El reto es enorme. Ningún plan o programa implementado hasta ahora ha podido hacerlo. El último gran intento fue en 2014 con el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, el cual terminó siendo un fracaso.
En una muestral del aumento de la migración, desde ese año para el 2021, la detención de guatemaltecos en la frontera sur de EE. UU. aumentó casi 300 por ciento. Y no es para menos, del 2014 a la fecha, según la Cepal, la pobreza aumentó al 51.6% y la pobreza extrema a 23.5%, y la inseguridad alimentaria pasó del 42.7% al 49.7%.
Con ese panorama, las remesas se han convertido en la gran válvula de escape para miles de familias en Guatemala, al extremo que al 2020 representaron el 14.6% del producto interno bruto (PIB).
Enfoque
Para Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, el éxito del plan dependerá de la capacidad de transformarlo en políticas públicas de largo plazo que provean, no solo empleo, sino una mejor calidad de vida a la población rural en cuanto a los servicios que debería recibir del Estado.
De lo contrario, este nuevo esfuerzo por reducir la migración se quedará en “buenas intenciones”, señaló, debido a que Guatemala no puede competir con los incentivos que existen para irse a EE. UU. Un ejemplo, el salario mínimo mensual en Guatemala alcanzaba en 2020 los US$739, mientras que en California estaba en US$3 mil 163.
Lo que competiría contra esos incentivos, subraya Martínez, son grandes inversiones públicas en salud, educación e infraestructura rural para reducir la desigualdad. “Desarrollo no es solo tener dinero, implica muchas cosas, tener educación y la oportunidad de llevar a mi mamá al hospital cuando se enferma y acceder a medicinas”, dijo.
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Añadió que el PDI tiene aspectos positivos como el enfoque regional y el desarrollo de los territorios, pero debería de articularse con los gobiernos locales y la cooperación internacional, así como mostrar metas e indicadores menos ambiguos.
Si el PDH no se transforma en políticas públicas “es como decir, ‘les vamos a dar plata, creen empresas, mejoren y vamos a ver qué pasa en cinco años’”, expuso la académica.
Millonarios proyectos
El Plan de Desarrollo Integral (PDI) incluye en su primera fase cinco proyectos para los cuales se requieren US$204 millones.
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Muros de Prosperidad
Tiempo de implementación, 5 años
Presupuesto: US$27 millones
El proyecto se implementará en las fronteras de Guatemala con México al sur y sureste, así como en las fronteras con Honduras y El Salvador. El objetivo es construir polos de desarrollo en estas áreas que atraigan nuevas inversiones, promover el comercio y encadenar productivamente alrededor de la agroindustria de exportaciones ambientalmente sostenibles a las empresas existentes y nuevas.
La propuesta hace énfasis en cinco elementos: la creación una zona franca binacional entre los países involucrados, la facilitación del comercio, la creación de corredores biológicos de explotación sustentable, el desarrollo de infraestructura logística, y la promoción de la seguridad humana. Además, el plan incluye el desarrollo de proyectos de infraestructuras, desde carreteras, trenes, puertos y energía.
Según el objetivo final, el desarrollo transfronterizo permitirá la atracción de flujos de inversión y crecimiento económico lo cual favorecería la creación de empleos formales e ingresos para las empresas y trabajadores.
Algunos de sus objetivos son: la creación de zonas francas binacionales en un año, la reducción del 50% del tiempo y costos al comercio, en 36 meses. La creación de una tarjeta de transportistas centroamericanos que permitirá su ingreso a México, y el fortalecimiento de las oficinas sanitarias internacionales, entre otros.
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También el incremento del comercio entre los países hasta de un 15%, y la adhesión de México y Honduras al acuerdo de Operadores Económicos Autorizados, al que ya pertenecen, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
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Sello Blanco para productores locales
Tiempo de implementación, 4 años
Presupuesto: US$1.5 millones
El proyecto consiste en una certificación de los artículos de tres mil productores y pequeños productores, que cumplan con ciertos estándares de calidad. Tiene el objetivo de promover el desarrollo y fortalecer emprendimientos en territorios rurales para mejorar los ingreso y condiciones de vida de las familias.
Se espera la certificación de 100 productos y su colocación en cadenas de distribución y comercialización.
Se implementará en Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Quiche, Chiquimula, Huehuetenango, San Marcos, Baja Verapaz y Petén. Se enfocará en cuatro ejes: formación, estándares de calidad, encadenamientos productivos y posicionamiento y comunicación.
El proceso para la certificación de los productos se dividirá en tres grandes fases: preparación, acción y final. La primera comprende un diagnóstico y el registro de los productores.
En la segunda fase, se incluye la formación y capacitación de los productores para que luego apliquen los estándares de calidad determinados. También se promoverá y mejorarán los vínculos comerciales entre los productores y empresas compradoras, con el apoyo de la iniciativa privada.
La tercera fase comprende el mercadeo nacional e internacional de los productos. Para esto se crearán planes estratégicos para posicionar los artículos no solo en un momento, sino a lo largo del tiempo.
Se conformará un equipo de trabajo del Viceministerio de la Micro pequeñas y medianas empresas, del Ministerio de Economía, y del Ministerio de Desarrollo Social.
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Fortalecimiento de cadenas de valor para el escalamiento de Mipymes
Tiempo de implementación, 4 años
Presupuesto, por definir
Este proyecto busca impactar en 13 departamentos: Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Izabal, Chiquimula, Escuintla, Retalhuleu, Baja Verapaz, Peten y Guatemala. Se estima se beneficiarán casi 12 millones de guatemaltecos.
El objetivo es promover a las micro, pequeñas y medianas empresa, fortaleciendo las cadenas de valor y la conectividad, a través del acceso a educación digital, el comercio, el desarrollo productivo, la innovación y el emprendimiento.
A través de este programa se fortalecerán las cadenas de valor rurales de bienes y servicios, con miras a incrementar su valor agregado, alcanzar una mejor comercialización y condiciones de acceso a mercados.
Algunos de sus objetivos específicos son: incrementar los ingresos de las Mipymes, fomentar el emprendimiento juvenil de las mujeres rurales y de comunidades y grupos indígenas, generar capacidades locales y nuevas oportunidades de empleo digno e ingresos para las familias.
Además, reforzar a las instituciones públicas y privadas que actualmente trabajan en la promoción del emprendimiento empresarial. Apoyar el acceso a nuevos mercados y facilitar el comercio entre los países a través de la armonización y el reconocimiento mutuo de capacidades, requisitos y procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria.
También, fortalecer las intervenciones en los territorios identificados, especialmente para la provisión de agua y saneamiento, recurso necesario para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Dar asistencia técnica a las Mipymes en la formación de capacidades empresariales.
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Fortalecimiento de mecanismo de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático
Tiempo de implementación, 4 años
Presupuesto, US$100 millones
El objetivo de este eje del plan es promover procesos y mecanismos de mitigación, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, ya que se considera que un enfoque ecosistémico de actividades productivas sostenibles que incluyan soluciones basadas en la naturaleza puede ser útiles para promover el arraigo en los logares de origen de muchas familias.
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Este proyecto incluye la generación de empleo decente, generación de fuentes de energía renovable, acceso al agua, planes de reforestación y de conservación y manejo de ecosistemas. También la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y un manejo forestal sostenible.
Se propone que aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de las personas que depende de los bosques, gestionar los recursos hídricos. Generar empleos en actividades asociadas a servicios ambientales.
Otras metas son: reducir la tasa de deforestación a menos del 0.45%, incrementar la cobertura forestal de 33% a 33.7%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de leña, así como las del transporte.
Además, generar al menos 25 mil empleos directos en actividades asociadas a servicios ambientales en bosques y cuencas hidrográficas en cuatro años, y que para 2024, al 100% de los municipios del país ya habrán integrado medidas específicas de adaptación al cambio climático para proteger las fuentes de agua.
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Fortalecimiento de las respuestas inmediatas y a largo plazo al desplazamiento forzado y la movilidad humana
Tiempo de implementación, de 3 a 5 años
Presupuesto, US$75.5 millones
Este proyecto busca apoyar directamente a personas migrantes en cuanto asistencia, atención, protección, documentación, así como programas de salud y empleo.
Dentro de los objetivos resaltan: desarrollar un sistema integral de registro de población migrante, solicitante de asilo, refugiada y retornada que incluya información general y biométrica sobre movilidad previa.
Facilitar la creación y aplicación de programas de trabajo transfronterizos para guatemaltecos y migrantes de otros países reconocidos como refugiados en Guatemala.
Asimismo, preparar las condiciones inmediatas y de largo plazo para que las familias y menores no acompañados que sean retornados, así como solicitantes de asilo y refugiados en Guatemala puedan integrarse socialmente a las comunidades de acogida.
Otra meta es generar condiciones para la implementación del Código de Migración y mejorar la eficiencia de los servicios de asistencia, atención, protección, información y documentación a través de la red consular guatemalteca para personas migrantes.
También se incluyen programas de apoyo como transferencias monetarias, fortalecimiento de Programa de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura.
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De igual forma se prevé la creación de programas para el empoderamiento económico de las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado y la movilidad humana en Guatemala, para su participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas, incluyendo actividades para generar ahorro y crédito y otros servicios financieros.
“Hay mucha voluntad política para hacer que este plan se haga realidad”
Keila Gramajo, titular de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia conversó con Prensa Libre acerca de los alcances del PDI, que surgió en 2018 a petición de los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, para reducir la migración irregular y que se presentó el pasado 21 de febrero.
Aunque los proyectos tienen objetivos medibles claros, aún no se definen metas de reducción de la migración.
¿En qué consiste el plan?
Es una ruta clara de cómo abordar la generación del desarrollo económico local en los territorios ya que es la única manera de incidir en que se reduzca la migración irregular. E
sa es la idea del presidente con el proyecto Muros de Prosperidad —uno de los que están incluidos en el Plan de Desarrollo Integral—. En el gobierno pasado se había promovido la iniciativa, pero no se había logrado hacer la formulación de proyectos que requería Cepal.
¿Esta formulación de proyectos ya se concluyó cuántos se incluyen?
Sí. En septiembre del año pasado lo presentamos a Cepal y en diciembre fue aprobado y lo lanzamos en febrero. Hicimos una convocatoria masiva y se formularon casi 60 iniciativas de proyectos, se redujeron a 10 y por Guatemala priorizamos cinco a los que se le pudo asignar presupuesto en el 2022. Segeplan trabajó en costearlos y pasarlos a los entes que corresponde para que sean programados en el presupuesto.
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En el área rural un joven solo espera graduarse de nivel medio para migrar a EE. UU. porque no tiene oportunidades de superación ni de empleo ¿Qué apoyo puede tener en el marco de este plan?
Estamos generando con el Mides —Ministerio de Desarrollo Social— las ‘becas artesano’ que promueven certificaciones en una habilidad o destreza para que los jóvenes, al salir del instituto, se pueda insertarlos en la economía y poder darles acompañamiento financiero para desarrollar su propio emprendimiento. Eso está en el tercer proyecto de Fortalecimiento de las Cadena de Valor y en el de Sello Blanco para fortalecer sus productos y empiece a mermar la iniciativa de migrar porque verán que vienen oportunidades para sus familias, si se siembra esperanza es probable que la gente empiece a considerarlo.
¿Y qué hay con los pequeños agricultores, los que tienen solo un pedazo de tierra para sobrevivir?
El Ministerio de Agricultura en el proyecto Muros de Prosperidad contempla el programa de estipendio por acciones que busca darle una remesa a las personas que tengan parcelas para que las protejan y sigan incentivando la tierra. También el seguro agrícola donde también se les dará un estipendio para asegurar las parcelas.
¿Cuál es el presupuesto de estos proyectos y de dónde saldrán los recursos?
US$200 millones cuesta todo el proyecto para cuatro o cinco años de estos cinco proyectos y en 2021 ya se han invertido alrededor de Q40 millones, por eso es por lo que se necesita no solo el presupuesto nacional, sino que los donantes y aliados por el desarrollo se sumen a financiarlo, muchos proyectos no van a ser ejecutados por el Gobierno, sino por cooperantes.
¿Qué tanta voluntad política hay para ejecutar este plan y cómo se garantiza que el próximo gobierno lo va a continuar?
El presidente tiene toda la voluntad política y a involucrado a todo su gabinete para que se haga realidad el plan. Hay mucha voluntad, Segeplan es el agente técnico que asegura la trazabilidad de las acciones y se hace una planificación multianual y el siguiente gobierno tiene que continuar con la planificación del anterior. En el 2025 habrá que tomar una decisión política de actualizar los proyectos, pero yo no creería que alguien pueda considerar quitarlo.
¿Tienen metas y objetivos establecidos por año?
En el apartado de seguimiento y evaluación se ha solicitado a cada ministerio que trasladen las métricas de cómo van a evaluar cada proyecto y sobre eso Segeplan va a dar seguimiento, pero hay indicadores específicos y periódicos. Todos los ministerios deben reportar cómo marchan.
¿Cuándo se podrían ver los resultados de reducción de la migración?
Cada uno de ellos —ministerios e instituciones involucrados— tiene que reportar a la secretaría qué resultados están generando conforme a sus indicadores. El Ministerio de Economía, por ejemplo, decir qué tanto se ha reducido X indicador y eso después se hará a nivel macro.
