Precisamente a dos años del bicentenario de la emancipación política de España se presenta para la región centroamericana, específicamente para el Triángulo Norte un reto de proporciones gigantescas y de efectos dramáticamente humanos. Guatemala se encuentra, en virtud del acuerdo firmado con Estados Unidos, en el centro de una operación que busca frenar el éxodo de migrantes hacia el norte, la cual fue conminada a aceptar bajo presión de gravámenes a las remesas y aranceles para los productos de exportación, entre otras sanciones.

En virtud de la soberanía nacional y de las condiciones en que fue suscrito, el convenio con el gobierno de Donald Trump debería ser simple y llanamente rechazado, pero el asunto no es tan fácil. Cabe reconocer la dependencia comercial e incluso política de este país respecto de la potencia del norte, de donde millones de compatriotas envían miles de millones de dólares en remesas que apuntalan la economía no solo nacional, sino de miles de familias en el país. El secretismo con el cual el gobierno de Jimmy Morales manejó la negociación pone en tela de juicio la calidad del acuerdo y, de hecho, un poco de transparencia y sinceridad hacia la ciudadanía habría sido un detalle de respeto y dignidad que sin duda hubiese aportado al debate e, incluso, a la comprensión del pulso diplomático que se libraba.

Firmado el asunto hay que esperar el devenir legal de tal documento en el marco ya antes descrito. En todo caso hay que tener claro que Guatemala aceptó convertirse en depositario de migrantes en busca de asilo, a quienes EE. UU. podrá eludir con mayor facilidad fuera de su territorio. Se trata de una realidad que golpea y despierta una serie de cuestiones acerca de cómo se atenderá a esas personas que huyen de la violencia en sus países y se encuentran con una nación en condiciones similares de desgaste económico, contrastes sociales y disfuncionalidad estatal.

A la luz de todas las restricciones impuestas por EE. UU. para los migrantes mediante este convenio, cabe esperar que las retribuciones y la cooperación bilateral se incrementen, a la vez que el próximo organismo Ejecutivo asuma con seriedad el reto heredado no por el actual gobierno en vías de salida, sino por todos los anteriores: promover un desarrollo humano integral, potenciar la inversión interna y externa, frenar la corrupción que ha robado tantos futuros y establecer una agenda de país que logre integrarse a las de otros estados centroamericanos.

No será nuevo que lleguen salvadoreños y hondureños a suelo nacional. El tratado CA-4 de movilidad regional lo permite desde hace tiempo y la hermandad forma parte del ADN de todos los pobladores del Istmo. No somos extraños, sino hermanos nacidos en el centro de América. Por lo tanto, los gobernantes del área pueden llegar a acuerdos más reales y funcionales. Entes inservibles como el Parlacén pueden ser abolidos para dar paso a otras formas más eficientes y menos burocráticas de integración. Pero todo cambio empieza en casa y el gobierno actual debe ser capaz por lo menos, si no lo fue para divulgar con transparencia los contenidos de un pacto con Estados Unidos, de abrir los canales para crear y acordar una estrategia nacional y regional de futuro, para dejar la parlotería moralista y pasar a las acciones. Se debe emprender una transición responsable, conscientes del grave momento histórico que se vive y se padece, porque al fin y al cabo, la desnutrición, la pobreza, las extorsiones y el bono demográfico siguen allí.