Tres policías son capturados por ejecución extrajudicial en Chiquimula

Autoridades señalan a tres agentes de PNC de haber estado involucrados en la ejecución de una persona en 2021.

Miguel Barrientos y Esdras Laz

19 de septiembre de 2024

|

10:51h

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Tres agentes de la PNC son señalados de un caso de ejecución extrajudicial en Chiquimula. (Foto Prensa Libre: PNC)

Autoridades coordinaron este 19 de septiembre la aprehensión de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en un caso de ejecución extrajudicial.

La PNC informó que fueron aprehendidos los agentes Jimmy “N”, Ever “L” y Osvin “N”, durante diligencias efectuadas por el Ministerio Público e Inspectoría General.

Los agentes son señalados de haber causado la muerte de Óscar Ramos el 23 de marzo de 2021.

El hecho se registró Concepción las Minas, Chiquimula, cuando los agentes asignados a la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) habrían atacado a balazos a Ramos.

Según la acusación, no se registró enfrentamiento armado con Ramos y los agentes habrían actuado directamente contra el hombre.

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Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, se refirió al caso como un hecho “gravísimo” y señaló que la “depuración” de malos agentes debe ser prioridad.

URGENTE

Capturados 3 malos agentes acusados de un caso gravísimo del año 2021. #InspectoríaPNC

Para seguir dando resultados, la depuración de los malos agentes de @PNCdeGuatemala es una prioridad estratégica.#MinisterioDeGobernación
No hay mañana, #LaSeguridadEsHoy pic.twitter.com/wscp4uYLSX

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 19, 2024

Dos bomberos y un policía son capturados por caso de ejecución de canadiense y guatemalteco

La investigación del MP sugiere que dos socorristas en San Andrés Iztapa pudieron haber trasladado a un hospital al canadiense Milton Santamaría cuando ya había muerto.

Miguel Barrientos y Edwin Pitán

18 de septiembre de 2024

|

12:39h

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Un canadiense y un guatemalteco murieron de forma violenta en abril de 2024 y un grupo de agentes policiales son señalados de su ejecución extrajudicial (Foto HemerotecaPL / E. Sánchez)

El Ministerio Público efectuó diligencias este 18 de septiembre por el caso de las muertes violentas del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí y del canadiense Milton Nelson Santamaría, ocurridas el 18 de abril último en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Durante las diligencias de allanamiento y búsqueda de indicios, la Policía Nacional Civil aprehendió a tres personas, entre las que se encuentran dos bomberos y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de los socorristas Jorge “C” y Josué “B”, ambos sindicados de obstaculización a la acción penal; además, el agente policial Ángel “R”, por ejecución extrajudicial.

Según la investigación preliminar, los socorristas pudieron haber trasladado a Santamarina cuando ya había fallecido, luego de haber sido atacado por agentes policiales.

Las pesquisas indican el ciudadano canadiense murió en la estación policial de la localidad y que los bomberos pudieron haber subido el cadáver a una camilla y luego lo llevaron a un hospital, simulando que estaba vivo.

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La investigación señala que el agente policial estaba en la estación y observó que torturaban a Choc y Santamnaría, pero no intervino.

El caso

El 18 de abril último, familiares de Choc Xi recibieron una llamada en la que se les informó que él y Santamaria habían recibido una golpiza por parte de agentes de la PNC.

Santamaría fue trasladado a un centro asistencial; mientras, el paradero de Choc se desconoció, hasta que su cuerpo apareció varios días después.

El Ministerio Público comenzó con la investigación y solicitó la captura de cuatro agentes policiales, quienes fueron localizados; sin embargo, un subinspector no fue hallado y se emprendió una búsqueda en el territorio nacional.

El martes 11 de junio, autoridades estadounidenses reportaron la detención del subinspector  Edy Leonel Vásquez Rabanales, señalado de ejecución extrajudicial.

Los sindicados en el caso continúan en proceso judicial mientras el Ministerio Público termina con las investigaciones.

Envían a juicio a cuatro agentes de la PNC señalados de ejecución extrajudicial en San Andrés Itzapa

Cuatro agentes de la PNC enfrentarán a la justicia por la muerte de dos hombres en San Andrés Itzapa; un exsubinspector también está vinculado al caso.
 

Óscar García

12 de septiembre de 2024

|

22:17h

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Cuatro agentes de la subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fueron detenidos en abril de 2024 señalados de ejecuciones extrajudiciales. Foto del momento de la captura. (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 12 de septiembre que cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron enviados a juicio señalados de ejecución extrajudicial.

Se trata de los agentes Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yuliza Nabely Yalala Yol, Fredy Santiago Velásquez Pérez y Mauricio Abraham Contreras Salán.

Los señalados habrían cometido el delito en contra de Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi el pasado 18 de abril 2024 en la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.  

De acuerdo con la investigación, primero privaron de la vida a Santamaría mientras que a Choc lo llevaron a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde lo mataron y lanzaron a un barranco.

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Las pruebas fueron presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la Agencia Fiscal de Derechos Humanos y Tortura, en audiencia de etapa intermedia celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango.

Edy Leonel Vásquez Rabanales, ex subinspector de la PNC, también está ligado al caso y será investigado por la muerte de las dos referidas personas.

En agosto recién pasado, el MP informó que la Fiscalía de Derechos Humanos presentó indicios racionales suficientes ante el órgano jurisdiccional competente, que dictó auto de procesamiento en contra de Vásquez Rabanales por el delito de ejecución extrajudicial.

El sindicado es considerado presunto responsable de la muerte del canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

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Según los fiscales, Vásquez Rabanales sometió a tortura a ambas víctimas por “homofobia”.

También el MP reprodujo cuatro audios que grabó uno de los testigos que estuvo cerca de la habitación en la que habrían sido torturadas ambas personas.

En una de las grabaciones se escucha a Choc Xi implorar por su vida. “Ayuda, ayuda por favor”, se escucha que dijo la víctima en el audio.

Para leer más: “Ya está el trabajo”: el mensaje que el subinspector habría dicho tras desaparición de vecino en San Andrés Itzapa

El 5 de agosto recién pasado, Estados Unidos deportó al exsubinspector de la PNC, quien huyó de Guatemala por señalamientos de dos crímenes.

#MPfuerteYfirme
Cuatro agentes de la PNC enviados a juicio por ejecución extrajudicial

La Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la Agencia Fiscal de Derechos Humanos y Tortura, en audiencia de etapa intermedia celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Penal,… pic.twitter.com/JGt7mRi3sS

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2024

Detenido en Estados Unidos el PNC sindicado de matar a canadiense y guatemalteco

Edy Leonel Vásquez Rabanales es sindicado de haber participado en la ejecución extrajudicial de Edin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría, en abril último.

Miguel Barrientos

11 de junio de 2024

|

11:18h

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Un incidente en el que agentes de la PNC habrían causado la muerte de dos personas causó disturbios y la quema de la subestación policial en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto HemerotecaPL / Emmy Sánchez)

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EE. UU., según informaron fuerzas de seguridad este 11 de junio.

Vásquez Rabanales es señalado de haber participado en las ejecuciones extrajudiciales de una persona de origen canadiense y un guatemalteco.

La detención de Vásquez Rabanales se efectuó luego de que se activara una orden de arresto por parte de la Interpol.

El expolicía era jefe de la Subestación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango y es señalado en un caso que se remonta al jueves 18 de abril.

Ese día, familiares de Edin Leonel Choc Xi indicaron que recibieron una llamada en la que les dijeron que su pariente había sido detenido junto al canadiense Milton Nelson Santamaría, pero que habrían recibido una paliza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.

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Ambos habrían sido detenidos cuando tomaban cerveza en una tienda de la localidad.

Los familiares de Choc indicaron que se les informó que Santamaría había sido llevado “casi muerto” al Hospital Nacional de Chimaltenango; sin embargo, desconocían el paradero de su pariente.

Santamarina falleció debido a graves heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo.

El incidente causó disturbios y pobladores incendiaron la subestación policial.

El Ministerio Público y la Inspectoría General efectuaron las investigaciones y se coordinó la aprehensión de cuatro agentes, quienes habrían estado involucrados en el caso.

Las autoridades también señalaron a Vásquez Rabanales de haber estado implicado, pero no pudieron ubicarlo y se ordenó su aprehensión.

El 25 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses identificó el cuerpo de Choc Xi luego de haber sido hallado en una hondonada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Vásquez Rabanales estuvo prófugo casi dos meses hasta este 11 de junio, que fue interceptado por agentes fronterizos de EE. UU.

El pasado 18 de abril dos crímenes por agentes policiales enlutaron a la comunidad de San Andrés Itzapa, #Chimaltenango.

Inspectoría General inició inmediatamente la investigación, se suma DEIC y MP. Se capturan a 4 agentes y se fuga el jefe de la estación. Inicia la cacería… pic.twitter.com/wsnY2541gQ

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 11, 2024

Subinspector buscado por caso de San Andrés Itzapa tenía 12 años de servicio en la PNC

Al subinspector de la Policía Nacional Civil, Edy Leonel Vásquez Rabanales, lo buscan las autoridades en el territorio nacional y en el extranjero.

Raúl Barreno Castillo

24 de abril de 2024

|

14:29h

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Autoridades policiales detuvieron el 18 de abril pasado a cuatro agentes por la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de un ciudadano canadiense y un poblador de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

El subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Edy Leonel Vásquez Rabanales, es señalado de los cargos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, luego de los incidentes violentos que ocurrieron el 18 de abril en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Interpol activó la alerta roja para tratar de dar con el paradero del subinspector de la PNC.

Según la alerta, el subinspector está acusado de los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Por ahora no hay elementos de la PNC en San Andrés Itzapa debido a que todos fueron evacuados por su seguridad.

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¿Quién es Vásquez Rabanales?

Vásquez Rabanales nació en San Lorenzo, San Marcos, el 1 de enero de 1991. Recién había cumplido 33 años y ya sumaba 12 de haberse sumado a la fuerza policial civil de Guatemala.

Su ingreso en la PNC ocurrió el 1 de agosto de 2012, de acuerdo con los registros oficiales.

Ascendió a subinspector el 1 de junio de 2017. Perteneció a la 27 promoción de agentes de la PNC.

Desde al menos tres años estaba asignado a la subestación de Itzapa como jefe de esa delegación de la PNC.  

En marzo de 2018 Vásquez Rabanales sufrió un accidente vial junto con otros diez colegas cuando se dirigían a San Miguel Pochuta, Chimaltenango, a apoyar diligencias de allanamiento.

Fue en el caserío Santa Anita que el autopatrulla volcó y los ocupantes salieron expulsados de la palangana. Ese día murió el agente Alexander Ulises López Guzmán. Vásquez Rabanales fue uno de los nueve heridos.

Señalamientos

Cuando se dio a conocer el hecho que detonó en la quema de la subestación de PNC, en redes sociales circularon mensajes acerca de la forma en que el subinspector trataba con la población local.

Algunos lo calificaban de ser una persona que intimidaba a propietarios de negocios que expedían bebidas alcohólicas. Incluso hablaban de cobrar sobornos. Otros lo señalaban de abusar de su poder si no accedían a las demandas.  

La Inspectoría General (IG) tiene en su poder estas y otras denuncias contra él.  

Llega Inspectoría General

Ese 18 de abril, agentes de la Inspectoría General (IG) llegaron a la subestación de San Andrés Itzapa porque recibieron una denuncia anónima sobre la captura de dos hombres en forma violenta.

Aquel día murió en forma violenta el ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y la desapareció el poblador local, Eldin Leonel Choc Xi.

Por la rápida intervención de la IG en el hecho se detuvo a cuatro agentes destacados en la subestación. Vásquez Rabanales no fue hallado en el lugar y se le declaró un día después como prófugo.

Los pobladores del lugar, incluidos familiares de Choc Xi, estaban en el lugar y esperaban respuestas para saber qué había ocurrido. La tensión subía poco a poco.

La versión de los agentes el día de la audiencia de primera declaración, el 19 de abril de 2024, fue directamente contra Vásquez Rabanales como responsable de haberle dado muerte al ciudadano canadiense “a patadas”.

Por este hecho están ligados a proceso penal los agentes Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yulisa Nabely Ayala Yol, Fredy Santiago Velásquez Pérez y Mauricio Abraham Contreras Salán.

Los cuatro guardan prisión en la cárcel de Mariscal Zavala.

La acusación

A Vásquez Rabanales y Velásquez Pérez los acusan de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en grado de autores, mientras que a los otros tres policías por complicidad.

Según los testimonios de los agentes todo derivó de un escándalo en la vía pública que protagonizaron el ciudadano canadiense y el vecino de Itzapa. Al trata de arrestarlos opusieron resistencia y agredieron a los agentes captores.

Los policías que llevaron a cabo el procedimiento, Ayala y Velásquez, los consignaron y los llevaron a la subestación donde Vásquez Rabanales habría cometido el abuso en contra de ambos civiles. 

Según la declaración de ambos, el jefe de la subestación tenía “mal carácter” y golpeó a los dos detenidos “muy fuerte”.

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Los policías revelaron que su jefe pateó con fuerza al ciudadano canadiense, quien empezó a sangrar. Vásquez Rabanales no permitió que se pidiera ayuda en un principio, hasta que accedió y lo llevaron a un hospital. Más tarde el ciudadano extranjero murió.

Vásquez Rabanales estuvo en el hospital, según la declaración. Luego regresó a la subestación. Al estar allí se llevó a Choc Xi, junto con Velásquez, a un lugar desconocido hasta ahora.

Se supone que lo ejecutaron. Este extremo sigue en investigación, mientras brigadas de socorro lo buscan por el municipio. El 20 de abril la población quemó la subestación y demandó la captura de Vásquez Rabanales. Hasta hoy se desconoce su paradero y la Interpol ha activado una alerta roja para apresarlo en cualquier país.

El Ministerio Público (MP) había solicitado 81 años de prisión para Blanco Lapola, quien enfrenta a la Justicia por este caso desde hace 12 años.

Tanto Blanco Lapola como los exagentes de la PNC, Wilder Valdez, Mártir García y Lino Efrén García fueron procesados en el Tribunal de Mayor Riesgo B por el caso Cleopatra, en el que se les acusaba del asesinato de tres personas en el 2009, quienes supuestamente estarían ligadas a una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar a transportistas.

De esa cuenta, que este lunes 22 de enero la exdirectora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, y el exagente policial, Wilder Valdez, fueron absueltos de los delitos de asociación Ilícita y ejecución extrajudicial.

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Sin embargo, el Tribunal determinó la culpabilidad de los exagentes de la PNC Mártir García y Lino Efrén García por el delito de ejecución extrajudicial y los condenó a 75 y 25 años de prisión inconmutables, respectivamente.

Ambos fueron absueltos del delito de asociación lícita.

“Fueron meses y días de trabajo de estar aportando nuestras pruebas de descargo, le doy gracias a Dios que mi inocencia fue demostrada. Lamentablemente cuando uno es un buen funcionario en este país, antes mandaban a asesinar a las personas y ahora han utilizado instituciones para encarcelar”, dijo Blanco Lapola.

Juan Guevara, abogado defensor de Blanco Lapola, dijo: “El MP había solicitado 88 años de prisión injustamente por hechos que científicamente quedaron demostrados que no cometió”.

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Añadió que un colaborador eficaz del MP mintió en sus declaraciones y pese a eso la Fiscalía las utilizó como argumento para sustentar su acusación.

El Tribunal ordenó lo conducente en contra de dicho testigo, para que el MP investigue su participación en las ejecuciones extrajudiciales que dieron origen al presente caso.

Se informó que no habrá audiencia de reparación digna porque no hubo agraviado que haya comparecido al debate.

En el caso de Blanco Lapola y Wilder Valdez, el Tribunal ordenó su libertad plena, pues actualmente gozaban de medidas sustitutivas de arresto domiciliario.

De acuerdo con el MP, Blanco Lapola, quien fue detenida en marzo de 2012, supuestamente mantenía reuniones con los agentes implicados en el caso en su despacho.

“La puesta en libertad del señor Sperisen prevista para el lunes no tendrá lugar debido a la suspensión ordenada por la Cámara de Apelación Penal tras un recurso de la fiscalía”, indicó a AFP el letrado Florian Baier, confirmando un reporte de la cadena de televisión local Léman Bleu.

“Es muy difícil para el afectado, su mujer, sus hijos y sus allegados”, agregó el abogado.

Un tribunal de Ginebra ordenó el jueves la “suspensión de la ejecución de la pena” a la espera de que el Tribunal Federal (la máxima instancia judicial suiza) se pronuncie sobre la sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

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El 13 de junio, el tribunal europeo con sede en Estrasburgo condenó a Suiza por la falta de imparcialidad de una jueza que se pronunció sobre el caso de Sperisen.

Según la Corte, las observaciones de la magistrada efectuadas en octubre de 2017 “excedieron la declaración de una simple sospecha”.

Sperisen fue detenido en Ginebra en 2012 y siempre sostuvo su inocencia.

La justicia suiza lo condenó por primera vez en 2014 a cadena perpetua, pero tres años después Tribunal Federal anuló la condena tras considerar “arbitraria” e “incompleta” la apreciación de algunas de sus pruebas.

Tras cinco años en la cárcel, Sperisen fue puesto en libertad provisional con brazalete electrónico en septiembre de 2017, a la espera de un nuevo juicio.

En 2018, la justicia de Ginebra lo condenó finalmente a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 durante una operación para retomar el control de la cárcel de Pavón. El Tribunal Federal confirmó esta condena en 2019.

La decisión es una “suspensión de la ejecución de la pena” a la espera de que el tribunal federal (la máxima instancia judicial suiza) se pronuncie sobre la sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, explicó.

El 13 de junio, la Corte europea con sede en Estrasburgo condenó al país alpino por la falta de imparcialidad de una jueza del tribunal que se pronunció sobre el caso de Sperisen, que tiene la nacionalidad suiza y guatemalteca.

Según la Corte, las observaciones de la magistrada efectuadas en octubre de 2017 tras una solicitud de Sperisen “excedieron la declaración de una simple sospecha”.

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Tras la sentencia, el tribunal federal suizo puede decidir absolver a Sperisen, cerrar el caso u ordenar un nuevo juicio, precisó el letrado Baier.

El convicto fue director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, de donde salió en 2007 para radicarse en Suiza.

La justicia suiza lo condenó por primera vez en 2014 a cadena perpetua por su papel en la ejecución extrajudicial de diez reos en 2005 y 2006, mientras se desempeñaba como director del cuerpo armado guatemalteco. La sentencia fue confirmada en apelación en 2015.

Pero en 2017, el tribunal federal (la máxima instancia judicial suiza) anuló la condena tras considerar “arbitraria” e “incompleta” la apreciación de algunas de sus pruebas.

Tras cinco años en la cárcel, Sperisen fue puesto en libertad provisional con brazalete electrónico en septiembre de 2017, a la espera de un nuevo juicio.

En 2018, la justicia de Ginebra lo condenó finalmente a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 en la cárcel de Pavón.

En la sentencia, fue absuelto de la muerte de otros tres presos que se fugaron de la prisión de El Infiernito en 2005, pero que fueron recapturados.

Sperisen, casado y padre de tres hijos, se instaló en 2007 en Ginebra, en la casa de su padre, que era el embajador de Guatemala en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Fue detenido en 2012 por un comando de policías cuando salió del perímetro de la misión guatemalteca para hacer las compras con su mujer.

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La audiencia se llevó a cabo este martes en el juzgado a cargo de Claudette Domínguez y ella determinó que por el momento cesaría la persecución penal contra Soto, debido a daños cerebrales que presenta, pero que este deberá ser evaluado cada tres meses.

Soto está vinculado al caso Ejecuciones extrajudiciales y torturas, que es otra fase del caso Pavón Infiernito, y está señalado por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005 y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

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El fiscal del Ministerio Público, Carlos de León, informó que la diligencia en dicho juzgado tenía como objetivo llevar a cabo la audiencia de primera declaración de Soto Diéguez, pero debido a los resultados de exámenes médicos a los que este ha sido sometido para determinar la condición médica y neurológica del imputado para ver si puede ser sometido a proceso penal, la jueza informó que era viable que se suspendiera la persecución penal hasta que no variaran las circunstancias de salud del procesado.

Agregó que la jueza ordenó que cada tres meses Soto Diéguez sea evaluado por un médico psiquiatra y por psicólogos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que verifiquen la variación de la condición médica que tiene soto y si esta mejora se pueda retomar la persecución penal.

Condenado a 33 años

Soto había sido condenado a 33 años y tres meses de prisión en agosto de 2013, en un caso contra seis policías y dos civiles vinculados a la muerte de 10 reos entre 2005 y 2006.

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Soto Diéguez fue condenado porque participó en los operativos Plan Gavilán y Plan Pavo Real, ejecutados en el 2005 y el 2006, pues según el Tribunal el exjefe policial estuvo presente en los lugares en donde se dio muerte a los reclusos.

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Quienes de desempeñaron como superiores de estos expolicías, y habrían ordenado las acciones, están en libertad, con medida sustitutiva, hace cinco años.

En este caso la exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y ex viceministra de Gobernación Marlene Blanco Lapola fue enviada a juicio por ser quien, supuestamente, daba las órdenes para cometer las ejecuciones extrajudiciales, según las investigaciones del MP.

Los exagentes de la PNC son Mártir García Hernández, Wilder Valdez López y Lino Efrén García Castillo, acusados por asociación ilícita y ejecución extrajudicial. También Israel Chávez y Chávez, por ejecución extrajudicial. El caso es conocido como Cleopatra.

La defensa de los expolicías argumentó que no tienen dinero para sostener a sus familias por estar en prisión preventiva durante siete años y 10 meses, algunos exagentes han tenido que vender golosinas en la cárcel para obtener recursos económicos, indicó.

En la audiencia, la defensa de los expolicías señaló ante el Tribunal que cómo “era posible que Blanco Lapola, quien era la que daba órdenes, según el MP, estaba en libertad” y “los subalternos seguían en prisión”.

Además, los abogados defensores señalaron que el juicio no ha iniciado porque Blanco Lapola se ha dedicado a interponer recursos y recusar jueces para evitar el desarrollo del debate.

Investigación

El vínculo directo con la supuesta estructura que operaba en varias zonas del país y que mataba a supuestos extorsionistas “era la señora Marlene Raquel Blanco Lapola”, ha argumentado el MP en el proceso.

Los análisis de peritajes, flujos de llamadas e intercepción de correos electrónicos efectuados por el MP revelan que la estructura criminal se dedicaba a ejecutar extrajudicialmente a supuestos extorsionistas bajo el mando directo de Blanco Lapola.

“O sea, utilizamos un aparato estatal, utilizamos a un Ministerio de Gobernación, usamos a la Policía Nacional Civil, usamos a las personas que laboraban en ella para darle muerte, para ejecutar extrajudicialmente, para no llevar a la justicia a este tipo de personas”, dijo un fiscal en la etapa intermedia.

Según las investigación del MP, personas que eran ajenas a las extorsiones también pudieron haber sido ultimadas por esa estructura y dio dos ejemplos concretos de víctimas.

Un fiscal expuso que era evidente “el control que tenía la señora Blanco Lapola sobre el grupo de asesores y de policías encargados del tema de extorsiones”.

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El informe dado a conocer este martes por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es el primer documento de una instancia dependiente del Estado que reconoce esta práctica en El Salvador, uno de los países con mayores índices de violencia del mundo.

El documento deja al descubierto un patrón de “uso excesivo de la fuerza” sobre estas personas “asesinadas brutalmente por los elementos de la Policía Nacional Civil” y llama a tomar medidas para acabar con estas actuaciones.

“Es impostergable la depuración policial y la creación de una política criminal integral que analice todos los tipos de violencia”, dijo la procuradora de Derechos Humanos del país, Raquel Caballero.

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El organismo fue tajante al aseverar que, pese a que la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por la policía a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros, las investigaciones llevadas a cabo desmienten esta teoría.

“Los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas”, sostuvo la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos.

¿Qué dice el informe?

El informe asegura que de las 116 víctimas de ejecución extrajudicial, en 48 casos investigados entre 2014 y 2018, el 93,1% de ellas murieron por lesiones de arma de fuego.

Más del 77% de las ejecuciones fueron cometidas en zonas rurales. El 94,1% de las víctimas fueron hombres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad.

El documento señala con “extrema preocupación la ejecución extralegal de 28 personas menores de 17 años”, incluidos dos adolescentes de entre 13 y 14 años.

La PDDH apuntó que las ejecuciones fueron perpetradas principalmente por agentes de elite y que las víctimas sufrieron “maltrato policial, detenciones arbitrarias, acoso sistemático y hasta amenazas de muerte”.

El 36,2% de las ejecuciones tuvo lugar en el marco de masacres en las que al menos cinco personas fueron asesinadas simultáneamente.

Pero uno de los factores que despertó más preocupación del organismo fue el alto grado de impunidad de los presuntos responsables de las muertes.

“Aquí lo mas relevante de todo es el grado de impunidad en el que están los casos porque de los 48 casos, 19 se judicializaron y solo dos condenas hemos encontrado (contra los policías)”, dijo Caballero.

“Tienen que funcionar las instituciones de tal manera que los responsables de estos hechos se lleven ante la Justicia”, agregó.

Responsabilidad del gobierno

El Servicio Social Pasionista de El Salvador (SSPAS), organización que apoyó en la elaboración del informe, destacó que los casos se registraron durante el gobierno del anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén.

El mandatario fue quien implementó las conocidas como “medidas extraordinarias de seguridad” que, según denunció la directora de derechos humanos del SSPAS, Verónica Reyna, propiciaron un mayor abuso de autoridad por parte de las autoridades.

La mayoría de muertes investigadas en el informe se registraron en 2016, año en que entraron en vigor estas medidas que persiguen cortar la comunicación de pandilleros en las cárceles con el exterior mediante restricciones en las visitas de familiares, la suspensión de la salida de presos a las audiencias judiciales y periodos de encierro permanentes en las celdas, entre otras medidas.

La ONU pidió en 2017 al gobierno salvadoreño que derogara estas medidas al considerar que atentaban contra los derechos humanos y provocaban “condiciones realmente inhumanas” en las prisiones.

Caballero, la actual procuradora de Derechos Humanos que presentó el informe, defendió en 2016 la prórroga de estas medidas al considerar que estaba “interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño”, según publicó el diario digital salvadoreño El Faro.

Dos años después, sin embargo, mostró su rechazo a que estas medidas que nacieron como algo temporal se convirtieran en permanentes.

La investigación para este informe comenzó en agosto de 2018 (cuando Sánchez Cerén aún era presidente) en respuesta a un aumento de denuncias de abuso policial.

Pese a que los casos analizados corresponden al gobierno del anterior ejecutivo, el SSPAS subrayó que el informe reivindica que el actual gobierno liderado desde junio por Nayib Bukele “asuma las condiciones en las que encuentra la policía y busque mecanismos para que esto no se olvide”.

“El informe es contundente respecto a cómo actuó la policía. La policía sigue siendo la misma y los controles internos no se ven dentro del plan de seguridad que se está desarrollando”, dijo Reyna a la agencia Efe.

Bukele presentó en junio su plan de seguridad para hacer frente a las pandillas basado en la recuperación del centro de las grandes ciudades, el ataque a las finanzas de las maras y el corte de la comunicación de las cárceles con el exterior, algo que aseguró no se estaba cumpliendo pese a estar contemplado en las medidas extraordinarias desde 2016.

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“Las pocas propuestas que hemos conocido son una suerte de déjà vu de lo que ya se ha hecho. Además de no novedosas, lo que hacen es continuar algunas de las estrategias que ya tuvieron éxito en gobiernos anteriores”, le dijo entonces a BBC Mundo Sofía Martínez, consultora experta en seguridad en Centroamérica.

Lo cierto es que la práctica descubierta en el informe de la PDDH ya había sido criticada en numerosas ocasiones por varias organizaciones.

La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, denunció en su visita al país el año pasado la existencia de un patrón de este tipo de asesinatos y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, pese a que el gobierno identificaba esta práctica como un fenómeno aislado.

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En mayo de 2019 la jueza Domínguez benefició con una fianza de Q1 millón al exministro.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo decretó sin lugar las apelaciones presentadas por la defensa. Junto a Vielmann, continuarán ligados a proceso el ex subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco y los expolicías Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcas de Paz.

La jueza Domínguez ligó a proceso a los sindicados y los envió a prisión preventiva en noviembre del 2018.

En mayo último, Domínguez resolvió beneficiar a Vielmann con una fianza de Q1 millón para salir de prisión tras estar seis meses y siete días detenido en la base militar Mariscal Zavala.

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Antecedentes

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), los acusados habrían participado de una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

En el 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel “El Infiernito”. Las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron entonces en marcha el llamado Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos.

Se cree que dicha estructura criminal habría ejecutado a los detenidos y algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas.

Por este caso continúa prófugo el ex viceministro de Gobernación y mano derecha del ministro Enrique Degenhart, Kamilo Rivera.

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Un expolicía aseguró que intentaron comprar su declaración

“Consideramos que es cosa juzgada cualquier acusación que se haga en contra de Vielmann de participar en un grupo paraestatal”, afirmó Morales Velásquez.

Además, criticó que el MP no presentó nuevos indicios y que incluso los testimonios utilizados en la imputación actual fueron recogidos años atrás. Cuestionó las razones por los que estos elementos no fueron utilizados en el juicio de España.

“Una nueva prueba no es una que ya existía, que se investigó y se sabía que existía, pero no se diligenció -presentó-”, aseguró el abogado.

El próximo 26 de noviembre, la jueza Domínguez resolverá si liga a proceso penal a los cinco sindicados.

Evidencias diferenciadas

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, aseguró que ningún reo que ha aportado su testimonio en este caso será beneficiado con medidas de reducción de pena, además, asegura que un audio donde se ofrece algún trato con un reo es una conversación grabada en 2013 y no están siendo utilizados en el actual proceso. 

Ponce también asegura que existen indicios de pruebas que corresponden al 2011 y 2012, lo que aseguran la fortaleza de la investigación.

En un comunicado difundido por la Cicig el pasado 12 de diciembre, explica que los delitos imputados ahora al exministro de Gobernación son distintos a los presentados en España, por lo que se descarta una doble persecución penal.

“Los ilícitos que están siendo señalados a partir de la audiencia celebrada el día 9 de noviembre de 2018 corresponden a hechos nuevos y  distintos a los presentados en casos anteriores; por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, señala el documento público.

El utilizar en algunos casos testimonios de reos, según explica la Cicig, se justifica porque ellos habrían sido víctimas en algunos casos y en otros testigos presenciales de los hechos, más allá de los cargos que ahora pudieran estar enfrentando penalmente. 

“Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia”, agregan.

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2015.

El exviceministro de Gobernación Kamilo Rivera fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la interpol para su captura internacional. 

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En su relato, el convicto contó que la fiscalía intentó “aprovecharse de la difícil situación familiar que atravesaba”, con el fallecimiento de su madre, su padre y su hijo para ofrecerle un acuerdo.

“'Te estás quedando solo, ya nadie se preocupa por ti', me dijeron. Ofrecieron apoyarme con la pena, me dijeron que me podían proteger, que ellos sabían que mi familia no era de Guatemala y que podíamos salir del país todos”, dijo Martínez Arreaza.

El expolicía dijo que rechazó todas las ofertas.

En este sentido, explicó que los nuevos señalamientos por los que fue capturado son un intento de la fiscalía de vengarse por no haber colaborado con ellos. “Qué raro que luego que dije que no, ahora todos los testigos me señalan a mí solo porque tengo el pelo largo”, comentó.

“Yo no tengo una mente criminal, yo inicié mi carrera como salvavidas del IGSS y los fines de semana trabajaba de guardacostas. No tiene sentido que yo ejecutara personas, porque me dedicaba a rescatarlas”, dijo.

El expolicía fue sentenciado en 2013 a 25 años de prisión por su participación en la ejecución extrajudicial del reo Edwin Estuardo Santacruz. Actualmente, espera que se resuelva un recurso de casación.

Sindicado debió pedir colaboración

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), explicó que bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público (MP) ofrecería un acuerdo de colaboración eficaz a una persona. El sindicado es quien debe primero manifestar a la fiscalía su deseo de colaborar, manifestó Sandoval.

Además, aseguró que lo hechos que se le imputan a Martínez Arreaza en este caso son anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Contra la Delincuencias Organizada, por lo que sería inviable ofrecerle un acuerdo de colaboración eficaz.

Piden ligarlos a proceso

Carlos De León, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), solicitó a la jueza Domínguez que cinco exfuncionarios sean ligados a proceso penal por los delitos de ejecución extrajudicial y tortura.

Según la fiscalía, los cinco conformaron una estructura que se dedicó a ejecutar a los reos que se habían fugado de la cárcel de Alta seguridad de Escuintla en 2005.  

Pidió que Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger, sea ligado a proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial y tortura; a Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión, por el delito de ejecución extrajudicial; a Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), por el delito de ejecución extrajudicial; Axel Martínez Arreaza, expolicia, por ejecución extrajudicial; y Francisco Guarcax de Paz, por el delito de ejecución extrajudicial.

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Un testigo del Caso Gavilán asegura que debían recapturar a los reos vivos o muertos

Aseguró que fue absuelto en España, luego de seis años de proceso penal y que en ese tiempo el Ministerio Público no pudo recabar más evidencias en su contra por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.

Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, ofrece su declaración en el #CasoGavilán. pic.twitter.com/CuMgejiMb0

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 17, 2018

Además, manifestó su admiración a los policías que en su momento conformaron la Fuerza de Tarea Antisecuestro –formada por el asesor de gobernación Víctor Rivera–. “Ahora pareciera que quisiéramos pintarlos como unos delincuentes, estamos criminalizando a una de las fuerza de tarea más efectivas”, le dijo a la jueza.

“De haber sabido que existía alguna actuación ilegal, la hubiera denunciado”, dijo el exministro.

Actuó en ley

El exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, también ofreció su declaración ante la jueza Domínguez. Se declaró inocente y dijo que siempre ha actuado en ley.

“Nunca recibimos instrucciones directas del señor Carlos Vielmann. Nuestro trabajo era asistir a las víctimas de secuestro. Todas nuestras actuaciones fueron informadas al MP”, aseguró.

Reos testifican sobre presuntas torturas

El Ministerio Público (MP) reprodujo este viernes las declaraciones en anticipo de prueba de cuatro privados de libertad durante una nueva jornada de audiencia de primera declaración del caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura, denominado Caso Gavilán.

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Un testigo del Caso Gavilán asegura que debían recapturar a los reos vivos o muertos

Según el relato de los reclusos, los golpearon, recibieron descargas eléctricas y fueron amenazados de muerte. Dos de los privados de libertad refirieron que los agentes de policía que los torturaron recibieron órdenes de “darles una calentadita”.
“Nos golpeaban, me dieron descargas en los dedos, nos preguntaban cosas como quienes éramos, porque nos habíamos escapado y eso cualquiera lo puede entender. Nos querían matar” dijo el convicto Luis Humberto Arana.

Hugo García Palacios, alias “El gato”, contó que logró llamar a su abogado momentos antes de capturado en una colonia llamada Vista Hermosa. “Me dijeron que era una personas muy picara y que ahora ya nadie me podía tocar. Me subieron a una patrulla y me dijeron que era una lástima porque para mí tenían reservada una muerte muy especial”, se escuchar en la declaración.

#CasoGavilán | El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, aseguró que presentará su declaración a la jueza Claudette Domínguez. "No me arrepiento [de haber sido ministro]. Yo cumplí con mis obligaciones, nunca hice nada indebido. Soy un secuestrado político", dijo. pic.twitter.com/wIDfUe8lO1

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 16, 2018

Los convictos en sus relatos señalaron la participación de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, el exsubdirector de la PNC; y Víctor Soto Diéguez, exjefe de la Dinc, en las presuntas torturas.

Incoherencias

Vielmann aseguró que el relato de los convictos está lleno de contradicciones. Además, comentó que los hechos que narran no son consistentes en cuanto a las horas en las que presuntamente sucedieron las tortura y su presencia en el lugar.

“Nunca he mentido, nunca he actuado fuera de la ley”, dijo y añadió “uno de los reos dice que Sperisen le salta en la espalda varias veces, con 280 libras que el tenia le parte la espalda, le parte la columna y lo matan”.

Sobre su presencia en lugares en los que presuntamente se llevaron a cabo torturas, el exministro asegura que en algunos momentos se apersonó en su calidad de máxima autoridad, “Yo bajé al infiernito –Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla– como correspondía, así quedó establecido en España, no estaba fuera de la ley, fuera de lo normal, era el ministro de gobernación”, dijo,

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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¿Quiénes son los testigos del caso de ejecuciones extrajudiciales?

Según la declaración del testigo, se realizó una reunión en el Palacio de la Policía donde participaron: Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, el exsubdirector de la PNC; Víctor Soto Diéguez, exjefe de la Dinc; y el exasesor del despacho de Gobernación, Víctor Rivera.

El expolicia Toc Sandoval asegura que recibió la instrucción de recapturar a los reos fugados "vivos o muertos". #CasoGavilán pic.twitter.com/nvb9PvMN8B

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 13, 2018

“El ministro de Gobernación -Vielmann- nos dijo que había que recapturarlos vivos o muertos”, le aseguró el juez el testigo.

La recaptura

Toc Sandoval narró que su equipo de trabajo logró localizar en una colonia llamada Villa Hermosa I a el Gato. Un informante les muestra la ubicación del fugado a cambio de protección y una recompensa de Q50 mil ofrecida por las autoridades. No obstante, él no realizó la captura porque salió de descanso.

En el caso de el Nica, el expolicía contó que un vendedor de carnitas y chicharrones les ofrece información de su paradero. Finalmente,  una mujer que era cercana al recluso les avisa que habían pactado la entrega de un medicamento.
“Pensando uno que iban a hacer las cosas de forma legal, luego que llaman de emergencia que le van a dejar medicina a cierto prófugo, doy aviso a mis superiores”.

Un vehículo recoge Toc Sandoval, en el que iba Stu Velasco, exsubdirector de la PNC, y otros agentes, y los llevan al lugar de la entrega. Ahí interceptan a un joven hondureño, lo esposan y suben al vehículo. “Lo presionan para que nos lleve al lugar donde está el Nica, aseguró.

Junto con ellos, el testigo describe que un grupo armado con fusiles, que no se identificó y que cargaban pasamontañas, llegó en otro vehículo al sitio donde estaba el reo fugado. “Nos ordenaron que nos pusiéramos el pasamontañas y uno temeroso por su vida lo hace”, aseguró.

El grupo de encapuchados logra la captura de Ariel Arrauz y lo suben a una camioneta. El testigo narró que el convicto es llevado a otro sitio. “Lo hincan, solo logro oír las palabras que dice: “perdónenme la vida, yo ya no soy secuestrador, ya soy un pastor evangélico” se arrodilla, pero no se la perdonan, lo ejecutan”, dijo.

Luego contó que al joven hondureño también es ejecutado en otro sitio.

“Yo estaba temblando, temeroso de que el siguiente en ser ejecutado iba a ser yo, pensé que me iban a ir a traer a mí”, dijo.

Testigos no idóneos

El exministro Vielmann cuestionó la idoneidad de los testigos utilizados por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

“Revisen la hoja de vida del agente y se van a dar cuenta que no es una carrera recta y honrada. Nuevamente, le estamos creyendo a los delincuentes”, aseguró el exfuncionario.

Además, criticó que el MP vuelva a victimizar a las familias guatemaltecas que sufrieron por las bandas de secuestradores. “Hacerle recordar el dolor que le provocaron las bandas de secuestradores, que torturaron y mataron personas”, aseguró.    

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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Un abogado fue capturado mientras esperaba a que iniciara la audiencia

Los secuestradores, según explicó Velasco, tenían su centro de operaciones en una finca a campo abierto. Ahí mantenían a sus víctimas cautivas y se movilizaban  dentro del perímetro para evitar ser capturados.

Relató dos casos en particular, uno en el que la familia pagó Q26 mil y un segundo caso en el que los secuestradores exigieron Q150 mil.

Las autoridades han capturado desde año 2011 a otros nueve miembros de los Cascabel, que posteriormente han sido sentenciados en procesos de mayor riesgo.

Penas de 93 y 133 años de prisión fueron impuestas en contra de Álvaro Rodríguez Cazún, Nery Mayén y los hermanos Ermilo, Áxel Ventura y Rony Rodríguez Ortiz por los delitos de asesinato, secuestro y asociación ilícita en 2013.

Señalado

A la salida de la sala de audiencia el exsubdirector afirmó que está comprometido con la justicia y que tiene la solvencia ética para declarar en un proceso de Mayor Riesgo. “Vamos a enfrentar la justicia, porque, en verdad, el que no es delincuente no puede huir”, aseguró.

“Si creemos en la justicia, si siempre hemos servido a la justicia, hoy no puedo yo negarme servir a mi país por mis circunstancias”, dijo.

Cuestionado sobre la situación de Kamilo Rivera, exviceministro de Gobernación y prófugo desde hace más de ocho días por el mismo caso por el que fue capturado Velasco, el exsubdirector dijo que no podía hablar las decisiones que él tomó.
“No estoy para hablar de la posición que él (Rivera) tiene, cada persona tiene sus responsabilidad”, dijo.

Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal, habla sobre la situación del exviceministro de Gobernación y prófugo, Kamilo Rivera. pic.twitter.com/HtmpQ8mkgr

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 6, 2018

Velasco guarda prisión provisional en la Cárcel de Mariscal Zavala desde el pasado 29 de octubre por el delito de ejecuciones extrajudiciales, hechos ocurridos en 2005.

El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, para el próximo 9 de noviembre.

El caso

Exfuncionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación (Mingob) fueron detenidos señalados de ejecuciones extrajudiciales y tortura por el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los hechos ocurrieron después de la fuga de 19 reos de la cárcel de alta seguridad El infiernito, el 22 octubre de 2005, donde, según la investigación, el Ministerio de Gobernación, entonces dirigido por Carlos Vielmann, implementó el plan Gavilán, el cual habría consistido en recapturar a los reos fugados para luego ejecutarlos.

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“Vayan acumulando balas y armas y estén listos para el combate. Va a ser una lucha a muerte”, añadió en su mensaje a los criminales.

De la Rosa fue nombrado esta semana director de la Policía por Rodrigo Duterte, el presidente electo de Filipinas tras los comicios celebrados el pasado 9 de mayo y quien repitió durante la campaña electoral una y otra vez que acabaría con la delincuencia en los primeros seis meses de su mandato.

Varios representantes del Gobierno han empezado a seguir sus instrucciones, aunque aún falta poco más de un mes para la investidura del nuevo mandatario, el 30 de junio.

Uno de ellos es Tomas Osmeña, el alcalde electo de Cebú (centro), que esta semana ofreció dinero a sus conciudadanos por eliminar delincuentes.

“La recompensa por herir a un criminal es de US$100 dólares y US$1 mil por un criminal muerto”, dijo Osmeña, elegido en los comicios del 9 de mayo.

Según él, la recompensa es para policías, agentes y civiles siempre que la ejecución esté justificada y el arma utilizada esté registrada.

Cuatro días después de ofrecer las recompensas por criminales heridos o muertos, el alcalde electo de Cebú, la segunda ciudad de Filipinas, entregó el primer “premio” a un policía que, sin estar de servicio, intervino en un robo y disparó e hirió a dos ladrones.

“Herir a un ladrón son US$50, pero como lo has hecho fuera de servicio, te damos el doble. Enhorabuena”, dijo el alcalde cuando entregó al agente Julius Regis más de US$100).

La propuesta de Osmeña es “repugnante” para Human Rights Watch (HRW), organización que ha denunciado en varias ocasiones que Duterte dirige un grupo de sicarios que opera en Davao, la ciudad de la que ha sido alcalde más de dos décadas.

“Los filipinos, que durante años se han sacrificado enormemente por la responsabilidad y el Estado de derecho, deberían oponerse a estas iniciativas de los políticos”, agregó HRW.

Hasta el momento, Duterte está cumpliendo con su promesa de lanzar una campaña brutal contra los criminales, y pocos días después de conocer su victoria en las urnas anunció que restaurará la pena de muerte por ahorcamiento, abolida en 2006.

La pena capital se aplicaría a personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas, violaciones o robos de vehículos en los que el propietario sea asesinado.

Duterte también ha dado órdenes a las fuerzas de orden de “disparar a matar” si algún delincuente se resiste a ser arrestado.

Aureoles dio estas declaraciones tras la muerte el domingo de Heriberto Reyes, de doce años, por el impacto de una esquirla de bala en el poblado de Ixtapilla donde un grupo de comuneros se manifestaba contra la presencia del Ejército de México y la Policía Federal.

Ello, tras la detención en el poblado de La Placita horas antes del líder de los autodefensas de la zona, el indígena Semeí Verdía.

“De entrada veo que el proyectil no corresponde a un calibre de las armas reglamentarias del Ejército, pero hay que esperar que la investigación concluya” , consideró Aureoles.

Por su parte, el comandante de la XII Región Militar y mando especial de Seguridad en Michoacán, Pedro Felipe Gurrola, aseguró el lunes que Ejército y Policía pudieron observar “hombres que portaban armas de fuego” entre los participantes en esta protesta, en la que se “colocaron al frente a mujeres y a niños”.

Según su versión, los civiles agredieron a las fuerzas de seguridad con palos, piedras y gases lacrimógenos y, tras ser disueltos, se agruparon “entre la maleza” y fue ahí donde se “escucharon detonaciones” .

En consecuencia, cinco personas resultaron heridas, entre ellos el menor fallecido, agregó.

Solo en este punto -que los lesionados se encontraban en un establecimiento cercano- coinciden las versiones de las Fuerzas Armadas y de los testimonios del lugar.

“No son enfrentamientos, son disparos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano hacia comuneros y comuneras, niñas y niños”, dijo hoy en entrevista con Radio Fórmula el líder de los autodefensas de esta región, Germán “El Toro” Ramírez, quien sustituyó a Verdía.

Según relató, mientras los padres se manifestaban el resto de la familia se encontraba en el susodicho hotel-restaurante.

Y cuando las fuerzas de seguridad disolvieron la barricada con gases lacrimógenos, también dispararon contra los civiles, relató Ramírez.

A este trágico suceso hay que sumarle la “probable participación” de militares en la desaparición de siete personas en el estado de Zacatecas, centro-norte del país, el pasado 7 de julio, como reconoció ayer la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tras hallar “indicios” para implicar a sus efectivos en el suceso.

La institución informó que colaboraría con la Fiscalía y buscaría esclarecer los hechos, y reiteró que “de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes” entre sus filas.

Hallan cadáveres

Según publicó el domingo el semanario Proceso, el jueves pasado fueron hallados cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición con un tiro en la nuca en el interior de un inmueble en construcción en la comunidad de Tesorera, en Jerez (Zacatecas).

El sábado la procuradora de ese estado, Leticia Soto Acosta, informó de que tras una inspección fueron identificadas de forma preliminar cuatro de los siete desaparecidos.

Ese mismo día, fueron encontrados otros tres cadáveres, uno de ellos el de una mujer, también con un disparo en la nuca, explicó Proceso, que no confirma si corresponden a las restantes personas desaparecidas.

Previo a este anuncio de la posible implicación del Ejército en este caso, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, salió el lunes en defensa de las Fuerzas Armadas, que definió como “el baluarte y fortaleza de las instituciones democráticas” por velar por la seguridad nacional.

No obstante, estos dos hechos recientes se suman a sucesos anteriores que han causado el desgaste de la imagen pública del organismo.

En un operativo realizado en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, el 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con el Ejército.

Aunque según un testimonio, un civil habría muerto en el enfrentamiento y los demás fueron asesinados a manos de los militares tras un interrogatorio.

Aunado a ello, el pasado mayo fallecieron en un enfrentamiento 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas y un policía federal, y el saldo desigual despertó las suspicacia de la ciudadanía.

En respuesta, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, afirmó “categóricamente” que “no hubo una sola ejecución”.