Régimen de Ortega entrega más de 700 mil hectáreas de Nicaragua a empresas chinas

Más de 700 mil hectáreas de Nicaragua han sido concesionadas a empresas chinas sin transparencia ni control ambiental, señala un experto.

la Redacción

26 de octubre de 2025

|

15:50h

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Vista de una de las minas explotadas por la compañía Caliber Mining en Nicaragua (Foto Caliber Mining)

Nicaragua ha otorgado más de 700 mil hectáreas en concesiones mineras a empresas de capital chino. Esta cantidad representa más del 5% del territorio nacional y se ha formalizado con condiciones extraordinarias, sin transparencia ni consulta ciudadana, según indicó el ambientalista Amaru Ruiz a Fabián Medina Sánchez, comunicador de Infobae.

“Si me hubieses hecho esta entrevista hace cinco días, te habría dicho que eran 650 mil las hectáreas entregadas a empresas chinas, ahora ya son más de 700 mil”, señaló Ruiz, presidente de la Fundación del Río, desde su exilio. Las concesiones forman parte de una política acelerada del régimen de Daniel Ortega, que ha transformado la minería en una de sus principales cartas de intercambio político y económico con China, tras restablecer relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021.

Actualmente, el 36% del territorio nicaragüense, equivalente a 4.2 millones de hectáreas, está destinado a la minería. Sin embargo, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) asegura que hasta un 49.18% del país —más de 6.4 millones de hectáreas— está disponible para nuevas concesiones. En este marco, entre 2022 y 2025, el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado a once compañías de capital chino más de 50 concesiones metálicas y no metálicas, en regiones como la Costa Caribe Norte, Jinotega y Chinandega.

Las conexiones entre estas empresas revelan redes empresariales poco transparentes. En octubre, un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta mostró que varias de estas firmas —Little Stone, Zhong Fu, Waslala Mine, Northern Mining y Three Golds Mining— comparten la misma dirección legal en Managua, lo que sugiere que forman parte de un conglomerado empresarial que ya acumula más de 372 mil hectáreas en 20 concesiones.

EN ESTE MOMENTO

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Ruiz afirma que “el régimen está cambiando las reglas del juego” para garantizar que las concesiones recaigan en manos de estas empresas, con la modificación de leyes, normas municipales y procesos de consulta. “Lo que buscan es hegemonía total sobre una industria que sostiene las exportaciones y los números macroeconómicos del país”, indicó.

Los cambios legales han permitido incluso la entrega de concesiones dentro de reservas naturales protegidas como Indio Maíz y la biosfera del Río San Juan. “Ya hay concesiones dentro de lugares que antes eran intocables”, denuncia Ruiz, y añade que muchas de las nuevas empresas fueron constituidas recientemente, sin historial en minería ni registros públicos verificables. “Son actores desconocidos, sin historia ni trazabilidad”.

El ambientalista señala además que los contratos públicos-privados no se publican y no existen estudios de impacto ambiental disponibles. “No se conoce cuánto gana el Estado, ni qué tecnología se usará: si minería a cielo abierto, por túneles o con qué químicos”, lamenta.

Según Ruiz, la dictadura ha legalizado esta práctica para canalizarla a través de empresas intermediarias —muchas de ellas chinas— y así controlar toda la cadena de valor del oro. “Los mineros industriales están en riesgo. Ya no se trata de una empresa: todo el sector puede ser desplazado si se resiste al control del régimen”, afirma.

Ruiz también advierte sobre inconsistencias en las cifras oficiales. Detectaron una diferencia del 30% al 35% entre los datos del Banco Central y el Ministerio de Energía y Minas sobre exportaciones de oro, lo que sugiere una zona gris vinculada al contrabando, minería ilegal y posible lavado de dinero. “En los municipios de frontera, incluso la policía admite la presencia de capitales ilícitos”, señala.

El análisis geopolítico del fenómeno lo aporta la académica argentina Constanza Mazzina, quien identifica la estrategia de China como un “poder incisivo” o sharp power, sostenido en cuatro pilares: diplomacia partidaria, intercambios académicos y periodísticos, empresas estatales y propaganda en medios. “China despliega relaciones ideológicas para cooptar élites y legitimar su modelo autoritario, debilitando la influencia de las fuerzas prooccidentales”, afirmó a Infobae.

Los Institutos Confucio son, según Mazzina, herramientas sutiles de captación de elites académicas. Nicaragua ya cuenta con dos de estos centros: uno en la UNAN-Managua y otro en la UNAN-León. El embajador chino en el país, Chen Xi, declaró que estos centros “ofrecerán valiosas oportunidades para que más jóvenes nicaragüenses aprendan chino y conozcan la cultura china”.

Mazzina advierte que esta estrategia responde a un modelo de cooperación autocrática global que China comparte con países como Rusia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. “No necesita ejércitos ni invasiones. Es un poder inteligente que avanza mientras muchos aún creen que solo se trata de intercambios comerciales o culturales”, afirma.

En palabras finales, Ruiz resume la gravedad del panorama: “Estas nuevas empresas no son las grandes estatales de China. Son actores de segunda línea, con cero transparencia, favorecidos por la complicidad de un régimen que ha puesto el país en venta”. Y concluye con una pregunta fundamental: “El mismo Estado que debería protegernos es quien firma los contratos y recibe beneficios. Entonces, ¿quién garantiza que se respeten los derechos laborales, ambientales o humanos? Nadie”.

Guatemala recupera el Campo Xan después de 40 años de explotación petrolera en plena área protegida

El Gobierno de Guatemala asumirá el control del Campo Xan en Petén el 12 de agosto de 2025, tras finalizar el contrato petrolero con Perenco Guatemala, priorizando la recuperación ambiental del área protegida.

Glenda Burrión

11 de agosto de 2025

|

20:20h

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Infraestructura del Campo Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, que el Gobierno de Guatemala asumirá el control a partir del 12 de agosto de 2025, tras el cierre del contrato petrolero con Perenco Guatemala. (Foto, Prensa Libre: archivo Perenco).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que el próximo 12 de agosto el Estado guatemalteco recibirá oficialmente las instalaciones, equipos e infraestructura que operaba la empresa Perenco Guatemala Limited en el Campo Xan, situado dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén. 

Este hecho marca el cierre definitivo de un contrato que inició en 1985 y que, tras una prórroga, concluye después de 40 años de operación petrolera en una de las áreas protegidas más extensas del país. 

Entre los activos que pasarán a manos del Gobierno figuran la infraestructura del sistema estacionario de transporte de combustible, una pista de aterrizaje, un centro de salud y un ferry que presta servicios de cruce sobre el río San Pedro, en la aldea El Naranjo.

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Estos bienes serán administrados por instituciones gubernamentales para garantizar su continuidad operativa y evitar su deterioro. 

Un contrato con cuatro décadas de historia 

El contrato 2-85 fue firmado en 1985 entre el Estado de Guatemala y la empresa Basic Resources (que posteriormente fue adquirida por Perenco Guatemala) para la explotación del Campo Xan, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país. 

Originalmente, el acuerdo tenía una vigencia de 25 años, pero en el 2010 fue prorrogado por 15 años más.

El 12 de agosto del 2025 marca el punto final de este convenio, que ya no podía extenderse debido a la legislación vigente. 

Intentos de reformar la ley o aprobar nuevas modalidades para prolongar la operación fracasaron tanto en el gobierno anterior como en el actual. 

Declaratoria de emergencia y cierre técnico ambiental 

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que existe un vacío en la legislación petrolera que impide obligar a las empresas a realizar un cierre técnico ambiental al finalizar sus operaciones. 

Esto implica que, sin intervención estatal, los pozos podrían quedar abiertos y representar un riesgo de contaminación para el medio ambiente y las comunidades cercanas. 

Ante esta situación, el MEM declaró un estado de emergencia institucional, lo que permitirá la contratación directa de una consultoría especializada que supervise el cierre técnico de los pozos y la rehabilitación del área. 

Impacto ambiental y controversias 

La operación de Perenco en el Campo Xan ha estado acompañada de críticas por parte de organizaciones ambientales y sectores sociales, debido a que el proyecto se ubica dentro de un área protegida. 

Ambientalistas han cuestionado la ausencia de un estudio de impacto ambiental aprobado bajo las normativas actuales y han señalado riesgos para la biodiversidad de la Laguna del Tigre, uno de los humedales más grandes de Centroamérica y hábitat de especies en peligro de extinción como el jaguar y el tapir centroamericano. 

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales explicó que el proceso de cierre de operaciones de Perenco inició hace un año. El objetivo del MARN y del INAP es recuperar los hábitats naturales del Parque Nacional Laguna del Tigre, con el fin de permitir la restauración ecológica del agua, el bosque, el suelo y la fauna de la zona. 

Por otro lado, defensores de la operación argumentan que la explotación petrolera ha generado ingresos fiscales, empleos y desarrollo en comunidades cercanas, además de contribuir a la producción nacional de hidrocarburos. 

Futuro de la infraestructura y nuevos planes 

Las autoridades del Gobierno anunciaron que se convocarán mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil, autoridades locales, sector privado y expertos para definir el destino de la infraestructura y evaluar la posibilidad de modernizar la exploración petrolera en Guatemala. 

Este análisis incluirá la viabilidad técnica y financiera de continuar con proyectos extractivos en la zona o bien reconvertir los activos para otros fines productivos o de conservación. 

Marco legal y antecedentes de prórrogas 

De acuerdo con el MEM, desde el 2010 se sabía que el contrato finalizaría en agosto del 2025, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la falta de previsión de gobiernos anteriores para iniciar a tiempo el proceso de cierre y transición. 

La ley actual no establece con claridad la obligación de un cierre técnico ambiental, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia para actuar una vez que la empresa entregue oficialmente las instalaciones. 

Importancia estratégica del Campo Xan 

El Campo Xan es considerado un punto clave en la producción petrolera en Guatemala, ya que ha sido uno de los yacimientos con mayor volumen de extracción.

Además, contaba con una red de oleoductos que conectaba con la refinería y otras instalaciones de procesamiento, representando un eslabón importante en la cadena energética nacional. 

MARN presentará nuevas denuncias contra empresas mineras en Izabal por irregularidades ambientales

El MARN denunciará a empresas mineras en Izabal por irregularidades en proyectos que podrían poner en riesgo el agua de más de 50 comunidades.

Glenda Burrión

21 de julio de 2025

|

20:30h

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El MARN presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras en Izabal por presuntas violaciones ambientales, según informó en conferencia de prensa la ministra Patricia Orantes el 21 de julio de 2025. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras que operan en la Sierra Santa Cruz, Izabal, por presuntas irregularidades detectadas en sus proyectos, los cuales podrían afectar fuentes de agua que abastecen a más de 50 comunidades locales. 

El 21 de julio de 2025, en conferencia de prensa, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que el MARN presentará más denuncias ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, ambos en trámite para obtener licencia minera.

Estas acciones se suman a las denuncias penales previas presentadas el 10 de junio de 2025, tras inspecciones ambientales que revelaron actividades presuntamente ilegales realizadas por las empresas responsables.

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Denuncias por exploraciones ilegales 

El conflicto por el otorgamiento de licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, en Izabal, ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentara el pasado 10 de junio de 2025 dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, por presuntas irregularidades detectadas durante una inspección ambiental. 

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que las comunidades manifestaron su preocupación desde abril de 2025 por la existencia de 10 licencias ambientales otorgadas en noviembre de 2023, durante el gobierno anterior. Señaló que el ministerio está revisando si el proceso fue adecuado y que el 30 de julio se entregará la resolución del procedimiento administrativo.  

“Las comunidades quieren que anulemos las licencias, pero debemos seguir el debido proceso legal. No podemos actuar fuera del marco jurídico”, expresó Orantes en una entrevista radial, en junio. Añadió que los estudios ambientales entregados por las empresas “no son concluyentes ni suficientes” para garantizar la protección de los recursos hídricos. 

De acuerdo con documentos proporcionados por autoridades locales en Izabal en el proyecto Santa Anita se detectaron dos calicatas (excavaciones exploratorias en el suelo), mientras que en Santa Anita II se localizaron cuatro más. Estas actividades habrían sido realizadas sin autorización minera, lo que podría constituir un delito ambiental. 

Ambos proyectos forman parte de las seis solicitudes de licencia presentadas por la empresa Río Nickel S. A., que también impulsa los proyectos Bongo, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I. Los otros cuatro proyectos (Tzultaka I, II, III y IV) pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.

Preocupación comunitaria por el agua  

En los meses de abril y junio, comunidades de Livingston realizaron bloqueos en la ruta CA-13, exigiendo la cancelación de las licencias mineras por temor a que estas afecten los nacimientos de agua, esenciales para consumo, agricultura y subsistencia. 

Uno de los puntos más sensibles, es el Cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha sido identificado como un punto estratégico para el suministro de agua potable, riego y subsistencia de al menos 54 comunidades.  

Según un informe técnico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), la zona posee alta biodiversidad y fue declarada Reserva de Biosfera en 2009 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).  

El documento advierte sobre posibles impactos ambientales graves, como contaminación con metales pesados, residuos tóxicos y desecación de nacimientos de agua, lo cual pondría en riesgo la salud, la agricultura y la fauna silvestre. 

Protestas y tensión social en la región 

El conflicto ha desencadenado tensión social en Izabal. En junio, se reportaron enfrentamientos y un herido durante manifestaciones. Según la ministra Orantes, hubo agresiones contra vehículos oficiales, incluido el del viceministro de Ambiente. 

Miembros de las comunidades Creek Maya, San Juan, Chocón Machacas, Río Dulce y barrios urbanos de Livingston, han sido quienes han expresado su oposición al proceso de licenciamiento. Los líderes comunitarios han documentaron sus reparos en actas comunitarias, argumentando que el proceso violó su derecho a una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. 

Empresas aseguran que no han iniciado operaciones 

En una entrevista telefónica con Prensa Libre en junio, Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), empresa propietaria de Río Nickel S.A., negó haber realizado actividades ilegales. 

Sobre las calicatas señaladas, explicó que se trata de procedimientos exploratorios que, según la categorización del MARN, pertenecen a la categoría C más Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente a proyectos de bajo impacto. Los dos proyectos de explotación, agregó, se clasifican como categoría B, al tratarse de minería metálica formal. 

Billings también afirmó, en esa ocasión, que hay antecedentes históricos de minería en la zona, incluso desde los años 60, cuando la empresa Inco operó en el área. Entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también otorgó licencias a otras empresas, las cuales podrían haber dejado estructuras como las calicatas identificadas en la inspección. 

MEM: “No se han otorgado licencias de exploración ni explotación” 

Por su parte, el MEM aclaró que, hasta la fecha, no ha otorgado licencias de exploración ni de explotación minera a ninguna de las empresas señaladas. 

Además, explicó que el proceso inicia con una licencia ambiental aprobada por el MARN, luego se realiza una revisión técnica y finalmente debe efectuarse una consulta a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT. 

Debido a que el proceso aún está bajo investigación, el MEM se reservó el derecho de emitir más declaraciones, pero aseguró que dará acompañamiento conforme a la ley. 

¿Cuál es el proceso administrativo para obtener una licencia de exploración minera en Guatemala? 

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el procedimiento para que una empresa minera obtenga una licencia de exploración incluye los siguientes pasos: 

1. Solicitud de licencia ambiental ante el MARN: 
   La empresa interesada debe presentar una propuesta de evaluación ambiental, que incluye un plan de gestión ambiental (PGA), según la categoría del proyecto (por ejemplo, C para exploraciones de bajo impacto). 

2. Aprobación del instrumento ambiental: 
   Una vez evaluada, el MARN otorga (o no) la licencia ambiental, con base en los estudios presentados. Esta aprobación es requisito previo para continuar el proceso. 

3. Solicitud de licencia minera ante el MEM: 
   Con la licencia ambiental en mano, la empresa presenta la solicitud formal de licencia de exploración minera al MEM, junto con la documentación técnica y legal requerida. 

4. Revisión técnica y legal del MEM: 
   El MEM analiza internamente la viabilidad técnica, legal y administrativa del proyecto. 

5. Consulta a pueblos indígenas: 
   En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el MEM debe realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el área de influencia. Esta etapa es fundamental y obligatoria antes de otorgar la licencia. 

6. Otorgamiento (o no) de la licencia de exploración: 
   Tras cumplir todos los requisitos y procedimientos, y si no hay objeciones fundadas, el MEM puede aprobar la licencia de exploración. 

La Sierra Santa Cruz: un conflicto entre desarrollo y sostenibilidad 

El caso pone en el centro del debate el uso del territorio, los mecanismos de licenciamiento ambiental y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mientras las empresas aseguran que cumplirán con los requisitos y que pueden operar de forma sostenible, las comunidades afirman que el desarrollo minero en esta región afectaría irremediablemente sus medios de vida. 

Además, diversas organizaciones locales han recordado que la Sierra Santa Cruz es un área protegida, por lo que cualquier intervención debe considerar su valor ecológico y las leyes que garantizan su conservación. 

En tanto, el proceso legal sigue su curso. Las autoridades del MARN continúan el análisis de los expedientes y las pruebas recabadas durante las inspecciones, mientras que las comunidades exigen la anulación total de las licencias y el respeto a su derecho al agua, al territorio y a un ambiente sano.

Por último, la ministra Orantes invitó a los medios de comunicación y a la población al evento programado para el 30 de julio, según indicó, se presentará toda la información recabada junto a las comunidades afectadas. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para impulsar la explotación del fondo del océano, en especial la controvertida extracción de minerales críticos, un sector clave para el desarrollo tecnológico en el que China tiene un dominio casi total.

El mandatario estadounidense ordenó a los secretarios del Interior y de Comercio, Doug Burgum y Howard Lutnick, agilizar la exploración y la tramitación de permisos para la minería en aguas profundas, con la idea de que el país lidere esta nueva industria.

“Las vastas áreas del lecho marino albergan minerales y recursos energéticos críticos. Estos son clave para fortalecer nuestra economía, asegurar nuestro futuro energético y reducir la dependencia de proveedores extranjeros de minerales críticos”, según el texto publicado por la Casa Blanca.

La orden también advierte que Estados Unidos controla los recursos minerales del lecho marino en una de las áreas oceánicas “más extensas del mundo”, y que tiene derecho a acceder a esos recursos.

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Con esta exploración, EE.UU. espera encontrar “minerales estratégicos” como níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y tierras raras.

Además, la orden también busca fortalecer las alianzas “para contrarrestar la creciente influencia de China” sobre los recursos minerales de los fondos marinos y garantizar que las empresas estadounidenses estén bien posicionadas para poder apoyar a sus aliados.

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Gobierno insiste en reforma urgente a Ley de Hidrocarburos, pero aún sin fecha para presentarla

El ministro de Energía y Minas advierte sobre vacíos legales para el cierre técnico de operaciones petroleras, ante la salida de Perenco prevista para agosto de 2025. Aunque califica la reforma como prioritaria, el Ejecutivo aún no define cuándo será presentada.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

1 de abril de 2025

|

19:17h

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Perenco inició el abandono de pozos tras no aprobarse la reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que podría afectar la producción y el suministro de petróleo en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Ejecutivo mantiene su intención de reformar la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83), ante la necesidad de establecer un marco legal para el cierre técnico de operaciones petroleras.

Sin embargo, pese a que la propuesta ha sido calificada como “urgente” por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, aún no se ha definido una fecha para su presentación ante el Congreso.

El funcionario habló sobre el tema relacionado al proceso para la compañía petrolera Perenco Guatemala Limited, que opera desde 1985 en el campo Xan, Laguna del Tigre, Petén, y tiene como fecha de cierre agosto de 2025.

La actividad de la compañía en el país representa más del 85 % de la producción nacional de petróleo, según datos hasta agosto de 2024.

Los registros del Ministerio de Energía y Minas refieren que, en 2022, hubo de 2.2 millones de barriles producidos, de los que un 86 % (1.9 millones de barriles) fueron extraídos por Perenco.

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Aunque el plazo final del contrato se aproxima, con cuatro meses, y que, según Ventura, existe un vacío legal, no precisó la fecha exacta en que se estará presentando la nueva propuesta.

A pesar de que el Ejecutivo sostiene que se trata de una reforma legal urgente y que, además, se analiza un aumento de regalías, únicamente aseguró que esperan que se presente “lo más pronto posible”, sin ampliar detalles de su contenido.

“La figura de cierre técnico no aparece en la Ley de Hidrocarburos de 1983. Es una falla, una falencia. Es necesario hacerle seguimiento”, insistió Ventura a medios de comunicación este martes 1 de abril, previo a una citación en el Congreso de la República.

Desde el 25 de marzo de 2025, el Ejecutivo indicó que sigue en la línea de hacer otra propuesta distinta a la iniciativa 6021, que también propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y crea otra modalidad de plazos para los contratos de explotación de petróleo.

Según Ventura, no apoyan esta propuesta debido a que otorga prórrogas consecutivas de 25 años a los contratos de explotación petrolera, pero no considera el marco de cierre ordenado para la restauración del parque ecológico.

Sin embargo, aun sin una propuesta de reforma definida, Ventura insistió en que a partir del próximo 13 de agosto de 2025 se prevé el cierre de 61 pozos en la Laguna del Tigre.

Reconoció que Guatemala no cuenta con una empresa petrolera estatal ni con experiencia para manejar la operación.

“No tenemos una empresa petrolera estatal ni contamos con esa experiencia. Tendríamos que buscar acompañamiento para hacer el cierre de los pozos e iniciar la recuperación”, afirmó.

Sobre los precios por el cierre, Ventura dijo desconocer los montos aproximados. “No tengo idea de cuánto cuesta cerrar los 61 pozos, pero hay otros costos asociados”.

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Además, indicó que si no se aprueba la propuesta, que aún no han presentado, se incurriría en gastos.

“Si no se aprueba la ley, habría que buscar otro mecanismo que cumpla con los estamentos legales existentes, lo que sería oneroso para las finanzas del país”, declaró.

Aunque se avance con la parte legal, que obligatoriamente debe ser tramitada y aprobada por diputados del Congreso de la República, el tiempo estimado para el cierre se extenderá por mucho más tiempo. “Entre cuatro y seis semanas por pozo, lo que equivale a entre 5 y 8 años en total”, especificó.

El Ejecutivo trabaja en una ley que permita crear la figura de cierre para la restauración ambiental sobre explotación petrolera. Según el ministro del @MEMguatemala en el mejor de los escenarios el cierre de Perenco demoraría hasta 8 años.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/HBpMjzbhtO

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) April 1, 2025

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, explicó que se busca crear un mecanismo de cierre ambiental para empresas extractivas, ya que la actual Ley de Hidrocarburos no contempla esta obligación.

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Discusión sigue extendiéndose

La discusión de las reformas no es un tema nuevo para el Gobierno y la cartera de Energía y Minas.

Ante la falta de aprobación de reformas, la empresa Perenco inició en 2023 el proceso de abandono de pozos y presentó un plan de restauración ambiental.

Desde entonces, se ha estimado que su retiro, sin un plan de contingencia por parte del Gobierno, podría afectar la producción local de petróleo y asfalto, así como el funcionamiento del oleoducto.

Desde 2022, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que proponía permitir la continuidad de las operaciones petroleras mediante prórrogas basadas en el “límite económico”. Sin embargo, la propuesta no avanzó en el Congreso durante la administración anterior, lo que generó incertidumbre en la industria.

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El Gobierno de Guatemala trabaja en una nueva versión de la iniciativa 6021 que propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y a los contratos de explotación de petróleo y está pendiente de enviarla al Congreso de la Republica.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

25 de marzo de 2025

|

05:00h

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El contrato para la explotación petrolera con la compañía Perenco finalizará en cinco meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La ampliación del contrato de explotación petrolera 2-85, que actualmente opera la compañía Perenco, sigue en impase mientras que los integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, durante una citación con los representantes de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y Ambiente y Recursos Naturales (Marn), conocieron nuevas posturas o potenciales enmiendas.

Se trata de la iniciativa de ley número 6021 que propone las reformas a la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83) y que también incluye la posibilidad de prorrogar contratos de explotación petrolera con una nueva figura por medio de la aprobación del Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre estos el adjudicado a la firma Perenco que concluye en agosto próximo.

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Dicho contrato finalizará en cinco meses, por lo que ya no se puede prorrogar, según la legislación actual, pero durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, se buscó modificar la Ley de Hidrocarburos, que es el decreto 109-83, con el fin de crear una figura que permitiría a esta compañía y a otras empresas que en la actualidad hacen la explotación del petróleo nacional, con la aprobación del Organismo Ejecutivo.

Postura oficial

Durante el comienzo de la citación el titular del MEM, Víctor Hugo Ventura, hizo ver la propuesta de una nueva versión de la iniciativa con la participación del Marn y del Ministerio de Finanzas, por lo que reiteró que una de las partes más importantes es la recuperación del área del Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén, y la continuación dentro de un marco de cierre ordenado para el recobro del parque ecológico.  

Recordó en la sesión que esta es la parte, que no se ve reflejado en la iniciativa 6021.

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Al respecto la ministra de Ambiente, Ana Patricia Orantes, aclaró que en la Ley de Hidrocarburos (iniciativa 6021) no existe una figura de cierre técnico de operaciones petroleras “porque se está abriendo camino institucional, por lo tanto, no existe un estudio ambiental para el cierre técnico por lo que toda esa parte se está construyendo (normando)”.

Reiteró que “por eso es importante trabajar en conjunto con el Congreso, porque habrá que hacer modificaciones a la legislación para asegurar el cierre de operaciones y la recuperación del Parque Nacional Laguna del Tigre (la zona explotada)”.

Seguimiento

El diputado Julio Héctor Estrada de la bancada Cabal, grupo parlamentario que preside referida comisión, declaró que para esta semana se presentará un borrador de parte del MEM y del Marn, pero explicó que el contenido de estas propuestas se podrá presentar como enmiendas de curul en la discusión durante el pleno para asegurar el contrato con Perenco con el proyecto de ley ya avanzado.

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Parte de la exposición de las propuestas oficiales, según el legislador, se pueden incluir en la iniciativa 6021 y citó como ejemplo el cierre técnico ordenado con el componente ambiental.

“Es obvio, que no puede ingresar todo, pero se tiene que garantizar que haya la certeza de esos ingresos en las operaciones económicas (petroleras) el impacto social y que en agosto no nos quedemos sin asfalto para las carreteras y tener que importarlo, y hacer esa logística que puede incrementar los precios”, puntualizó.

MEM: Cierre programado

El ministro de Energía y Minas, Victor Hugo Ventura, en una entrevista realizada el pasado 12 de marzo explicó que el contrato plazo de explotación petrolera llegó a su plazo de 40 años, y se realizará un trabajo de cierre programado, así como un mecanismo para que Perenco ejecute maniobras programadas, para lo que se tiene que analizar aún el periodo.

Explicó que eso permitirá hacer una recuperación de las áreas intervenidas (explotadas) en la parte de Laguna del Trigre, “un sellado perfecto y no un abandono”.

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En la parte de explotación petrolera todavía hay una parte del mineral que se puede extraer, “pero se requiere un plazo adecuado para las actividades de cierre y recuperación ambiental”, y que ese puede ser entre tres a cinco años y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) recobraría el área, agregó el funcionario.

Las posibilidades serían un nuevo contrato, pero para la explotación de cierre, con el principio de la recuperación ambiental de las áreas intervenidas por Perenco y un sellado de todos los pozos, obras que deberían ser financiadas con la extracción del petróleo.

Las discusiones aún están en mesas técnicas, pero será el presidente Bernardo Arévalo quien deberá firmarlo.

 ¿Qué es?

• El contrato 2-85 fue suscrito en 1985 entre el gobierno de Guatemala y la empresa Basic Resources que ahora es operada por Perenco Guatemala en el Parque Nacional Laguna del Tigre por un plazo de veinticinco años concluyó a finales de agosto de 2010, pero fue prorrogado 15 años más.
• El contrato finalizará en agosto del 2025 pero por ley no se puede prorrogar. Durante la administración del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se planteó modificar la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83, para crear una figura que permitiría a esta y otras compañías seguir operando las áreas.
• En la reforma se propone la creación de la figura denominada “Límite Económico”, con la que un campo petrolero puede seguir operando, con autorización, mientras los ingresos sean mayores que los costos.
•  La iniciativa permitiría que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobara prórrogas continuas hasta por 25 años cada una o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, que es la nueva figura propuesta.
• En diciembre del 2022 la iniciativa 6021 completó la segunda lectura, pero aún falta la tercera y aprobación final.

El MEM afirma que las credenciales de exportación de Mayaniquel están en proceso

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el procedimiento de otorgamiento de las credenciales de exportación de la mina Mayaniquel están a la espera porque falta un requisito que debe cumplir la empresa, sin embargo, esta asegura que hay peticiones tardías y falta de resolución por parte de esa institución.

Natiana Gándara y Rosa María Bolaños

16 de octubre de 2024

|

14:36h

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Aunque la licencia minera fue reactivada por el Ministerio de Energía y Minas, en agosto último, la empresa no puede empezar a operar porque el 70% sale del país y a la fecha no se le ha emitido la credencial de exportación. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Según el comunicado de prensa enviado por el MEM, el procedimiento de otorgamiento de las credenciales de exportación de la mina Mayaniquel están a la espera que dicha empresa cumpla con la información solicitada por la Dirección General de Minería.

El ministerio, también explicó que a finales de 2022 empresas mineras con operaciones en Guatemala fueron sancionadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). Esa situación llevó a las referidas empresas a solicitar al MEM, la suspensión de sus actividades.

“Con la administración del MEM, que comenzó el 14 de enero de 2024, las nuevas autoridades iniciaron la revisión de los principales procesos y actividades relacionadas con la minería”, señala la entidad en un comunicado sobre el proceso de la minera Mayaniquel.

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Según el Ministerio, en cumplimiento de la legislación vigente y los principios de transparencia, rendición de cuentas, se revisaron los procedimientos de otorgamiento de las concesiones, licencias y credenciales de exportación, poniendo especial atención en la congruencia de estos documentos. “También se ha documentado y comprobado el contenido de minerales del material que se exportan”, afirmó la institución.

Además, detallaron que la Dirección General de Minería del MEM ha realizado inspecciones, tomó muestras con estricto protocolo de levantamiento de testigos, y realizó el análisis en reconocidos laboratorios y servicios geológicos de países amigos. También realizó análisis en un moderno equipo de reciente instalación en los laboratorios del ministerio.

Sobre la situación de las empresas sancionadas por la OFAC, estas solicitaron al MEM el reinició de sus operaciones una vez aclarada la situación que las motivó a la suspensión (las sanciones de la OFAC habrían sido levantada en los primeros meses de 2024), “las cuales se atendieron diligentemente”, enfatizaron las autoridades del MEM en el comunicado.

Reclaman atrasos

La minera se pronunció, este miércoles por la noche, acerca de lo expresado por el MEM, indicando que la compañía solicitó desde el 20 de diciembre del 2023 una credencial de exportación de productos mineros, pero que a la fecha no ha sido emitida.

Expuso que hasta antes del 11 de octubre del 2024, el ministerio no había notificado ninguna providencia a la empresa en seguimiento a la petición de credencial, pero que ese día les hizo una solicitud, y aseguran que ya se respondió.

Basada en esas fechas, la compañía añade que les llama la atención que luego de 10 meses de haber solicitado la credencial de exportación y tres días después de que denunció públicamente que ésta aún no se les había otorgado, el MEM haya notificado a la empresa respecto a movimientos administrativos relacionados a su solicitud.

En su pronunciamiento la minera asegura que desde diciembre del 2023, cuando hizo la solicitud, ha tenido la solvencia financiera que el MEM requiere y que la institución ha realizado más de una inspección física a las operaciones de la minera en el transcurso del año.

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Proceso de arbitraje

Los accionistas de la minera Mayaniquel, S. A., empezaron el proceso para un arbitraje internacional de inversión en contra del Estado de Guatemala porque no se les ha aprobado la credencial de exportación, informaron ejecutivos de dicha firma.

La intención del reclamo internacional fue presentada al Ministerio de Economía (Mineco) el 13 de junio pasado, y según el procedimiento, se tienen seis meses para conciliar; de no lograrlo, se puede llegar al arbitraje, explicó Estuardo Asturias, director de Asuntos Corporativos de la minera.

En tanto que el Mineco dio a conocer que la solicitud de consultas e intención de arbitraje fue presentada por la empresa International Metal Supply Holding, S. A., en nombre de su subsidiaria guatemalteca Mayaniquel, S. A.

El reclamo asciende a US$100 millones, más gastos y costas, dijo el Mineco a Prensa Libre.

Nota del editor: El presente artículo fue actualizado el 16 de octubre a las 21:45 horas con la postura de la empresa Mayaniquel.

Marn denuncia anomalías en licencia ambiental de operación de minera Cerro Blanco

El Ministerio de Ambiente solicita un nuevo estudio de impacto ambiental a la mina Cerro Blanco y presentó una denuncia adicional contra el exdirector de Gestión Ambiental por supuestas irregularidades detectadas.

Sandy Pineda

14 de junio de 2024

|

09:25h

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Vista de las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa. (Foto Prensa Libre: AFP)

En una conferencia de prensa este viernes 14 de junio, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, anunció una nueva denuncia tras haber detectado supuestas anomalías en la licencia de impacto ambiental de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa.  

La denuncia es en contra Diego Pérez, exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, debido a durante su mandato ocurrieron supuestas anomalías que la cartera ya denunció en torno a la licencia de operaciones que se había otorgado a la compañía.

La funcionaria explicó que la entidad Elevar Resources, propietaria de la mina Cerro Blanco, solicitó una actualización de su licencia ambiental en 2021, la cual fue aprobada por el Ministerio de Ambiente el 9 de enero de 2024.

El gobierno actual tuvo conocimiento de la aprobación a través de una publicación que hizo la misma compañía una semana después, el 17 de enero de 2024, especificó Orantes.

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“El estudio de impacto ambiental que presentó la compañía en 2021 indicaba un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto. La entidad aplicó a la figura de actualización, pero esta no procedía pues el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original”, especificó Orantes.

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Supuestas anomalías

En ese contexto, Orantes afirmó que detectaron varias anomalías en el expediente, con las que presentaron denuncias anteriormente, entre las que se encuentran:

• El estudio de impacto ambiental que presentó la compañía en 2021 indicó un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto.
• La entidad aplicó a una figura de actualización durante este cambio, pero no procedía, pues esto implicaba un proyecto “enteramente nuevo y diferente al proyecto original”.
• El expediente tiene asignado un número de correlativo que le pertenecía a otras empresas.
• Las rúbricas y firmas contenidas en la providencia de solicitud de ampliaciones y oficios emitidos son presuntamente falsas, lo cual llevó a que los asesores ambientales presentaran una denuncia ante el MP.
• No existe evidencia documental que se haya notificado a la empresa sobre la solicitud de las ampliaciones; sin embargo, las ampliaciones sí fueron presentadas.
• En la resolución No. 8-2024 aparecen las iniciales que correspondían a un procurador jurídico; sin embargo, esta persona dejó de laborar en diciembre de 2023, por lo cual no pudo haber redactado esta resolución.
• Se usurpó la identidad del notificador quien se encontraba de vacaciones, por lo que presentó una denuncia ante el MP.
• Se confirmó el extravío de más de 900 folios del expediente original del proyecto Cerro Blanco.
• Se dieron señalamientos alrededor y fueron analizados con total apego a la ley, dijo Orantes en la conferencia de prensa.

 Impacto de la mina a cielo abierto

La ministra explicó que la explotación minera subterránea es distinta a la explotación a cielo abierto, principalmente porque esta última tiene “impactos potenciales” al medio ambiente. Según la funcionaria, estas son las afectaciones:

• Incremento en el flujo de metales pesados presentes en las rocas hacia las fuentes de agua superficiales, producto de la remoción y desplazamiento del suelo en procesos de extracción a cielo abierto.

• Afectación a la biodiversidad y calidad del agua.
• Respecto al arsénico, representan un alto riesgo para la salud humana.
• Aumenta la turbidez en los ríos y arroyos por la erosión del suelo.
• Impacto en los flujos naturales y disponibilidad del agua en el área de influencia.
• Pérdida de suelo fértil.
• Pérdida de flora y fauna.
• Alteraciones geomorfológicas por la extracción de más de 250 millones de metros cúbicos de suelo y subsuelo.
• Alteración de patrones de infiltración y drenaje de aguas pluviales
• Microsismos y alteraciones del suelo por detonaciones.
• Ruido por detonaciones.
• Tránsito de maquinaria pesada.
• La aprobación no contemplaba una fase de cierre y recuperación del área afectada.

Nuevo trámite para mina Cerro Blanco

El Ministerio resolvió que la empresa debe solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, anunció Orantes en la conferencia.

“Quiero informar que, por último, el Marn presentó una denuncia adicional en contra del exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, debido a que fue durante su mandato que ocurrieron estas anomalías y es necesario deducir responsabilidades”, explicó Orantes.

El exfuncionario es señalado de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

La cartera de Ambiente comunicó sus hallazgos al Ministerio de Energía y Minas para que las considere y proceda en el marco de sus competencias.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, también ofreció declaraciones y confirmó que la mina Cerro Blanco es un proyecto que lleva muchos años y fue en 2007 que se otorgó la licencia a la empresa original por 25 años para explotación de minería subterránea.

Ventura aclaró que la actividad minera ha sido mínima y que los estudios que se hicieron en esa época por la compañía fallaron ya que era “materialmente imposible trabajar con los calores geotérmicos en minería subterránea”.

Esas fallas en esos estudios, que se atribuyen a la compañía, fueron precisamente lo que llevaron a solicitar el cambio en la explotación minera, indicó el funcionario.

“Nosotros procederemos como corresponde, no se puede otorgar la licencia para minería a cielo abierto a esta empresa. Tendrá que hacerse un nuevo estudio”, puntualizó.

Empresa rechaza acciones

Elevar Resources rechaza enérgicamente las acciones tomadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con respecto al intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización EIA-329- 2007 para el proyecto minero Cerro Blanco y las declaraciones realizadas por la ministra Patricia Orantes.

La firma señala que la decisión amenaza la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afecta directamente una inversión de más de US$350 millones, y se reserva el derecho de recurrir a los tratados internacionales de inversión.

Estas acciones son contrarias al Artículo 125 de la Constitución, no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparadas únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con Elevar.

Elevar Resources confía en la prevalencia del marco legal del país para garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en Guatemala y hará uso de todos los mecanismos legales locales a su disposición para defender su inversión y derechos adquiridos, incluyendo las acciones penales por los posibles delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, entre otros.

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Por más de tres horas las patrullas recorrieron el área y visitaron en total 11 puntos, los cuales son investigados por el MP. De acuerdo con la fiscalía, otro problema es que en estos lugares trabajan sin alguna técnica por lo que ponen en riesgo la vida de las personas que están en el lugar.

“Se tienen investigaciones preliminares con las cuales se establece que todas las extracciones de minerales que se visitaron carecen de licencia de explotación minera y tampoco tienen estudio de impacto ambiental, esto conlleva daños al medio ambiente, y un ambiente insano también representa daños a la salud”, afirmó Renato Morales, fiscal de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Publico.

Agentes de la PNC, personal del MP y del Marn participaron en las diligencias de investigaciones preliminares de 11 lugares de explotación minera en el Valle de Palajunoj, Quetzaltenango. pic.twitter.com/YDsZmC3NfE

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) April 8, 2019

Morales agregó que no podría decir el nombre de las personas investigadas por estos hechos, de hacerlo perjudicaría la investigación. “En su momento cuando maduren los casos y se presenten ante los órganos jurisdiccionales se podrán dar mayores detalles”, afirmó.

De acuerdo con el fiscal, en el 10 por ciento de estos casos la explotación se realiza con mujeres y niños. “Lo hacen de una forma sin técnica, se arriesgan a derrumbes, además no cumplen con las condiciones de salud para hacer este tipo de trabajos”, aseguró.

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Rufino Vásquez, vecino del cantón  Xecaracoj, Valle de Palajunoj, indicó que los pobladores están cansados y desesperados por las repercusiones negativas de las mineras.

“Las vibraciones a causa de la maquinaria dañan las casas, además de los camiones pesados que constantemente pasan, son muchas maquinas las que trabajan y el ruido es molesto, además del polvo que provocan, desconocemos si trabajan con permiso o son ilegales”, exclamó.

El vecino pidió a las autoridades que investiguen a las “empresas grandes” y no solo a los artesanos. “Hay personas que trabajan con su piocha y azadón pero ellos no pueden extraer mucho, a ellos si los persiguen, las empresas grandes que traen maquinaria dañan todo y lo hacen en la impunidad”, opinó.

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“Estamos preocupados, creemos que tenemos un argumento legal sólido y hemos presentado las pruebas necesarias para que los magistrados conozcan mejor el caso y emitan una resolución más apegada a derecho, y que puedan resolver en base a ello y se den cuenta realmente quienes están siendo afectados”, expresó Dávila.

Plantean Argumentos

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedaron suspendidas en forma provisional  por decisión de la CSJ y como consecuencia la minera San Rafael debió detener sus operaciones desde el 5 de julio pasado.

Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.Las partes involucradas presentaron ante el pleno de magistrados de la CSJ sus argumentos respectivos, y ahora se espern resoluciones definitivas.

En ese sentido, Ana Roca de González, defensora de Minera San Rafael explicó que la licencia Juan Bosco fue expedida por el director general de Minería y refirió que este amparo debería tramitarse en un tribunal de apelaciones y no ante la CSJ.

Por lo anterior, dijo, el amparo es improcedente porque la licencia Juan Bosco está vencida desde el 2015 y la misma no es sensible de causar afectación a terceros y donde está ubicada es en los territorios de Casillas y Mataquescuintla, por lo tanto, no son parte del área de influencia.

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Durante su intervención el abogado delCentro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), Rafael Maldonado, argumentó la legitimidad de la organización y sus objetivos de promover la defensa y protección del patrimonio natural y cultural del país, al mismo tiempo defendió la legitimidad de los pueblos Xincas.

Maldonado afirmó que el Ministerio de Energía y Minas desconoció al pueblo Xinca, por lo tanto, no realizaron el proceso de consulta correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169, es por esta razón que solicitó a la CSJ.

El MEM informó en julio recién pasado que no se efectuarón consultas en en las comunidades de influencia del proyecto porque según datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) no determinaron población Xinca en el área de influencia. 

Los pescadores aseguran que la empresa minera ha contaminado el lugar y no ha brindado plazas de trabajo.

Los empleados rusos fueron interceptados por los pescadores cuando eran evacuados vía marítima hacia el malecón de El Estor.

Autoridades de la Municipalidad, Gobernación y Procuraduría de los Derechos Humanos se han reunido para negociar la liberación de los trabajadores retenidos. 

Durante las labores de rescate se localizó el domingo último, el cadáver del trabajador Jaime López Pérez, de 26 años, quien murió en el túnel donde se produjo un derrumbe. 

Resalta que la seguridad en sus operaciones es la más alta prioridad. Afirma que sus esfuerzos están enfocados en la investigación del incidente y en el apoyo a la familia de López.

Explica que luego de la investigación, se elaborará el informe oficial que será entregado a las autoridades.

Agrega que Goldcorp y Montana Exploradora de Guatemala, S.A., lamentan el suceso, y muestran su solidaridad con la familia del trabajador que murió, así como con la familia de la Mina Marlin.

Expone que Goldcorp está comprometido con la revisión y pleno cumplimiento de sus procedimientos de seguridad.

#SanMarcos | Damos seguimiento a incidente en Mina Marlín, cuerpo de minero soterrado fue trasladado a @INACIFGT 1/2 pic.twitter.com/rImcA9bdQE

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 18, 2016