Los estudios antropológicos de las universidades de San Carlos y del Valle, elaborados a pedido de la Corte de Constitucionalidad, afirman la existencia del pueblo xinka en la región donde opera la minera San Rafael. La CC en su resolución exige hacer la consulta para autorizar sus operaciones, porque el Estado, por medio del Ministerio de Energía y Minas, faltó a su responsabilidad. Ese error se cometió en los demás proyectos de exploración y explotación de metales en el país. Por tanto, son ilegales.

Esperábamos que la CC dejara en firme el amparo provisional dado a Calas, colectivo que defiende a los pueblos originarios, especialmente a los xinkas, ante la voracidad del capital extranjero y de algunos empresarios guatemaltecos.

Lamentablemente no fue así. Ahora toca a San Rafael Las Flores ponerse de pie con fortaleza y dignidad para defender su tierra, sus recursos y demostrar que la minería no es un bien para el pueblo empobrecido, sino un negocio para los que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York y para unos pocos empresarios locales, como queda demostrado con la minera Marlin, que después de 12 años deja miseria, conflictividad social y subdesarrollo.

Los xinkas continúan en su lucha por la defensa de la vida y de la “casa común”, mientras los corruptos luchan también para mantener impunes sus estructuras paralelas al servicio del crimen.

La paz, gobernanza, seguridad y desarrollo integral del país están en riesgo, no por la Cicig y su comisionado, sino por la cuestionada decisión del gobierno de Jimmy Morales, al empecinarse en no renovar el acuerdo con Naciones Unidas para que la Cicig continúe operando en su lucha contra la corrupción y la impunidad.

El mejor aliado de corruptos, ladrones y criminales en Guatemala es el gobierno de Jimmy Morales, apoyado por diputados tránsfugas, corruptos y sindicados de hechos ilícitos; por algunos magistrados nombrados por los diputados de los cancelados partidos Patriota y Líder, agrupados ahora en el Movimiento Renovador, y otros más que integran esa clase política cínica y voraz.

Lo apoya el Cacif, la élite económica y empresarial que impulsa un sistema económico mercantilista que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Lo apoyan militares y algunas asociaciones que tienen en común defender a corruptos y los intereses de las elites, unido a su racismo y mentalidad excluyente y discriminadora; y algunos medios de comunicación social que tergiversan la información en favor de la impunidad.

Estos minúsculos sectores representan a ese “hombre sordo y tartamudo” del evangelio que escucharán las comunidades eclesiales mañana, quienes con su conducta toman la palabra de tal modo que no dejan que los demás hablen. Estos sectores, que representan a los económicamente más ricos del país, imponen su ley a los más pobres cuya palabra nada cuenta. Esta oligarquía se adueña del poder, acapara recursos mientras la mayoría sufre empobrecimiento.

El abuso de los que detentan el poder reviste variadas formas. Recordemos que las mafias criminales tienen la capacidad de mutarse y van afinando sus estrategias con mayor perversidad. En la organización social las dictaduras marginan, mantienen en la ceguera y dejan fuera de juego a las personas.

El Estado guatemalteco, copado por criminales, se va convirtiendo en narco-Estado, donde los corruptos consolidan sus tentáculos. Están dolidos, cual fiera herida, porque el MP y la Cicig estaban desmantelando sus estructuras corruptas.

Indigna el papel ambiguo del gobierno de Estados Unidos y su embajador en Guatemala, así como otras fuerzas significativas de la Iglesia y la sociedad que deben definirse de qué lado están, si de los corruptos, en aras de una institucionalidad podrida por ellos, o de la ciudadanía honrada y trabajadora que lucha por una Guatemala distinta y mejor.

pvictorr@hotmail.com