La Feci presentó este lunes las solicitudes para que los diputados Estuardo Galdámez y Haroldo Quej Chen queden sin derecho de antejuicio para poder ser investigados en el caso Arca.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), destapó un nuevo de caso de corrupción y lavado de dinero por medio del cual se desfalcaron más de Q26 millones a un banco, para financiar la campaña del extinto Partido Patriota (PP).
El diputado Estuardo Galdámez presentó por segunda vez una excusa para no presentarse a una citación por el caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia dio trámite a las solicitudes de retiro de inmunidad del candidato presidencial del partido oficial, seis diputados y el ministro de Economía del actual gobierno, señalados en un caso de corrupción en el Congreso de la República en 2014.
El partido oficial, FCN-Nación, que propuso como binomio presidencial al militar Estuardo Galdámez y a la internacionalista Betty Marroquín, es considerado por algunos analistas como el mayor perdedor en las elecciones generales celebradas el pasado domingo.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben discutir la petición que hizo el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra el excandidato a la presidencia por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
La Alianza por las Reformas presentó este 14 de junio una denuncia penal en contra de Mario Méndez Montenegro, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Estuardo Galdámez, candidato presidencial del partido FCN-Nación, por la supuesta compra de votos mediante la entrega de cupones de alimentos a pocos días de las elecciones generales.
La postura y lenguaje corporal del candidato presidencial Estuardo Galdámez reflejan que el oficialista buscaba imponer por la fuerza sus argumentos, según el análisis de un experto en gestos.
El caso contra siete diputados y un ministro por supuestamente ser parte de una estructura que desde el Ejecutivo daba dinero a congresistas para aprobación de leyes, elecciones de cortes y de contralor entre 2012 y 2014 confirma lo que siempre se ha creído en cuanto a la supeditación de la justicia al Legislativo y el Ejecutivo.
