Congreso avala subir pensiones del IPM al salario mínimo y hacer evaluación financiera

El Legislativo aprobó reformas para garantizar que jubilados del IPM alcancen el salario mínimo, además de estudios para evaluar la sostenibilidad del régimen.

Sandy Pineda y Douglas Cuevas

17 de marzo de 2026

|

17:52h

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El Congreso apruebó nivelar jubilaciones de militares al salario mínimo, pero el costo real dependerá de estudios actuariales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los diputados del Congreso de la República aprobaron este martes 17 de marzo una serie de enmiendas a la Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM), con el objetivo de nivelar las pensiones al salario mínimo para quienes aún no lo alcanzan.

Durante la sesión plenaria, los congresistas dieron luz verde a las reformas, que incluyen la realización de estudios actuariales para determinar la situación financiera de la institución.

El artículo sobre estos estudios busca generar información sobre la situación financiera del régimen, en un contexto marcado por denuncias históricas de manejo irregular de recursos, inversiones riesgosas y cuestionamientos por transparencia.

Aunque no determina aún el monto exacto que se deberá asignar, servirá como base para conocer la sostenibilidad del sistema de pensiones del IPM y sus posibles ajustes.

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Además, los diputados aprobaron una enmienda que instruye al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la asignación de dignificación a partir del mes siguiente de la vigencia de la normativa.

La reforma al artículo 2 establece que las jubilaciones y pensiones que, aun con la asignación de dignificación de Q1 mil mensuales, no alcancen el salario mínimo no agrícola vigente para el 2026, recibirán un monto adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a dicho salario. Este monto asciende a Q4 mil 252.28.

Hasta julio del 2025, el IPM buscaba equiparar al salario mínimo las pensiones de 5 mil 221 afiliados que reciben desde Q500 hasta montos inferiores al mínimo vigente.

En cuanto a otros cambios, se aprobó que, en caso de fallecimiento del afiliado, la asignación de dignificación se calculará como un monto total y será distribuida entre los beneficiarios conforme a los porcentajes legales establecidos, garantizando que la suma corresponda al total asignado.

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Uno de los artículos nuevos establece que el IPM deberá efectuar estudios actuariales que evalúen la situación financiera y la sostenibilidad del régimen de previsión en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, podrá suscribir convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o con firmas internacionales especializadas.

Los resultados deberán ser publicados y remitidos al Congreso en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de la ley.

Contexto financiero del IPM

Desde mediados del 2025, el IPM promovía la aprobación de un plan para obtener Q5 mil millones, con el argumento de que atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo la cobertura total de las pensiones.

Actualmente, el IPM impulsa un anteproyecto de ley que contempla un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante 20 años, así como una asignación adicional de Q160 millones por año para cubrir el mínimo de los jubilados.

Estos recursos permitirían sostener el sistema de pensiones para militares activos, jubilados y sus beneficiarios, en un contexto marcado por el incumplimiento del aporte estatal, el aumento de beneficiarios y la baja rentabilidad de sus inversiones.

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Señalamientos y antecedentes

La crisis financiera del IPM no es reciente. Se atribuye a décadas de decisiones cuestionadas, entre ellas inversiones de alto riesgo con pérdidas, manejo deficiente de empresas vinculadas al instituto y señalamientos de nepotismo y posible corrupción.

Entre los antecedentes figuran inversiones millonarias en el extranjero a inicios de los años 2000, algunas de las cuales derivaron en procesos legales y recuperaciones parciales de fondos. Asimismo, informes recientes han señalado irregularidades en la gestión de recursos y falta de acciones para recuperar inversiones.

Más recientemente, en el 2024 la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias relacionados con posibles irregularidades financieras y uso indebido de activos del instituto y en el 2025, se llevaron a cabo allanamientos.

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Fátima Najarro

13 de noviembre de 2025

|

00:05h

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El IPM ha reconocido ante el Congreso problemas financieros que hacen necesario que el Estado haga aportes extraordinarios para que pueda cumplir con los pagos de pensiones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y la Comisión de Defensa, del Congreso, emitieron el dictamen favorable a la iniciativa 6564, Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM). El proyecto busca nivelar las pensiones al salario mínimo no agrícola.

La propuesta de ley fue presentada el 8 de julio pasado por varios diputados, entre ellos, Jairo Orellana, Luis Aguirre, Byron Leonidas Tejeda, Sergio Arana, César Rodas Cardona y Julio Portillo.

La iniciativa planteaba que el Estado comprometiera Q5 mil 300 millones en los siguientes 20 años para capitalizar al IPM.

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Proponía tres tipos de nivelación a los pensionados: un incremento de Q1 mil para todas las pensiones menores a Q6 mil; para quienes ya reciben más de esos Q6 mil, el monto será proporcional para que no sobrepasen los Q7 mil; y a las pensiones que —aun con ese incremento— no superen los Q3 mil 973 del salario mínimo no agrícola vigente este año, se les otorgará un incremento adicional para alcanzar dichos monto, que según la iniciativa, es el caso del 74% de los pensionados.

Es decir que, si la ley es aprobada, los pensionados recibirán entre Q3 mil 973 y Q7 mil. Hasta el año pasado, eran siete mil 430 los jubilados del IPM.

“Con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, se lee en la justificación de la iniciativa de ley.

La cuota de dignificación también será tomada en cuenta para la pensión que heredan sus familiares, en caso de fallecimiento del veterano castrense.

Además, si la iniciativa es aprobada, los montos se financiarán desde el Presupuesto General del Estado, con aportes extraordinarios que estaría obligado el Ejecutivo a desembolsar.

Modificaciones

Tanto la comisión de Finanzas como la de Defensa presentaron sus dictámenes positivos para la propuesta de ley; sin embargo, se incluyeron cambios a la original.

La iniciativa proponía un aporte anual al IPM de Q160 millones, para financiar la Asignación de Dignificación, un monto que se podría incrementar según el número de pensionados inscritos cada año en el IPM.

Además, se incluía un aporte extraordinario de Q265 millones durante 20 años para fortalecer el IPM. Estos fondos serían financiados con ingresos tributarios, saldos de caja y bonos del Tesoro colocados en el mercado interno y externo.

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La Comisión de Finanzas concluyó que la nivelación de las pensiones responde a intereses sociales, pero “no se considera el apoyo financiero al IPM —de Q160 millones al año— para preservar su sostenibilidad; es un aspecto que se evaluará posteriormente y que por el momento debe ser discutido como aportes extraordinarios en el presupuesto anual del Estado”.

Por su parte, la sala de Defensa condicionó el dictamen a que se cambie el aporte extraordinario a Q115 millones en cinco años —se proponían Q265 millones por 20 años—.

También se cambió el aporte anual para cumplir con la cuota de dignificación, el cual —según la comisión de Defensa— debe ser de Q120 millones, Q40 millones menos que lo redactado en la iniciativa.

Origen

La propuesta de ley nació en junio de este año y fue promovida por el mismo IPM en la Comisión de Defensa.

En ese momento, el jefe de la institución, Mario Baeza, justificó que el IPM tiene una crisis insostenible y que ha sido agravada por decisiones políticas.

La crisis histórica del IPM se vio marcada por un aumento en las jubilaciones a partir de 1998, y en el 2004 por la desmovilización militar.

El déficit es de más de Q380 millones. En los últimos 10 años, el IPM tiene un déficit de entre Q10 y Q90 millones, a excepción del 2023. En esa ocasión, el entonces presidente, Alejandro Giammattei, otorgó un aporte extraordinario de Q900 millones, lo cual permitió que la institución cerrase el año con Q50 millones de superávit.

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Hallazgos

En el pasado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha señalado irregularidades en el uso de los fondos del IPM. La más reciente fue en el 2024, cuando la CGC determinó que las autoridades habían incumplido con dar seguimiento a Q88.5 millones por inversiones en el extranjero.

Ese mismo año, la CGC interpuso dos denuncias por irregularidades en Q159 millones. Los hallazgos fueron de inversiones sin utilidades, bienes inmuebles sin utilizar, préstamos incobrables y falta de rendición de informes para fiscalizar.

Además, entre el 2020 y el 2023, se señaló que empresas donde el IPM controlaba más del 85% de las acciones habían obtenido contratos con el Estado por hasta Q35 millones en total.

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Viabilidad técnica de una iniciativa que busca establecer un aporte extraordinario anual por 20 años y otra de una asignación anual al Instituto de Previsión Militar (IPM) comenzó a ser discutida por los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Urias Gamarro

20 de agosto de 2025

|

05:00h

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Los miembros de la Comisión de Finanzas escucharon a las autoridades del IPM sobre su condición financiera. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los integrantes de la comisión iniciaron las primeras discusiones sobre la viabilidad financiera de la iniciativa de ley que pretende ampliar y otorgar recursos al IPM.

La primera ronda de debate se realizó ayer con la participación de Mario Baeza, gerente del instituto, quien expuso la situación actual del plan y las necesidades de contar con más recursos a futuro.

La iniciativa contempla dos programas:

• Q160 millones anuales destinados a la dignificación de pensiones.
• Q265 millones para la capitalización del IPM.

Para este ejercicio fiscal, se prevé un déficit de al menos Q90 millones, que podría aumentar en 2026.

Durante la sesión, diputados de diferentes bancadas manifestaron su disposición a apoyar la iniciativa, sobre todo la de dignificación, enfocada en ajustar las pensiones de los beneficiarios. Sin embargo, expresaron dudas respecto a la capitalización del IPM, que implicaría indirectamente una operación de Crédito Público para financiar ese programa.

Justificación

Baeza declaró que el IPM atraviesa una situación financiera desfavorable y se prevé un faltante presupuestario de Q90 millones para el próximo ejercicio y de Q120 millones en adelante. Ante estas condiciones, solicitó apoyo al Organismo Legislativo para aprobar la iniciativa de ley 6564.

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El proyecto establece un aporte de Q265 millones por 20 años, lo que equivaldría a Q5 mil 300 millones, para fortalecer las finanzas del instituto tras la desmovilización militar de 2004, que provocó desequilibrios financieros.

De forma paralela, propone Q160 millones dirigidos a jubilados y pensionados que reciben montos por debajo del salario mínimo agrícola vigente —equivalentes al 74%— con el fin de nivelar sus ingresos.

Baeza explicó a los diputados la problemática financiera actual, derivada de las decisiones políticas tomadas entre 1998 y 2004, durante el proceso de desmovilización militar.

Se espera un dictamen en el corto plazo, con posibles modificaciones a la propuesta, que, en palabras de Baeza, es “una carga fiscal para el Estado, pero de mucho beneficio para los afiliados, pensionados y sus familias, que dependen de estos ingresos”.

El gerente reiteró que el objetivo central es garantizar un aporte extraordinario de Q265 millones por 20 años, aunque aclaró que, a mayor plazo, el monto disminuiría. Por ejemplo, a 30 años se reduciría a Q180 millones.

En cuanto al programa de dignificación, el ajuste previsto es de Q160 millones, con plazo de aplicación entre 2026 y 2046.

El directivo señaló que en los últimos años se ha acentuado el desbalance financiero, con ingresos anuales de Q380 millones frente a egresos de Q400 millones, lo que genera déficit.

Posturas

Los diputados Julio Héctor Estrada y Orlando Blanco coincidieron en que las pensiones de los exmilitares deben nivelarse, ya que los montos actuales no han sido actualizados y se mantienen por debajo de las Clases Pasivas.

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Señalaron que el sistema del IPM enfrenta un déficit estructural de Q100 millones, que se ha cubierto con reservas técnicas que, sin embargo, se han reducido de manera progresiva.

En cuanto al programa de dignificación, explicaron que busca otorgar un ajuste de Q1,000 a cada pensionado. La propuesta de Q260 millones para capitalización fue la más discutida durante la sesión.

Estrada aseguró que para 2025 se proyecta un rescate financiero del Ministerio de Finanzas para cubrir el déficit.

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El Instituto de Previsión Militar (IPM) pide Q265 millones anuales por 20 años, más un monto adicional de “dignificación” por Q160 millones anuales para elevar las pensiones que reciben más de 5 mil jubilados.

Sandy Pineda

7 de julio de 2025

|

00:05h

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(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Instituto de Previsión Militar (IPM) promueve ante el Congreso un anteproyecto de ley para la aprobación de un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante los próximos 20 años y una asignación adicional, ajustable, de Q160 millones por año.

Con los fondos se espera nivelar los ingresos de un sistema de pensiones y beneficios para militares en activo y jubilados, así como sus beneficiarios. El programa está desfinanciado por falta de cumplimiento del aporte estatal, porque la cantidad de beneficiarios casi iguala al total de beneficiarios, así como la baja rentabilidad de proyectos que generan ingresos propios.

En ese contexto, la propuesta del IPM también contempla aumentar los montos de las pensiones mensuales para tres grupos de beneficiarios: equiparar con el salario mínimo las pensiones para 5 mil 221 afiliados que reciben de Q500 a menos del salario. También se propone que, las pensiones mayores al salario mínimo, pero menores de Q6 mil, lleguen hasta ese monto. Y quienes reciben más de Q6 mil que tengan un incremento proporcional para llegar a Q7 mil mensuales.

La crisis financiera actual del IPM resulta de décadas de decisiones financieras cuestionables que, lejos de fortalecer al Instituto, lo llevaron a una situación cada vez más insostenible.

Las raíces del problema no son recientes y, según antecedentes documentados, comenzaron a profundizarse hace más de dos décadas.

Entre los principales factores que deterioraron la situación del IPM figuran inversiones de alto riesgo —varias de ellas con pérdidas—, una gestión deficiente en empresas privadas creadas con fondos del propio Instituto, y señalamientos constantes por compadrazgo, nepotismo y presunta corrupción institucional.

Solicitud basada en estudios

Las autoridades del IPM insisten en que ambos aportes solicitados son indispensables para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de previsión y del sistema de pensiones, los cuales —según sostienen— se basan en estudios actuariales, es decir, evaluaciones de riesgo financiero en pensiones y otros factores, que proyectan el comportamiento del sistema a largo plazo.

Dichos estudios revelan, agregó IPM, un “riesgo inminente”.

El anteproyecto, que incluye ambas solicitudes financieras, se presentó al Congreso de la República el 20 de junio del 2025 por la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Jairo Orellana. Actualmente, está pendiente de que se remita a la Dirección Legislativa para que inicie su trámite.

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Crisis de larga data

El capitán Mario Baeza, gerente del Instituto de Previsión Militar, expuso que la crisis se agravó por decisiones históricas y atrasos en pagos del Estado.

“En cuanto al primer eje, los Q265 millones anuales por 20 años, sí, es una cifra alta, pero tiene fundamento. A partir de los acuerdos de desmovilización militar en el 2004, el sistema de reparto simple con el que funciona el IPM se vio afectado. Actualmente tenemos una relación de cotizantes y jubilados de uno a uno, y así no funciona un sistema previsional. Por eso, esta cantidad permitiría pagar jubilaciones y sostener el sistema a largo plazo”, explicó Baeza.

“Si se calcula que pagamos Q26 millones mensuales en jubilaciones, multiplicado por 12 meses da una cifra anual menor a esos Q265 millones. Además, si se analiza el valor presente del dinero frente al valor futuro dentro de 20 años, esta cantidad no resulta tan grande. Y es importante decir que estos Q265 millones no surgen de una matemática arbitraria, sino de un cálculo actuarial con base técnica y justificada”, agregó.

El gerente hizo ver que el monto solicitado podría variar si el financiamiento se prolonga. Por ejemplo, en lugar de los Q265 millones anuales durante 20 años, el aporte podría reducirse a Q180 millones al año si se extendiera el plazo a más de 30 años.

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El aporte de los Q160 millones anuales, según el artículo 3 del anteproyecto de Ley establece una asignación que tiene el objetivo de nivelar las pensiones.

Esta asignación por Q160 millones deberá cubrirse con recursos exclusivamente del Estado “con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, detalla la iniciativa.

Según Baeza, el IPM ha sido afectado por decisiones políticas ajenas a su administración, como la desmovilización militar del 2004, que provocó el retiro anticipado de casi 3 mil afiliados, y el incumplimiento del aporte ordinario del Estado.

El gerente afirmó que el Estado ha incumplido con un aporte establecido por ley, acumulando una deuda de Q480 millones entre 1992 y el 2024. A raíz de ello, desde hace varios años, el IPM ha recurrido al uso de su reserva institucional para cumplir con el pago de pensiones.

“La reserva comenzó a usarse desde el 2004. Consciente de las necesidades de nuestros jubilados, se optó por cubrir esos pagos con los fondos de reserva. Pero esta se fue agotando. Hoy tenemos un déficit presupuestario del 9%”, precisó. Ese déficit equivale actualmente a Q384.6 millones.

Opciones para el equilibrio al programa previsional

El IPM se financia mediante tres fuentes principales: los aportes mensuales de aproximadamente 8 mil 300 integrantes activos del Ejército, las inversiones propias del Instituto y asignaciones del Estado.

En algunas ocasiones ha recibido aportes extraordinarios, como los Q900 millones entregados en el 2023 durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, según Baeza, incluso con ese tipo de aportes, el saldo pendiente que el Estado debía cubrir continúa en déficit.

Baeza afirmó que una vía para equilibrar el sistema es aumentar la base de cotizantes, lo cual está directamente vinculado con el crecimiento del Ejército. “Mientras no aumentemos nuestra tasa de cotizantes, la recuperación es difícil”, indicó.

También se ha extendido el tiempo de servicio para seguir cotizando. “Los oficiales ahora se retiran a los 36 años y los especialistas a los 35”, aunque aumentar el aporte estatal sería otra opción.

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Preocupa falta de sostenibilidad

La investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Verónica Spross, explicó que el problema del sistema de pensiones en Guatemala es estructural, ya que existen diversos regímenes con situaciones distintas.

En este caso, señaló que “es preocupante que el IPM no sea sostenible y requiera aportes fiscales, los cuales representan un alto costo de oportunidad”.

“Los fondos que el IPM solicita podrían destinarse, por ejemplo, a proveer tecnología e internet a estudiantes de nivel diversificado, junto con un programa de enseñanza del idioma inglés. No se ve viable ajustar las pensiones si los fondos acumulados son insuficientes. Lo mismo ocurre con el régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado”, agregó.

Respecto de las solicitudes financieras al Estado, Spross considera que no son procedentes: “No es conveniente una inyección de fondos durante 20 años. Es momento de pensar en un nuevo sistema, basado en cuentas individuales, que alinee correctamente los incentivos, ya que las pensiones deben estar relacionadas con el esfuerzo de ahorro personal”.

Sobre los señalamientos

Consultado sobre señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Baeza informó que la denuncia presentada por esa entidad en enero del 2024 fue desestimada dos veces por el Ministerio Público, incluso después de la oposición de la propia entidad denunciante.

“Eso para nosotros es motivo de satisfacción. Esa denuncia fue desestimada dos veces por el Ministerio Público. Nosotros siempre trabajamos con un enfoque de transparencia y calidad del gasto público”, dijo.

Al consultar con el MP, el departamento de Comunicación informó que no localizaron denuncias por hechos relacionados con el IPM.

Reconoció que, pese al historial de malos manejos de recursos propios, las solicitudes financieras actuales se justifican en que el IPM ha utilizado su reserva desde el 2004 para cubrir déficits, y que el objetivo del nuevo financiamiento es precisamente evitar seguir recurriendo a ella. “Nuestra intención es ya no tocar la reserva; si se fortalece, aumentan nuestros ingresos propios”, insistió.

Agregó que arrendan terrenos a empresas privadas para desarrollar proyectos que no requieren inversión directa del IPM. “Ya no tenemos dinero para invertir, pero sí activos que generan ingresos a largo plazo”, comentó.

Baeza aseguró que el IPM mantiene mecanismos internos y externos de control:

• Auditoría interna reforzada
• Contratación anual de una auditoría externa independiente
• Informes regulares a afiliados activos y jubilados
• Publicación de información de oficio en su sitio web

“Damos cuentas al Estado, como lo exige la ley, pero también a nuestros afiliados, que aportan el 12% de su salario. Por eso tenemos que ser responsables. Toda la información está disponible en nuestra página. Estamos comprometidos con la transparencia”, afirmó.

El cabildeo en el Congreso

En el Congreso, el proyecto de ley podría conocerse en el segundo período ordinario de sesiones, durante el cual se debe conocer el presupuesto para el 2025 y otras peticiones, como la de fondos para los expatrulleros de Autodefensa Civil.

El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, afirmó que la solicitud del IPM difícilmente avanzará con rapidez en el Congreso, para una eventual aprobación.

“No creo que pueda prosperar pronto; es un tema complejo. Todos reconocemos que es necesario atenderlo, pero también estamos conscientes —como diputados— de que la crisis en el IPM es resultado de decisiones equivocadas tomadas por administraciones anteriores”, dijo.

Además, descartó que, por ahora, la propuesta se utilice como eventual tema en negociaciones con el Ejecutivo.

“Hay que reconocer que muchos de los jubilados tienen pensiones paupérrimas”, expresó el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS.

Señaló que también se deben revisar los recursos que se   han asignado al IPM y la sostenibilidad del programa. “Hay que recordar que el Estado ya concedió alrededor de Q900 millones y  los ingresos que puede obtener por arrendamientos de inmuebles”, apuntó.

Es necesaria una evaluación, porque se puede convertir en una moneda de cambio, entre todas las propuestas que están llegando al Congreso para darle dinero a diversos sectores, concluyó Chic.

Denuncias

• Denuncia del IPM (2003): Acusó a su Junta Directiva y representantes de PFA en Guatemala por fraude y abuso de autoridad, tras invertir US$36.8 millones en PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. El MP desestimó el caso en junio de 2024, pero el IPM se opuso y espera audiencia.
• Demanda del IPM en EE. UU. (2001/2002): Acción legal contra PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. En 2009 obtuvo sentencia favorable contra Luis M. Cornide. Hay US$11 millones aún pendientes de recuperar. La sentencia está vigente hasta julio de 2029.
• Denuncia de la CGC (2024): La Contraloría señaló a las autoridades del IPM por no gestionar la recuperación de inversiones al 31 de enero de 2023. Sin embargo, fue desestimada por el juzgado y la oposición de la CGC no prosperó. El caso se cerró.

Línea de tiempo de hallazgos en el IPM

• Década de 1980 – Se crea una red de empresas privadas financiadas con fondos del IPM, en sectores como hotelería, farmacia, seguros y logística, manejadas por militares en activo o retiro. No había suficiente transparencia ni rendición de cuentas.
• Década de 1990 – El Banco del Ejército, vinculado al IPM, presenta una cartera con hasta 97% de morosidad por créditos otorgados sin garantías. El Banco de Guatemala advierte sobre la fragilidad financiera del sistema de previsión militar.
• 2001 (Gobierno de Alfonso Portillo) – El IPM invierte US$33 millones en el fondo Pension Fund of America (PFA) en EE. UU., que canaliza los recursos a bancos como Lehman Brothers. Hay denuncias por comisiones indebidas a funcionarios del IPM.
• 2009 – Un tribunal en Miami ordena al fondo PFA devolver US$20.8 millones al IPM. El instituto logra recuperar parcialmente los fondos, pero omite reclamar el total pendiente.
• 2017 – Publicaciones independientes —como Desde el Cuartel— denuncian que el IPM operó como un grupo empresarial con beneficios exclusivos para militares, citando el caso del fondo PFA y vínculos con corrupción y tráfico de influencias.
• 2023 – Reportajes muestran que empresas ligadas al IPM han recibido millones en contratos del Estado, sin claridad sobre los dividendos reportados ni su destino final.
• Febrero de 2024 – La Contraloría General de Cuentas (CGC) presenta dos denuncias penales contra funcionarios del IPM por irregularidades que suman Q159.7 millones: préstamos sin recuperar, inversiones sin respaldo y sociedades con pérdidas. Se señala específicamente la omisión de acciones legales para recuperar Q88.5 millones aún pendientes del caso PFA en EE. UU.
• Mayo de 2025 – El Ministerio Público, a través de la FECI, allanó propiedades del IPM vinculadas a un caso de tráfico de influencias y uso indebido de terrenos públicos transferidos al instituto.

2025: 128 días de trabajo fuerte y firme

FECI realiza diligencias en seguimiento a denuncia por posibles actos de corrupción

Como parte del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de… pic.twitter.com/7GzyEZqyuk

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2025

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La Contraloría determinó que la Junta Directiva y otros funcionarios incumplieron en dar seguimiento a la recuperación de un saldo de Q88.5 millones.

Raúl Barreno Castillo

29 de mayo de 2024

|

05:00h

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El Instituto de Previsión Militar es una institución autónoma del Mindef que busca beneficios para sus jubilados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el 2001, el Instituto de Previsión Militar (IPM) realizó inversiones financieras en el extranjero por un monto de Q290.1 millones con la entidad Pension Fund of America, empresa que trasladó los recursos a otras dos entidades bancarias.

Una de estas quebró y otra fue absorbida por otro banco, por lo que el IPM inició un proceso de demanda y recuperó una parte de los recursos, mientras que el saldo de US$11.2 millones se encuentra pendiente de recuperación.

Como resultado de la demanda, el IPM, en conjunto con “Inversiones para el Mañana, S.A.”, obtuvo sentencia favorable del juez del Undécimo Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, el 1 de octubre de 2009.

Este juez resolvió que se recupere US$20 millones 828 mil 517.86, en la forma siguiente: principal por el monto de US$12,783,124.98, honorarios por el monto de US$888,944.50 e intereses por el monto de US$7,156,448.38. A la fecha el proceso legal continúa.

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Durante el período del 19 de febrero del 2009 al 26 de agosto del 2015, el IPM, contabilizó la contratación profesional individual y de firmas de abogados nacionales e internacionales para recuperar los fondos para ello pagó un total de Q2.8 millones, erogaciones que disminuyeron su patrimonio, expone el documento de la CGC.

La Contraloría determinó que, al 31 de enero del 2023, la Junta Directiva, el gerente, el subgerente de operaciones, el jefe del departamento de inversiones, el jefe de la unidad de administración financiera y el auditor interno, incumplieron en dar seguimiento a la recuperación de un saldo de Q88.5 millones.

No hicieron nada, según la auditoría, aun con la sentencia a su favor para recuperar en el extranjero el saldo del principal y de los intereses en riesgo. El efecto es la pérdida del patrimonio del IPM perjudicando las prestaciones y beneficios del régimen especial del Instituto.

La denuncia penal planteada por el ente fiscalizador por un monto de superior a los Q88 millones va dirigida en contra de al menos las últimas tres directivas del IPM. “Se confirma el hallazgo para el señor Angel Gabriel Torres Morales, quien fungió como presidente de Junta Directiva (…) ya que sus comentarios, documentación de soporte y archivos no desvanecen el hallazgo”, se lee en el informe.

El IPM expone una serie de argumentos de descargos en cuanto a los hechos, en algunos se menciona que parte de los denunciados no tienen responsabilidad ni formaron parte del asunto, además que estos se realizaron en diferentes fechas, en el que son distintos a los períodos que integran algunos miembros la directiva del ente militar.

Por este caso, la CGC presentó la denuncia número DAJ-D-5-2024 al Ministerio Público y la demanda va planteada como una “responsabilidad mancomunada”.

Estas entidades, contratistas del Estado y manejadas por los militares, son: Aseguradora Guatemalteca, Cristina, Promotora de Clubs, Almacenes y Servicios, Maya Químicos y Hotel Suites Mar y Sol. Todas ofrecen al público variedad de servicios.

A través de estas empresas, el IPM ha logrado desde 2020 contratos por Q23.73 millones, el 67% por negocios con el Estado.

El resto de los ingresos proviene de contratos de arrendamiento suscritos directamente por la institución con otros entes estatales. Por ejemplo, está la renta de espacios para oficinas en el edificio de la zona 1 capitalina y en la Torre Azul, zona 9.

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Desde 2020, el Instituto ha acumulado convenios valorados en Q11.54 millones por la renta de esos espacios.

Estos alquileres representan uno de los negocios más significativos de los militares jubilados con el Estado, cuyo servicio ha sido contratado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el Crédito Hipotecario Nacional.

También ha hecho negocios de proveeduría a sus empresas, lo cual quedó registrado en Guatecompras. No obstante, por ser estas corporaciones parte del IPM, dichas operaciones no se tomaron en cuenta para este reportaje.

Negocios millonarios

La empresa del IPM que más dinero ha captado a través de negocios con el Estado es Maya Químicos, que le ha despachado explosivos o insumos para detonación al Ejército, Ministerio de Gobernación y las comunas de Petatán, Huehuetenango, y Tacaná, San Marcos. Incluso, al Ministerio de la Defensa le ha proveído equipo militar.

Por estas proveedurías, la entidad mercantil registra ventas de Q10.12 millones. Reporta que el 87.5% de sus utilidades son trasladadas al Instituto, para el pago de prestaciones y la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios.

En tanto que Aseguradora Guatemalteca ha conseguido Q8.18 millones en contratos con instituciones públicas entre 2020 y 2023. La corporación fue adquirida por el ente de previsión militar en 1977.

Otra empresa que ha obtenido varios millones del erario es Cristina, la misma que administra la icónica Torre de Estacionamientos que se encuentra en la zona 1 capitalina. Parte de sus clientes son el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía. Entre 2020 y 2022, los contratos estatales a su favor llegaron a los Q2.66 millones, y en el actual ejercicio fiscal ya alcanzan los Q1.07 millones.

Comercios menores

Almacenes y Servicios, Promotoras de Clubs y Hotel Suites Mar y Sol han facturado menos que las anteriores empresas, pero aun así sus negocios con el Estado alcanzan los miles de quetzales anuales.

La primera sociedad mercantil ha percibido Q1.16 millones desde 2020, exclusivamente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

A Promotora de Clubs, que administra el Club La Aurora, se le han pagado Q444 mil 523 durante este gobierno.

Por último, el hotel Mar y Sol tiene abonos a su favor por Q84 mil 620 en la actual administración. El complejo se encuentra en Escuintla y ofrece habitaciones con múltiples comodidades.

Beneficios adicionales

Además de los ingresos que representa ser proveedor del Estado, el IPM ha recibido durante este gobierno bienes inmuebles estatales con el aval del presidente Alejandro Giammattei. En 2021, el mandatario le otorgó, de forma gratuita, un terreno de 592 mil 591 metros cuadrados en Puerto San José, Escuintla, valorado en Q14.48 millones.

Este se utilizará para dos proyectos. Uno es la creación de una “zona de desarrollo económico especial pública”, en la cual se pueden instalar empresas industriales, comerciales y de servicios para obtener beneficios fiscales.

El segundo consiste en la construcción de una carretera privada para el paso de vehículos pesados que transportan combustible, con el objetivo de reducir el congestionamiento en el área urbana del municipio.

Este terreno, ahora propiedad del IPM, se encuentra a un costado del aeródromo de San José, en el cual la cartera de Comunicaciones invierte millones para convertirlo en una terminal aérea para administrar vuelos de carga.

Giammattei también firmó un acuerdo en 2021 para que se le entregara una propiedad en la zona 15 capitalina de cuatro mil 791 metros cuadrados, valorada en Q8.52 millones, la cual podrá utilizar sin costo alguno durante 50 años.

Por su parte, el Congreso —presidido por el partido oficial— reformó la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar el año pasado, con lo cual aumentó de 20 a 25 los años que un efectivo debe aportar a dicho ente para poder jubilarse.

Desviación

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, manifestó que muchas instituciones públicas se han desviado de su naturaleza y señaló que el IPM tiene la función de ser un fondo provisor para miembros de las fuerzas armadas.

“De eso a pasar a formar empresas para que sean contratadas por instituciones del Estado, prácticamente hay una desnaturalización de las funciones primarias de ese fondo”, expuso.

“¿Qué hacen con las ganancias? ¿Adónde van? ¿Se privatizan a través de esas empresas?, cuestionó. “Si se privatizan las ganancias con los recursos del Estado, estamos hablando de un desfalco”, añadió.

Generación de fondos

Ronaldo Leiva, ministro de Defensa en el gobierno de Óscar Berger, explicó que las directivas del Instituto dispusieron en su momento crear empresas para generar fondos y cubrir sus obligaciones con los militares jubilados.

Mencionó que eso ocurrió porque había más jubilaciones que cotizantes y después de ciertas reducciones en el Ejército había menos efectivos que hicieran aportes.

“Son bienes —estas sociedades— que el IPM ha construido con el mismo dinero que le han dado los jubilados. Es un capital propio. Ni el ministro —de Defensa— puede meter mano a las cosas de previsión militar”, manifestó Leiva.

IPM no se pronuncia

Prensa Libre se comunicó con el IPM para conocer si consideraba justo que, siendo un ente público, le provea productos y servicios al Estado, y para consultar el destino de las utilidades de las empresas de las que es accionista, el avance de los proyectos en Escuintla y la cantidad de militares cotizantes, entre otros asuntos.

El gerente Javier Robles no respondió a las llamadas y el subgerente, Omar Vásquez, solicitó que las consultas se le hicieran llegar por correo electrónico para “agilizar” las respuestas; sin embargo, no se habían recibido al cierre de esta nota.

Historia

El Instituto de Previsión Militar surgió en 1966. Tiene por objeto atender la seguridad social en el orden militar y otorgar prestaciones a sus afiliados por retiro obligatorio, jubilación o invalidez, entre otras.

Para obtener los beneficios, los militares y el Estado dan aportes dinerarios. Los fondos recibidos deben ser invertidos en condiciones “óptimas de seguridad, rendimiento y liquidez”, según la Ley Orgánica del IPM.

Sin embargo, en 2001 la institución invirtió US$36.37 millones en los bancos Merrill Lynch y Lehman Brothers. Este último quebró. En el informe de la Contraloría General de Cuentas del año pasado se detalló que el ente castrense seguía sin recuperar US$11.28 millones de ese dinero.

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El evento fue subido a Guatecompras con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14453029, de mayo de 2021, y se indica que la fecha y hora de entrega para las ofertas vence el 23 de junio de 2021 a las 23 horas en las oficinas del IPM, ubicadas en la 5a avenida 6-06 zona 1 de la capital.

La licitación consiste en solicitar los servicios de demolición de los graderíos uno, dos, tres, y cuatro y de construcciones de mampostería confinada del Estadio del ejército, ubicado en la zona 5 de la capital y también las canchas de tenis y graderíos de esta que en total suman 8 mil 2.20 metros cuadrados.

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La demolición incluye la totalidad de las estructuras de hormigón armado, losas, techos de estructuras metálicas, muros de mamposterías, muro de tabique, ventanería, puertas, gradas de concreto armado, pisos de granito y cerámica, banquetas, bordillos e instalaciones de agua, luz y drenaje, desmontaje de los graderíos consistentes en columnas de acero, vigas inclinadas, cubierta metálica, estructura de los graderíos (concreto, lámina, lisa, angulares, costaneras), barandas, tensores, costaneras y todos los elementos que conforman la estructura.

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Agrega que las estructuras de cimentación no serán demolidas, por lo que no es necesario realizar excavaciones para extraerlas. (los pedestales a nivel de cancha serán demolidos).

Además, los interesados deberán hacer una excavación en las construcciones de vestidores y bodegas del Estadio del Ejército, para extraer y remover parte del terreno con el fin de igualar a nivel de la cancha de futbol. Las estructuras de cimentación no serán demolidas, por lo que no es necesario realizar excavaciones para extraerlas, posteriormente a la excavación se rellenará con material apropiado (selecto) a nivel de cancha.

Q3 millones en la demolición

Según el Plan de Compras del IPM, subido en el portal Guatecompras, tienen destinado Q3 millones para llevar a cabo la demolición del Estadio del Ejército.

En las bases de licitación se menciona que el contratista que gane el evento deberá iniciar los trabajos al día siguiente de que se suscriba el acta administrativa de adjudicación.

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El pago al contratista será en dos etapas, uno cuando se tenga el del 60% de avance de la demolición y el otro cuando se concluya el 40% restante.

El Estadio del Ejército

El Estadio del Ejército fue inaugurado el 3 de octubre de 1964 y su nombre es Estadio Coronel Guillermo Reyes Gramajo y ha sido la sede del club Aurora Futbol Club, propiedad de la institución Armada, pero está bajo administración del IPM.

El 6 de marzo de 2012, el estadio del Ejército fue declarado  no apto para realizar actividades, entre ellas las deportivas, por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), según informe DMI_042_20120306_Estadio Cnel. Guillermo Reyes Gramajo_ HN, por tener una mala estructura con deficiencia para  las cargas de ocupación y mala señalización de rutas de evacuación, entre otras cosas.

El 22 de enero de 2016 el IPM firmó dos contratos de arrendamiento de 73 mil 916.56 varas de terreno para construir un nuevo Estadio del Ejército, un estacionamiento y un centro comercial, del cual se haría cargo Futeca, S. A., el cual quedaría como arrendatario durante 52 años -dos para hacer el plano y 50 para construir y usar el estadio y el centro comercial-.

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El proyecto iba a costar US$100 millones y contemplaba cambiar la cancha de posición, techar el Estadio, colocar gramilla sintética, así como una plaza comercial y un pequeño hotel de unas 40 habitaciones. El terreno aledaño sería un centro comercial.

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Lesividad en el contrato

El 21 de junio de 2016, La Contraloría General de Cuentas (CGC) afirmó que presentaría una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que el contrato entre el Instituto de Previsión Militar (IPM) y la empresa Futeca fuera declarado lesivo.

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El IPM dio marcha atrás al contrato con Futeca el 23 de junio de 2016, luego de hablar con la CGC sobre las implicaciones del arrendamiento.

Serie de recomendaciones

En marzo de 2014, la Conred emitió una resolución en la que hacía varias recomendaciones con base a un análisis efectuado por expertos en las instalaciones del estadio.

Entre ellas estaba elaborar un plan de respuesta ante emergencias, iluminar las salidas de emergencia, así como la mejora de estas.

Incendios, terremotos, alteraciones sociales, lluvias y otras eventualidades tenían que ser tomadas en cuenta, así como establecer “un lugar seguro”.

Se estableció que las salidas de emergencia no cumplían con las especificaciones establecidas por esa entidad.

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A decir de este acuerdo, la ampliación presupuestaria es para “el pago de prestaciones a oficiales, especialistas y beneficiarios del régimen militar”,

El acuerdo fue firmado el pasado 5 de julio cuando Cabrera era presidente en funciones y se publicó en el diario oficial este 15 de julio.

Cabrera estuvo al frente del Ejecutivo mientras Jimmy Morales se encontraba en Argentina con el presidente de aquel país, Mauricio Macri, conociendo los aviones militares Pampa III que adquirió por 28 millones de dólares.

Ese mismo día también se conoció que el gobierno compró un buque militar por Q90 millones a través de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Colombia.

La imagen es de 1966, y fue publicada por Revista D, de este matutino.

Esta edificación fue demolida en 1971 para dar paso a un moderno edificio, en el mismo lugar y para usos militares, y estrenado en 1972.

Con el paso del tiempo, ha sido utilizado para diversos fines, entre éstos servir de alojamiento de oficinas del Ejecutivo.

En la imagen, de los años 60, se aprecia al fondo el entonces recién estrenado recinto de la Biblioteca Nacional.