Ahora, en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en medio de una solicitud de retiro de antejuicio por, presuntamente, haber emitido una resolución contraria a la propia Carta Magna.

Gloria Porras asegura que todas sus resoluciones fueron respaldadas con un sustento jurídico y rechaza tener simpatías por la ideología de izquierda y que esta influya en sus resoluciones.

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA:

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Una de las cosas más importantes que tengo que decir es que este mes yo rendí un informe, una rendición de cuentas al pueblo de Guatemala, en el que presenté el expediente de la Corte, que está completamente automatizado.

Como usted puede ver en mi escritorio ya no hay libros, ya no hay expedientes, todo lo logramos subir al sistema. Creo que es uno de los grandes avances, porque el hecho de que tengamos todo a la mano nos ha permitido en tiempos de pandemia que los trabajadores de la Corte hagan el home office —trabajo en casa— y que los magistrados podamos sostener nuestros plenos desde casa, incluso las vistas virtuales.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Ejercer el cargo no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente compleja que requiere de alta responsabilidad, que requiere de mucho carácter y de mucha determinación para poder cumplir uno con el mandato, que es la defensa del orden constitucional.

Dicho eso, el mayor acierto que tenemos es que al haber implementado este sistema logramos la reducción del tiempo de tramitación de los expedientes, que a veces, cuando nos iba bien, se tramitaban entre 200 y 300 días. Hoy se están tramitando en promedio en 80 días. Esto no implica otra cosa que acceso a la justicia dentro de tiempo razonable, que es el 95 por ciento de asuntos en los que la mayoría de magistrados no solemos tener criterios encontrados.

El 95 por ciento del trabajo de la Corte generalmente se hace por unanimidad, y es un trabajo que ha fluido durante esta última presidencia de muy buena forma. Creo acertado haber modificado el modelo de gestión y haber implementado nuestra página, donde es un punto de transparencia y rendición de cuentas diarias hacia la ciudadanía. En la página ustedes pueden encontrar un calendario donde se pueden advertir los casos que se van a conocer en los próximos días, y también los casos que se dejan de conocer, las razones por las que se retiran, qué magistrados los retiran y el tiempo en que estos casos vuelven nuevamente a la mesa del pleno para ser discutidos. Es uno de los mayores aciertos implementar este sistema.

Obviamente, los casos más visibles son ese 5 por ciento que nos generan a nosotros dentro del pleno amplias discusiones, pero yo le podría decir con solvencia que ese 5 cinco por ciento que la Corte resolvió, en algunos casos por mayoría y en algunos por unanimidad, fueron resueltos con absoluta independencia de quienes hicimos mayoría. y también independencia de quienes decidieron hacer votos razonados diferentes, que eso es normal en un tribunal colegiado. No le llamaría desacierto, le llamaría independencia, que es lo que ha caracterizado a la séptima magistratura.

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—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—Creo que esto tiene que ver con íntimas convicciones y con el conocimiento claro de la función que venimos a desempeñar. Hay muchas especulaciones afuera, muchas apreciaciones, pero tuvimos una reunión con los magistrados que integrarían la octava magistratura y uno de los mensajes que les he transmitido es que se dicen muchas cosas de los unos y de los otros, pero que nos demos la oportunidad de sentarnos a trabajar el primer expediente.

Lo que debe prevalecer dentro de cada discusión es una argumentación jurídica. Si seguimos esa línea honestamente, no creo que debiera haber mucha preocupación. Lo más importante es que cada postura que tiene cada uno de los magistrados, venga o provenga de un análisis estrictamente constitucional y legal. Cuando las cosas son así, creo que cualquier discusión se puede soportar y se pueden tomar decisiones que aunque no sean de unanimidad, sí satisfagan el interés del tribunal.

Acá lo más importante es que uno no toma decisiones individuales, son decisiones colegiadas que se toman después de un amplio debate.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Conflictos de interés personalmente no tengo, mi único interés es cumplir con el mandato constitucional, que es la defensa del orden constitucional, y siempre tengo presente que el centro de mis decisiones es el ser humano, la dignidad del ser humano, y que la CC, como mayor intérprete, está en funcionamiento para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder, y no viceversa.

Personalmente no creo tener ningún conflicto de interés. No podría arrogarme la opinión de los otros colegas que van a integrar la octava magistratura, ni de quienes integran la séptima, pero lo que mueve mis decisiones es la visión de la función que estoy comprometida a desempeñar.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC?

—El mayor desafío es ser independientes, ese es el mayor desafío. Poder tomar una decisión en absoluta independencia, de acuerdo con su conciencia, al leal saber y entender, con fundamento en la Constitución y haciendo acopio de los compromisos que hemos adquirido a través del bloque de constitucionalidad, tomando como referencia las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo esa comunicación, ese lenguaje y ese diálogo con las resoluciones que hacen otras Cortes a nivel latinoamericano.

Con la octava magistratura mi mayor expectativa sería que no fuera con tantos inconvenientes, sino que prevalezca el estudio y la independencia.

—EE. UU. y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Creo que el llamado no es únicamente de Estados Unidos, creo que es un llamado que hace la comunidad internacional de manera general, creo que es una necesidad social, creo que es nuestra obligación responder defendiendo el orden constitucional, pero, ¿qué es la defensa del orden constitucional? La palabra en sí misma no es una palabra tan pacífica. Para defender generalmente se requiere energía, se requiere fuerza, se requiere determinación, se requiere valores, íntimas convicciones. Entonces, creo que coincido con todos, pero la diferencia es que sobre mis hombros pesa parte de esa aspiración que tienen todos los ciudadanos en general, que nosotros cumplamos con esa función para la cual estamos siendo designados.

—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—Ese ha sido tal vez uno de los temas más controversiales, no solamente de la séptima magistratura sino en todas. Para mí es importante volver a recordar el contenido de la normativa constitucional y de la Ley de Amparo, en los artículos 8 y 9. No hay ámbito que no sea susceptible de ser accionado por medio de amparos. No es una decisión de la Corte intervenir en los poderes del Estado. Generalmente, cuando la Corte actúa es por peticiones de los ciudadanos que legítimamente creen que es la Corte la que debe intervenir para resolver los diferentes problemas que se presenten.

No estando excluidos por disposición constitucional ni por disposición de nuestra ley que rige nuestro actuar, la Ley de Amparo, pues la intervención de la Corte cuando hay abusos es obligada y cuando se dictan normas, que es función del Congreso y de alguna medida del Ejecutivo que tiene una parte importante en la sanción de las normas, la intervención de la Corte es obligada, no es una cuestión personal ni unilateral. Las decisiones que salen de esta institución son decisiones colegiadas que surgen luego de un amplio estudio, cuando se escuchan a las partes y entre esas partes también se escuchan a los tres poderes del Estado.

—¿Un magistrado de la CC debe responder a los intereses de quien lo eligió?

—No, rotundamente no. Yo aprendí aquí con don Alejandro Maldonado el principio de la ingratitud, porque a pesar que a uno lo elige un órgano específico no viene a representar los intereses de ese órgano que lo elige a uno, y eso es importante que lo conozcan quienes integramos las magistraturas y también la ciudadanía. El único interés que debemos representar nosotros en la Corte es la defensa del orden constitucional y tener las posibilidades de tratar de encontrar puntos de convergencia.

Eso creo que ha desgastado mucho al tribunal, que no ha existido en muchos casos que haya una actitud de ceder, de ambas partes, para lograr algunas sentencias que tengan algún equilibrio, donde ninguno de los sectores se sienta desatendido. De pronto ese puede ser uno de los mayores retos de la octava magistratura, tener esa capacidad de escuchar, tener esa capacidad de diálogo y tener la oportunidad de hacer propuestas donde encontremos algunos puntos para hacer acercamientos e ir dejando de lado todos esos discursos que considero que no son reales y que únicamente se utilizan para confrontar y dividir.

La CC no es ni de izquierda ni de derecha, la CC debe velar por el cumplimiento de la Constitución, que es para todos los habitantes del país. Entonces, el reto que tenemos por delante es bastante fuerte.

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—Sus detractores la señalan de atender una agenda progresista en la Corte y tener estrecha relación con el partido Unidad Nacional de la Esperanza, específicamente con Sandra Torres. ¿Qué comentarios le merecen estos señalamientos y qué tan cercanos están de la verdad?

—Esa pregunta la he respondido en diferentes momentos. Lo que quisiera es que en este momento tanques de pensamiento definieran qué se entiende en este momento el ser gente de izquierda o ser gente de derecha, porque generalmente defender derechos de enfermos, defender derechos laborales, defender derechos de grupos vulnerables, defender derechos de la mujer no lo conceptualizo, desde ningún punto de vista, a pertenecer a una derecha o a una izquierda.

Creo que el concepto esta desdibujado. Evidentemente, como la CC está diseñada para defender los derechos del ser humano, de los ciudadanos, me han conceptualizado. Si ese es el concepto de izquierda, le preguntaría a quienes me hacen ese señalamiento, porque yo simplemente me dedico aquí a defender los derechos de las personas, que es el mandato constitucional, y defender el orden constitucional es defender a las personas de todo tipo de abusos. Creo que deberíamos entrar a un nuevo período de volver a retomar la discusión de estos temas, qué es ser derecha y qué es ser de izquierda.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución y acercar el texto, con sus derechos y obligaciones, a la ciudadanía?

—El plan lo desarrollamos durante esta última presidencia aun en tiempo de pandemia. Recientemente estuvimos en Cobán con este proyecto que le comentaba, la CC móvil. Un equipo de la Corte se desplazó allá para capacitar sobre criterios jurisprudenciales a los abogados locales para realizar una vista pública para lograr adscripciones al casillero electrónico, lo que permite que abogados del interior no tengan que venir desde el interior a dejar un memorial y que lo puedan hacer desde su propio teléfono.

La parte de capacitación no ha sido solo de la Constitución sino incluso trabajamos un material que se está distribuyendo a nivel nacional que contiene una compilación de todos los casos que se trabajaron en materia de pueblos indígenas, que no corresponden exclusivamente a esta presidencia o a la séptima magistratura, sino que datan desde que fue creada la misma Corte, todo lo que ha resuelto en materia de pueblos indígenas.

Vea usted cómo va a encontrar en ese material sentencias muy importantes, incluso las que abren el bloque de constitucionalidad que es la 18-22 del año 2011, que no son casos que haya propuesto Gloria Porras, que fueron hechos por otros magistrados y que nunca fueron calificados de izquierda. Esa compilación es muy interesante, porque si bien es cierto que va de manera progresiva, no es exclusiva de la séptima magistratura.

Esa difusión de la Constitución la hemos venido trabajando en todo el interior de la república y este año hicimos la última Constitución infantil. Era la única que nos faltaba, porque tenemos en todos los idiomas mayas. Se han hecho procesos de capacitación con maestros y alumnos, la función no la hemos dejado de cumplir, pero, obviamente, es una tarea que no se agota y que se debe seguir haciendo.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2023. ¿Cuál será su mayor desafío en ese año?

—Si no estoy mal es el año de las nuevas elecciones, es un año político donde generalmente todos esos aspectos y asuntos vienen en última instancia a la Corte por medio de acciones de amparo. Creo que va a ser un año interesante en donde tendremos nuevamente que entrar a ver las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

—¿Cree que es el momento para que la Constitución de Guatemala sea reformada?

—De hecho, hay aquí varios proyectos de reformas, algunos que no logramos resolver en la séptima magistratura y que han presentado agrupaciones de mujeres que nos hacen planteamientos interesantes respecto de la equidad en la participación de mujeres y pueblos indígenas.

Si bien es cierto se fueron en un dictamen anterior al Congreso, las mismas no fueron aprobadas y ellas están haciendo nuevamente el planteamiento a la Corte para que volvamos sobre esa discusión: participación de las mujeres, las cuotas en las que pueden participar y los mecanismos que deberían hacerse en esos procesos de participación.

Ping Pong:

• Independencia de poderes: Libertad.
• Politización de la justicia: Integridad.
• Aborto: Respeto a la vida.
• Matrimonio igualitario: Respeto a la dignidad de los seres humanos.
• Pena de muerte: Abolición por disposición constitucional y legal.
• Protestas: Derecho ciudadano.
• Propiedad privada: Derecho que debe protegerse constitucionalmente.
• Certeza jurídica: Interpretación correcta.
• Amparos: Vía en la Corte de Constitucionalidad.
• Recursos naturales: Respeto absoluto a la vida silvestre.

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Entrevista a magistrados: La entrevista publicada hoy fue concedida por la magistrada Gloria Porras el 26 de marzo, ya electa por el Consejo Superior Universitario como magistrada titular en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esta entrega termina una serie de tres entrevistas concedidas también por los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa.