La presidencia informó por medio de Comunicación Social que, debido a múltiples muestras de respaldo por parte de la población, la ampliación del Estado de Sitio, aunque no se ha entrado a discutir en el consejo de ministros, el tema queda sujeto a programación de agenda, lo cual no descarta que lo soliciten para que sea ratificado por el Congreso.
Como parte del Estado de Sitio, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó hasta el pasado martes 16 de noviembre, 44 allanamientos; capturado a 70 personas, 44 por orden de aprehensión y 26 en flagrancia; incautado un arma artesanal, 36 municiones, tres vehículos, ocho motocicletas y dos teléfonos; erradicado 21 mil 872 arbustos de coca y conducido dos menores de edad.
La medida ha generado una división entre los vecinos del municipio, ya que, algunos afirman con mucho optimismo que el despliegue del personal militar y policial al lugar ha ocasionado el regreso de la tranquilidad, porque ya no son víctimas de extorsión y pueden desarrollar sus labores comerciales y cotidianas sin temor a que sean extorsionados por grupos de personas que les cobran hasta peaje para movilizarse de un lugar a otro.
Amílcar Pop, originario de El Estor, Izabal, pide que amplíe el Estado de Sitio porque tienen temor a ser extorsionados por los grupos que están al margen de la Ley. Agrega que debido a que se acercan las fiestas de Fin de Año pide que consideren un Estado de Prevención.
“Se está realizando la preconsulta y están participando los que tienen que estar, los que están legalmente inscritos y nombrados por los consejos comunitarios. Sabemos que hay un grupo de 20 personas que vienen de El Estor, que no representan al pueblo ni tampoco a los trabajadores, para que no los escuchen con el señor presidente. Queremos que también nos escuchen a nosotros para tener las dos versiones”, señaló Pop.
Sin embargo, las opiniones van dirigidas en otro sentido, porque algunos otros vecinos afirman que familiares han sido intimidados y han sido amenazados durante los allanamientos ejecutados por las autoridades por lo que se han visto obligados a abandonar sus residencias y esconderse entre “el monte” y lugares aledaños. Además, también se ha denunciado desalojos violentos de familias que vivían en comunidades.
Los registros de los detenidos de la PNC durante el Estado de Sitio resaltan que hasta el pasado 16 de noviembre eran 70, de los cuales 12 fueron capturados por el delito de deserción; cinco por usurpación agravada; uno por usurpación agravada y resistencia; dos por amenazas y allanamiento; tres por lesiones leves y homicidio en grado de tentativa; uno por hurto agravado; uno por amenazas y asociación ilícita; dos por amenazas y atentado con agravaciones específicas, uno por apropiación y retención indebida; dos por atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, entre otros delitos. Ninguna de las aprehensiones está relacionada con los bloqueos que impulsaron a que el Ejecutivo tomara esta medida sobre el municipio.
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El conflicto que existe en El Estor no comenzó hace un mes, sino viene desde hace varias décadas cuando los pobladores y organizaciones que velan por el medioambiente se opusieron a que operara la Compañía Guatemalteca de Níquel. En 2017, personas que se identificaron como habitantes del municipio estaban inconformes y exigían una investigación por la contaminación del Lago de Izabal. Durante las manifestaciones, un pescador murió a causa de un disparo.
Desde esa fecha hasta 2019 las problemáticas entre los pobladores y los trabajadores de la CGN fueron escalando de niveles a tal punto que, otra persona murió atropellada por uno de los camiones de la empresa, lo cual generó la quema de 12 camiones por parte de los pobladores. Además, la muerte de tres miembros del Ejército en Semuy II impulsó a que el gobierno de Jimmy Morales pusiera bajo Estado de Sitio 22 municipios, incluido El Estor.
¿Qué ocurre en El Estor?
Los diputados Evelyn Morataya, Sonia Gutiérrez, Román Castellanos, Osmundo Ponce y Edgar Batres viajaron al Estor la semana pasada para fiscalizar la situación del municipio bajo Estado de Excepción, el estado de la preconsulta del proyecto minero Fénix.
Ponce explica que debido al Estado de Sitio existe un éxodo de los líderes comunitarios campesinos y de los campesinos hacia las montañas u otros municipios, debido al temor que tienen de que sean capturados por la PNC. Además, considera que hay muchos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, porque denunciaron que durante un allanamiento los policías le colocaron un arma en el hombro como amedrentamiento. Mientras que los comerciantes les manifestaron que estaban complacidos con la instauración de la medida.
“A las seis de la tarde comienza el toque de queda, pero en algunos casos vimos que el comercio seguía abierto y la gente trataba de salir. Observé que la consulta se ha hecho de manera inconsulta con la totalidad de los líderes que tendrían que haber estado en medio del dialogo y esto fue lo provocó el conflicto. La alcaldía de El Estor pareciera que está manejando mal la situación, porque dentro de la preconsulta participan dos personas que son miembros de la corporación y dos empleados de la alcaldía y en un contexto como el de Guatemala los campesinos tienen mayor respeto a personas que están en esos puestos”, señaló.
Afirma que consideran innecesaria la extensión del Estado de Sitio en El Estor para que las comunidades participen en la mesa de diálogo a la cual llamó la Comisión Presidencial de Diálogo, porque muchos no quieren participar por temor a ser capturados de forma injustificada. “Puede haber un dialogo sino existe el Estado de Sitio, en medio de esta medida no existe un dialogo real”, enfatizó.
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Mientras que el congresista Batres señala que el proceso de la preconsulta se ha hecho sin consultar a 44 comunidades, las cuales exigen que se tomen en cuenta a sus 94 representantes, quienes quedaron fuera son: Consejo de Autoridades Mayas Q’eqchi’, la Gremial de Pescadores Artesanales y las comunidades del norte del municipio.
Destaca también que las fuerzas de seguridad han hecho uso desmedido de su fuerza, ya que, han desplegado a 518 policías y 700 elementos del Ejército, cuando había solo 60 policías para realizar patrullajes y dar seguridad ciudadana en El Estor. El congresista dice sentirse preocupado por la ausencia de protocolos usados en los allanamientos y operativos, debió a que tienen una denuncia de acoso contra una menor de edad y mujeres. También señala que los allanamientos han sido ejecutados antes de las seis de la mañana.
En opinión de Francisco Quezada, analista e investigador de temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el Valle del Polochic convergen operaciones de grupos del crimen organizado, existe coalición de movilizados de la guerrilla que se volvieron a armar y organizaciones invasoras de tierras con narcotraficantes, operaciones no tan extendidas de pandillas, asaltos, menudeo y tráfico y de drogas, a pesar de las condiciones de pobreza en el lugar, debido a que no hay presencia del Estado.
Sin embargo, señala que los Estados de Sitio son efectivos cuando están vigentes, pero cuando las autoridades salen del lugar la criminalidad vuelve, porque el Estado no recupera el territorio. ” Los pobladores silenciosamente respaldan el Estado de Sitio, pero no lo pueden decir públicamente porque son grupos violentos. Están aislados y a su suerte, no tienen ni escuelas ni centros de salud, son lugares abandonados. A la gente buena les retira la delincuencia, pero no es la solución porque el Estado tiene que estar presente no solo en temas de seguridad, sino en una intervención integral”, puntualizó.
