El exdirector del área de salud explicó que su destitución fue ordenada cuando Soto todavía no era ministro y por se sin causa justificada apeló ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual ordenó su restitución.
Debido a que esta orden no se respetó, el profesional acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se le otorgó un amparo provisional que debía ser cumplido por Soto, quien para entonces ya estaba en el cargo.
Según el relato de Reyes, cuando debía presentarse a tomar posesión del cargo, durante los primeros días de febrero, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala tomaron las instalaciones del área de salud y seis días después, sin poder ingresar a la oficina, el médico fue notificado de su nueva destitución.
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Al ser consultado previamente sobre el caso, el ministro de Salud afirmó que la destitución procedió debido al mal desempeño del médico, pero el aludido afirma que Soto no pudo evaluar su gestión pues no era ministro de Salud en la primera notificación y en la segunda solo habían pasado seis días y nunca pudo ingresar a la oficina.
El médico afirma que Soto incumple la orden de la CSJ, pues el amparo provisional sigue vigente pese a que la cartera solicitó a la Corte de Constitucionalidad que se anulara el fallo, pero esto fue rechazado.
Por la situación, Reyes acudió al Colegio de Médicos a solicitar una amonestación pública para Soto debido a los daños causados.
El colegio puede emitir varios tipos de sanciones, entre ellas una amonestación verbal, privada o pública o también la inhabilitación para ejercer la profesión, pero la acción administrativa contra el ministro no tiene repercusión alguna hacia su cargo como tampoco a ejercer su profesión.
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Retiro de Antejuicio
El 8 de febrero, el Ministerio Público (MP) solicitó en la CSJ el retiro de la inmunidad a Soto, con el fin de investigar si incurrió en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La Fiscalía señaló que el ministro intentó imponer a un médico en el hospital de Nebaj, Quiché, y al no lograrlo despidió a la directora del centro, Miriam Segura.
Después de 12 días, el pleno de magistrados de esa corte se dividió, pero resolvió que no se daría trámite a la solicitud del MP y fue rechazado sin entrar a conocer los motivos de la solicitud.
El señalamiento indica que el ministro llamó por teléfono a Segura y “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.
Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar en el Hospital Regional de Quiché porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería de ese centro.
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