Durante el estado de calamidad, el gobierno y municipalidades adjudicaron 185 concursos por excepción que suman Q1 mil 427 millones. En ocho de cada diez eventos de compra solo se presentó un oferente, lo cual demuestra falta de planificación en las adquisiciones, advierten analistas.

La cartera que más eventos adjudicó bajo la modalidad de excepción fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) por materiales de construcción, rehabilitación de red vial, mantenimiento de caminos y supervisión de proyectos. Realizó 164 compras por Q1 mil 364 millones y en 129 eventos solo un proveedor presentó oferta.

La mayoría de los eventos se publicó entre el 3 y el 8 de noviembre y fueron adjudicados antes del 9 del mismo mes, cuando perdía vigencia el estado de calamidad.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que hay varios factores que desincentivan a las empresas a ofertas en concursos de adquisiciones públicas. Entre estos se puede mencionar la mala calidad de las bases de licitación y los términos de referencia para presentar cotizaciones.

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“Específicamente, en infraestructura no hay diseños y no hay planificación, entonces no todas las empresas tienen interés en preparar ofertas porque al final hay mal diseño de las compras y eso genera mucha incertidumbre en cuanto a lo que tienen que ofertar las empresas”, dijo Flores.

La otra razón es la percepción de corrupción que hay en el sector empresarial. Los proveedores a menudo consideran que las compras han sido preparadas para beneficiar a una empresa determinada.

“Las empresas perciben que hay mucha asignación discrecional de proyectos de infraestructura, con lo cual se genera un desincentivo de participar. Piensan que esos proyectos ya están dados (a ciertas empresas) y piensan que van a perder su tiempo e incurrir en costos para preparar ofertas”, dijo.

“Si solo se presenta un proveedor es una señal importante del mercado. Quiere decir que quizá las empresas no entienden qué tienen que ofertar o no se enteraron con suficiente tiempo de anticipación. Entonces, las buenas prácticas internacionales refieren que cuando hay proyectos de infraestructura con sola una empresa ofertando hay que cerrarlo y volverlo a lanzar y corregir deficiencias de los proyectos. Es una mala práctica del Civ estar adjudicando proyectos en los que solamente una empresa hay”, cuestionó Flores.

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, comenta que por la escasez de oferentes en los concursos se puede interpretar que la mayoría de los procesos de compra ya estaban dirigidos para favorecer a determinados proveedores.

“El CIV adjudica a proveedores de quienes no solo se cuestiona la experiencia, sino a mundo suele estar relacionados con los mismos funcionarios púbicos. Es un fenómeno que prácticamente cada estado de excepción se vuelve un bolso de corrupción para adjudicar a un proveedor único, donde se beneficia a empresas donde y se cuestiona la legitimidad. Si no hay competencia, no habrá transparencia”, dice Cux.

El riesgo cuando solo se presenta un proveedor, dice Cux, es que este define los precios y a menudo sobrevalora los bienes, insumos o servicios por encima de lo que ofertan otras empresas.

Prensa Libre se comunicó con la oficina de comunicación social del Civ para consultarle qué factores desincentivaron la participación de más empresas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.

Retrasos

El estado de calamidad fue ratificado por el Congreso de la República el 11 de octubre. En el decreto se colocó a disposición del Fondo Emergente Q540 millones que estaban asignados al Civ como parte de los recursos de la Ley de Mantenimiento de Infraestructura Estratégica.

Sin embargo, las carteras y el Ministerio de Finanza demoraron casi un mes en trasladar los recursos a los ministerios para que pudieran ejecutar. En su momento, el ministro Edwin Martínez justificó que se estaban trabajando dos acuerdos gubernativos que eran necesarios para pasar los recursos del fondo emergente a los ministerios.

“Hay que hacer dos acuerdos gubernativos. Los recursos que se quitaron de la Ley de Infraestructura Estratégica se mandaron al Fondo Emergente. De allí, se tienen que mandar a Comunicaciones. El Civ tiene la mayor cantidad de recursos. Son Q434 millones de funcionamiento y Q170 de inversión”, explicó.

La ayuda no llega

Benjamín Rax, líder comunitario en Alta Verapaz, cuenta que varias comunidades de distintos municipios del departamento quedaron afectadas por las lluvias debido a derrumbes y destrucción de puentes y carreteras, pero no han visto que se hagan reparaciones.

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“En el municipio de Senahú 22 comunidades fueron afectadas por derrumbes. La otra comunidad afectada es Cahaboncito, en Panzós, porque está como a 7 kilómetros de la orilla del río Cahabón. En la carretera San Julián para Panzós hubo derrumbes y no hay quién la repare”, dijo Rax.

Una estimación preliminar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) señala que las pérdidas en cobertura agrícola ascienden a Q957 millones y cubren un área de 147 mil 234.67 hectáreas en 268 municipios afectados por el paso de la depresión tropical Julia.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que próximamente se levantarán seis eventos para adquirir equipos e insumos para las elecciones del 2023. Las compras se realizarían bajo la modalidad de compras por excepción, la cual ha generado cuestionamientos de la sociedad civil por falta de transparencia.

Irma Palencia, presidenta del TSE, aseguró que las compras se “hacen de conformidad con las normas de transparencia y los principios de publicidad y buenas prácticas administrativas”.

Entre los insumos a adquirir, está equipo de computación para la digitalización de documentos del proceso electoral, servidores de centros de datos, software de infraestructura tecnológica para la digitalización y publicación de resultados preliminares y otro software para el registro y estadística de los votantes, así como de identificación biométrica.

Además, se contratarán servicios de instalación y equipamiento tecnológico del centro de prensa y otras áreas de difusión de resultados electorales preliminares y servicio de comunicación satelital para la conectividad de centros de votación.

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Palencia señala que los eventos se publicarán en el diario oficial y desde este martes 25 de octubre las bases de los eventos se han publicado en la página de internet del TSE.

“Nos interesamos mucho en contárselo a ustedes (prensa) porque creemos que si hubo alguna desinformación en el pasado nosotros estamos muy interesados en que ustedes sepan que la transparencia es un eje central de esta administración”, dijo Palencia en una conferencia de prensa el lunes de esta semana.

Varios de estos insumos y servicios que busca adquirir el TSE, como el software de identificación biométrica, el servicio de comunicación digital y el software para la digitalización de documentos, estaban incluidos en un evento anterior, el cual fue desestimado luego de que múltiples organizaciones académicas, de sociedad civil y hasta religiosas cuestionaran la falta de publicación de las bases en Guatecompras.

Casi un centenar de compras

A la fecha, el TSE ha efectuado 98 compras por excepción de insumos relacionados al evento electoral, que suman Q31.1 millones. Estas se adjudican sin hacer cotizaciones o licitaciones, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado establece que estas son obligatorias cuando pasan de los Q90 mil y Q900, respectivamente.

Las compras se realizan al amparo del artículo 44, inciso f, de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), el cual faculta al TSE adjudicar por compra directa cuando adquiera insumos que servirán en los comicios, pero la condición es que las adjudicaciones se hagan el mismo año. O sea, este tipo de compras deberían hacerse hasta el 2023.  

Pero la presidenta del TSE ha justificado que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto 2022 les asigna recursos extraordinarios y les autoriza a realizar las compras por excepción.

Transparencia y credibilidad

Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, se mostró preocupada por el cambio de modelo electoral que pretende implementar el TSE. 

“Hemos visto ya la publicación de varios eventos que forman parte de las compras que anunció el Tribunal”, expuso Fuentes.

Añadió: “El software para cubrir las necesidades mencionadas es, sin duda alguna, algo necesario y la modernización también, pero este no es el mejor momento para plantear un modelo que presenta algunos cambios al actual”.

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La preocupación es más grande, dijo, “por la forma en que se dio, con poco tiempo para la presentación de ofertas, considerando la complejidad y cantidad de los productos solicitados”. 

Agregó que esto “no envía a la población un mensaje que abone a la confianza en la institución. Es poco prudente incluir elementos como identificación biométrica en una realidad como la guatemalteca en la que podría dar lugar a fallos y problemas técnicos que provocan desconfianza de los pobladores”.

Para el abogado Gregorio Saavedra, analista en temas electorales, estas adquisiciones van a tener un impacto determinante en la percepción de transparencia y confianza del proceso electoral.

“La identidad de los votantes, el resguardo de datos, la transparencia en la transmisión de los datos escrutados son todos aspectos fundamentales. Especialmente la transmisión de datos finales ha generado señalamientos y polémica en las últimas dos elecciones”, recordó.

Agregó que el TSE “acarrea el desgaste del proceso de adquisición que fue anulado hace algunas semanas, sumado a la polarización del ambiente y la ausencia de contrapesos”.

“El proceso anulado hace poco envió señales erróneas a la sociedad en estas contrataciones porque la opacidad amenaza la democracia”, aseveró.

Pedro Cruz, de la organización Primero Guatemala, expuso que el TSE, “desafortunadamente, sigue dando señales equivocadas que no dan confianza, a pocos meses de la convocatoria a elecciones generales”.

“El TSE realiza de nuevo, ahora en forma fragmentada, las mismas compras que quería realizar hace unas semanas. Ahora hace conferencia, sube las bases al portal, pero no toma en cuenta que resta poco tiempo para participar” en los procesos de contratación, señaló.

“No quisiera pensar que va con dedicatoria, pero hay un mensaje del que ya hay un antecedente”, señaló.

Cruz opinó que el TSE debe apegarse a la transparencia y a la confianza ciudadana, “porque este proceso electoral marcará el futuro del país. Quienes deben de regir ese proceso, más que ver intereses particulares, son los magistrados del TSE, son las mismas juntas encargadas de darle seguimiento a esas compras y la confianza y transparencia es clave e importante.”.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, resaltó que este proceso de compras es una reedición del anterior, solo que ahora las dividieron no solo en una, sino varias.

“Están adquiriendo lo mismo, pero muchas empresas no van a poder participar por las condiciones que han determinado. Las compras las segmentaron, pero se están cometiendo los mismos errores”, externó Flores.

Lo más grave, apuntó, además de la visible sobrevaloración de adquirir sobre el precio del mercado, “es que el TSE no va a estar en tiempo para instalar el equipo y capacitar a las personas por lo cercano del evento electoral”.

“El TSE muy bien podría llevar a cabo el proceso electoral de 2023 sin recurrir a esas compras. Se debería modernizar algunas cosas, pero no todo. Es una compra exagerada y sobrevalorada y fragmentada”, puntualizó.

Mientras que Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies) resaltó que es positivo que el TSE haya anunciado públicamente las adquisiciones, aunque se advirtió “que se mantiene en su interpretación que no es obligatorio publicarlas en Guatecompras, sino hasta que ya se haya suscrito el contrato con el proveedor que resulte adjudicado”.

Hurtado hizo ver que a pesar de que algunas organizaciones ya tuvieron la oportunidad de conocer la presentación del TSE sobre la forma o modelo que tienen contemplado para las elecciones, es importante que lo puedan dar a conocer públicamente y que estén abiertos a recibir las recomendaciones que eviten cualquier riesgo a la integridad del proceso, pues solo así se puede evaluar técnica y objetivamente si lo que están comprando es lo necesario y pertinente para las elecciones generales”.

“Es importante que la población conozca de propia boca del TSE que está contemplando apoyarse de equipos de identificación biométrica para asegurar la identidad de los votantes”, argumentó.

Pero eso sí, añadió, “igual de importante es que se informe cómo se resolverán las situaciones en que una persona que aparezca en el padrón impreso con que cuenten las juntas receptoras de votos no se reconozca su huella digital o simplemente que en determinado momento falle el equipo”.

“Es importante que el TSE pueda dar a conocer cómo será el proceso de digitación de los resultados de cada Junta Receptora de Votos y asegurar que son las mismas las que legitiman los resultados que se envían al centro de datos. Así se podrá analizar si el equipo, plataformas e infraestructura tecnológica son las adecuadas para tal fin”, informó.

Para Hurtado solo en la medida en que el TSE dé a conocer todos los aspectos operativos, tecnológicos y logísticos del diseño del proceso electoral se podrá comprender para qué están comprando.

“La adquisición de un servicio de comunicación satelital solo será comprensible, y eventualmente justificable, si el TSE da a conocer los informes técnicos que le llevan a concluir que los sistemas de comunicación móvil o de internet que existen en el país no son los adecuados.

Cuatro tanques de pensamiento coincidieron en un foro que la nueva iniciativa de ley de adquisiciones públicas propuesta por el Organismo Ejecutivo no garantizará una mejora en las compras y contrataciones que realicen las entidades del Estado y por lo tanto no debe ser aprobada por el Congreso.

Representantes de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Acción Ciudadana participaron en el foro ¿Por qué es necesario que la iniciativa de ley de adquisiciones regrese a la Comisión de Finanzas?

Los ponentes concluyeron, tal como se tituló el conversatorio, que la iniciativa 6141 que pretende reemplazar la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) no debe avanzar hasta que no sea revisada por expertos en la materia y se enmienden algunos artículos que podrían implicar retrocesos en transparencia y competitividad de las contrataciones públicas.

Irene Flores, del Cien, comentó que hay múltiples deficiencias en la redacción del nuevo texto. Entre estas, el hecho que se crean 24 métodos de compra distintos. “Eso se aleja de la buena práctica de tener pocas modalidades de compra, pero bien definidas cada una procurando la competencia”, dijo Flores.

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Además, de esas 24 modalidades, 13 son del tipo de compra directa, que por su naturaleza disminuye la competencia que puede haber y ello facilita la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

“Actualmente, de todas las compras que realizan las entidades del estado, el 92 por ciento son compras directas. Con estas nuevas modalidades de contratación que son de forma directa, esto se va a agravar”, comentó la analista.

En esto coincidió Marvin Flores, de Acción Ciudadana, quien aseguró que la aprobación de la iniciativa “atomizaría” aún más el sistema de contrataciones. “Lejos de funcionar así, debería aprovecharse las economías de escala”, dijo Flores.

Agregó que la nueva ley apunta a ser una estrategia para beneficiar a los alcaldes, ya que se eliminan varios controles en el proceso de contratación que podrían incrementar el riesgo de corrupción.

“Se trata de abrir la caja de pandora en año electoral. La estrategia es beneficiar a alcaldes, de fortalecer un caudal de votos del partido político en la actual gestión de gobierno utilizando gobiernos municipales. Debiera tenerse la seriedad del caso y regresar esa ley porque lejos de simplificar procesos, los va a complicar”, dijo Flores.

Ricardo Barrientos, del Icefi, dijo que previo a aprobar modificaciones o una nueva ley, la Comisión de Finanzas debe ofrecer un espacio para que las discusiones se realicen con suficiente tiempo y con participación de todos los actores interesados. En ese sentido, dijo que llama la atención la forma acelerada en cómo obtuvo dictamen favorable la iniciativa 6141.

“Si no se discute lo que se va a aprobar, a la hora de ejecutar muchas entidades se van a paralizar porque no entenderán (la nueva ley). No se les habrá explicado. La Comisión de Finanzas tiene una responsabilidad que no hizo. El pleno debe regresarla para que esta comisión haga lo que tiene que hacer”, dijo Barrientos.

Pablo Hurtado, de Asies, comentó que la forma en cómo está planteada la iniciativa genera dudas y aprobar un reglamento sería difícil o ilegal. “Los reglamentos tienen delimitación que solo pueden desarrollar lo que está establecido en la ley, pero lo que está ahí no permite la comprensión de lo que se busca”.

Asimismo, cuestionó que no se parece haber claridad de cuál es el diseño o concepto del sistema de adquisiciones que se quiere para el Estado. Pero a lo que se debería aspirar es a un sistema que permita a todas las instituciones públicas comprar en forma ágil, segura, transparente, eficaz, eficiente y con calidad.

Hurtado también comentó que la nueva ley modifica las modalidades de compra dependiendo de si es una compra mayor o menor, pero es un error manejar estos criterios.

“El continuar manejando el criterio de compras asociadas a montos va a hacer que estas discusiones se den cada cuatro años. Cada tipo de adquisición debe usar la modalidad que mejor convenga conforme a la naturaleza del bien”, expuso.

Por último, los panelistas concluyeron que no lo que propone el Ejecutivo no es una nueva ley de adquisiciones, ya que no soluciona los problemas de fondo del sistema actual. Al contrario, generaría más obstáculos para ejecutar de forma transparente y con calidad.

“No es nueva ley. Hay retrocesos importantes en buenas prácticas y estándares internacionales (…) Nos preocupa que Guatecompras se define como un registro de información histórica. Se deja de lado la búsqueda de eficiencia y se convierte en un repositorio de información (…) Es importante la oportunidad de apelar durante todo el proceso de compra en cuanto un actor interesado observe que se dan comportamientos oportunistas no deseadas. Esto, en esta iniciativa que se presenta, se reduce”, puntualizó Flores, del Cien.

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En una revisión de las adquisiciones, compras y contrataciones que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara al proceso electoral 2023, señalan fraccionamiento y no existe una planificación en compras lo que podría afectar a “la integridad del gasto y la inversión pública que lleva a cabo del TSE y ponen en riesgo el proceso electoral del próximo año” dijo Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana.

“No han hecho las compras más grandes, pero los gastos solamente para el 2022 es de Q6 millones” aproximadamente y Flores advirtió que este tipo de hallazgos podrían encaminar a denuncias penales y sanciones administrativas, tanto para el personal administrativo, como para los magistrados del TSE, debido a que autorizan las compras superiores a Q 900 mil.

El monitoreo que realizó Acción Ciudadana fue por medio de Guatecompras y la propia página del ente electoral, concluyendo que 184 procesos fueron adjudicados, de estos 26 fueron anulados y seis desiertos, generando un 17% de procesos no exitosos.

Flores detalló que entre los gastos que lograron detectar está el arrendamiento de bodegas en el área del Naranjo, en Mixco por un monto de Q. 2.5 millones y no se están utilizando todavía, debido a que están destinadas para el resguardo de equipo de computo que aún no ha sido adquirido. Además, la compra de cinco vehículos marca Toyota, línea Prado de modelo 2023 “para el uso de los magistrados del TSE, es un gasto exagerado”.

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Mala práctica

Dicha organización también detectó “prácticas de fraccionamiento en compras menores, para evadir la cotización y licitación, se han estado haciendo compras directas menores a Q90 mil y compras de baja cuantía menores a Q25 mil” dijo Flores y agregó que no existe planificación anual de compras de manera integral “esto genera un caos en la administración”

El analista considera que se está haciendo un abuso de la excepción que les permite la ley de Contrataciones del Estado, la cual establece que el TSE puede realizar comprar directas “pero únicamente durante el ejercicio fiscal que se lleva a cabo del proceso electoral y ellos lo están haciendo incluso antes del próximo año, entonces hay una violación a la ley” advirtió Flores.

Considera que también se violenta el propio reglamento interno del TSE con respecto a las modalidades especificas de compras “cuando no han respetado que los proveedores tengan más de 10 años de experiencia, porque los sistemas como sowtware que el Tribunal adquiere son muy delicados” los cuales deben contar con muchas pruebas de seguridad para guardar la integridad de los datos en el momento de las elecciones.

Acción Ciudadana también identificó una cotización de playeras, que están en contrato abierto que es un mecanismo directo de compras que utiliza el Ministerio de Finanzas,  con la justificación de ahorro de tiempo y recursos porque hay un mínimo de tres proveedores del servicio y “el Tribunal hizo una cotización aduciendo que le tipo de playeras que iban adquirir no era la que estaba en contrato abierto, sin embargo no se está adquiriendo algo especializado y se pudo haber utilizado el mecanismo de contrato abierto” puntualizó Flores.

Los proveedores con experiencia han manifestado múltiples inconformidades, derivado a que cuentan con bastantes años de experiencia, ofertaron y fueron descalificados, por ello algunos presentaron su inconformidad en Guatecompras.

Dado los antecedentes de procesos señalados, la Contraloría General de Cuentas debería realizar auditorias concurrentes, durante los procesos de compra y proceder como corresponde, con sanciones y procesos ejemplares, recomendó Acción Ciudadana.

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La Contraloría General de Cuentas (CGC) inició una auditoría concurrente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para auditar todas las compras que se han realizado de forma directa para el proceso electoral 2023.

En total, este año el TSE ha realizado 47 compras directa que suman Q15.4 millones. Diversas organizaciones de sociedad civil, académicas y religiosas las han cuestionado ya que los procesos han evadido la Ley de Contrataciones del Estado (LCE)

Entre las anomalías está el hecho que algunas no se publican en Guatecompras y se hacen de forma directa, sin realizar licitaciones o cotizaciones, pese a que algunas van desde Q1 millón hasta los casi Q6 millones.

Entre las adjudicaciones hay contrataciones de servicios de diseño, desarrollo e implementación de plataformas informáticas, servicios de monitoreo de redes sociales, minicentros de datos modulares, licencias de oracle data base standard edition, guantes de latex y crayones, entre otros.

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En comunicados de prensa, el TSE ha informado que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 les facultó para hacer compras directas cuando el insumo, bien o servicio a adquirir se relacione a las elecciones.

Sin embargo, la LCE, cuya vigencia no se limita a este ejercicio fiscal y es de carácter transversal para todo el Estado, advierte al TSE que solo puede hacer compras directas relacionados a los comicios en el año en que estos ocurren. Las elecciones son el otro año, por lo que la institución debe realizar licitaciones o adquisiciones, advierten expertos en presupuesto.

Según informó la CGC, se estima en un mes tener resultados de la auditoría el lunes.

Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, dijo que la CGC debe verificar y auditar cualquier compra que realice una institución del Estado y en este caso debe considerar que no estamos en año electoral. Por lo tanto, se deben seguir los procesos que establece la LCE.

“En estos momentos todavía no estamos en año electoral. No se ha hecho el llamado a elecciones y, por lo tanto, aunque el tribunal argumente cualquier cosa, deben seguir los procesos adecuados y hacer el llamado a licitar. La Contraloría debe dar acompañamiento y si no se cumple con los requisitos de transparencia, debe colaborar con enmendar la tarea al TSE, dijo Cruz.

Más compras

Pese a los cuestionamientos que suscitan estas compras directas, el TSE tiene intenciones de continuar adquiriendo bienes y servicios bajo esta modalidad que, a criterio de consultores en presupuesto, no garantiza la competitividad ni la transparencia.

Prueba de ello es que ayer publicaron un anuncio para adquirir 42 bienes y servicios de forma directa que incluyen la elaboración e impresión de papeletas electorales, renta de vehículos, fletes, servidores de almacenamiento de información, proyectores multimedia, servicios de soporte y seguridad informáticos, monitoreo de medios y diversos artículos, entre otros.

Este nuevo proceso no consta en Guatecompras y únicamente se publicó en un diario de mayor circulación.

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El nombre de Smartmatic, la empresa especializada en servicios tecnológicos para procesos electorales, resaltó públicamente la semana pasada luego de que fue la única que presentó una oferta por Q606 millones por un modelo tecnológico para las elecciones generales del próximo año.

El proceso de contratación ha sido cuestionado por diversas organizaciones religiosas, empresariales, académicas y de sociedad civil, ya que no se realizará mediante una licitación pública, sino como compra directa que suscita sospechas por la falta de transparencia.

Expresamos profunda preocupación por la ausencia de suficientes y convincentes señales de transparencia en el proceso de adjudicación y adquisición del Modelo Tecnológico para el desarrollo del proceso electoral 2023″, alertaron las organizaciones.

Smartmatic se define como una empresa que ha implementado “con éxito tecnologías electorales seguras en más de 30 países” en los que se han registrado y tabulado más de 6.5 millones de votos “sin brechas de seguridad”.

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Sin embargo, en más de una ocasión se ha visto envuelta en escándalos de fraude.

En agosto de 2017, por ejemplo, funcionarios de la misma compañía denunciaron que las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela fueron objeto de manipulación.

Según declaraciones que recogió BBC Mundo de los responsables de la empresa, “la diferencia entre la cantidad (de votos) anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Smartmatic no discutió estas discrepancias con las autoridades electorales, quienes luego rompieron relaciones, de acuerdo con lo que reportó el medio.

Sin embargo, no siempre hubo tensión con el gobierno venezolano. Las primeras elecciones que constan en el historial de la empresa fueron en 2004 con Venezuela. En esa oportunidad, 58 por ciento de venezolanos dijo “no” al intento de la oposición de revocar el mandato del expresidente Hugo Chávez.

“Luego de prolongados intentos para implementar el conteo electrónico, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó una licitación para el suministro de una solución electoral electrónica que garantizara total exactitud, eficiencia y transparencia, mediante la automatización de todas las fases de una elección. Ganamos la competencia abierta y comenzamos a organizar las elecciones de Venezuela de 2004. Fue la primera elección en el mundo que se caracterizó por emitir un rastro físico del voto, llamado Comprobante de Auditoría de Papel Verificado por el Votante”, dice en el portal web de la empresa.

BBC también hizo alusión a un cable de la embajada de EE. UU. de julio de 2006 donde se menciona que los verdaderos dueños -probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaiones políticas- permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados”

Las polémicas no se limitan en Venezuela. También en las elecciones presidenciales hubo acusaciones de fraude que fueron recogidas por diversos medios de comunicación.

Cuestionamientos en Guatemala

En Guatemala, el representante legal de Smartmatic es Elizandro López Flores, quien fue viceministro Administrativo de Gobernación durante los primeros seis meses del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Prensa Libre se comunicó con López Flores para consultarle si esto no suponía un conflicto de interés. Pidió que las consultas fueran dirigidas por correo al departamento de comunicación social de la empresa, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

También se les consultó al mismo correo qué garantía de calidad de sus servicios ofrecían y si estarían de acuerdo en que se revocara el actual proceso de compra para iniciar otro con estándares de transparencia, pero guardaron silencio.

Mientras tanto, distintas organizaciones ven con recelo a la entidad comercial, puesto que según afirman fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas e inscrita como sucursal en Guatemala el 16 de junio de 2022.

El 6 de septiembre, menos de tres meses después, fue precalificada como proveedora del Estado, antes de la publicación del evento en el portal del TSE, de acuerdo con las asociaciones.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha realizado 47 compras directas que suman Q15.4 millones relacionadas al proceso electoral 2023. Estas evaden los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y no cumplen con garantías de transparencia.

Entre las adjudicaciones destacan la contratación de un servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática, por Q2.9 millones a la empresa Back Office Smart Solution Sociedad Anónima. La contratación de un servicio de monitoreo de redes sociales a All Marketing por Q5.9 millones, un minicentro de datos modular por Q899 mil 900 a la empresa Innova Outsorcing Sociedad Anónima y seis licencias de oracle data base standard edition por Q890 mil 500 a Asesores en Licenciamiento Sociedad Anónima.

Todas se clasificaron como el caso de excepción que regula el artículo 44, inciso f, de la LCE, el cual dice que el TSE “podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realicen procesos electorales y de consulta popular, realizar de manera directa las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos”.

Sin embargo, en Guatemala las elecciones son el otro año, por lo cual la institución electoral no estaba facultada para hacer adjudicaciones bajo esta modalidad. Lo correcto era, según Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), realizar una cotización si la compra era superior a los Q90 mil, o una licitación si era mayor a Q900 mil, tal como lo regula la LCE.

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La diferencia es que, en la compra directa, que aplica solo para adquisiciones de bienes, obras y servicios por montos menores a Q10 mil, las entidades estatales no están obligadas a publicar bases, especificaciones generales, técnicas y otras disposiciones especiales, como sí lo están en cotizaciones y licitaciones.

“El TSE tiene que sujetarse a las distintas modalidades de compras. Estos procesos deben ser modalidades competitivas y las únicas opciones son cotizaciones o licitaciones”, advierte Flores.

Al consultar al magistrado Rafael Rojas Cetina, quien fungió como presidente del TSE cuando comenzaron las compras, justificó que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 les autoriza en su tercer párrafo a realizar adquisiciones tomando como base legal el artículo 44, inciso f, de la LCE, pese a que este mismo advierte de forma explícita que solo se puede aplicar en año electoral.

“Se faculta al Tribunal Supremo Electoral para realizar las adquisiciones respectivas en el año 2022 con cargo a la asignación presupuestaria para elecciones generales correspondientes del año 2023, bajo el procedimiento que establece el artículo 44 literal f) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado”, reza dicho cuerpo legal.

Un fraude de ley

Edy Cux, de Acción Ciudadana, considera que el artículo 115 de la Ley Orgánica del Presupuesto contradice lo que dice la LCE en su artículo 44, inciso f. Sin embargo, el TSE debió atender lo que dice la segunda normativa, puesto que es una ley ordinaria y, a diferencia de la primera, su vigencia no se limita solo a un ejercicio fiscal.

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“En cuestión de legalidad. El hecho que se haya incluido un artículo en la ley del presupuesto que contradiga la LCE me parece un fraude de ley, tanto del Congreso como del TSE por haberlo utilizado”, dice Cux.

El objetivo que persigue el TSE, dice, es evadir los controles que establece la LCE y deja un mal precedente.

“Llama mucho la atención de que el TSE tome ese riesgo de utilizar este tipo de mecanismos previo a un año electoral. Porque lo que se espera del TSE es total transparencia, objetividad y a nivel político le resta credibilidad”, dice Cux.

Más concursos

Actualmente, hay al menos 26 concursos activos y en evaluación que el TSE pretende adjudicar bajo esta misma modalidad. Entre estos destaca la posible contratación de un modelo tecnológico que incluye equipo de cómputo y de biometría para el desarrollo del proceso electoral 2023.

Este último despertó la preocupación trece organizaciones académicas y de sociedad civil, entre las cuales Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la Universidad Rafael Landívar y la Alianza Evangélica, entre otras, ya que podría alcanzar una cifra millonaria y no hay garantías de transparencia.

La única empresa que participó en el concurso, según los denunciantes, fue Smartmatic International Holding, B. V., cuyo representante legal es Elizandro López Flores, ex viceministro administrativo de gobernación durante los primeros seis meses de este gobierno.

Actualmente este concurso no se encuentra en Guatecompras. El magistrado Rojas Cetina asegura que se publicó un anuncio en el Diario Oficial y otra en este matutino, pero tal como se indicó anteriormente no se realizaron los procedimientos obligatorios para una licitación.

La empresa Smartmatic International Holding B.V. presentó una oferta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por Q606 millones por equipo tecnológico para el desarrollo de las elecciones 2023 en un proceso que ha sido cuestionado por falta de transparencia. El representante legal de esta entidad es Elizandro Lopez Flores, exviceministro administrativo de gobernación del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. 

Según un acta del TSE al que tuvo acceso Prensa Libre, la oferta incluye monitores, impresoras miltifuncional, escáneres, servidores en rack, servicios para infraestructura tecnológica para centros de datos y otros software. 

Desde ayer al menos 13 organizaciones académicas y de sociedad civil se presentaron al TSE para demandar públicamente más transparencia en esta compra ya que se identificaron varias anomalías. Entre estas, que el evento no se publicó en Guatecompras y sólo se dieron ocho días para que las entidades interesadas presentaran ofertas.

Smartmatic International Holding B.V., según el comunicado difundido por las organizaciones, fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas y fue inscrita como sucursal en Guatemala el 16 de junio de 2022 y el 6 de septiembre, menos de tres meses después, fue precalificada como proveedora del Estado, antes de la publicación del evento en el portal del TSE, de acuerdo con las asociaciones.

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Mientras tanto, organizaciones de sociedad civil exigen al TSE que enmiende el procedimiento y realice el concurso de acuerdo a los parámetros que establece la LCE.

Pronunciamiento de CACIF

El sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) señaló en un comunicado la compra del sistema tecnológico que se implementará en el proceso de elecciones generales del 2023 “no garantizan una adjudicación idónea ni adecuada”.

“Hoy, ese proceso no se ha dado a conocer de manera suficiente, sus bases y términos de referencia deben ser mejor elaborados, y existen dudas fundadas sobre si ha existido una amplia participación de oferentes, lo que es fundamental para tomar una mejor decisión. Es nuestro criterio que las dudas generadas a la presente fecha no garantizan una adjudicación idónea ni adecuada”, dice el comunicado firmado por el presidente del Cacif, Hermann Girón.

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La Unidad de Ejecutora de Conservación Vial (Covial) comienza hoy a recibir ofertas para 40 obras de mantenimiento de carreteras. Estos serán financiados con los más de Q3 mil millones que se le asignaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) como parte de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.

El desembolso de estos recursos a las cuentas del Civ ha generado cuestionamientos de diversos sectores, entre los cuales figuran tanques de pensamientos, cámaras empresariales y diputados de oposición, puesto que se invertirán en proyectos que no cuentan con estudios técnicos que justifiquen su necesidad.

Según el portal Guatecompras, hoy vence el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas en 40 eventos de cotización y licitación. En total son 103 concursos publicados por parte de Covial que en las siguientes semanas se ejecutarán.

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La descripción de los proyectos refiere que se contratarán servicios de mantenimientos periódicos, supervisión de obras y señalizaciones generales y específicas.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), cuestiona el hecho que, hasta el momento, la información que se ha publicado en Guatecompras con relación a los concursos es insuficientes y no permite hacer un análisis técnico sobre su pertinencia.

“Lo vemos con extrema preocupación. La información publicada en las bases y otros documentos técnicos no permite un análisis a profundidad. No es posible hacer una auditoría social ya que no se puede revisar todo lo que están haciendo”, comenta Barrientos.

Barrientos considera que para el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso el año electoral ya comenzó, ya que están viendo la forma de financiar sus próximas campañas con obra pública.

“Estos contratos (los del CIV) pueden estar siendo dádivas para asegurar apoyos políticos para un proceso de campaña electoral adelantado. Se están comprando voluntades en el Congreso de la República. La gran alerta en estos procesos de adquisición pública es que ya hay intereses para beneficiar a alcaldes o diputados distritales. Hay un círculo vicioso de corrupción”, dijo Barrientos.

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Agrega que, a estas alturas, la Contraloría General de Cuentas (CGC) debiera estar realizando auditorías concurrentes de los procesos de compra que ya van adelantados y corregir las falencias que pueda haber en los concursos.

Al consultar con el subcontralor del gasto público de la CGC, José Ramírez Crespín, si ya se había iniciado esta auditoría, comentó que aún no se ha hecho ya que se está finalizando el informe de presupuesto del 2021. Tampoco pudo precisar en qué fecha se arrancaría.

La auditoría concurrente es un proceso mediante el cual se revisan los documentos que acompañan cada evento de compra, desde que se lanza el concurso hasta que se adjudica. Si se detecta alguna anomalía, la CGC puede ordenar que se enmiende sobre la marcha.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, comenta que estos proyectos provienen de una ampliación presupuestaria que no está respaldada con ninguna planificación previa. Por eso es por lo que muchos proyectos que se ejecutarán no cuentan con estudios de caso ni de diseño.

“En estos casos muchos proyectos no se ejecutan con la calidad que establece el contrato. Por ejemplo, no se cumple el grosor establecido para los recapeos porque a menudo la supervisión falla”, dice Flores.

El entrevistado opina que la ampliación de Q3 mil 100 millones que aprobó el congreso se hizo con una lógica de año preelectoral y coincide con que muchas de estas obras serán para apoyar campañas políticas el próximo año.

“Se pueden apoyar campañas de dos formas. Una es contratando a empresas allegadas a financistas de campaña. O bien, se pueden hacer proyectos que aunque no se adjudiquen a una empresa afín a un funcionario, sí se realice en lugares específicos donde los diputados del Congreso lo usarán como bandera política el próximo año. También pueden ocurrir las dos”, dice Flores.

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Se consultó al CIV sobre estas deficiencias y las acciones que realizaría para garantizar la transparencia en los procesos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ministro y diputados se atribuyen responsabilidad

En una entrevista con Prensa Libre, el ministro de comunicaciones, Javier Maldonado, reconoció que los proyectos contemplados en la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica fueron impulsados por diputados en el Congreso de la República y dijo que de parte del Civ no existían estudios previos que avalaran su necesidad o que los respaldaran técnicamente.

No obstante, al ser consultados, legisladores negaron estos señalamientos y aseguraron que no ejercieron ninguna influencia para conformar el listado de 119 proyectos de infraestructura cuyo monto rebasa los Q3 mil 100.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) evaluará esta semana ofertas para la compra de 1 millón de cartillas para pasaporte. Durante los últimos dos años no han cesado las quejas de usuarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, por la falta de celeridad en la emisión de dicho documento.

El IGM fijó ayer como fecha límite para que las empresas interesadas en vender libretas para pasaporte presentaran sus ofertas. Al cierre de esta edición no se conocía cuántas empresas habían ofertado, aunque en el transcurso de la semana las autoridades migratorias deberán evaluar todas las opciones.

En estos últimos dos años la institución migratoria no ha podido agilizar la emisión del documento de identidad. El trámite para obtenerlo puede demorar más de seis meses, tanto en territorio nacional como en el extranjero, según las denuncias de los usuarios.

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El problema no ha sido la falta de dinero. El año pasado, por ejemplo, dispuso de Q20 millones 785 mil 360 para la emisión de documentos migratorios, pero solo ejecutó el 57 por ciento. Alrededor de Q8.9 millones quedaron sin ejecutar.

Este año el presupuesto para ese fin se incrementó a Q53 millones, ya que se prevé concretar tres licitaciones de cartillas, según información que proporcionaron las autoridades del IGM a diputados del Congreso de la República.

Fallas

Uno de los factores que retrasó la adquisición de más pasaportes fue el hecho que dos licitaciones fueron anuladas a principios del año pasado. Las bases de estas fueron realizadas cuando Guillermo Díaz fungía como director.

Meses después de lanzar los eventos, el exdirector fue destituido, presuntamente por influencias ejercidas por el presidente Alejandro Giammattei, según denunció el vicepresidente Guillermo Castillo en su momento.

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Tras su destitución, las nuevas autoridades del IGM lanzaron un nuevo evento, pero bajo la modalidad de “proveedor único”, la cual limitó la competencia de más ofertas. Esto motivó cuestionamientos tanto de empresas participantes como de expertos en la materia, quienes denunciaron que las bases del evento estaban dirigidas a una sola empresa.

Aroldo Ramírez, director general de la Misión Guatemala USA, dijo que hay un descontento generalizado de todos los migrantes guatemaltecos en el extranjero, ya que es un problema que ha trascendido por varios gobiernos.

“Este problema se ha repetido en tres diferentes gobiernos. Nosotros como migrantes pagamos las consecuencias de políticos sucios y corruptos que siempre están negociando el erario del pueblo para tener mayores beneficios ellos y sus allegados”, denunció.

Ramírez comenta que el gobierno debe atender este problema urgentemente, ya que los migrantes requieren su pasaporte para diversos trámites, como sacar licencias de conducir, abrir cuentas bancarias, declarar impuestos, inscribir a sus hijos en la escuela o aplicar a la residencia, por mencionar algunos ejemplos.

“Hay un descontento de todos los guatemaltecos que vivimos en el extranjero por el gran abandono en que nos tiene el gobierno. Somos los que mantenemos la economía de toda Guatemala. Mantenemos a nuestros familiares. Es gracias a los migrantes que el país no ha caído peor que otros países donde hay hambruna. Amamos a nuestras familias y trabajamos duro, pero no se dignifica el gran sacrificio que hacemos”, lamentó el líder migrante.

Jackeline Valenzuela, de la Defensoría del Usuario y del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comentó que este año han recibido cuatro denuncias por la falta de celeridad en el trámite del documento. En los últimos años se han realizado diversas supervisiones y una de las recomendaciones es abrir más centros de emisión de pasaportes y fortalecer los ya existentes con más personal.

En seguimiento a esto el IGM abrió una sede en Zacapa en diciembre de 2021, comentó la defensora.

“Han existido avances, pero tenemos que reconocer que estos avances no compensan las denuncias de la población”, dijo.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Rivera, jefe de la bancada Victoria, dijo que en citaciones que ha sostenido con autoridades del IGM se les ha informado que la demanda semestral de pasaportes en los consulados es de 600 mil. Por esta razón, no se explica por qué hacer licitaciones únicamente por 1 millón de cartillas.

Acciones

Por medio de la oficina de comunicación social, el IGM aseguró que próximamente, con el aval del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se habilitarán más citas para la emisión de pasaportes.

“Se están programando jornadas móviles en diferentes municipios y departamentos lo que permitirá tener un mayor alcance y con ellos poder agilizar la emisión del documento. Es importante mencionar que se habilitó un espacio en plaza FPK en donde se están emitiendo pasaportes a trabajadores migrantes, así mismo se ha habilitado un Centro de Emisión de Pasaportes en Zacapa, acciones que se continuarán replicando durante los próximos meses en diferentes puntos del país”, comunicó la institución.

La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) informó que, previo a analizar de forma técnica la ley que amplió el presupuesto por Q3 mil 191 millones 242 mil 500,  para la construcción y mantenimiento de carreteras esperará que el presidente de la República, Alejandro Giammattei, decida en los próximos días si la veta o la sanciona.

Varios  sectores, entre los cuales se encuentran cámaras empresariales y tanques de pensamiento, solicitaron al presidente Giammattei que vetara el decreto 21-2022, el cual amplía el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para “infraestructura estratégica”.

Entre las diversas fallas que contiene la iniciativa, según expertos, se destaca la falta de capacidad técnica para ejecutar dichos fondos y la intención de llevar a cabo los proyectos evadiendo las normas y procedimientos que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Al respecto, Segeplan, ente coordinador del SNIP, dijo que previo a emitir comentarios esperaría que la Presidencia de la República decida si anula el decreto aprobado por el Congreso o, por el contrario, lo mantiene firme.

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“La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, respetuosa de los procedimientos, debe esperar a que la iniciativa de ley del Congreso de la República, “Ley para el Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”, cumpla con el proceso de revisión que corresponde para ser vetada o sancionada”, respondieron autoriades de dicha dependencia.

En caso de que dicha ley sea sancionada sin modificaciones, los proyectos que se ejecuten deberán cumplir con los procesos normados en el SNIP, aseguró dicha dependencia por medio de su oficina de comunicación social.

De igual forma se consultó a la Dirección General de Caminos, a la que se le asignaron Q1 mil 748 millones del total, para consultarle sobre su capacidad técnica para ejecutar dichos fondos, pero no respondieron.

El decreto 21-2022 que recién aprobó el Congreso otorga Q1 mil 748 millones a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para mejorar la red vial del país. Sin embargo, esta dependencia no tiene las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos. Además, tampoco brinda mecanismos para fiscalizar cómo se invertirá el dinero.

Los diputados oficialistas, con el visto bueno del gobierno, dispusieron otorgar una ampliación de más de Q3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), de los cuales Q1 mil 748 millones 670 mil 146 se asignarán a Covial.

En el papel quedó plasmado que este dinero se utilizará para “recuperar infraestructura estratégica”, pero en la práctica gran parte de estos recursos podrían despilfarrarse y ser objeto de corrupción, advierten expertos consultados.

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Una alta proporción de los fondos, según se menciona en la ley, serán para la rehabilitación, recapeos menores y mayores, señalización y mejoramientos en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales.

Sin embargo, las garantías de que el presupuesto se invierta de forma eficiente y transparente parecen ser nulas, según diversos sectores que van desde centros empresariales hasta tanques de pensamiento.

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Una unidad incapacitada y opaca

Uno de los principales problemas, advierte Julio Héctor Estrada, exministro de finanzas, es que Covial no tiene la capacidad técnica para ejecutar proyectos de gran envergadura, como puede ser la reconstrucción de una carretera.

“Generalmente Covial realiza bacheos, limpieza y otras tareas superficiales con costos menores. Pero para hacer una reconstrucción de una carretera o una reposición, por ejemplo, se necesita estudio de factibilidad. Hacer asfaltos nuevos y reconstruir carreteras son trabajos para los que no está preparado técnicamente”, advierte el exministro.

En años anteriores, este tipo de proyectos de mayor envergadura se asignaban a la Dirección General de Caminos, que cuenta con mejores capacidades. Sin embargo, la estrategia fue asignárselos a Covial porque esta entidad puede ejecutar dinero sin mayores controles y de forma discrecional.

En principio, esto se debe a que Covial no suele utilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a diferencia de la Dirección General de Caminos que sí lo usa, dice el exministro. Con esto, los proyectos a cargo de Covial logran evadir estudios técnicos que garanticen su viabilidad. Además, al esquivar el SNIP, tampoco se puede monitorear el curso de la obra, dice Estrada.

Un subterfugio

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), comenta que la ley contiene un error ya que el dinero que se le asigna a Covial es clasificado como recursos de “funcionamiento” y no de “inversión”.

Sin embargo, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas (Minfin) establece que cualquier recurso destinado a mejorar infraestructura existente debe ser catalogado como “inversión”.

Pero este error pareciera ser premeditado, advierte Estrada, exministro de Finanzas, puesto que, al clasificarlo como funcionamiento, los diputados y el gobierno evaden la obligación de ingresar los proyectos en el SNIP, lo cual debilita la transparencia en la erogación de estos recursos millonarios.

“Es un error es un intencional. Si es recuperación, recapeo o reposición se necesita realizar bajo el SNIP y lo tiene que hacer la Dirección de Caminos, no Covial”, afirma Estrada.

Prensa Libre intentó contactar al director de Covial, Mario Aguilar, para consultarle qué garantías de transparencia hay en torno a estos proyectos, pero no respondió al cierre de esta edición. Tampoco Segeplan, por medio de su oficina de comunicación social, brindó respuestas al respecto.

Competencia legal

El artículo 2 del acuerdo gubernativo 736-98 establece que la función de Covial es darle mantenimiento a la red vial del país para que esté en condiciones aptas para su “transitabilidad”, para lo cual debe realizar trabajos de mantenimiento rutinario y preventivo. Asimismo, excluye de sus funciones trabajos que impliquen construcción de carreteras nuevas o que sean competencia de la Dirección General de Caminos.

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que gran parte de las obras contenidas en la ley, como los recapeos, mejoramientos señalización, contienen un alto riesgo de corrupción porque es difícil fiscalizarlas y monitorear su ejecución.

Además, duda si Covial no tiene las competencias y capacidades para hacerse cargo de estos proyectos. “Tendría que ser Caminos (quien se haga cargo de estas obras), pero al dirigirlos a Covial específicamente tratan de evadir todos los controles, no solo del SNIP y Guatecompras, también los controles de fiscalización que realiza la Contraloría General de Cuentas”, dice Cux.

Cux explica que se debe analizar esta ley, puesto que si asigna proyectos que están fuera de las competencias legales de Covial podrían ser objeto de una inconstitucionalidad por violentar el principio de legalidad.

En la última semana arreciaron las demandas de congresistas de oposición para que se declare lesivo el contrato que se firmó para el suministro de las vacunas Sputnik V. Sin embargo, la decisión depende del presidente Alejandro Giammattei y de instituciones gubernamentales que, de momento, no muestran voluntad política para reparar los daños al Estado.

Más de Q85 millones se perdieron esta semana debido al vencimiento de más de 1 millón 62 mil 412 dosis de la vacuna Sputnik V que se compraron a la compañía rusa Human Vaccine. Se teme que más biológicos caduquen en lo que resta del mes, antes de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) logre aplicarlos.

Son diversos los factores que provocaron estas pérdidas y que han motivado a diputados del Congreso a pedir la lesividad. En principio, al momento de comprar las 16 millones de dosis, el MSPAS no fijó en el contrato las fechas límites en la que las vacunas debían ser entregadas. De tal cuenta, la empresa rusa envió grandes lotes con fechas de caducidad cercanas.

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Fue el caso del millón de dosis que vencieron este lunes. Ingresaron en tres lotes el 27 y 29 de octubre, con pleno conocimiento de que caducaban en cuatro meses.

Además, el Estado compró las vacunas Sputnik sin que esta vacuna contara con todos los avales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual ha hecho que sectores de la población la rechacen, consideran congresistas.

“Hay que declararlo lesivo, no seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas y comprar las que sí están siendo aceptadas más por la población que son las de las demás casas farmacéuticas”, dijo la diputada Karina Paz, del Grupo Parlamentario de Oposición.

Edie Cux, de Acción Ciudadana, comenta que posiblemente declarar la lesividad del contrato no permitiría que Guatemala evada las obligaciones de pago que contrajo con el proveedor, pero al menos sí permitiría deducir responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en estas negociaciones.

Ruta

El proceso de declarar la lesividad puede iniciar desde el MPSAS, que puede requerir un dictamen a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para recomendar la lesividad al presidente.

Posteriormente, se remitiría un proyecto de acuerdo gubernativo a la Secretaría General de la Presidencia para que se conozca en consejo de ministros y se declare la lesividad.

O bien, el trámite también podría iniciar desde la Contraloría General de Cuentas (CGC), institución que desde el año pasado tiene en marcha una auditoría especial. El subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín, comentó que los auditores han acudido a centros de vacunación y, al terminar la auditoría, podría requerirse a la PGN que recomiende la lesividad.

No obstante, indicó que no hay fecha límite para que culmine esta auditoría y ésta podría extenderse varios meses, pese a que la actual administración finaliza en diciembre, mes en que hay relevo de autoridades.

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Sin voluntad

Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de Corte de Apelaciones y exprocuradora general de la nación, explica que todas las cláusulas de un contrato deben ser coherentes y respetar la legislación vigente, pero en ese caso se ha visto cómo las autoridades del MSPAS han negado proporcionar copia del contrato a instituciones que forman parte del Estado o incluso a mismos funcionarios de esa cartera.

“El trabajo de la PGN es establecer si las cláusulas prohibitivas en ese contrato son aplicables o no para la lesividad”, explica.

No obstante, la profesional del derecho lamenta que en este momento las instituciones no gozan de independencia para hacer análisis jurídicos al respecto.

“No sé hace cuánto tiempo la PGN tiene ese expediente, pero según dijo una viceministra de salud ya lleva tiempo. Debieran tener ya un dictamen, eso es de urgencia nacional.  Pero simplemente no hay independencia para trabajar con la celeridad que la situación exige”, comentó.

Edie Cux, de Acción Ciudadana, comenta que el declarar la lesividad implicaría que los funcionarios que participaron de la mala negociación asuman su responsabilidad por la pérdida millonaria de quetzales, pero coincide con que en este momento las instituciones no muestran voluntad política.

“En principio, el procurador general de la nación es nombrado por el presidente y ahí se reduce su independencia. Esto puede ser objeto de negociación, esa es la forma en cómo ha hecho política este gobierno”, dijo Cux.

Para esta nota se intentó consultar a la presidencia, pero no hubo respuesta.

El MSPAS, por medio de su oficina de comunicación social, aseguró que a través de su área jurídica analizan la posibilidad de solicitar que el contrato se declare lesivo.

“Para ello se requiere de la opinión jurídica del MSPAS y de la PGN. Con ello se traslada a Secretaría Ejecutiva y de allí a Presidencia para finamente hacer la decisión a través de un Acuerdo Gubernativo”, se informó, pero a la fecha no se ha tomado una decisión.

Iván Estuardo Porras Rivera fue condenado el 25 de enero pasado a dos años de prisión conmutables por el delito de uso de documentos falsificados. Días después de la sentencia, una empresa de su propiedad celebró contratos con cuatro municipalidades que suman Q2.2 millones.

Porras Rivera fue ligado a proceso penal desde el 28 de diciembre de 2020 ya que como propietario de la entidad comercial C.I.C falsificó documentos en una licitación pública para construir pozos en la aldea Pontenzuelas, San José del Golfo, en 2017, según informó la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP).

El 25 de enero pasado, Porras Rivera fue sentenciado a dos años de prisión conmutables en un procedimiento abreviado en el cual reconoció su responsabilidad de los hechos que se le acusaban. El cumplimiento de la pena se le suspendió con la condición de que mantenga buena conducta, informó Juan Luis Pantaleón, vocero del MP.

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Sin embargo, la sentencia no lo inhabilitó para celebrar contratos con el Estado, aclaró el portavoz del MP. Por ello, entre el 31 de enero y 9 de febrero constan en Guatecompras contratos con cuatro comunas con C.I.C. que suman Q2.2 millones.

Las municipalidades son Amatitlán, Guatemala; Santa María Ixtahuatán, Santa Rosa; Escuintla, Escuintla y Acatenango, Chimaltenango, tal como consta en el portal de adquisiciones del Estado. Los trabajos consistieron en conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento, mejoramientos de sistemas de agua, de calles y de caminos rurales.

Edgar Rivera, alcalde de Escuintla, comentó que de momento la junta de cotización de la municipalidad aprobó la adjudicación de un contrato por el mejoramiento de un callejón en la aldea Santa Rosa El Rodeo por Q898 mil.

Pero, de momento, él como jefe edil no ha aprobado lo actuado por la junta de cotización. De confirmarse la sentencia evaluarían anular el evento y lanzarían una nueva cotización para hacer el trabajo con una empresa distinta, comentó Rivera.

Mainor Orellana, alcalde de Amatitlán, dijo que no tenía conocimiento del tema. Mientras que los ediles de Santa María Ixhuatán y Acatenango no respondieron las llamadas ni mensajes.

Otros contratos

Asimismo, durante 2021, mientras Porras Rivera estaba vinculado a proceso penal, fue proveedor de diversas instituciones. Entre estas se encuentra el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), con la que ganó dos licitaciones por Q24.5 millones por remozamientos y mantenimiento de red vial.

De igual forma, la empresa figura en el puesto diez del top de proveedores del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por un contrato de mejoramiento de camino rural en San Juan Tecuaco, Santa Rosa que costó Q12.1 millones y le fue adjudicado en septiembre de 2021.

Al respecto, la oficina de comunicación social del Mides dijo que el evento fue adjudicado el 11 de noviembre del 2021 y en ese momento el proveedor no estaba inhabilitado para celebrar contratos públicos.

“La Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 80 regula las prohibiciones para ser contratista y en ningún apartado dice que la persona, por estar ligada a proceso, tenga prohibición, por lo que al momento en que se adjudicó el evento cumplía con todos los requisitos que la ley establece”, informaron.

El Civ, por su parte, no brindó ninguna postura.

“Fue una situación ajena a mí”

Al ser consultado, Porras Rivera reconoció que el documento que se utilizó en la licitación en la municipalidad de San José del Golfo en 2017 fue falso, pero asegura que no fue él quien lo falsificó.

“Me vi envuelto en una situación ajena a mí. Usaron un documento para participar en un evento hace años. Posteriormente se estableció que el documento había sido alterado. No por mí, sino por alguien que yo desconozco quién fue, pero yo lo usé (el documento). Yo desconocía esa situación. El MP vio que el proyecto no fue sobrevalorado. Se ejecutó y se terminó”, dijo.

Comentó que la resolución formal de la sentencia le sería notificada en marzo y no tiene prohibido celebrar contratos con el Estado.

“Pueden ver mi historial en Guatecompras. Todos mis proyectos los he ejecutado y los he terminado. No tengo procesos penales ni de mala ejecución de obras. Todo lo he terminado. Soy un hombre que cree en Dios”, expresó.

Entidades públicas deben abstenerse

María del Carmen Pelaez, investigadora de Diálogos, considera que las personas responsables de actos de corrupción no deben tener relaciones contractuales de ningún tipo con el Estado “para prevenir que vuelvan a repetirse los hechos”.

“Lo más sano para las instituciones, y para evitar que sus recursos sean dilapidados o que se dé un eventual malentendido, es evitar celebrar contratos con personas que tengan señalamientos. Es necesario que exista un sistema informático común a todas las instituciones del Estado en el cual se pueda verificar el perfil de las empresas o personas proveedoras para confirmar que no tengan casos de corrupción en marcha”, dijo Pelaez.

Recordó que en el Congreso ya se han presentado iniciativas de ley para que quienes sean condenados por delitos contra la administración pública no puedan volver a ser proveedores del Estado, pero de momento no ha prosperado ninguna iniciativa.

Ya transcurrieron más de seis meses desde que se presentaron las primeras denuncias contra autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) por los actos de corrupción que presuntamente rodearon la compra de vacunas Sputnik V. Sin embargo, a la fecha, el Ministerio Público (MP) no ha deducido responsabilidades o al menos, no ha informado sobre el resultado de las investigaciones.

Desde mediados de año la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la exministra de Salud Amelia Flores por considerar que incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción al momento de firmar el contrato con la entidad Human Vaccine para el suministro de 16 millones de dosis de vacuna Suptnik V.

Esta denuncia se sumó a la que ya había interpuesto Acción Ciudadana (AC) contra Flores y el presidente Alejandro Giammattei por fraude, peculado e incumplimiento de deberes.

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Tanto la CGC como AC argumentaron que la exministra y su equipo firmaron un contrato en condiciones desventajosas para el Estado de Guatemala, ya que las cláusulas no comprometían al proveedor a entregar la cantidad de dosis pactadas, pero por otro lado, obligaban al Gobierno guatemalteco a pagar la totalidad de las vacunas aunque no las recibiera.

Tampoco se establecía un cronograma de entregas y la cartera guardó en secreto el contenido del contrato aduciendo que era confidencial. Sin embargo, no siguió el procedimiento legal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para decretar la confidencialidad de los documentos.

“Mucha pasividad”

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, dijo que desde junio presentaron la denuncia en el MP para investigar irregularidades en la firma del contrato, pero no los ha citado para ratificar los hechos reprochados, un paso indispensable del proceso. Esto evidencia una pasividad por parte de la fiscalía, aseguró.

“Estos retrasos se relacionan con los cambios de fiscales que está realizando el MP. En la Fiscalía contra la Corrupción, que está a cargo del caso, se ha cambiado a la jefa fiscal. De manera sospechosa hay una pasividad en la investigación que afecta a todos los guatemaltecos”, comentó Cux.

Advirtió que hay hechos concretos que requieren la presentación de sindicaciones en los tribunales de justicia contra quienes hayan participado en la adquisición de las vacunas, particularmente contra la exministra de Salud.

“Hay ilícitos que pueden encuadrarse en fraude, ya que no se respetó la ley. Se evadieron los controles y posiblemente hubo peculado por sustracción, ya que se pagaron recursos del Estado que no han sido retribuidos de ninguna forma y el dinero no será devuelto. Esto puede afectar el erario”, agregó Cux.

David Gaytán, consultor en temas de transparencia, considera que hay temas, como las anomalías en la compra de vacunas contra el coronavirus, que debieran ser prioridad para el MP, pero no se refleja voluntad para avanzar en el caso.

“Los tiempos que se toma el MP son excesivos para casos relativamente sencillos. No se ve ningún avance, no se evidencia la persecución penal en contra de ningún funcionario. Este año ha quedado claro que los temas relevantes de país no han sido prioridad para esa institución”, cuestionó.

Gaytán concuerda con que hay incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios que intervinieron en las negociaciones, ya que tenían la obligación legal de proteger el presupuesto nacional y el bien común, pero en cambio firmaron un contrato que se mantuvo en secreto y que no garantiza que el Estado vaya a recibir el producto que ya pagó.

“Los procesos de compra deben ser transparentes. Esto no significa que no se puedan adoptar cláusulas de confidencialidad requeridas por las empresas que distribuyen vacunas, pero para hacerlo se debe seguir el procedimiento establecido en la ley y hacer las consultas con la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de Cuentas. También establecer plazos y tiempos para las entregas son elementos esenciales de cualquier contrato”, dijo Gaytán.

Condiciones apremiantes

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que el contexto en el que se firmó el contrato estaba marcado por presiones sociales y políticas que pudieron afectar el proceso de adquisición.

“Cuando se firmó el contrato no había información. No había antecedentes de cómo llevar una negociación de este tipo. No es lo mismo negociar en circunstancias apremiantes que en condiciones normales. A Guatemala se le había negado la venta de vacunas por parte de los grandes productores y la única que mostró apertura fue la empresa rusa. Además, había un boicot de parte de la oposición en el Congreso y no hubo serenidad en quien negoció este tema”, expuso Quezada.

A su consideración, el MP deberá determinar si hay delitos para investigar o solo se trata de faltas administrativas. A la fecha se han pagado Q614.5 millones. Antes de que finalice el año, debieran arribar al país 8 millones de dosis, pero falta por ingresar poco más de dos millones del cargamento que ya se pagó.

En análisis

El MP, encargado de realizar la investigación y esclarecer los hechos, asignó la investigación a la Fiscalía contra la Corrupción, pero más de seis meses después no hay ningún resultado. Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución, dijo al ser consultado que los agentes fiscales se encuentran analizando los informes de la CGC y el contenido del contrato “para tomar las acciones correspondientes”.

Casi Q4 de cada Q10 que se han erogado en adjudicaciones públicas en el n 2021 se han ido en compras directas y de baja cuantía. Estas dos modalidades se caracterizan porque no requieren los niveles de competencia entre los proveedores que exigen otros tipos de compras.

Entre enero y mayo últimos, el portal Guatecompras reporta adjudicaciones por Q6 mil 800 millones 145 mil 603. De este monto, Q2 mil 597 millones 94 mil 176, equivalentes a casi el 40%, se registraron en estas dos modalidades.

El artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) consigna que en ambos tipos de adquisición se puede prescindir de los procesos competitivos que se exigen en otras modalidades, como la licitación o cotización.

En cuanto a la compra de baja cuantía, el monto máximo a adjudicar es de Q25 mil, y de esa cantidad para arriba se debe hacer una compra directa, cuyo techo es de Q90 mil. Superior a esta cifra se deben efectuar cotizaciones, de acuerdo con la legislación vigente.

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La diferencia entre compra directa y de baja cuantía es que en la primera se publica una oferta electrónica en Guatecompras, y entre la publicación del concurso y recepción de ofertas debe mediar un plazo no menor a un día hábil. En la segunda solo se deben publicar los documentos que respalden la adjudicación luego de efectuada, como la factura.

Reformas

Luego de que el Congreso aprobó las reformas a la LCE, el pasado 28 de abril, las cuales elevan los montos límite de baja cuantía a Q100 mil y de compra directa a Q200 mil, expertos en contrataciones públicas prevén que aumentarán las adquisiciones con estas dos modalidades, con lo que se sacrificarán los controles de transparencia y calidad en las adjudicaciones.

Sofía Montenegro, investigadora de la organización Diálogos, explica que las compras de baja cuantía están diseñadas para que las instituciones adquieran bienes de uso recurrente como papel higiénico, hojas, material de escritorio y repuestos, entre otros.

Por tratarse de compras de menor envergadura, la ley permite que no sea necesario cumplir procesos competitivos. Sin embargo, si se llegara a aprobar las reformas, Montenegro advierte de que las compras de baja cuantía podrían incrementarse. Incluso se podrían utilizar para adquirir bienes para los cuales esta modalidad no está diseñada, como un vehículo, por ejemplo.

“Las compras que antes eran compra directa se harán de baja cuantía. Esto incrementa las posibilidades de la corrupción, del pago de favores y el uso clientelar del sistema de compras públicas para fines personales. Y como se elevaron los montos mínimos para la compra directa y baja cuantía, habrá un aumento de adjudicaciones en ambas modalidades”, señala Montenegro.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la mayor cantidad de dinero se eroga en modalidades de compra no competitivas, como la baja cuantía y compra directa.

“El Gobierno realiza procesos no competitivos y las reformas a la LCE vienen a reforzar más de lo mismo. No promueven una amplia participación del mercado. Al mantener esa dinámica negativa de compras, el Estado pierde el poder de negociación y lo da a los proveedores. Las instituciones terminarán comprando caro y conformándose con lo que el proveedor les pueda dar y en las condiciones que se los dé”, comenta Flores.

Según datos del Cien, en 2019 el 92% de eventos de compra en el sector público se adjudicaron por montos inferiores a Q90 mil, en modalidades de adquisición no competitivas.

Flores comenta que los montos adjudicados en estos tipos de compra podrían incrementarse entre un cinco u ocho por ciento más hasta alcanzar los Q6 mil millones anuales.

Asimismo, el Cien señala que, en el 2019, el 94% de procesos de compra eran por montos inferiores a Q180 mil. De esa cuenta, si se permite que las compras directas sean hasta por Q200 mil, también se incrementarán drásticamente este tipo de adjudicaciones, añade Flores.

Ejecutivo analiza cambios

La semana pasada, en conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei indicó que tiene hasta este jueves para decidir si sanciona o veta las reformas a la LCE.

“Estamos consultando a diversas personalidades que tienen experiencia en temas constitucionales porque yo encuentro que hay un tema que me preocupa y podría hacer que la ley sea inoperante. No quiero tomar una decisión precipitada”, expresó Giammattei en esa oportunidad.

Por su parte, Álvaro González- Ricci, ministro de Finanzas, dice que uno de los aspectos que más preocupa sobre las reformas es el hecho de haber elevado el monto máximo para la baja cuantía a Q100 mil, pues permitiría hacer adjudicaciones sin ninguna transparencia.

“El problema se da por subir el monto máximo a un tipo de compra que es una caja chica. En la baja cuantía no hay mecanismos de transparencia. En esta modalidad no hay contrato, no hay concurso, y los documentos que respaldan la compra se pueden publicar después de realizarla”, señala González-Ricci.

Según el ministro, estos problemas se están discutiendo en el Ejecutivo, por lo que habrá que esperar la decisión del mandatario.

Otros cambios

Entre las reformas a la LCE también se dispone que el monto máximo para las cotizaciones, que actualmente es de Q900 mil, será de Q2 millones, mientras que las licitaciones —compras mayores a Q900 mil—, serán a partir de Q2 millones.

La Constitución establece que el presidente tiene la facultad de vetar las reformas y regresarlas al Congreso con sus observaciones, plazo que vence el jueves.

Perfil

• Cada institución tiene dependencias que ejecutan el presupuesto, con sus respectivos jefes o directores.
• Karla Gómez, subdirectora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), explica que los requisitos generales para estos tipos de puestos se establecen en el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, en el cual se detalla la experiencia académica y laboral.
• Dependiendo de la institución que se trate, el profesional a cargo debe contar con título universitario y experiencia mínima que va de cuatro hasta siete años relacionada con el puesto que va a desempeñar.