Era un tema que ya se venía escuchando desde hace bastante tiempo. Pero hay que recordar que el sector privado organizado se ha regido primero con el respeto constitucional al debido proceso, al respeto de la inocencia del individuo y un tercer tema que es importante es que al Ministerio Público le corresponde acusar, pero el único que puede decidir sobre este tipo de temas, en definitiva, y juzgar y dictar sentencia condenatoria o absolutoria, es un juez.
Entonces, es un tema que todas las personas implicadas —a quienes yo conozco desde hace muchos años— son personas que han dado mucho por Guatemala y también, como dijo el mismo comisionado —Iván Velásquez—, se han puesto a disposición de la Fiscalía y han ofrecido reparar algún daño, si es que se causó.
¿Cuál es el origen de esta situación, desde su punto de vista?
Es un tema que se origina de una norma jurídica, que es el 407 N del Código Penal, en su segunda parte, que es un artículo que la misma Corte de Constitucionalidad no quiso resolver de fondo y se recordará que hace dos meses se lo remitió al Congreso.
¿Y por qué lo remitió al Congreso? Porque es un artículo demasiado confuso y las penas eran desproporcionadas.
Para que realmente ese artículo funcione, debe haber claridad en su redacción, en su tipificación del delito, porque, de lo contrario —que es lo que no se quiere—, en lugar de fomentar la democracia en Guatemala y a los partidos políticos la podemos ir aniquilando, por malas interpretaciones o interpretaciones confusas.
¿Esperaban este tipo de señalamientos?
Había muchos rumores sobre este tema y fue una sorpresa que la conferencia fuera el día de hoy —ayer—, pero es un tema que ya había sido abordado por los designados y se han presentado ellos mismos a la Fiscalía y ante la Cicig, como el comisionado lo reconoció.
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¿Qué lecciones deja este caso?
La primera es que debemos reconocer que el artículo (407 N del Código Penal) es demasiado confuso y en lugar de dar una seguridad jurídica, está dando una inseguridad jurídica para cualquier contribuyente.
Lo que se trata, si no mal recuerdo, cuando se discutió este tema en el Congreso, era evitar financiamientos ilícitos derivados de lavado de dinero, narcotráfico, de extorsiones, etc.
Eso era, en principio, lo que se trató de regular. Y luego, que cuando uno habla de anónimo es un tema que no conoce de dónde viene, pero en este caso es un tema donde se sabe de dónde viene. Entonces no hay anonimato.
Por eso es confuso, pero cada uno tiene su interpretación. Al final, nosotros no somos jueces, ni la prensa ni el público podemos opinar, pero el que tiene la única potestad legal para resolver estos temas e interpretar la ley es el juez.
¿Golpea el caso al sector privado?
No golpea, y lo que sucede es que cuando uno quiere invertir en Guatemala necesita que por lo menos se cumplan dos requisitos: seguridad física y seguridad jurídica. Si falta cualquiera de estos dos elementos, no esperemos que haya inversión en Guatemala.
En el país lo que estamos observando en las encuestas, desde hace mucho tiempo, es que el principal problema es el desempleo y la falta de inversión nacional y extranjera.
Necesitamos que todas las instituciones funcionen, como contrapartida, que opere el Organismo Judicial, el sector empresarial, el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo.
Estamos en la antesala del próximo evento electoral.
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¿Qué cambios sustanciales podría haber de parte del sector privado organizado, para no repetir el caso que se hizo público?
Como sector privado organizado hemos mantenido que debe haber una reforma profunda de las leyes electorales y de partidos políticos. Eso nos va a garantizar a todos los sistemas democráticos que establece la Constitución. No hay otro medio de llegar al poder que por los partidos políticos, nos guste o no nos guste.
Segundo, debemos buscar, como lección aprendida, llevar al Congreso a las mejores personas que hay en Guatemala. Igual al Organismo Ejecutivo, y también tenemos que entrar posteriormente a una reforma judicial profunda. Hay que reconocer que muchos de los tribunales están saturados de trabajo, lo cual impide que se puedan dictar las normas en los períodos establecidos por la ley.
¿Jugará el sector privado un papel más activo con este caso desvelado? ¿Qué ambiente se percibe después de esto?
No todo es malo. Venimos de la elección de un superintendente de la SAT, en marzo, por medio de un proceso que es limpio, reconocido local e internacionalmente.
Tuvimos una consulta popular el domingo pasado que superó los niveles de participación en las anteriores. Eso es algo muy positivo.
El tercer elemento que hay que señalar es el reconocimiento nacional e internacional de la Comisión de Postulación para Fiscal General, que todo mundo esperaba que fracasara, y cumplió con sus objetivos, lo cual permite ver al país, desde una perspectiva positiva.
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¿Cómo están observando el andamiaje para el próximo evento electoral?
Después de la consulta se debe fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y hacer mucho énfasis en la importancia de que se tenga a las mejores personas en los puestos políticos, personas sin tachas, con perfiles altos y que sean personas que vayan a aportar al país. Que entren jóvenes, porque las personas quieren ver caras nuevas y liderazgos nuevos. Se ve una oportunidad para hacerlo.
¿Y cómo ve la oferta electoral para la próxima presidencia?
Hay que esperar y tener paciencia, porque las tareas electorales no principian sino hasta dentro de algunos meses, probablemente, y lo que sucede es que la convocatoria será en enero y las elecciones presidenciales, en junio. Pero antes se deberá asignar al procurador general de la Nación, al contralor general, y hay que fiscalizar las elecciones.
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