Los crímenes contra periodistas han pasado de ser una amenaza a una creciente y brutal realidad en la mayoría de democracias en construcción. Los mayores riesgos, paradójicamente, vienen de quienes por obligación tienen la responsabilidad de garantizar el libre ejercicio periodístico, no limitar la libertad de expresión ni poner en riesgo la integridad de los periodistas.

Desde el 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 2 de noviembre como el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, como un tributo a la memoria de dos comunicadores franceses asesinados en Mali ese año.

La impunidad es una lacra judicial que agobia a muchos países, pero lo es más en crímenes contra quienes laboran en medios de comunicación y, sobre todo, a los que cumplen esa función en comunidades alejadas de las grandes urbes, donde ya no solo el poder político, sino la criminalidad organizada acrecienta los riesgos para el libre ejercicio de la prensa.

La Unesco registra que más de mil periodistas fueron asesinados entre el 2006 y el 2017 en todo el mundo, y la mayoría de ellos, un 55 por ciento, murieron el año anterior en países libres de conflictos armados. Lo más alarmante son los altos índices de impunidad por esos crímenes, porque apenas uno de cada 10 casos es perseguido por la justicia. La mayoría de los ataques fue contra quienes cubrían casos de corrupción, delincuencia y política.

Cuando se enfatiza en la violencia contra periodistas en tiempos de paz, es porque lo que se suponía era una práctica de regímenes autoritarios se ha generalizado hasta en las más reconocidas democracias, y aunque en algunos casos los resultados no son trágicos, el acoso es fenomenal, como ocurre en Estados Unidos.

Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables, no solo por la intolerancia de las élites políticas dominantes, sino también por un desborde de criminalidad que actúa con mayor impunidad, como ocurre en amplias regiones de México.

Las campañas de Naciones Unidas y de Unesco han logrado sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del libre ejercicio de la profesión periodística, pero en democracias más rezagadas, como la guatemalteca, las amenazas van en aumento, como lo evidencian las muestras de intolerancia y los comentarios hostiles y descalificadores de los últimos presidentes, algunos de los cuales no parecen tener siquiera la más mínima noción del papel de la prensa en democracia.

La corrupción es una de esas repudiables prácticas que acrecientan los riesgos a los periodistas, cuyas críticas se han buscado desvirtuar por todos los medios. Algunas funcionarias incluso han llegado al extremo de utilizar la ley de femicidio para acallar a la prensa, en algunos casos con el servil auxilio de dignatarios judiciales.

Ahora, un grupo de impresentables pretende impulsar una nueva ley mordaza, en un intento por acallar cualquier crítica, lo cual es absurdo y justifica la preocupación de Naciones Unidas por declarar este día como una fecha propicia para reiterar la necesidad de desterrar la impunidad en los crímenes contra la prensa.