Superintendencia de Competencia aprueba nueva escala salarial, directores recibirán Q342 mil por salario retroactivo

Este viernes 30 de enero del 2026, el directorio de la Superintendencia de Competencia (SICOM) aprobó la nueva escala salarial para los diferentes cargos de la entidad.

Rosa María Bolaños y Natiana Gándara

30 de enero de 2026

|

13:07h

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Directorio de la Superintendencia de Competencia conoce nuevo pliego salarial, después de haber revocado la decisión anterior. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La propuesta fue realizada por el Superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, en la sesión, que se llevó a cabo este viernes 30 de enero, con base a un dictamen de Recursos Humanos y Financiero.

El director, Edgar Guzmán dio a conocer que la escala propuesta, y aprobada este viernes, establece el salario de Q57 mil mensuales para los directores titulares; Q52 mil para los directores suplentes.

Mientras que para el cargo de Superintendente de Competencia se aprobaron Q52 mil más Q3 mil de gastos de representación, agregó.

Los nuevos salarios se pagarán de forma retroactiva, es decir, que los directores titulares recibirán Q342 mil, tomando en cuenta los seis meses anteriores.

En declaraciones Guzman indicó que la sesión manifestó que lo importante de esta nueva escala salarial es por un lado, la reducción de salarios acorde a la realidad presupuestaria de la institución, su inicio y la realidad económica del país.

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Sin embargo, considera que la brecha establecida entre Titulares y Suplentes, aún no atienden a las diferencias en responsabilidades, riesgos y responsabilidades, por lo que también solicitó que sea analizado posteriormente.

Desgaste por acuerdo previo

La revocatoria del pliego salarial, que se generó la semana pasada, provocó dudas sobre las futuras resoluciones en casos de competencia, afirmaron analistas consultados por Prensa Libre y comentaron que esa situación afecta su legitimidad pública y puede influir en sus evaluaciones.

La institución, que investigará la existencia de posibles carteles en el mercado, aún está en fase de formación, aunque ha tenido avances clave, como la emisión de su reglamento.

Los directores de la Sicom revocaron el pliego salarial que ellos mismos habían aprobado el martes 13 de enero.

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Josemaria Echeverría, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), comentó que lo actuado por los directores en la actual gestión debe leerse en tres planos. El primero es el proceso de instalación institucional y estructural que, aunque complejo, fue necesario.

La elección del Directorio no se dio cuando se aprobó la Ley de Competencia, en diciembre del 2024, sino hasta agosto del 2025, cuando se definieron los integrantes titulares y suplentes. Ante ello, la aprobación del reglamento en diciembre pasado fue un hito fundamental, pues otorga a la Sicom herramientas operativas para ejercer sus funciones.

Consideró que este no es un paso trivial, sino determinante para la sostenibilidad del funcionamiento de la superintendencia. Ahora, el reto estará en traducir las normas en procedimientos claros, predecibles y técnicamente sólidos, evitando improvisaciones, discrecionalidad y vacíos interpretativos. “Ellos tienen en este periodo la tarea de crear una autoridad robusta, blindada de presiones políticas y otros intereses”, recomendó.

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El segundo plano tiene que ver con la organización interna: el termómetro de la Sicom debe centrarse en su capacidad de construir equipos técnicamente preparados, capaces de llevar a cabo lo que la ley exige.

Finalmente, un escenario de legitimidad pública y confianza. Al ser una autoridad nueva, la legitimidad no se construye por decreto, sino mediante conductas institucionales, como la transparencia, la comunicación técnica, la coherencia en los mensajes y la independencia frente a presiones políticas, económicas o sociales.

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Crisis en la Superintendencia de Competencia es un mal precedente, según analistas

Sin haber entrado a conocer decisiones sustantivas dentro de su ámbito, los directores de la Superintendencia de Competencia enfrentaron una crisis tras revocar una decisión, lo que pone en duda su actuar, según analistas.

Urias Gamarro

24 de enero de 2026

|

00:10h

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En agosto del 2025 quedó instalado el Directorio de Competencia con directores titulares y suplentes, y el viernes 23 de enero del 2026 revocaron una resolución salarial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el 2025 comenzó el proceso de formación de la Superintendencia de Competencia (Sicom), y sus directores titulares y suplentes ya afrontan su primera crisis al haber revocado una resolución sobre la escala salarial.

En tan poco tiempo, y sin haberse consolidado como institución, analistas consultados por Prensa Libre consideran que la revocatoria del pliego salarial ya genera dudas sobre sus futuras resoluciones en casos de competencia, afecta su legitimidad pública y puede influir en sus evaluaciones.

La institución, que investigará la existencia de posibles carteles en el mercado, aún está en fase de formación, aunque ha tenido avances clave, como la emisión de su reglamento.

En la sesión celebrada ayer, los directores de la Sicom revocaron el pliego salarial que ellos mismos habían aprobado el martes 13 de enero.

En el 2025 también comenzó a funcionar el Directorio de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial, adscrita como unidad ejecutora al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Decisión de la Sicom genera dudas técnicas

Los analistas Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Josemaria Echeverría, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), interpretaron la decisión adoptada ayer por los directores titular y suplente de la Sicom.

“Retractarse puede mandar una señal equivocada, en el sentido de que un Directorio que, para hacer valer una legislación tan complicada, lo que necesita es firmeza en sus decisiones desde el inicio, desde sus orígenes. Pero, al comenzar a revisar decisiones que ya han sido tomadas —en todo caso—, aquí creo que debieron haber evaluado el horizonte completo y, originalmente, haber decidido una escala salarial más parecida a la que hoy aprobaron que a la que aprobaron antes”, destacó Maul.

Para Echevarría, el desempeño del Directorio de la Sicom debe analizarse desde una perspectiva institucional y de construcción de capacidades, más que por resultados inmediatos, al tratarse de una nueva autoridad en Guatemala.

Sicom enfrenta tres retos clave

Para el director del ICE, lo actuado por los directores en la actual gestión debe leerse en tres planos. El primero es el proceso de instalación institucional y estructural que, aunque complejo, fue necesario.

La elección del Directorio no se dio cuando se aprobó la Ley de Competencia, en diciembre del 2024, sino hasta agosto del 2025, cuando se definieron los integrantes titulares y suplentes. Ante ello, la aprobación del reglamento en diciembre pasado fue un hito fundamental, pues otorga a la Sicom herramientas operativas para ejercer sus funciones.

Consideró que este no es un paso trivial, sino determinante para la sostenibilidad del funcionamiento de la superintendencia. Ahora, el reto estará en traducir las normas en procedimientos claros, predecibles y técnicamente sólidos, evitando improvisaciones, discrecionalidad y vacíos interpretativos. “Ellos tienen en este periodo la tarea de crear una autoridad robusta, blindada de presiones políticas y otros intereses”, aconsejó.

El segundo plano tiene que ver con la organización interna: el termómetro de la Sicom debe centrarse en su capacidad de construir equipos técnicamente preparados, capaces de llevar a cabo lo que la ley exige.

Finalmente, un escenario de legitimidad pública y confianza. Al ser una autoridad nueva, la legitimidad no se construye por decreto, sino mediante conductas institucionales, como la transparencia, la comunicación técnica, la coherencia en los mensajes y la independencia frente a presiones políticas, económicas o sociales.

“El desempeño inicial de los directores debe analizarse, más allá de ‘bien o mal’, desde el punto de vista de una fase de fundación institucional, donde el verdadero indicador de desempeño es si se están creando las condiciones para lograr una autoridad técnica, independiente, sólida y predecible. La evaluación de resultados de resoluciones y la aplicación práctica del reglamento vendrán en la siguiente fase”, advirtió Echeverría.

Directores conocerán nueva propuesta

El director Édgar Guzmán Fuentes indicó que la resolución sobre la fijación de la escala salarial para los directores titulares, suplentes y el superintendente fue revocada en la sesión celebrada el 23 de enero, por lo que quedó sin efecto.

Se acordó solicitar al superintendente Jorge Miguel Castillo Castro que presente una nueva propuesta salarial, la cual deberá conocerse en una próxima sesión para su discusión. La reunión se llevará a cabo el martes 27 de enero.

La resolución debe conocerse, ya que, desde las designaciones, no se ha realizado ningún desembolso por concepto de salario, aunque ya se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Además, existe un mandato de declaración de probidad —una declaración de bienes, derechos y obligaciones que deben presentar los funcionarios y empleados públicos para ejercer el cargo—.

Dicha declaración de probidad patrimonial debe presentarse antes del 31 de enero, por lo que es necesario incluir la constancia salarial.

Sicom debe ganar confianza con sus resoluciones

Guzmán Fuentes señaló que hubo una crisis, y lo importante es reconocer que, dentro de esa crisis, hay una oportunidad para reconducir la institución, así como las actuaciones del Directorio.

Añadió que cada uno de los directores debe tener conciencia de que su actuar debe ser público, sujeto a fiscalización, y que cada decisión debe estar bien fundamentada y debidamente motivada, para que la ciudadanía y los agentes económicos no tengan dudas sobre las resoluciones que emita ese órgano colegiado.

Temen debilidad en futuras resoluciones

En cuanto a las decisiones futuras que conozca el Directorio, Maul expresó que este tipo de actitudes —como dar marcha atrás a resoluciones— puede empezar a generar dudas sobre cómo se comportará la institución en los asuntos sustantivos de la Sicom.

A su entender, un salario o remuneración que los directores determinaron para sí mismos y para el superintendente tiene una relevancia presupuestaria. Sin embargo, dentro del conjunto de grandes decisiones que debe tomar la institución, esta era menor. Pero al estrenarse con un episodio como este —en el que se fijaron salarios que a la población le parecieron elevados y luego se redujeron— sí se generan dudas sobre cómo podrían actuar en casos complejos o con intereses fuertes detrás.

Añadió que el Directorio tiene por delante múltiples decisiones en las que debe hacer valer sus criterios y mostrar firmeza, y donde las resoluciones que adopte sean definitivas. O bien, si son apelables, que lo sean dentro de los marcos que establece la ley, pero no decisiones que se retracten por iniciativa propia.

Debe consolidar legitimidad

En esa misma línea, sobre las expectativas a futuro, el delegado del ICE agregó que el destino del Directorio, una vez la Sicom esté plenamente en funciones, dependerá en buena medida de las señales institucionales que se consoliden desde ahora.

“Las decisiones iniciales, incluidas las administrativas, tienden a convertirse en pequeños precedentes que pueden moldear la percepción externa sobre la autoridad misma y su actuar frente a conflictos, controversias o presiones”, aclaró.

En un escenario positivo —que debe ser el objetivo—, si el Directorio logra ordenar sus procesos, reforzar la deliberación técnica y jurídica de sus decisiones, y comunicar de forma clara, el episodio reciente puede y debe quedar como un hecho aislado, propio de la etapa de creación e instalación de una autoridad nueva.

Es muy importante que el Directorio consolide sus deliberaciones para no abrir la puerta a dinámicas de confrontación política, remarcó.

El futuro del Directorio no está definido, pero siempre estará bajo escrutinio público. Debe demostrar independencia, solidez técnica y cohesión institucional para consolidarse como un actor legítimo en el país, enfatizó el director ejecutivo del ICE.

Presupuesto 2026 asigna fondos a Superintendencia de Competencia, pero son insuficientes para operar

Un presupuesto de Q25 millones para la Superintendencia de Competencia (Sicom) aprobó el Congreso de la República para el 2026; sin embargo, el monto está por debajo de lo que la entidad estima necesario para operar ese año.

Rosa María Bolaños

29 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Funcionarios de la Superintendencia de Competencia participaron en el Foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Además, sigue pendiente que el Ministerio de Finanzas (Minfin) concrete la asignación de Q20 millones para la Superintendencia de Competencia, establecida en la Ley de Competencia para el primer año de vigencia, que corresponde al 2025.

El presidente del directorio de la Sicom, Javier Bauer, informó que, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, el Organismo Legislativo aprobó Q25 millones para dicha entidad.

En tanto el director, Edgar Guzmán, explicó que también se valora que en el mismo artículo se deja establecido que el Ministerio de Economía apoye a la institución.

Consultado sobre si ese monto es suficiente para operar, Jorge Miguel Castillo, superintendente de Competencia, explicó que se realizó un análisis derivado de las intendencias que se buscan crear, las capacidades necesarias, los salarios competitivos que deberían pagarse y el equipo de cómputo y software que, como en todas las autoridades de competencia del mundo, requiere alta inversión. Al estimar esos gastos, se determinó que el presupuesto es limitado, pero se trabajará con los recursos asignados, priorizando los gastos y buscando eficiencia en su asignación, agregó.

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Castillo expuso que se estimó —con apoyo de expertos internacionales— que Q35 millones o Q40 millones es el presupuesto que tienen entidades similares, como las autoridades de competencia de Ecuador, Colombia y otros países.

En tanto Guzmán dijo que ese recurso no es suficiente para los grandes desafíos que tiene la entidad en el mediano y largo plazo, por lo que esperan poder brindar el resultado de ejecución adecuado, hacer proyección adecuado para tener presencia en todo el territorio y de esta manera poder acudir a distintas estancias y el Congreso para que pueda ser considerada una ampliación en caso de que fuera necesario.

Los rubros que se priorizarán con el presupuesto del 2026 serán capacitación, jornadas nacionales de divulgación, fomento y promoción de la competencia, detalló Castillo. Además, la entidad realizará estudios sobre leyes, regulaciones y el Código Municipal para determinar si alguna disposición contraviene la Ley de Competencia. También se incluye la capacitación del personal.

El superintendente explicó que los fondos no ejecutados del presupuesto inicial del 2025 podrán seguir utilizándose por parte de la Sicom, conforme lo regulan la Ley de Competencia y la Ley Orgánica del Presupuesto, dado que se trata de una autoridad autónoma e independiente.

Esto puede incluir la sede y lo necesario para estructurar la entidad, como computadoras, vehículos y otros recursos.

Aparte del presupuesto, la entidad trabaja en propuestas de reglamentos y guías por actividades.

Respecto del 2025, ya se avanzó en los trámites del proceso de asignación. La entidad ya cuenta con la estructura presupuestaria y con los roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como con un centro de costo. Se trata de diseños operativos y técnicos que permiten que una entidad tenga vida presupuestaria, explicó Castillo.

Los funcionarios de Sicom participaron en el foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala.

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Consultado en el foro, Guzmán expuso que el monto es insuficiente para constituir una institución técnica disruptiva, pero con una política de competencia, la Superintendencia también puede aprovechar otros recursos y espacios disponibles dentro del Estado.

En dicho foro también se les preguntó si la cantidad asignada de presupuesto es suficiente para mantener cuadros técnicos independientes y garantizar la imparcialidad, así como un órgano técnico con los mejores perfiles.

Al respecto, el director Jorge Mario González expuso que se ve cuesta arriba y calificó como lamentable la decisión de asignar un presupuesto tan por debajo de los estándares básicos para la creación de una institución.

Explicó que una parte importante será contar con personal idóneo, cuadros técnicos especializados y poder retener al personal calificado, lo cual será complicado si no se pueden ofrecer salarios competitivos frente al sector privado, donde podrían duplicarse o triplicarse los salarios que la Superintendencia puede ofrecer.

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Derivado de ello, agregó González, será difícil que alguien opte por dicha entidad y comentó tres aspectos a enfrentar: no hay personal capacitado en esta nueva materia en el país; se tendrá que invertir en esa formación, pero no se podrá retener el personal, porque “teniendo un presupuesto tan paupérrimo no vamos a tener cómo asignarle, y vamos a crear una institución tan pequeña que no va a tener las capacidades de atender a todo el país. Porque en Guatemala, en Centroamérica, somos la economía más grande y no podemos crear una institución tan pequeña. Nos dieron un presupuesto pensando en pequeño”, a pesar de la importancia de la función de la Superintendencia, como crear eficiencias económicas, buscar apertura de mercado y generar estudios relevantes.

Se reestructurará el Mineco

Al respecto del presupuesto para la Sicom y la reestructuración del Ministerio de Economía, ahora que fue creada dicha entidad, la viceministra Valeria Prado explicó algunos factores.

Recordó que la ley establece que se le debe asignar un mínimo del 4% del presupuesto del Ministerio de Economía.

En este caso, al revisar el decreto del Presupuesto estatal para el 2026, el Mineco tiene asignados Q640.7 millones, por lo que el mínimo sería de Q25 millones, que finalmente le aprobó el Congreso.

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Respecto de la estructura, la funcionaria explicó que a la Superintendencia le fueron asignadas todas las funciones de promoción de la competencia como entidad rectora del asunto, entre otras que antes correspondían al Mineco.

Derivado de la nueva ley, a ese ministerio le queda la parte de elaboración de la política de competencia y a la Superintendencia, la implementación de dicha política y la promoción de la competencia.

Prado explicó que ya se han tenido reuniones y acercamientos entre autoridades de ambas entidades para conversar sobre el asunto y establecer vínculos, y que con los directores se trabaja en sentar las bases para crear una política de competencia.

La estructura del Mineco cambiará, ya que la Ley de Competencia suprime varias de las funciones que originalmente tenía ese ministerio, como la promoción de la competencia, lo que implica la supresión de la dirección que se encargaba del tema, al quedar sin materia.

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Artículo 159 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, Decreto 27-2025:

• Establece el aporte del Estado a la Sicom, basado en la Ley de Competencia, por Q25 millones, como parte de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.
• Estos deberán ser trasladados en un solo desembolso a dicha institución para facilitar su operación y el cumplimiento de sus fines.
• Las gestiones presupuestarias y de programación financiera se harán directamente de la Superintendencia de Competencia al Ministerio de Finanzas Públicas, sin intermediación alguna.
• El Congreso estableció que, antes del último día hábil de febrero del 2026, el superintendente deberá emitir y poner en vigencia, con el aval del directorio, las normas mínimas de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, puestos y escalada salarial, observando criterios de racionalidad económica y manejo responsable del presupuesto asignado.
• Aclara que esto es sin detrimento de lo que establecen los artículos 116 de la Ley de Competencia, que refiere que en el plazo de un año a partir de la toma de posesión, el superintendente debe organizar, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar, así como para la difusión, formación y aplicación de la ley. Castillo asumió el cargo el 13 de octubre del 2026. También se menciona el artículo 121, que establece la vigencia escalonada de la ley en mención.
• El decreto de presupuesto estatal también establece que el Ministerio de Economía delegará de forma temporal, y por un plazo no mayor a seis meses, al personal administrativo y financiero que la Superintendencia de Competencia requiera para iniciar operaciones y emitir sus disposiciones de organización interna. También facilitará equipo de cómputo y transporte que sea requerido, igualmente de forma temporal.

Reglamento

El reglamento para la Ley de Competencia aún se está trabajando, y el superintendente presentará el borrador al directorio, dijo Bauer.

Castillo expuso que se trata de reglamentos y manuales de protocolos, entre ellos el reglamento orgánico interno, el cual ya fue presentado y está en proceso de discusión.

El otro reglamento es el que debe desarrollarse para implementar la ley, según el artículo 117 del Decreto 32-2024. Este debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Para ello, se abrió un espacio para la recepción de opiniones y observaciones, y se encuentra en desarrollo.

La Superintendencia de Competencia tiene ley, propuesta de estructura y planes, pero no tiene presupuesto

La Superintendencia de Competencia aún no recibe los Q20 millones que la ley ordena para iniciar operaciones. Sus autoridades gestionan esos fondos ante el Minfin y el Congreso para el 2025 y el presupuesto anual para el 2026 porque no fue incluido en la propuesta del gobierno.

Rosa María Bolaños

13 de noviembre de 2025

|

05:00h

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La propuesta inicial es que la Superintendencia de Competencia cuente con cuatro intendencias, además de otras jerarquías, pero la estructura se podría modificar en el proceso de creación de la entidad que se está llevando a cabo, sin embargo aún no cuenta con presupuesto. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).

La Superintendencia de Competencia contará con cuatro intendencias, además de otras jerarquías que se crearán, según la propuesta inicial para conformar esta nueva entidad, explicaron las autoridades de dicha institución.

Sin embargo, aún no cuenta con presupuesto inicial ni fue incluida en la propuesta del Presupuesto General del Estado presentada por el Ejecutivo al Congreso.

Las autoridades de la Superintendencia ya gestionan ante el Ministerio de Finanzas y el Organismo Legislativo la asignación de esos recursos. Al ministerio le solicitaron el presupuesto inicial de Q20 millones para el 2025, según lo establece el artículo 118 de la Ley de Competencia, decreto 32-2024.

Ese artículo indica que, mientras se aprueba el primer presupuesto de ingresos y egresos conforme a la ley, el Minfin debe asignar, por única vez, Q20 millones dentro del presupuesto ordinario del ejercicio fiscal 2025, destinados a gastos de organización y funcionamiento.

Para los ejercicios fiscales siguientes, el mismo artículo establece que el aporte anual no podrá ser menor al 4% del presupuesto de egresos de administración asignado al Ministerio de Economía (Mineco), lo que, según el presidente del directorio de la Superintendencia, Javier Bauer, equivaldría a unos Q18 millones en el 2025.

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Consultado sobre las gestiones para lograr estos recursos, el superintendente Jorge Miguel Castillo explicó que se trata de dos gestiones diferentes. En cuanto al presupuesto inicial de Q20 millones, indicó que la solicitud ya fue presentada y avanza a buen ritmo, pues empezó a gestionarse desde el segundo día de su nombramiento. Castillo fue elegido para el cargo el 13 de octubre del 2025, fecha en que también fue juramentado.

El funcionario agregó que tanto la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) como la Dirección de Contabilidad del Estado, del Minfin, han mostrado disposición y ya cuentan con una estructura presupuestaria armonizada técnicamente. Además, ya cuentan con roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

El paso pendiente es que, mediante un oficio, se les confirme que pueden recibir los fondos, aspecto para el que Castillo tiene expectativas positivas de que ello ocurra este año.

Aunque la ley establece que el superintendente tiene un año para realizar las gestiones, estructurar y organizar la entidad, de acuerdo con el artículo 116, se busca agilizar el proceso para que los fondos se asignen este mismo año, comentó.

Respecto al segundo proceso, indicó que, con el presupuesto inicial aprobado, podrán formular el correspondiente al 2026, utilizando herramientas como el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Estratégico Interinstitucional. La propuesta deberá ser aprobada por el directorio para luego gestionarla ante el Minfin, con el fin de que se incluya en las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, lo cual podría requerir una modificación del presupuesto ya establecido para el siguiente año.

Castillo aclaró que el presupuesto de una entidad autónoma se aprueba mediante resolución interna de la autoridad respectiva, pero su asignación debe figurar entre las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.

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Bauer informó que ya enviaron oficios tanto a la Comisión de Finanzas del Congreso como al Ministerio de Finanzas, solicitando incluir a la entidad en el presupuesto del 2026. Aún están a la espera de una audiencia con la Comisión, y no se mencionó el estatus del trámite ante el Minfin.

“Que se considere el inicio de la Superintendencia para que tenga un presupuesto suficiente, con profesionales en carrera administrativa, reglamentación de primer nivel y capacidades técnicas que permitan identificar prácticas anticompetitivas que afectan el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica en el país”, añadió Bauer.

Comisión propone presupuesto

Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, explicó que, aunque la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026 no contempla a dicha Superintendencia, el borrador de dictamen considera una asignación de entre Q30 millones y Q40 millones.

La Comisión aún está en proceso de emitir el dictamen, y el Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre del 2025 para aprobar el Presupuesto General del Estado para el 2026, de no lograrse en ese plazo quedaría vigente el del 2025, que tampoco incluye a esa entidad por lo que se deberá hacer una reforma.

Cómo será la estructura

Castillo detalló que la estructura presupuestaria de este año se definió con apoyo de la DTP y tiene la capacidad de soportar un aumento sustancial para próximos ejercicios. No obstante, si no fuera así, la Ley de Competencia permite reformular y ampliar dicha estructura, como hacen otras entidades para definir su presupuesto.

Como ejemplo, señaló que la Intendencia de Investigación podría no requerir una asignación significativa en el inicio, ya que la ley otorga dos años para iniciar la fase de recepción de denuncias e investigaciones, que comienza a finales del 2026. Posteriormente, se reforzaría dicha intendencia en capacidades y presupuesto.

“La estructura presupuestaria puede ser objeto de mejoras, ampliaciones o recortes”, agregó Castillo.

Las cuatro intendencias

La propuesta inicial para la estructura de la entidad contempla las siguientes intendencias:

• Intendencia de Promoción de la Competencia
• Intendencia de Investigación (establecida por la ley)
• Intendencia de Estudios Económicos
• Intendencia Administrativa Financiera

Estas serán complementadas por direcciones subordinadas, subdirecciones, jefaturas y personal técnico y profesional.

Una vez se cuente con un director de Recursos Humanos, se deberá implementar un proceso de oposición para contratar personal con criterios estrictamente técnicos, se agregó.

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Dos procesos en marcha

Bauer recordó que se abrió un espacio para que agentes económicos y otros interesados presenten sugerencias sobre el reglamento de la Ley de Competencia. La recepción de propuestas cerrará el viernes 14 de noviembre y se espera concluir el reglamento a mediados de diciembre, con entrada en vigencia el 1 de enero del 2026.

El reglamento incluirá criterios para aplicar la ley y se elaborarán guías sobre fusiones, adquisiciones y prácticas anticompetitivas.

Además, en diciembre se abrirá otro proceso para que los sectores presenten las barreras afecten la competencia y propuestas que apunten a reducirlas. La Superintendencia tiene dos años para presentar estas sugerencias al Ejecutivo y al Congreso.

Estas declaraciones se dieron en la conferencia “Implementar la ley y fomentar la competencia”, organizada por el Instituto para la Competitividad Económica (ICE), donde el superintendente presentó su plan de trabajo, con acciones de corto, mediano y largo plazo.

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Josemaría Echeverría, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), expone las prioridades que debe tener la Superintendencia de Competencia.

Rosa María Bolaños

13 de noviembre de 2025

|

00:10h

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Superintendencia de Competencia abrió al público la posibilidad de presentar propuestas o sugerencias para el reglamento a la Ley, y hará lo mismo para que sectores informen acerca de barreras que afectan la competencia. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Las prioridades van desde ganar confianza técnica y ciudadana, así como contar con reglamentos operativos, presupuesto adecuado y blindar la Superintendencia de Competencia ante intereses de diferente índole.

Echeverría participó en la conferencia “Implementar la ley y fomentar la competencia”, organizada por el ICE, y en la cual participaron cuatro directores y el superintendente de Competencia, y habla de la importancia para la entidad de mantener independencia.

¿Cuáles son las prioridades que debería tener la Superintendencia de Competencia, que está en proceso de formar la institución y el reglamento a la ley?

El primer gran reto que tiene esta Superintendencia, al ser una institución nueva y el primer ejercicio de regulación de competencia que tenemos en el país, es generar confianza.

Este reto consiste en conseguir una autoridad que inspire credibilidad, proceso que pasa porque se comuniquen bien las cosas, que se escuche no solo los reclamos sino también las ideas de todos los sectores y que se actúe con consistencia.

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Esto ellos lo pueden lograr generando confianza en dos aristas: la confianza técnica, para que las decisiones sean vistas como imparciales y que estén basadas en evidencia, y la confianza ciudadana, para que los agentes económicos no perciban a la autoridad como una amenaza, sino como un aliado.

¿Qué podría suceder si no se genera credibilidad técnica?

Las decisiones que tomen pueden ser vistas como arbitrarias, lo que reduce la disuasión y la eficacia de las decisiones.

No quiero decir que no se les va a acompañar, pero si no se construye la confianza en la institución, es posible que exista cierto rechazo, y se corra algún riesgo más alto de que la institución no llegue a funcionar como debería.

¿Qué otras acciones observan como prioritarias?

Una vez construida esta confianza, que tiene que ser una tarea paralela, otros de los principales pasos que tiene que asumir la Superintendencia son la emisión de los reglamentos, los cuales tienen que ser claros y operativos. También tienen que consolidar equipos técnicos capacitados para poner en marcha a la Superintendencia.

Tenemos que recordar que la autoridad de competencia, más allá de ser solo un ente perceptor o sancionador, tiene que abogar por la competencia, promocionarla y aplicarla.

En el ICE nos encantaría que se le diera prioridad a la promoción de la competencia, que es básicamente buscar fomentar de forma no coercitiva un entorno de mercados abiertos y justos en que las empresas puedan competir con libertad.

Como lo decían los funcionarios, el rol de la Superintendencia debería ser más que un ente sancionador, un promotor del juego limpio, donde los sectores económicos compitan como mejor les parezca y como mejor puedan, y que no se tenga como un árbitro lejano que va a castigar si alguien comete una falta, sino como una entidad que acompañe a los entes económicos no solo a cumplir con la ley, sino a mejorar sus prácticas.

Como se dijo en el evento, la promoción de la competencia y enseñar es muchísimo más efectivo que castigar, y los países que han tenido éxito con este modelo —entre ellos Chile, España y Perú— demuestran que lo primero es construir una cultura de competencia. Al final de cuentas, si la gente conoce la ley, la va a cumplir.

De las propuestas y planes que dieron a conocer los funcionarios de la Superintendencia, ¿cuáles son los aspectos que les inquietan o les causan dudas?

Empezando por lo positivo, creo que el directorio y ahora el superintendente están haciendo un esfuerzo para que sus decisiones y sus deliberaciones sean públicas. El esfuerzo que van a hacer de recibir comentarios y sugerencias para la elaboración de los reglamentos es un ejercicio muy valioso.

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Sin embargo, nos daría un poquito más de paz saber cuál va a ser el procedimiento para la contratación de esos equipos técnicos que tanto van a necesitar en el día a día de la Superintendencia. Estamos conscientes de que es un tema nuevo en el país y, por ello, no hay gran cantidad de profesionales expertos en competencia. Sin embargo, hay gente muy capacitada que se puede especializar con el tiempo. Tenemos esa expectativa de saber cuáles van a ser los criterios que se van a usar para contratar a los profesionales que le van a dar vida a las labores de la Superintendencia.

También hay dudas acerca de cómo se van a aplicar algunos conceptos como mercado relevante y de las concentraciones que conlleva una fusión o una compra. ¿Cómo analizan esta parte?

La ley de competencia tiene algunos conceptos ya definidos, pero va a recaer sobre los reglamentos cómo se van a administrar las interpretaciones de los criterios. Confiamos en que el directorio va a hacer el mejor trabajo posible para evitar interpretaciones erróneas. Y es necesario que se pueda aprender de prácticas internacionales o de expertos locales. Sin embargo, es muy pronto para emitir una opinión absoluta.

¿Cuál sería su principal recomendación?

Que no se alejen del camino que han llevado de comunicación, de claridad, de transparencia, porque estos primeros pasos van a ser el catalizador de la opinión pública.

Además, que los reglamentos estén fortalecidos para blindar a la Superintendencia de intereses políticos o ideológicos y personales. Eso va a ser clave no solo para la confianza de la Superintendencia, sino para que esta funcione. Tenemos que recordar que la Superintendencia no va a funcionar sola, ya que la ley obliga a la creación de salas de tribunales especializados en materia de competencia. Entonces, tienen que recordar que cada decisión que ellos tomen puede estar sujeta a revisión, y mantener esa independencia frente a intereses externos va a ser clave.

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La Superintendencia aún no tiene presupuesto. ¿Harían un llamado a las autoridades correspondientes a aprobarles fondos?

Sí, es otro punto clave, no solo para el funcionamiento, sino para mantener a la Superintendencia vigente y blindada frente a intereses que puedan resultar dañinos.

Hay que recordar que tanto los directores como el superintendente tienen prohibición de ejercer otro cargo público o privado, con excepción de cargos de docencia. Y, aparte de eso, si no se asigna un presupuesto, va a ser literalmente imposible que la Superintendencia pueda convocar y mantener el talento humano necesario.

Elaboran reglamento de la ley de Competencia y Directorio recibirá opiniones

El reglamento para aplicar la Ley de Competencia arrancó su primera fase de redacción y los integrantes del Directorio recibirán opiniones y/o recomendaciones hasta el 14 de noviembre.

Natiana Gándara

7 de noviembre de 2025

|

18:25h

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El Directorio de la Superintendencia de Competencia ya trabaja en el reglamento de la ley. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) informó que ha iniciado el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley de Competencia, decreto legislativo 32-2024.

Este reglamento deberá funcionar desde el 1 de enero del 2026, un año después de la entrada en vigor de la ley.

Según el comunicado oficial, el objetivo principal es crear un entorno de mercado basado en la libre competencia, para garantizar que el reglamento desarrolle de manera técnica los procedimientos y contenidos de la norma.

El Directorio destacó que este instrumento será fundamental para brindar claridad y certeza jurídica en la aplicación de la ley.

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Recibirán opiniones

Como parte del proceso, la institución hizo un llamamiento a los sectores interesados y a la ciudadanía en general para que presenten observaciones, sugerencias o comentarios sobre el documento en construcción hasta el 14 de noviembre.

Los interesados pueden enviar sus comentarios, información, sugerencias al correo electrónico contacto@sicom.gob.gt

Édgar Guzmán, director titular elegido por la Junta Monetaria, dijo a Prensa Libre que el 4 de noviembre recién pasado se aprobó un acta donde se establece empezar a trabajar en el reglamento de la Ley de Competencia, y la idea es hacerlo en forma transparente y abierta. Por esa razón, dijo, están abiertos a recibir opiniones o recomendaciones de la población, de sectores o de organizaciones que  lo consideren pertinente.

Guzmán afirmó que aún no hay un borrador del reglamento y tampoco se cuenta con un consultor o asesor externo que apoye en la redacción, dado que aún no se dispone de los fondos que el Ministerio de Finanzas debe trasladar para echar a andar los aspectos administrativos.

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Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala elige a Jorge Miguel Castillo Castro como primer superintendente

Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado como el primer superintendente de Competencia para el período 2025-2031. Durante su juramentación afirmó que será un honor fortalecer la ley y proteger a los consumidores guatemaltecos.

Glenda Burrión y Rosa María Bolaños

13 de octubre de 2025

|

18:57h

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Javier Enrique Bauer Herbruger y los demás miembros del directorio de la Comisión de Competencia durante el acto protocolario en el que nombraron a Jorge Miguel Castillo Castro como nuevo superintendente para el periodo 2025-2031. (Foto, Prensa Libre: cortesía Guatemala Visible)

El economista Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado el 13 de octubre de 2025 como el primer superintendente de la Superintendencia de Competencia de Guatemala, cargo que ejercerá durante el periodo 2025-2031.

Con su designación, asumirá la representación legal de la institución y la gestión presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), entidad que este año asignó un presupuesto de Q20 millones para su funcionamiento.

Castillo Castro cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar (URL), así como una maestría en Estudios Internacionales por la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur.

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Directorio de la Superintendencia de Competencia 2025

El directorio que integra la Superintendencia de Competencia de Guatemala quedó completo y está conformado de la siguiente manera:

Superintendente de Competencia:

• Jorge Miguel Castillo Castro – Superintendente para el periodo 2025–2031

Directores titulares y suplentes:

1. Javier Enrique Bauer Herbruger – designado por el Organismo Ejecutivo
   Luis Guillermo Velásquez, suplente
2. Jorge Mario González Paz – Designado por el Congreso de la República
   Jorge Alberto Santiago Chen Sam, suplente
3. Edgar Rolando Guzmán Fuentes – electo por al Junta Monetaria del Banco de Guatemala
   Alfredo Skinner-Klée Sol, suplente

Según se tiene previsto, el primer caso será conocido a finales de 2026.

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Nombramiento como superintendente de Competencia  

La elección se realizó durante la sesión del directorio efectuada el lunes 13 de octubre de 2025, la cual inició alrededor de las 15 horas, el proceso de elección concluyó dos horas y 15 minutos después, tras completarse la votación. 

Castillo Castro fue electo por mayoría, recibiendo dos de tres votos a favor de los directores titulares Javier Enrique Bauer Herbruger, designado por el Ejecutivo, y Jorge Mario González Paz, designado por el Congreso de la República. El director Edgar Rolando Guzmán Fuentes, nombrado por la Junta Monetaria, emitió su voto a favor del candidato Carlos Rodolfo de León Herrera. 

Durante la sesión, los directores suplentes participaron con derecho a voz, pero sin voto. Ellos fueron Luis Guillermo Velásquez (Ejecutivo), Jorge Alberto Santiago Chen Sam (Congreso) y Alfredo Skinner-Klée Sol (Junta Monetaria).

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Tras su elección, Castillo Castro fue llamado por teléfono para presentarse en la sede temporal de la Comisión, donde fue juramentado en la misma sesión.

La lista de seis candidatos evaluados para ocupar el cargo de superintendente de Competencia para el periodo 2025-2031 estuvo conformada por: 

1. Jorge Miguel Castillo Castro

2. Édgar Rolando Yax Tezo

3. Juan Carlos Rodil Quintana

4. Carlos Rodolfo de León Herrera

5. Byron Enrique Ochoa Paredes

6. José Ramiro Martínez Villatoro

Trayectoria de Jorge Miguel Castillo 

En su trayectoria profesional destaca su desempeño como director de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía (Mineco) entre 2020 y 2025. 

Durante el gobierno de Jimmy Morales,  fue director de Política Económica Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2019) y viceministro Administrativo Financiero del Ministerio de Trabajo (2018–2019).

También ha sido catedrático de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

¿Qué busca la nueva Ley de Competencia? 

El eje central de la Ley de Competencia es la protección del consumidor y la promoción de un entorno económico competitivo, donde exista una variedad de oferentes y demandantes. 

El propósito es evitar monopolios que puedan reducir la oferta, elevar los precios o deteriorar la calidad de los productos y servicios.

La normativa también prohíbe prácticas anticompetitivas, como la venta por debajo del costo para eliminar competidores o la imposición de condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en circunstancias similares. 

Directorio de Competencia aplaza elección de superintendente

Los integrantes del Directorio de la Superintendencia de Competencia no lograron avanzar en la elección del nuevo superintendente y pospusieron la reunión al encontrar observaciones legales durante la sesión de este lunes 29 de septiembre.

Urias Gamarro

29 de septiembre de 2025

|

18:29h

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La elección del superintendente de Competencia quedó en suspenso por el Directorio. (Foto Prensa Libre: Guatemala Visible)

La elección del superintendente de Competencia quedó en suspenso, pues los miembros del Directorio tenían previsto realizarla en esa fecha, pero decidieron posponer la juramentación.

Durante la sesión, en la agenda acordada por los titulares y suplentes, el presidente Javier Bauer Herbruger leyó la agenda aprobó el acta de reuniones anteriores y se dio lectura de la sesión, pero no se entraron a conocer los puntos.

En la sesión se detectó que las actas notariales de reuniones anteriores no estaban al día, por lo que se decidió subsanarlas para garantizar la legalidad de la elección del superintendente, alertó el director Édgar Guzmán.

“Las actas no están al día, no están firmadas y no están publicadas en el sitio, por lo deben subsanarse”, explicó el director durante la sesión, quien rompió el quórum al levantarse.  

Además del presidente Bauer Herbruger, participaron los directores titulares Guzmán y Jorge Mario González Paz, así como los suplentes Jorge Alberto Santiago Chen Sam y Luis Guillermo Velásquez Pérez. El director suplente Alfredo Skinner-Klee no asistió por estar de viaje, se indicó.

Bauer Herbruger informó que la reunión no continuó por falta de quorum en el Directorio, por lo que se convocará a una nueva sesión para conocer la elección. Agregó que se encuentran dentro de los plazos establecidos en la normativa, ya que cuentan con 120 días para seleccionar y juramentar al superintendente.

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Seis finalistas buscan dirigir la Superintendencia de Competencia para el período 2025-2031:

• Jorge Miguel Castillo Castro
• Édgar Rolando Yax Tezo
• Juan Carlos Rodil Quintana
• Carlos Rodolfo de León Herrera
• Byron Enrique Ochoa Paredes
• José Ramiro Martínez Villatoro

Cien pide priorizar capacidad técnica en elección

El economista Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que en esta elección los directores deben privilegiar la capacidad técnica y no convertir el nombramiento en un proceso en el que pese más la inclinación ideológica.

Advirtió, además, sobre el cuidado que debe tenerse al elegir al superintendente: “No vaya a ser que termine dominando la institución y que el Directorio solo quede pintado, como se observó en el pasado con la Superintendencia de Administración Tributaria”.

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A su juicio, una vez elegido el superintendente viene una etapa formal: la creación administrativa de la Superintendencia, el reclutamiento de personal, la capacitación, y la necesidad de que la persona electa cuente con un plan claro sobre las decisiones que se tomarán, cómo se construirá la estructura institucional y cómo se integrará con cuadros técnicos capaces y expertos en la materia.

Luego vendrá la fase operativa de sus funciones, pero en los primeros momentos se trata de un aspecto administrativo básico, en el cual debe prevalecer una sana independencia entre los miembros del Directorio y el superintendente, cada uno en el desarrollo de sus responsabilidades.

Todo esto dependerá de la normativa y la reglamentación interna que logren establecer la independencia funcional para que la Superintendencia pueda ejercer sus operaciones.

Análisis con fundamentos

Maul reiteró que la Superintendencia debe ser una institución con enfoque técnico, debido al desconocimiento sobre el trabajo y los límites de una entidad de competencia. Señaló que muchos creen que puede “llegar a ser una espada justiciera que corrija todos los males de Guatemala, lo cual no es así”.

Afirmó que la entidad deberá realizar análisis técnicos con fundamentación empírica y cuantitativa de los casos que conozca en el futuro, sobre la base de modelos teóricos sólidos. “No es un asunto de preferencias políticas o ideológicas”, remarcó.

“El análisis debe tener fundamentación técnica, económica y cuantitativa para ser riguroso”, concluyó el investigador.