Guatemala
Presidente Arévalo veta ley de Codedes por vicios de inconstitucionalidad
El Decreto 07-2025 que plantea agilizar la ejecución de fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo enfrenta objeciones del Minfin y la Scep, que desaconsejaron la sanción del Ejecutivo.
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La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), solicitó al presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionar el decreto 07-2025 que permitiría a los Codedes mantener los fondos no ejecutados en la construcción de obras. (Foto Prensa Libre Esbin García)
El presidente, en consejo de ministros, decidió vetar el Decreto 07-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, bajo el criterio de que la normativa choca con cinco artículos (2, 119, 154, 171 b y 238) de la Constitución.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Guatemala "reconoce la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas" a la ley y asegura que "trabajará con el Congreso para poder alcanzar acuerdos que persigan el desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público".
La nota de prensa señala que el gobierno tiene “un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario” y añade que la “administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos”.
El decreto establece el arrastre para el 2026 de los fondos no ejecutados este año. También fija un plazo de cinco días para la autorización de los avales institucionales para la ejecución de proyectos; ante el incumplimiento la solicitud quedaría aprobada automáticamente.
El respaldo o veto a la normativa generó tensión entre el Ejecutivo y más de 300 alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Decisión inminente
Según una fuente consultada por Prensa Libre, que pidió no ser citada, el decreto no sería sancionado por el mandatario, conforme a la recomendación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) y los equipos legales, luego de los análisis efectuados sobre posibles inconstitucionalidades contenidas en la normativa.
De acuerdo con la información, el Minfin y la Scep consideran que la ley aprobada por el Congreso el 2 de septiembre contradice lo estipulado en el artículo 55 del proyecto de presupuesto para el 2026, en el que se establece la disponibilidad de asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) con el fin de garantizar la continuidad de la inversión.
Ese artículo faculta al Minfin para ampliar, de manera excepcional, el presupuesto del próximo año, no mediante fondos nuevos, sino incorporando los “saldos por devengar” del 2025, es decir, recursos ya asignados y comprometidos para obras de los Codedes, pero que no fueron ejecutados antes del cierre del ejercicio fiscal.
El mecanismo también establece que los Codedes tendrán hasta el 31 de enero de 2026 para presentar directamente al Minfin una solicitud en la que detallen los proyectos prioritarios que requieren continuidad. La cartera de Finanzas se encargará de incorporar estas partidas en el sistema y emitir las normas para su ejecución.
En septiembre, el titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, envió cartas a varios alcaldes para explicar que la mejor vía para agilizar los fondos destinados a los proyectos de los Codedes es la contemplada en dicho artículo del presupuesto. También afirmó que:
“el camino tomado por el Congreso de la República en el Decreto 07-2025 es un camino equivocado y que puede acarrear más problemas que soluciones a las Corporaciones Municipales”.
En las últimas semanas, el presidente Arévalo fue cauteloso al abordar el asunto.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, fue enfático en rechazar la sanción de dicho decreto y anticipó posibles inconstitucionalidades.
“Este decreto contiene elementos que podrían ser inconstitucionales, así es que mi opinión sigue siendo la misma que he expresado: que, en realidad, no es un decreto que pueda sancionarse, sino más bien en el cual va a tocar hacer recomendaciones y, por supuesto, no se puede aceptar tal y como ha sido aprobado”, puntualizó Menkos.
Alcaldes ejercen presión
Un total de 305 alcaldes, encabezados por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, exigieron en septiembre al presidente Arévalo la sanción del Decreto 07-2025. Cada jefe edil entregó una carta en la Secretaría General de la Presidencia, en la que exponían sus razones para considerar necesaria la aprobación de la ley.
Respecto de un posible veto presidencial a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Siero señaló, el pasado 17 de septiembre, que volverían a acudir al Congreso para respaldar su aprobación.
“El día que en el Congreso se vuelva a conocer, vamos a respaldar a los diputados para que se apruebe otra vez con más de 107 votos. Si en la primera votación que se gestionó en una tarde se consiguieron 108 votos, estoy seguro de que, en la próxima, con la presencia de todos los alcaldes, se conseguirán más de 130 votos”, afirmó.
Según el artículo 178 de la Constitución Política de la República, si el presidente decide vetar un decreto, debe remitirlo nuevamente al Congreso dentro de los 15 días hábiles de haberlo recibido con las observaciones que considere pertinentes.
Demandaron el veto
Desde el 2 de septiembre, cuando fue aprobado el Decreto 07-2025, varios sectores solicitaron el veto presidencial porque al promover el gasto exprés se promovía la opacidad y politización en el uso de recursos.
Entre los sectores que pidieron el veto figuran la Cámara de Comercio de Guatemala (CGC), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
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