La resolución del TSE es que el finiquito no tiene validez. ¿Cómo van a defender la validez?
Hay varios elementos que vale la pena resaltar del voto razonado de la magistrada -María Eugenia- Mijangos. Hay una claridad en los aspectos procesales y legales que confirman que el finiquito cuenta con validez, dentro de los cuales nosotros presentamos en varios memoriales, es que existe un tercer amparo que no fue suspendido, que está en trámite y por lo tanto hace que el finiquito esté vigente; segundo, porque la resolución del Tribunal de Amparo no está en firme, ya que se presentó una apelación.
¿Quienes accionaron -partidos Todos y Liberal de Guatemala- tenían la legitimidad para hacerlo?
Uno de los argumentos más importantes es que las partes que impugnaron no estaban legitimadas para poder presentar los recursos, porque tampoco se daban los presupuestos para poder impugnar. La misma magistrada Mijangos señala una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad sobre que las impugnaciones proceden exclusivamente cuando las resoluciones son negativas y están facultadas para accionar las organizaciones que se vieron afectadas ante una decisión negativa. Impugnar las resoluciones positivas de los demás partidos sería atentar contra los principios democráticos.
¿Cree que se utilizaron las instituciones del Estado para frenar la candidatura de la exfiscal?
La lectura de la magistrada Mijangos es absolutamente clara. Tal como hemos venido denunciando, existe todo un concierto de instituciones que han venido sumándose al bloqueo de la inscripción y la participación política de Thelma Aldana. Tenemos que ponerle nombre y apellido, es el Pacto de Corruptos, y que se pueden identificar plenamente. Fue un grupo de impresentables diputados que ejercieron presión sobre otros actores institucionales, como el contralor general de Cuentas, el procurador general de la Nación y el Ministerio Público.
¿Qué hizo cada institución para plegarse, de alguna forma decirlo, a la presión del denominado Pacto de Corruptos?
Hicieron presión al contralor general de Cuentas, un procurador general de la Nación que incluso se toma la tarea de hacer un comunicado refiriéndose al caso de una candidatura en especial que nunca antes se había visto, el Ministerio Público, un fiscal de delitos administrativos que confirma a los medios que tuvo que correr y trabajar fin de semana para tener listo el expediente, apuntándole a presentarlo antes de la inscripción de Thelma Aldana. Ese mismo actuar del MP con una fiscal General complaciente y totalmente distinta con el caso del antejuicio de Sandra Torres, donde espera que un día después de su inscripción para presentar un caso, el Juzgado Décimo que, violando las garantías, ordena la aprehensión en un caso sin fundamento y, la más reciente, cuatro magistrados del TSE ceden a presiones de estos grupos de poder.
¿Confían en la Corte Suprema de Justicia?
Después de ver la actuación de la Corte Suprema en un antejuicio muy manipulado, como en el caso del diputado Felipe Alejos, donde ocultan información para resolver a su favor y, por otra parte, una decisión favorable a alguien como Sandra Torres, no podemos fijar una esperanza legal de las decisiones de la Corte Suprema.
¿Por el momento la exfiscal va a permanecer en El Salvador?
Es posible, hay algunas consideraciones de seguridad que se han venido señalando, de hecho, hemos venido documentado en El Salvador algún tipo de seguimientos que le está haciendo, por supuesto que preocupa y que terrible sería que sean funcionarios de las fuerzas armadas de Guatemala los que estuvieran haciendo este tipo de seguimiento sin ningún tipo de jurisdicción violentando la soberanía de ese país.
¿Tienen las esperanzas en la Corte de Constitucionalidad?
Creo que hay posibilidad de alcanzar un nivel de análisis apegado a Derecho en la Corte de Constitucionalidad.
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