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Fiscal general: denuncia contra comisionados y amparo contra presidente buscan incidir en integración de nómina
La secretaria de la postuladora, Patricia Gámez, señala que las denuncias hacia los comisionados son una forma de coacción y analista considera que se busca incidir en la conformación de la nómina de seis candidatos a fiscal general.
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La planea elaborar este 17 de abril al nómina de seis candidatos a fiscal general. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).
El trabajo de la Comisión de Postulación para fiscal general está en la recta final, pero acciones legales recientes buscan incidir en el proceso, como un mecanismo de intimidación hacia los comisionados antes de definir la lista de candidatos.
Al iniciar la sesión de este martes 14, la secretaria de la comisión Patricia Gámez consideró que las denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz contra varios comisionados, son una forma de intimidación. “Lo tomo como un acto de coacción, no solo contra mi persona sino contra la comisión. Quiero dejar claramente señalado que el código penal, refiere que quienes sin estár legítimamente autorizados mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro u lo obligue a hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúa lo que no quiere, será sancionado conforme a la ley”.
“He actuado en esta comisión con base en los principios que la rigen, con plena independencia. Presentar denuncias, instrumentalizar el derecho penal, es un acto de coacción que no debe ser permitido por ninguno de nosotros”.
Por su lado el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo considera que sus acciones son necesarias para un proceso trascendental, buscando que se respeten las leyes y para evitar un posible conflicto de interés.
La denuncia se relaciona con la sesión de la postuladora de este lunes 13 de abril, cuando la comisión debatió por varios minutos si la experiencia de juez es equiparable a la experiencia de abogado.
Entre los requisitos para ser aspirante a fiscal general se requiere cumplir con al menos un periodo como magistrado de Corte de Apelaciones o un tribunal de igual categoría, o tener al menos 10 años de ejercicio como abogado.
No se menciona textualmente el ejercicio de juez para aspirar a dicho cargo público, lo que ha hecho que algunos comisionados duden de la calificación que se le tiene que dar a los jueces al momento de evaluar su experiencia profesional.
Las acciones
Méndez Ruiz presentó una denuncia contra Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y secretaria titular de la comisión, al igual que contra algunos comisionados.
La denuncia fue anunciada en su red social X, y según esa publicación los cargos señalados son asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, resoluciones violatorias a la Constitución y violación a la Constitución.
La acción se da porque presuntamente Gámez y algunos comisionados estarían omitiendo los requisitos legales para a favor de algunos aspirantes a fiscal general, considerando Méndez Ruiz, que se estaría afectando el proceso.
#URGENTE
— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) April 14, 2026
🧵La Fundación Contra el Terrorismo presentó un amparo contra Bernardo Arévalo, por su falta de idoneidad para nombrar Fiscal General. pic.twitter.com/jBuIwhJKuc
También presentó una acción de amparo contra el presidente Bernardo Arévalo, indicando que el mandatario no es idóneo para nombrar al próximo jefe del Ministerio Público (MP).
“Tenemos a un presidente con señalamientos penales en su contra, en confrontación con el MP y con el poder de nombrar fiscal general (…) nuestro amparo pretende poner un alto a un nombramiento viciado, un alto a un conflicto de interés”, señaló Méndez Ruiz en un video en la red social X.
El presidente Arévalo ha sido mencionado por el actual MP en el Caso Corrupción Semilla, que atribuye ilegalidades en el proceso de constitución del partido político que lo llevó a la presidencia.
Buscan intimidar
Alejandro Solórzano, observador independiente, considera que las acciones legales buscan generar miedo entre los comisionados, para incidir el sentido de sus votos en las decisiones clave que tiene esta semana la postuladora: calificar aspirantes y elaborar la lista de los seis candidatos.
La calificación es el filtro para que un aspirante a ser candidato a fiscal general siga o no en el proceso, ya que necesita una calificación mínima de 75 puntos para ser tomado en cuenta en la conformación de la nómina de seis candidatos.
Pero la denuncia y el amparo, en medio de la calificación y previo a la votación final, tiene un mensaje de fondo claro, a decir del analista que ha dado seguimiento a la postuladora.
“Son intimidaciones claras con intentos de querer influir en las votaciones. Un proceso penal le causa miedo a cualquiera, ellos como abogados saben como se aplica el Derecho en Guatemala, entonces algunos podrían sentirse intimidados”, dijo.
La CC debe pronunciarse
El debate que puso a algunos comisionados en la mira de Fundación Contra el Terrorismo, a tal punto que fueron denunciados, lo propicio Luis Aragón Solé, secretario suplente de la comisión y decano de derecho de Universidad San Pablo.
El comisionado dijo que no buscaba alterar la tabla de gradación, pero sugirió, en más de una ocasión hacer un evento de votación para definir el caso, lo que generó resistencia de algunos comisionados.
Entre los argumentos de ese debate se hizo mención de un amparo que tiene la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre ese tema, que a días de la integración de la nómina no ha sido resuelto.
Ahora, la nueva CC tiene esa responsabilidad sobre los hombros. Incluso tres de los cinco magistrados titulares entregaron una nota a la magistrada Anabella Morfín, presidenta de la CC, para que programe ese amparo.
Para Solórzano, lo mejor es que la CC se pronuncie y resuelva ese amparo antes que se llegue a la etapa de integración de nómina, para evitar que el trabajo realizado quede anulado ante un posible amparo provisional.
“Es un momento crucial para que la CC emita su resolución y servirá para proyectarla. Se habla de dos o tres votos progresistas, pero eso se evaluará con la toma de decisiones”, dijo.
El analista fue claro que el caso se debe conocer, pero él esperaría que la CC no afecta el derecho de igualdad de los jueces. “Sería prudente mantener el derecho de los jueces y mantener ese derecho de igualdad con los fiscales de carrera y los abogados de carrera”.
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