Diputados podrían debilitar el sistema de justicia y la persecución penal

Luego de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado 3 de septiembre, diferentes bancadas buscan articular en el Congreso varios proyectos de ley para derogar o reformar varias normas que fueron promovidas por esa comisión.

Pocos diputados asisten a la sesión plenaria en la que se pretende aprobar, en primera lectura, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial. (Foto Prensa Libre: Dulce Rivera)
Pocos diputados asisten a la sesión plenaria en la que se pretende aprobar, en primera lectura, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial. (Foto Prensa Libre: Dulce Rivera)

Con la iniciativa de ley presentada este 23 de septiembre que busca reformar la Ley de la Carrera Judicial, para regresarle el poder sobre ese órgano a la Corte Suprema de Justicia se habla de otras leyes como la de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (juzgados, tribunales y salas de mayor riesgo), la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual define varios delitos y crea la figura de colaborador eficaz y los métodos especiales de investigación, entre otras, que estarían en discusión para ser modificadas o derogadas, lo que para expertos y sectores tendría la intencionalidad de debilitar el sistema de justicia y la persecución penal.

El primer ejemplo es la intención del Legislativo de aprobar las reformas a la Ley de la Carrera Judicial para regresarla a como estaba antes del 2016, fecha en la que se aprobó una nueva norma, que iba de la mano con una reforma constitucional en el sector justicia.

Expertos en temas de seguridad y justicia coinciden en que la Ley de la Carrera Judicial tiene algunas falencias, debido a que la misma se ejecutaría junto con la reforma constitucional, la cual resultó fallida al no aprobarse; sin embargo, modificarla como se pretende solo debilitará más la norma.

Aunque en el Congreso los diputados no quieren pronunciarse al respecto y niegan que la reforma a la Ley de la Carrera Judicial sea para beneficiar a los jueces y magistrados que se postulan está el antecedente de las reformas al Código Penal del 2017, las cuales, en lugar de favorecer solo “a sus amigos” que estaban procesados dejaba en libertad a muchos presos que enfrentaba delitos de asesinato y a pandilleros.

A partir de esas reformas se les llamó a los diputados parte del #PactodeCorruptos.

Lorena Escobar, directora del área de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que de concretarse esta intención de los diputados se estaría regresando al país 10 años, debido a que se debilitaría el sistema de justicia y la persecución penal.

“Uno de los mejores legados que dejo Cicig son todos los instrumentos legales que introdujeron a la persecución penal, como la ley que crea lo juzgados de mayor riesgo”, explicó.

“Hay una serie de leyes que sin ellas la persecución penal en casos de corrupción no hubiese sido posible, ni siquiera perseguir porque no estaban en nuestro ordenamiento jurídico, eliminarlas, modificarlas con intenciones particulares y no en beneficio de la justicia sería un retroceso y garantizaría impunidad a muchos políticos”, refirió la experta.

 

Un pacto entre magistrados y diputados

La directora del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, manifestó que los diputados han tenido una lista de decretos a derogar o emitir nuevos para contrarrestar lo que se había trabajado en la lucha contra la impunidad.

“Estaban por ejemplo la Ley de Amnistía, la ley contra las Oenegés, la de prisión preventiva, La Ley que creo el sistema de mayor riesgo, y en su momento, la creación de Cicig. Y ahora la de la Carrera Judicial que coincide con los procesos de postulación, pero en el fondo las reformas las querían hacer, solo que estaban a la espera de encontrar el momento oportuno”, dijo Ibarra.h

Ibarra hace referencia a que el interés que tiene los diputados de devolverle a la Corte Suprema de Justicia todo el poder administrativo se debe a que antes de la nueva Ley de la Carrera Judicial ellos eran los que definían qué magistrado iba a cada Sala de Apelaciones y ahora no.

“Las reformas a la ley de la Carrera Judicial le devuelven ese poder y ese es un arreglo que tienen los magistrados de la CSJ con un grupo de diputados que dominan el Congreso, algunos de ellos son ponentes”, refiere.

Añadió: “Estaban esperanzados en que la Corte de Constitucionalidad declarará inconstitucional la Ley de la Carrera Judicial, pero el 13 de septiembre la CC rechazó todas las inconstitucionalidades y ahora lo que algunos pretenden es una enmienda de curul para que se suspenda momentáneamente la vigencia del artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial para que no haya necesidad de evaluar jueces sino utilizar las evaluaciones anteriores”.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda manifestó que no tiene conocimiento de que el Congreso este aprobando o desaprobando decretos que vayan a favor de generar impunidad, pero la posición de los industriales es de ir en contra de cualquier medida que quiera favorecer la impunidad.

“Todo lo que es combate a la impunidad debe de seguir, se debe fortalecer a las instituciones, de ninguna manera estaríamos de acuerdo con cualquier actividad que sea en beneficio e incrementar la impunidad, por lo que no estaríamos de acuerdo”, dijo Zepeda

Un retroceso para el país

El politólogo de Asíes José Carlos Sanabría señaló que desde hace dos años no solo en el Congreso sino en otros organismos del Estado ha habido un clima anticicig y eso lo evidencia la no renovación de su mandato.

“Lo que lograría -al reformar la Ley de la Carrera Judicial- es retroceder en muchos avances positivos para fortalecer el sistema de justicia en el país, evidentemente hay un clima anticicig, y que está predominando en algunos actores políticos y si está en agenda legislativa, está sobre la mesa y está en proceso de negociación, sería muy lamentable, tendría un costo bastante alto para el país por todos los avances y esfuerzos que se han impulsado para fortalecer el sistema de justicia”, aseguró Sanabria.

Añadió: “Este clima no es actual, ha prevalecido en los últimos dos años no solo en el Congreso sino afuera de él, las acciones para sacar a Cicig del país simplemente eran una manifestación, pero el objetivo no solo era ese sino es llegar más allá, el objetivo es debilitar el sistema de justicia y generar acciones para que la impunidad prevalezca en el país, sería muy lamentable que ese escenario se concretará”.

El analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú señaló que con la aprobación de esas leyes que de alguna forma tuvieron el acompañamiento de la Cicig se cumplían compromisos internacionales que Guatemala había firmado a mediados de los años 1990.

“La Ley contra la Delincuencia Organizada cumplía con el protocolo de Palermo que se firmó en los 90, en ella se define qué se entiende por delincuencia organizada, se establecen los métodos especiales de investigación, al igual que las otras leyes”, refiere.

Sobre los Juzgados de Mayor Riesgo, el experto manifestó que estos se crearon para descongestionar o agilizar el tema de algunos casos y fueron pensados para atender casos donde los jueces tenían riesgos muy altos, principalmente en la provincia, donde organizaciones amenazaban a los jueces y para evitar que esas amenazas se hicieran reales se instalaron los juzgados especiales en la capital.

“Creo que hay algunas leyes en todo el paquete en las que Cicig haya participado en diseño o sacarlas adelante, creo que más allá que haya sido Cicig o no, la mayoría sí valen la pena mantenerlas porque si no sería un retroceso de 10 años, y ahorita lo que estamos hablando es de que se quiere hacer eficiente el sistema de justicia y en parte estas leyes que se hicieron fueron para introducir cambios que apoyaran la administración de la justicia”, dijo el experto.

Mientras que Francisco Quezada, también del Cien, argumenta que la Ley de la Carrera Judicial es una ley que desde un principio empezó a tener problemas, pues quienes la hicieron partieron del supuesto de que iba a haber una reforma constitucional.

“En base a ese supuesto partieron de que se le iba a quitar los poderes a la Corte Suprema de Justicia e iba a ser sustituido por un Consejo, se hicieron cambios en donde si los desapoderan, pero dejan lagunas muy grandes donde al final tienen la última palabra para hacer los nombramientos y ascensos”, dijo Quezada.

El experto señaló que cualquier reforma a la Ley de la Carrera Judicial debe ser muy técnica para no caer en el mismo error del 2016.

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina argumentó que cualquier reforma o derogación de leyes que quieran hacer los diputados en lugar de fortalecer al sistema de justicia, lo debilita.

“Muchas de esas reformas las están haciendo más a la carta y con algún destino particular, el Congreso se siente empoderado porque no está Cicig, pero no deben de perder de vista la última aduana que es la Corte de Constitucionalidad y muchas de esas reformas van a ser impugnadas y no tengo la duda de que se vayan a declarar inconstitucionales”, manifestó Fernández Molina.

El exmagistrado también coincide con los expertos en que hay una intención de debilitar el sistema de justicia y la persecución penal.

“Qué paso en el 2016, que emitieron leyes en maquila como la reforma a la Ley Electoral y de la Carrera Judicial que fueron muy mal articuladas, y ahí los problemas, pero por mucho que quieran reformar el punto medular es la evaluación de jueces, la selección de los mejores solo se puede obtener a través de métodos de evaluación más realistas, los cambios vienen a debilitar, con el argumento de querer fortalecer la justicia”, indicó el exmagistrado.

Fernández Molina concluyó: “En el fondo quieren debilitar al Ministerio Público, sobre todo a los seguimientos que hay en contra de personas que fueron denunciadas”.

 

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