque oficial Raúl Barrera, quien fue ponente de la propuesta de ley que dio vida al Decreto 10-2026, que contiene las reformas a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, lo que se busca con la modificación es enmendar un error que cometió el Congreso en el 2009 al reducir la edad de consentimiento para sostener relaciones sexuales.

“Este Congreso aprobó una importante norma en el año 2009 en la que se incurrió en un error, pues se redujo de 18 a 14 años la edad mínima para consentir relaciones sexuales y esto abrió la puerta para que los adultos empezaran a tener de manera legítima, lícita y permitida por el Estado relaciones sexuales con personas que apenas habían cumplido 14 años de edad. En esa virtud, yo soy uno de los ponentes de las dos iniciativas que en su momento se conjuntaron”, afirmó.

También indicó que la duda del Ejecutivo sobre lo establecido en la norma aprobada recientemente por el Congreso es justificable y aseguró que es viable que la Corte de Constitucionalidad pueda emitir su opinión con relación a este asunto.

“En criterio del Poder Ejecutivo Nacional existe una duda razonable, cosa que con razón hay que suscribir, de que desde el Organismo Judicial no se intelija, no se intuya, no se aplique de manera razonable la disposición relativa a las relaciones entre adolescentes, razón por la cual se hace necesario un examen de constitucionalidad. En esa virtud y para dar el trámite correspondiente a esta iniciativa, distinguidos colegas, solicito que puedan refrendar la solicitud de que el decreto sea remitido a la Corte de Constitucionalidad para que esta emita lo que en derecho corresponda”, puntualizó Barrera.