Cuando se observa el número de casos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han destapado solo en lo relativo al combate de la corrupción, se comprende la enorme tarea que tienen por delante quienes dirigen esas instancias.

Sin duda eso abruma, tal y como lo ha dicho en más de una ocasión la fiscal general, Thelma Aldana, pero también desmoraliza saber de las perversas intenciones de un grupo de políticos y sus más cercanos colaboradores hacia el manejo de los recursos públicos, abusos sobre los que no hubo límites.

Más aún cuando buena parte de estos esfuerzos se hace con serias limitaciones presupuestarias, como lo reiteró ayer la misma fiscal Aldana y lo ha dicho en otras ocasiones. Los recursos son insuficientes, y por parte del Gobierno tampoco se percibe interés por cambiar esa situación.

Más motivos de preocupación, pues no todos parecen estar en la misma sintonía de dotar de mejores recursos a una institución que está sentando las bases de lo que podría repercutir en un cambio profundo en el ejercicio de la administración pública.

Por eso resulta loable la iniciativa anunciada por 23 organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, que ayer ofrecieron su respaldo a las labores que llevan a cabo el MP y la Cicig en contra de la corrupción, porque es necesario acompañar con el reconocimiento y la solidaridad ese esfuerzo.

La lucha contra la corrupción y la impunidad no es una tarea fácil, requiere mucha dedicación y la plena convicción de que se está haciendo lo correcto y que con la ley en la mano se puede combatir esa profunda cultura de corruptela que corroe todo el sistema público guatemalteco, en el que no parece quedar nadie a salvo respecto del manejo irresponsable de los recursos públicos.

De hecho, esa falta de recursos financieros hacia el aparato de persecución penal hace que todavía sean muy pocos los casos sobre corrupción que se ventilan en los tribunales, porque no se tiene el suficiente personal en la fiscalía específica que atiende estos temas y por ello es que hasta ahora la mayoría de imputaciones abarcan el ámbito metropolitano, ya que es materialmente imposible extender la investigación hacia otros departamentos.

Pero también hay que tener en cuenta que los reveses que han recibido las estructuras corruptas incrustadas en el Estado tampoco se quedarán de manos atadas a esperar que el sistema de justicia funcione adecuadamente. Es lógico suponer que habrá reacciones de todo tipo para frenar ese ímpetu, para que los órganos jurisdiccionales no recobren su independencia y se procure el fracaso de algunas investigaciones.

Debe entonces reconocerse abiertamente el esfuerzo hecho por el MP y la Cicig y también la iniciativa de las organizaciones civiles para manifestar un abierto apoyo a labores efectuadas hasta ahora por la fiscal Aldana y el comisionado Iván Velásquez, porque el éxito de la tarea que han emprendido puede redundar en la transformación del país.