El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, anuncia visita a México, El Salvador y Guatemala

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajará a México, El Salvador y Guatemala para reunirse con autoridades y abordar temas de cooperación en materia migratoria.   

Redacción EFE

9 de junio de 2025

|

07:51h

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Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, durante una actividad pública en mayo 2025. (Foto Prensa Libre: tomada de cuenta de X @DeputySecState)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajará del 10 al 13 de junio a México, El Salvador y Guatemala para reunirse con autoridades de esos países y abordar temas de cooperación en materia migratoria, informó este lunes su oficina.

“En cada país, el subsecretario Landau participará en reuniones bilaterales de alto nivel para fortalecer aún más los lazos diplomáticos y la cooperación”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El segundo al mando de la diplomacia estadounidense también “sostendrá conversaciones para promover el crecimiento económico a través del sector privado, fomentar inversiones comerciales de Estados Unidos en la región y subrayar la importancia de erradicar la inmigración ilegal”, añadió la nota oficial.

“Tengo muchas ganas de realizar mi primer viaje al extranjero como subsecretario de Estado”, expresó Landau en sus redes sociales.

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“Este viaje subraya el compromiso de Estados Unidos de colaborar con nuestros socios regionales para abordar los desafíos en común y promover la prosperidad para nuestros ciudadanos”, informó el Departamento de Estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la semana pasada que Landau visitará el país, en una reunión que servirá como preparación para un futuro viaje del secretario de Estado, Marco Rubio. EFE

Para leer más: Marco Rubio defiende deportación de migrantes, pero sostiene derecho al debido proceso

Very much looking forward to my first foreign trip as @DeputySecState. I’m going to Mexico, El Salvador, and Guatemala from June 10-13 to address how we can work together to promote economic growth and counter transnational crime and illegal immigration. Excited to…

— Christopher Landau (@DeputySecState) June 9, 2025

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Elmer Vargas

27 de diciembre de 2024

|

20:49h

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Este viernes27 de diciembre llegaron a Guatemala los últimos vuelos del 2024 con deportados desde Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Este viernes 27 de diciembre al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la zona 13 capitalina, llegaron cientos de connacionales que fueron deportados en los últimos cinco vuelos provenientes de Estados Unidos.

Varios portaban sus pertenencias en bolsas que les fueron proporcionadas y otros buscaban activar sus celulares para poder comunicarse con sus familiares para avisarles que estaban de vuelta en Guatemala.

Hombres y mujeres de diferentes edades mostraban tristeza en su rostro mientras hacían fila para proporcionar sus datos de identificación a las autoridades migratorias de Guatemala.

Jonathan Quiñónez, es un joven de 19 años originario de Villa Canales que a su corta edad decidió migrar hacia Estados Unidos con el objetivo de ayudar a sus padres y mejorarles las condiciones económicas.

Cuenta que su objetivo era trabajar y conseguir dinero para construir una casa para sus padres, comprarse un vehículo y otras metas que prefirió guardárselas. “Abandoné mi país para tener una mejor vida”, relató.

Añade que fue capturado en el desierto y estuvo seis días en prisión. Destaca que fue tratado bien por las autoridades, pero al consultarle sobre su experiencia en el desierto, expresó: “Cansado, con sueño, pero había metas por cumplir. Dios sabe por qué lo hace”.

Indicó que luego de su experiencia ya no intentará llegar nuevamente a Estados Unidos.

“A lo que viví ya no recomiendo que la gente viaje para el norte. Muchas cosas me pasaron y yo no recomiendo viajar”, relató.

Al consultarle sobre las situaciones que vivió recordó que estuvo secuestrado por un grupo armado en Ciudad Juárez, México, y que pidieron rescate para dejarlo en libertad.

“Nos secuestraron. Estando en un hotel nos llegaron a sacar, nos llevaron a una bodega, nos quitaron todo, dinero, teléfono y todo, pero una persona nos llegó a librar de eso”, detalló.

Se le interrogó si sabía quién o quiénes lo secuestraron y respondió que fue “la mafia”.

Recuerda que eran 19 personas que fueron secuestradas por un grupo armado.

“Ya estábamos durmiendo cuando llegaron, rompieron la cadena del portón, rompieron la chapa, nos pusieron la pistola en la cabeza y nos subieron a una camioneta. Nos llevaron a una bodega donde solo había techo. Estuvimos detenidos 15 días”, relató el joven.

Jonathan recuerda que tras haber sido ser secuestrado se comunicaron con su familia para exigir dinero a cambio de su liberación.

“Llamaron una vez y pidieron dinero, US$25 mil para que me dejaran libre”.

Dice que fue rescatado por amigos que hizo en su trayecto. 

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, durante el 2024 más de 76 mil guatemaltecos fueron retornados al país desde Estados Unidos y México.

Gobierno impulsa tres programas para regularizar la migración

Las acciones incluyen ampliación de los servicios en los departamentos, apertura de sedes y controles de las personas en tránsito.

Fátima Najarro

4 de diciembre de 2024

|

20:30h

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El IGM busca implementar un modelo escalonado el retorno y origen de las personas.(Foto: Prensa Libre: IGM)

Las estrategias migratorias de Guatemala cobran importancia en este contexto en el que varios países de la región han cambiado a sus autoridades, especialmente México y Estados Unidos. El director de Migración, Danilo Rivera, explicó las prioridades que se atienden desde la implementación de la política migratoria y los acercamientos que se han hecho con otros países.

El director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) señaló que son tres los programas que se implementarán a partir de enero del 2025 enfocados a los connacionales que abandonan el país, así como a los migrantes que ingresan en el territorio de manera irregular. Rivera justificó que como país se tiene el derecho de conocer quiénes son las personas que migran y deciden quedarse, ante la posibilidad de los que ingresan de manera irregular e integran redes de crimen organizado.

“Hay un derecho de poder, como país, de poder nosotros no filtrarle a Estados Unidos sino protegernos”, reiteró el director.

El primer programa consiste en fortalecer el registro y la verificación de quiénes están en tránsito por Guatemala, de manera que se tenga información sobre las personas que están en tránsito por el país para conocer qué tipo de apoyo necesitan o si tienen vínculos con alguna red de crimen organizado. Se les expedirá un documento de acuerdo con el país para que puedan identificarse dentro de Guatemala. Estas acciones buscan el control migratorio y podrían repercutir en la inadmisión de algunas personas.

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“Lo que preocupa es que el no tener regularización interna está provocando bullidero de redes de tráfico de personas”, indicó Rivera durante un conversatorio sobre migración organizado por Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

La segunda es la ampliación de los servicios de regularización que incluye el fortalecimiento de las sedes donde se emiten pasaportes para que cuenten con los servicios de extranjería, procesos migratorios, arraigos y asilo. También la apertura de cinco sedes migratorias en Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Suchitepéquez y Alta Verapaz.

Y el tercero es el diálogo con las comunidades y búsqueda del desarrollo para poder abordar las aristas temas privadas y públicas que integran todo el tema migratorio. Hizo ver la importancia del diálogo en los municipios, comunidades y familias para que se pueda trabajar en un modelo escalonado el retorno y origen de las personas.

“Es un programa escalonado que va a buscar la atención inmediata al sujeto migrante retornado, pero también una discusión comunitaria, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucho reformar. Pensemos en las comunidades y disfrutamos los planes de vida comunitarios para poder discutir el desarrollo de la comunidad”, detalló el director.

Añadió que en la normativa guatemalteca no se contempla la deportación o expulsión, sino es una sanción de abandono del país. De acuerdo con lo mencionado en el conversatorio se busca reforzar la sanción para promover la migración regular.

El año pasado se presentó por parte de la Autoridad Migratoria Nacional, que aún presidía el exvicepresidente Guillermo Castillo, incluye diferentes principios e involucra a 40 instituciones coordinadas por la vicepresidencia y el IGM. Establece también que ninguna persona podrá ser devuelta o rechazada en la frontera cuando su vida, condición física o libertad estén en peligro por una razón fundada; también hace mención a la no criminalización de los migrantes y fomenta el respeto a los derechos humanos.

Acercamientos bilaterales

Rivera también se refirió a los nuevos gobiernos de Estados Unidos y México, comentó que las acciones que se implementan más allá de ser en respuesta a las acciones que Donal Trump pueda tomar en su segundo periodo en la presidencia estadounidense, son competencia de la Política Migratoria.

Analistas y hasta la Cancillería guatemalteca han afirmado que se ha contemplado que Estados Unidos pueda solicitar la medida. Al respecto, el director de Migración aseveró que se apoya al país con el programa de movilidad segura, pero que la capacidad instalada es solo para la recepción de guatemaltecos.

“Nosotros ahorita la capacidad que tenemos es para la recepción de nosotros en la última instancia. Hemos estado apoyando a Estados Unidos en el programa de movilidad segura y para que centroamericanos que estén acá y que necesita solicitar asilo, pueden hacer su trámite desde acá”, puntualizó.

Además, subrayó que se busca fortalecer y reactivar la relación bilateral con el gobierno de México, que es ahora liderado por Claudia Sheinbaum. Informó que recientemente se tuvieron acercamientos con la Secretaría de Gobernación y con el titular del Instituto Nacional de Migración.

“Tuvimos comunicación sobre cómo atender a las personas, el tema de la frontera siempre es importante, hablamos sobre cómo fortalecer la relación para que los guatemaltecos puedan estar de primer lugar en México, fortalecer el trabajo temporal como una medida que no necesariamente se vayan a Estados Unidos sino reactivar esa economía”, añadió.

Capturan a tres presuntos coyotes que llevaban a 51 migrantes en un bus

Los tres presuntos traficantes fueron detenidos en Santa Rosa, cuando transportaban personas de Cuba, Ecuador, Nepal y República Dominicana que ingresaron de forma irregular a Guatemala.

Julio Román

8 de marzo de 2024

|

07:30h

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Agentes de la PNC trasladan a los tres pesuntos coyotes detenidos en Cuilapa, Santa Rosa, cuando transportaban a 51 migrantes. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 8 de marzo sobre la detención de tres presuntos coyotes que transportaban a 51 extranjeros que ingresaron irregularmente a Guatemala y que viajaban en un autobús que circulaba en Cuilapa, Santa Rosa.

Según el reporte de la PNC, agentes de la Comisaría de Santa Rosa, con apoyo de investigadores de la División Especializada en Investigaciones Criminales y de Inspectoría General hicieron un operativo en Los Esclavos, Cuilapa, y allí detuvieron a los tres presuntos traficantes de personas.

Los detenidos fueron identificados como Yermis “N”,  de 18 años; Luis “N”, 23, y José “N”, 25, quienes iban en un autobús amarillo y adentro transportaban a 51 extranjeros que habían ingresado de forma irregular a Guatemala.

Los tres supuestos coyotes llevaban 18 cubanos, 21 ecuatorianos, siete dominicanos y cinco de nepalíes, quienes fueron asistidos por Policía Nacional Civil, y posteriormente remitidos al albergue del Instituto Guatemalteco de Migración en la zona 5 para que solventen su estatus migratorio irregular.

El IGM publicó este 5 de enero de 2024, en el Diario de Centro América, el acuerdo IGM-572023, en el que modifica el IGM-029-2023 que contiene el Reglamento de tarifas por servicios migratorios del Instituto Guatemalteco de Migración.

El acuerdo, que tiene fecha 29 de diciembre de 2023,  explica que,  por el aumento “significativo de la migración irregular, principalmente de personas extrarregionales que utilizan la conexión vía aérea para transitar con destino a otros países de la región”, se hacía necesario implementar medidas para ordenar y tutelar la migración segura y regular en Guatemala.

Fue por ello que hicieron una reforma al acuerdo número IGM-029-2023, que contiene el Reglamento de tarifas por servicios migratorios del IGM.

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Los cobros

Las reformas son la inclusión de los subnumerales 4.2.12 y 4.2.13 al artículo 3 numeral 4.2 los cuales quedan así:

• “4.2.12 Por el rechazo al ingreso a la República de Guatemala, la cantidad de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (3,000 USD) a imponer por cada pasajero que Incumpla con los requisitos de ingreso al territorio guatemalteco, en cualquiera de los aeropuertos internacionales, el cual deberán hacer efectivo las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional, que hayan prestado el servicio de transporte aéreo de dichas personas, el cual deberá hacerse efectivo en un plazo que no exceda de tres (3) días, partir de la notificación de la Resolución que emita la Subdirección de Control Migratorio a través de sus delegaciones;”
• “4.2.13 En caso de incumplimiento del pago descrito en el subnumeral anterior, se faculta a la Subdirección de Control Migratorio a través de sus delegaciones a proceder al cobro de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (10,000 USD) por cada pasajero que sea rechazado por no reunir los requisitos de ingreso y permanencia en el territorio nacional, que ingresen en cualquiera de los aeropuertos internacionales, sin perjuicio de los gastos que ocasione su permanencia en territorio nacional y los gastos concernientes a su traslado, de conformidad con el artículo 213 del Decreto número 44- 2016 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Migración”.

Se señala que el acuerdo deberá ser elevado a la Autoridad Migratoria Nacional para su aprobación y entrada en vigencia.

La Autoridad Migratoria Nacional publicó también este 5 de enero de 2024 el acuerdo ANM 010-2023 en el que aprueba el acuerdo IGM-57-2023 con las modificaciones al Reglamento de tarifas por servicios migratorios del IGM.

Instruye al IGM para que, por medio del Director General, suscriba los convenios interinstitucionales correspondientes y desarrolle las normas internas necesarias que permitan la efectiva aplicación del acuerdo que se aprueba, estableciendo los mecanismos de cobro.

Entrará en vigor en febrero

Señala que dichas reformas entrarán en vigor 30 días después de su publicación en el Diario de Centro América, es decir el 4 de febrero de 2024.

El Gobierno de EE. UU. detalló que estas nuevas visas H-2B representan la cantidad máxima permitida, según “la Resolución Continua del Año Fiscal 2024 de septiembre de 2023”, y detalla que entre los países beneficiarios están Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

“Las empresas estadounidenses en industrias como hotelería y turismo, paisajismo, procesamiento de mariscos y otras recurren a trabajadores estacionales u otros trabajadores temporales en el programa H-2B para ayudarlos a satisfacer la demanda de los consumidores”, detalla un comunicado del DHS.

Añade que “la asignación de visas suplementarias ayudará a abordar la necesidad de trabajadores estacionales u otros trabajadores temporales en áreas donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, lo que ayudará a contribuir a la economía estadounidense”.

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Además, detalla que “el aumento de las visas H-2B está acorde con el compromiso de la Administración Biden-Harris, en virtud de la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección, de ampliar las vías legales como alternativa a la migración irregular”.

“Al anunciar planes para que estas visas suplementarias estén disponibles a principios del año fiscal 2024, los Departamentos harán posible que las empresas estadounidenses con necesidad de mano de obra puedan planificar con anticipación y encontrar trabajadores estacionales y otros trabajadores temporales que necesitan”, dice el documento.

Protección

El comunicado detalla que el DHS y el DOL “han implementado protecciones sólidas tanto para los trabajadores estadounidenses como para los extranjeros, incluso para garantizar que los empleadores primero busquen y recluten trabajadores estadounidenses para los puestos a cubrir, como lo exige el programa de visas, y que los trabajadores extranjeros contratados no sean explotados por empleadores sin escrúpulos”.

Recientemente, el DHS y el DOL propusieron regulaciones para fortalecer la protección de los trabajadores en los programas de visas H-2A y H-2B; además, el Grupo de Trabajo para la Protección de los Trabajadores H-2B “liderado por la Casa Blanca publicó un informe que detalla las nuevas acciones que debe tomar las agencias del gobierno federal para fortalecer la protección de los trabajadores estadounidenses H-2B vulnerables, y en situaciones similares”.

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“El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido a mantener un fuerte crecimiento económico y satisfacer la demanda laboral en Estados Unidos, mientras fortalece la protección de los trabajadores estadounidenses y extranjeros”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas.

“Estamos utilizando las herramientas que tenemos disponibles para reforzar la resiliencia de nuestras industrias y poner a la disposición la cantidad máxima de visas H-2B adicionales para las empresas estadounidenses a fin de garantizar que puedan planificar sus necesidades laborales en la temporada alta”, agregó Mayorkas.

Añadió que “también continuamos tomando medidas para fortalecer la protección de los trabajadores y salvaguardar la integridad del programa, desalentando a empleadores sin escrúpulos que podrían tratar de explotar a los trabajadores pagándoles salarios inferiores a los estándares y manteniendo condiciones laborales inseguras”.

“Nuestro uso máximo del programa de visas H-2B también continúa basándose en nuestro compromiso de ampliar las vías legales como una alternativa a la migración irregular, eliminando así a los despiadados contrabandistas que se aprovechan de la gente vulnerable”, reiteró Mayorkas.

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Se espera que las nuevas visas H-2B incluya una asignación de 20 mil visas a trabajadores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

“Esta asignación específica para cada país es parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que incluya la ampliación de las vías legales para la inmigración y al mismo tiempo haga más fuertes las consecuencias para quienes no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, agrega el comunicado del DHS.

Además, 44 mil 716 visas suplementarias estarán disponibles para los trabajadores que retornan y que recibieron una visa H-2B, o de otra manera se les otorgó el estatus H-2B, durante uno de los últimos tres años fiscales.

“La regulación asignará estas visas suplementarias para los trabajadores que retornan entre la primera mitad y la segunda mitad del año fiscal para tomar en cuenta la necesidad de trabajadores de temporada y otros trabajadores temporales adicionales en el transcurso del año, con una parte de la asignación de la segunda mitad reservada para cumplir con la demanda de trabajadores durante la temporada alta de verano”, dice el documento.

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El programa H-2B permite a los empleadores contratar temporalmente a ciudadanos para realizar trabajos u ofrecer servicios no agrícolas en Estados Unidos. El empleo debe ser de naturaleza temporal por un período de tiempo limitado, como una ocurrencia única, una necesidad estacional o una necesidad intermitente.

Los empleadores que buscan trabajadores H-2B deben tomar una serie de pasos para estudiar el mercado laboral de EE. UU. También deben obtener una certificación del Departamento del Trabajo que certifica que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal para el que buscan un posible trabajador extranjero y que la contratación de trabajadores H-2B no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses con empleos similares.

El periodo de estadía máximo en la clasificación H-2B es de tres años. Una persona que haya tenido el estatus de no inmigrante H-2B durante un total de tres años debe salir de los Estados Unidos y permanecer fuera del país por un periodo ininterrumpido de tres meses antes de solicitar readmisión como no inmigrante H-2B, según se establece en el documento.

“DHS y DOL están comprometidos a proteger a los trabajadores H-2B contra la explotación y el abuso, y garantizar, según la ley, que los empleadores no se nieguen a contratar o reclutar de manera apropiada trabajadores capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal. Se espera que la próxima regla final temporal que implementará esta asignación incluya varias disposiciones para proteger tanto a los trabajadores estadounidenses como a los H-2B”.

Concluye con que los “detalles adicionales sobre las salvaguardias del programa H-2B, así como los requisitos de elegibilidad y presentación, estarán disponibles en la regla final temporal, cuando sea publicada, y en la página web de USCIS”.

Una nota de prensa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este 7 de septiembre, señala que los menores migrantes representan una proporción mayor de la población migrante que en otras regiones del mundo, según el informe La infancia en Peligro, de esa entidad, que fue publicado por esa entidad.

Explica que los menores se desplazan a través de tres rutas migratorias principales en América Latina y el Caribe los cuales son:

• A través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá
• La migración hacia el exterior desde América del Sur
• Puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México.

La nota de prensa señala que “la naturaleza de la migración en América Latina y el Caribe ha cambiado dramáticamente en la última década”.

Las causas

“La violencia de las pandillas, la inestabilidad, la pobreza y los acontecimientos relacionados con el clima se están apoderando de la región, de una manera alarmante, y empujando a más niños y niñas a abandonar sus hogares”, expresó el director de Unicef  para América Latina y el Caribe, Garry Conille, según la información.

“Cada vez hay más niños y niñas en movimiento, de edades cada vez más tempranas, a menudo solos y de diversos países de origen, incluso de lugares tan lejanos como África y Asia. Cuando cruzan varios países y, a veces, toda la región, las enfermedades y las lesiones, la separación familiar y los abusos pueden plagar sus viajes e, incluso si logran llegar a su destino, su futuro puede seguir en riesgo”, señaló Conille.

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Cifras

Según la información, al menos 29 mil niños, niñas y adolescentes cruzaron la peligrosa zona de Darién en 2021 y las estimaciones señalan que 40 mil menores cruzaron ese mismo sitio en 2022, pero en los primeros ocho meses del 2023, la cifra se elevó a 60 mil.

Se señala que la mitad de los niños que han cruzado la selva del Darién en los primeros ocho meses de 2023, son menores de 5 años, y esto convierte este año en el que más cruces de niños y niñas se ha registrado.

La información también señala que el número de menores refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento.

Se detalla que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) registró más de 149 mil niños que cruzaron su frontera en el año fiscal  2021 y más de 155 mil en el año fiscal 2022.

“En los primeros siete meses del año fiscal 2023, más de 83 mil niños ingresaron al país según la CBP. Estas tendencias se reflejan en otros flujos migratorios más pequeños en toda la región, a medida que el aumento de la violencia, la inestabilidad y los desastres relacionados con el clima provocan más desplazamientos y migraciones forzadas”, se lee en el comunicado.

La proporción de niños que se desplazan a lo largo de las principales rutas migratorias en América Latina y el Caribe también ha aumentado a un nivel récord en los últimos tres años.

Explican que en todo el mundo, los niños representan el 13% de la población migrante, pero en esta región de Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente una de cada cuatro personas en movimiento, es decir el 25%, es un niño. En el 2019, la cifra de niños migrantes representaba el 19%.

“Esto solo puede rivalizar con África subsahariana, donde los niños y niñas también representan el 25% de la población migrante”, señala la nota de prensa.

Más pequeños

“Cada vez más, son los niños y niñas más pequeños los que realizan estos peligrosos viajes; los niños menores de 11 años representan ahora hasta el 91% de todos los niños, niñas y adolescentes que se desplazan en algunos puntos de tránsito clave. Esta nueva realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino”, se lee en la información.

Se señala que a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables los riesgos físicos a los que los menores se enfrentan, pues además del peligroso terreno que atraviesan (selvas y ríos hasta vías férreas y carreteras), los niños y niñas también pueden sufrir violencia, explotación y abuso.

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Testimonio

“Mi parte favorita fue dejar la selva porque ahí dentro es una pesadilla”, dijo Ángela -nombre ficticio- una niña de 8 años que caminó por la selva del Darién en 2022, menciona la información.

El testimonio revela que durante el viaje, Ángela y su hermana de 10 años se separaron de sus padres y estuvieron perdidas durante dos días antes de reunirse nuevamente. La familia viajó durante más de 40 días para llegar a Guatemala antes de continuar hacia su destino, se menciona en la información.

“Los flujos migratorios mixtos en América Latina y el Caribe son dinámicos y a menudo se interconectan; la mayoría de los países son simultáneamente puntos de origen, tránsito, destino y retorno. Esto implica desafíos y requiere un enfoque integrado dentro de la región para garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados y sus familias estén protegidos y se aborden las causas profundas de la migración forzada”, se lee en la nota de Unicef.

La Unicef también señala que trabaja con aliados y gobiernos a lo largo de las rutas migratorias para dar información precisa para promover una migración segura, ofrecer asistencia vital y apoyar el acceso de los niños y niñas a servicios esenciales.

Este trabajo incluye ayudar a los países a “prevenir, detectar y proteger a los niños y niñas de la violencia y ayudar a los niños, niñas, adolescentes y familias que enfrentan dificultades y explotación en su viaje migratorio”.

Señala que están solicitando US$ 160.5 millones para satisfacer las necesidades humanitarias de los menores de edad refugiados y migrantes en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

También se informa que en agosto de 2023, Unicef había recibido menos del 20% (unos US$32.5 millones) de sus necesidades de financiación.

La entidad dice que también está solicitando US$142.31 millones para niños y familias en la ruta migratoria a través de Centroamérica y México en 2023 y refiere que hasta agosto ha recibido el 26% de los fondos que necesita.

“La escala sin precedentes de la crisis migratoria de la niñez en América Latina y el Caribe requiere urgentemente una respuesta humanitaria más fuerte, así como la expansión de vías migratorias seguras y regulares para niños y familias para ayudar a proteger sus derechos y su futuro, sin importar dónde se encuentren”, dijo Conille.

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Petición a los países

Se señala que la Unicef sigue instando a los países de la región, miembros de Naciones Unidas, a que garanticen los derechos, la seguridad y el bienestar de los niños, niñas, y adolescentes migrantes y refugiados, esto incluye:

• Movilizar un enfoque regional para la protección internacional y abordar las causas fundamentales de la migración específicas de los niños y niñas, para aprovechar la naturaleza interconectada de los movimientos migratorios y las respuestas políticas en la región.
• Invertir en los países de origen para mejorar el acceso a los servicios, prevenir y responder a la violencia, y crear oportunidades de educación y medios de vida para niños, niñas, jóvenes y familias vulnerables, y apoyar a los niños, niñas y adolescentes que siguen residiendo en el país de origen mientras sus padres tienen emigrado.
• Ampliar vías migratorias seguras y regulares para niños, niñas y adolescentes y familias, incluidos mecanismos de reunificación familiar, al tiempo que se defiende el derecho al asilo territorial. Se debe permitir que los niños y niñas y las familias ingresen al territorio de un Estado para solicitar asilo y poder permanecer allí mientras dure el procedimiento de asilo.
• Fortalecer los procesos fronterizos y de recepción que tengan en cuenta a los niños y niñas y que sean dirigidos por las autoridades de protección infantil en la etapa más temprana posible, implementar salvaguardias específicas para los niños, preservar la unidad familiar, incluso para los niños que viajan con sus cuidadores no parentales, y garantizar el acceso a servicios legales.
• Invertir en sistemas nacionales sólidos de protección de la infancia para salvaguardar a todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos los migrantes y refugiados, de la explotación y la violencia, garantizando el cumplimiento de procedimientos adecuados para determinar su interés superior y promoviendo el cruce fronterizo seguro.

De acuerdo con el organismo del Gobierno mexicano, una primera detención se dio en la carretera Orizaba-Puebla, en el centro del país, durante un operativo de verificación.

Se le procedió a hacerle el alto al conductor del vehículo torton, el cual era acompañado de una camioneta de color blanco.

“Al revisar la caja de carga fueron localizados 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, mismos que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio nacional”, detalló el Instituto.

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Entre este grupo se encontró a 37 personas adultas, 20 menores de edad no acompañados y 21 familias integradas por 50 personas más.

El INM precisó que los menores migrantes que carecían de acompañamiento y los núcleos familiares identificados fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Informe oficial

En un boletín del Instituto Nacional de Migración (INM), de detalla que la noche del sábado pasado, 206 migrantes procedentes de Guatemala y Honduras, quienes fueron abandonados  abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler cerca de la ciudad de Cardel, Veracruz.

Medicados y con brazaletes

El boletín, fechado este 17 de julio, menciona que los migrantes se encontraban hacinados  y deshidratados y que fueron medicados para inhibir sus necesidades básicas, de acuerdo con sus propios testimonios.

“En una acción realizada con apoyo interinstitucional, se detectó el vehículo abandonado a la orilla del camino y al hacer la revisión correspondiente se localizó en su interior mujeres, hombres y menores de edad extranjeros que contaban con brazaletes para identificarlos”, menciona el boletín.

#Comunicado @INAMI_mx #Veracruz rescató la noche del sábado a 206 migrantes de y medicados para inhibir sus necesidades básicas, con brazaletes para identificarlos, hacinados y abandonados en una caja de tráiler adaptada contra el uso de Rayos X. https://t.co/IUab3IAr0r pic.twitter.com/HNdizNX8MW

— INM (@INAMI_mx) July 17, 2023

Contra Rayos X

“La caja del tráiler estaba adaptada con soportes metálicos para sostener un segundo piso, además de estar cubierto en su interior con material hermético para evitar que los migrantes fueran detectados por las cámaras de Rayos X de los cuerpos de seguridad”, añade el documento.

De este grupo de migrantes, 132 viajaban en núcleos familiares y eran originarios de Guatemala; así como tres familias más con 12 personas de Honduras, para dar un total de 144 centroamericanos, señala la información oficial.

Explica también que 39 adultos viajaban solos, de ellos cuatro mujeres y 35 hombres, así como 20 menores de edad (15 niños y cinco niñas), de nacionalidad guatemalteca; además de tres adultos de Honduras, para dar un total de 62 personas extranjeras.

“Los menores de edad y los núcleos familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); mientras que las personas adultas se trasladaron a instalaciones del INM para realizar los trámites migratorios correspondientes”, se menciona en el comunicado.

“El chofer -al parecer- huyó del lugar, por lo que el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Veracruz”, concluye la información.

También se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en Veracruz, en el sur de México, mientras que los adultos fueron llevados a oficinas migratorias para realizar los trámites migratorios correspondientes.

En tanto, se procedió contra las seis personas que transportaban a los migrantes extranjeros en el camión torton y los custodios de la camioneta blanca fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad junto con los vehículos.

Autoridades de #México descubrieron a 303 migrantes que eran transportados como carga en dos camiones. Fue a la altura del kilómetro (km) 50 de la carretera Orizaba – Puebla, y cerca de un camino a Fortín de las Flores. Entre los migrantes iban 39 menores de edad sin sus padres. pic.twitter.com/ReB52NEXEl

— Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) July 17, 2023

Segundo hallazgo

En un segundo momento, las autoridades mexicanas detectaron un tractocamión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores.

Cuando se procedió a su inspección se encontró en su interior a 196 personas que refirieron ser extranjeras, quienes tampoco pudieron acreditar su estancia regular en el país.

Tras la inspección migratoria y conteo correspondiente, el INM reveló que cinco adultos eran provenientes de Guatemala y otros cinco mayores de edad de la India.

Otros 19 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados y los restantes 167 estaban conformados en 70 grupos familiares.

Todos estos migrantes también fueron canalizados al DIF, mientras que las personas mayores se condujeron a instalaciones del Instituto de Migración para efectuar trámites migratorios correspondientes.

“En este caso no hubo personas detenidas”, detalló el INM, mientras que indicó que el tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas.

Analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que de momento no se visualiza un efecto negativo para el país en términos de los flujos de transferencias luego de la finalización del Título 42, así como por las medidas contra la migración irregular en el Estado de Florida, donde hay una comunidad importante de guatemaltecos que podría desplazarse hacia otros estados de la Unión Americana.

El asunto migratorio empieza a provocar debate entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones presidenciales del 2024 en EE. UU., mientras en Guatemala durante el primer trimestre del año la tendencia de las remesas familiares empieza a desacelerarse -ritmo de crecimiento menor- tal como se había previsto, luego de marcar por 26 meses consecutivo tasas de crecimiento a doble digito, incluso estableciendo récords.

¿Cuál es la lectura?

Cuando se declara alguna medida como la decretada por Estados Unidos muchos de los migrantes irregulares pueden entrar en pánico y temen que puedan ser perseguidos.

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El activista Juan Carlos Pocasangre, presidente de la organización Guatemaltecos en Nueva York, explicó vía telefónica que la terminación del Título 42 va a afectar a muchos hispanos, pero para el caso de los originarios de Guatemala, la afectación será muy poca, ya que tienen familiares en Estados Unidos, quienes hacen los sacrificios para poder llevar a sus parientes a ese país, y la mayoría lo hace pagando “mucho dinero”, dándole la vuelta a la frontera, y no se entregan como hace el resto de migrantes de otras nacionalidades.

La mayoría de indocumentados que se entrega explicó Pocasangre, son haitianos, venezolanos, colombianos, africanos, y nicaragüense, que no tienen familiares que puedan apoyarlos financieramente, pero es distinto para un guatemalteco. Se conocen casos en los cuales se paga entre US$10 mil (Q77 mil), US$15 mil (Q115 mil), y hasta US$20 mil (Q154 mil), para que “le den la vuelta” a la frontera.

“Cuando un guatemalteco entra, si se porta bien, empieza a trabajar; envía remesas y eso ayuda mucho. Pero si se entrega en la frontera debe seguir un proceso migratorio que es un poco peligroso, pues el otorgamiento de un asilo es imposible, complicado y un guatemalteco difícilmente puede calificar, ya que eso ocurría cuando estaba la guerra civil. La mayoría de las personas vienen por la falta de trabajo, seguridad o estafa y con eso no califican”, afirmó el activista.

Por lo tanto, su creencia es que los flujos de remesas se mantendrán igual o incluso pueden aumentar en el corto plazo, puesto que se observa el ingreso a EE. UU. de hijos, primos, tíos y otros allegados.

Asimismo, Mario Arturo García, analista independiente en temas sobre remesas y catedrático universitario en liderazgo organizacional y administración de proyectos, comentó que se está viviendo una “coyuntura extraña”.

A su juicio, el Título 42 o el final de su aplicación no producirá dinámicas diferentes; es decir, el gobierno de turno seguirá con sus políticas duras de combate a la migración no documentada. Sin embargo, Estados Unidos atraviesa una desaceleración en su economía que sí puede provocar un crecimiento menor al ingreso de las remesas a Guatemala.

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“En los próximos meses recibiremos flujos con menos crecimiento, pero provocando más por variables de coyuntura económica y no por la situación legal-migratoria”, precisó García.

Por otro lado, Pocasangre dijo que hay una clara preocupación en que EE. UU. ha anunciado que Guatemala y Colombia serían los países donde se pedirá asilo, aunque no se ha planteado de manera oficial, pero si se llegará a concretar “habrá migrantes de todo el mundo llegando al país para aplicar esos asilos. Es como una lotería lograrlos, y no sé qué pasaría con tanto migrante para hacer el asilo”.

Con la finalización del Título 42 quedó vigente el Título 8 y nuevas restricciones en la frontera de Estados Unidos.

Redes se aprovechan

Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advirtió que, si hay alguna declinación de los flujos de remesas, será muy corta con relación a lo que se recibe en un año, y, por el contrario, seguirá una tendencia del crecimiento.

En todo caso los efectos de la terminación de capítulo 42 incentivará la migración con cierta tendencia, pero “lo más delicado de esto”, añadió, serán los temas de vulnerabilidad, riesgos a otros eventos que les afecten, “y se está manejando que los coyotes, así como las redes criminales, se están aprovechando para asegurar que el fin de este programa facilitará el ingreso -de migrantes-”, cosa que no es cierta.

Arévalo resaltó que ya había información sobre el incremento de viajeros por la acumulación de personas cercanas a las zonas de fronteras, la preparación de misiones humanitarias por el lado mexicano y estadounidense, previendo precisamente la aglomeración de más personas.

Efecto de Florida

Con respecto a las medidas ordenadas en Florida, de la implementación de leyes contra la migración irregular impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, Arévalo aseguró que tiene que ver con la cuestión electoral, polémica partidaria, y la relación entre demócratas y republicanos, que tiene como tema central la migración.

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Recordó que en la Florida hay radicados muchos guatemaltecos. “Cuando se acerca la temporada electoral en Estados Unidos, en este caso el año entrante, la migración es un tema que va a ir creciendo y creciendo, tal como sucedió en la contienda electoral y cada partido hace sus ofertas”, resaltó Arévalo.

Por su parte, Pocasangre contó que, si se llegara a implementar estas medidas en el Estado de Florida, donde hay muchos guatemaltecos, ellos tendrían que salir a otras ciudades. “Lo que siempre hacen por los hijos y sus familiares cuando ocurren este tipo de medidas es que mandan por adelantado todo lo que pueden en remesas, para que aguanten mientras se ubican en otro lugar para insertarse a trabajar”, añadió.

Si las medidas llegan a implementarse en Florida reiteró el activista que esto podría impactar en el largo plazo mientras los migrantes se ubican en otras ciudades, pero según la información que manejan es que hay varias organizaciones que solicitarán a la Suprema Corte de EE. UU. que se impida. “Pero ahora hay mucho temor entre los migrantes que los pueda obligar a salir de ese Estado”, comentó.

Algunas de las medidas que fueron aprobadas y que el texto entraría en vigor el 1 de julio es que que:

• Se exigirá a las empresas con más de 25 empleados utilizar el E-Verify, un sistema federal para comprar el estatus migratorio de las personas que quieran contratar.
• Obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recabar datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
• El transporte de personas indocumentadas desde otro Estado a Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de presión.

Remesas se desaceleran en abril

Durante el primer cuatrimestre del año, las remesas se desaceleraron en 9.8% y se alcanzó un monto de US$5 mil 984.8 millones -unos Q46 mil millones-, según la actualización de la balanza cambiaria.  El año pasado el monto fue de US$5 mil 452.7 millones en el mismo período.

Solo en abril, el ingreso fue de US$1 mil 551.4 millones, y en marzo, US$1 mil 665, que es el monto más alto en lo que va del 2023, en tanto que en febrero fueron US$1 mil 381.1 millones y en enero US$1 mil 386.5 millones.

La estimación de la banca central es que para 2023 el año cierre con US$19 mil 393 en divisas por remesas, y para 2024, en US$20 mil 556 millones.

Los 106  menores que viajaban sin ningún familiar eran parte de un grupo de más de 300 personas halladas en el interior del transporte que fue abandonado en una carretera en Veracruz, México.

Aunque estaba acondicionado con un doble piso de estructura metálica, ventiladores y ventilas en el techo, eso resultó insuficiente y muchos de los migrantes sufrieron sofocamiento por viajar hacinados.

Tras interceptarlos, las autoridades mexicanas expulsaron a los migrantes y una parte del grupo regresó a Guatemala este martes 8 de marzo de 2023.

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Relato de migrante guatemalteco

Entre la multitud de retornados se encontraba Francisco, de 36 años, quien relató la dureza del viaje tras dejar su casa en la región de Chicamán, Quiché. Según dijo, emprendió el viaje motivado por la “necesidad económica” de su familia.

“Nos costó, por poco nos moríamos”, comenzó relatando sobre las dos horas en que estuvieron encerrados en el furgón que parecía “más que en un horno”, evocó.

Los últimos 20 minutos del trayecto, antes de que el tráiler se detuviera y fueran descubiertos, fueron los críticos. “Hay muchos que por poco perdían la vida […] antes de que se detuvo nos sentíamos como muertos, habían algunos tirados”, describió el migrante.

Pese a las complicaciones de las que fue testigo, Francisco asegura que intentará una vez más llegar a suelo norteamericano: “Si Dios nos los va a permitir, vamos a intentarlo otra vez”.

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Al igual que Francisco, otro migrante de Chiquimula, nombrado Walter, relató a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión su vivencia al pasar 17 horas dentro de un furgón.

Entre uno y otro relatos hay similitudes sobre el desafiante viaje, en precarias condiciones y sin garantías, por el que asumen deudas por miles de quetzales.

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México como país de origen y destino de migrantes

México es un país de paso, pero se ha ido convirtiendo en un lugar de destino de personas migrantes. Se estima que la población inmigrante aumentó en un 123 en 2022, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En un reciente informe, la OIM reveló que durante ese periodo hubo “dinámicas migratorias más complejas y de rápida evolución que se hayan visto en México y en el hemisferio occidental en toda la historia, incluyendo el mayor número de personas registradas en tránsito en varios puntos de México, así como en otras parte de América Central”.

Uno de los puntos que resalta es el Tapón del Darién en el sur de Panamá, la selva que divide Colombia y Panamá, un temido trayecto por los peligrosos que enfrentan a su paso los migrantes, quienes no escapan de observar muertos entre el fango producido por el ambiente húmedo.

En cifras

Según cifras oficiales, más de 106 mil migrantes fueron devueltos por México a sus países de origen durante 2022, de los cuales el 80 por ciento eran originarios de Guatemala y Honduras.

En la frontera sur de los Estados Unidos, si bien se redujo de 15 al 8 por ciento los encuentros de migrantes guatemaltecos según el informe de la OIM, la cifra resulta solo como referencia pues no suma a aquellos que cruzaron en puntos ciegos.

En agosto de 2022, la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo inició una investigación luego de una denuncia que revelaba que la empresa Packers Sanitation Inc. (PSSI) contrató a 50 niños latinoamericanos en ocupaciones peligrosas dentro de un matadero.

La denuncia, que tiene algunas otras parecidas desde 2016, resaltan que en los niños eran explotados en “turnos de noche en mataderos de tres estados, donde limpiaban pisos de sacrificio y varias máquinas, incluidas sierras para cortar carne y huesos y un máquina trituradora”.

La investigación amplía que “varios niños comenzaban sus turnos en las instalaciones a las 23 horas y trabajaban hasta las 5, 6 o 7 horas. Algunos trabajaban hasta seis o siete días a la semana y al menos tres niños sufrieron quemaduras químicas como consecuencia de trabajar en los mataderos”.

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Muchos de estos menores dejaron de asistir a la escuela, u otros que sí iban, se quedaban dormidos en el salón de clases mientras los maestros les daban la instrucción.

Ahora investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, según NBC News, investigan si los 50 niños latinos, algunos de solo 13 años, además de ser empleados en forma irregular, fueron víctimas de tráfico laboral de alguna red internacional de trata.

Los agentes federales han entrevistado a los niños que trabajaban dentro del rastro JBS Foods en Grand Island, Nebraska. También se ha entrevistado a empleados de la empresa quienes han confiado a medios norteramericano que los “niños son mayas-guatemaltecos”.

La investigación contra la empresa no la alcanza por trata de personas, pero sí indagan, según los medios estadounidenses, “para descartar la posibilidad de que los traficantes externos hayan obligado a los niños a trabajar para PSSI y se hayan beneficiado de su trabajo”.

En diciembre de 2022, como resultado de la investigación del Departamento de Trabajo y una demanda civil presentada contra la empresa por el gobierno, PSSI acordó “cumplir con las leyes de trabajo infantil”. 

Los funcionarios federales, según NBC News, argumentaron que la compañía violó la Ley de Normas Laborales Justas, que prohíbe el “trabajo infantil opresivo” y que los menores trabajen en cualquier tipo de empleo peligroso, según la denuncia de diciembre del año pasado.

El Departamento de Trabajo en un comunicado reveló que en todo Estados Unidos han visto un aumento del 50 por ciento en las violaciones del trabajo infantil desde 2018.

“Existen restricciones sobre los tipos de trabajos que pueden realizar los trabajadores jóvenes menores de 17 años, y sobre la cantidad de horas y horas que pueden trabajar los jóvenes de 14 y 15 años”, agregaron.

Y puntualizaron “este caso debería servir como un claro recordatorio para todos los empleadores de que el Departamento de Trabajo de EE. UU. no tolerará violaciones de la ley, especialmente aquellas que pongan en riesgo a los niños vulnerables”.

Esto dice el Minex

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó por medio de un comunicado que “el 18 de noviembre del año 2022, el medio noticiero Telemundo, dio a conocer la información sobre 31 menores de edad migrantes entre 13 a 17 años, quienes fueron contratados para limpiar con peligrosos químicos y manejar equipo de alto riesgo durante los horarios nocturnos en las empacadoras de carne localizadas en el Estado de Nebraska y Minnesota”. 

Ante eso, agregan, “el Consulado General de Guatemala en Denver, Colorado inició comunicaciones con la Secretaría de Trabajo Federal de los Estados Unidos de América, asimismo con el Departamento de Policía y Trabajo del Estado de Nebraska para obtener mayor información del caso, tal como la nacionalidad e identidad de los menores de edad, con el objetivo de brindar asistencia, atención y protección a los mismos”. 

Sin embargo, expresa el Minex, “dichas autoridades han manifestado que el caso se encuentra en un proceso legal, el cual involucra a menores de edad y al ser federal, ha sido manejado de manera confidencial”.  

“Con la finalidad de obtener mayor información, la misión consular antes mencionada tuvo acercamiento con los líderes comunitarios de Grand Island, y Nebraska para obtener información con las familiares de los menores de edad, no siendo satisfactoria”, expusieron.    

Según la Cancillería “la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos, sostuvo reunión con el Departamento de Trabajo, para verificar la identidad de los menores de edad, sin embargo, este Departamento no brindó la información, ya que reiteran que la misma se encuentra en investigación por ser un proceso federal”.    

La Conferencia Episcopal de Guatemala teme que nueve casas del migrante bajo su cargo dejen de funcionar, pues una reforma a la Ley de Migración prohíbe y sanciona el alojamiento de quienes van en … https://t.co/ZbPpatZg2u

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 28, 2023

Aseguraron que el Consulado General realiza constantes comunicaciones telefónicas con líderes religiosas y comunitarios en diferentes ciudades del Estado de Nebraska, solicitando apoyo en localizar cualquier recurso o información que puedan obtener. 

“Hasta la fecha, tanto el Consulado General como la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América, han brindado el seguimiento correspondiente al caso en referencia”, indicaron.  

Preocupante

El analista en temas de migración Pedro Pablo Solares recordó que el aumento de la migración guatemalteca ha estado vinculada con ciertas industrias en Estados Unidos y una de esas tiene relación con la avicultura y el procesamiento de carne de res en mataderos.

Sobre el caso que ocurre en Nebraska, Solares expuso que no es algo nuevo, aunque eso no significa que sea bueno y una regla general. Recordó haber estado en esa región en Grand Island, y observar casos de explotación laboral infantil hace algunos años.

“Este hallazgo no es nuevo, y, aunque podríamos decir que sea una norma general, creo que es más porque no ha habido interés para encontrar más casos, y no porque no existan”, explicó.

Solares habló sobre un caso que ocurrió en 2015, en Ohio, en donde hallaron a niños trabajando en una fábrica, y luego de una investigación desarticularon a la red que los traía desde Guatemala, y los mantenía en condiciones de explotación laboral.

“Los menores de edad saben que van a trabajar cuando migran”, aseguró el analista.

“Visité esas ciudades en 2016, y la población que ha migrado lo hizo porque en los últimos años los trabajos han atraído a mucha gente nueva. En ese lugar vi a mucha población indígena, campesina, originaria del norte de Huehuetenango”, recordó.

El asunto, argumentó Solares, es que las autoridades estadunidenses creen que “el problema solo es de los coyotes – traficantes de personas -, pero no ven que en las comunidades guatemaltecas estos personajes tienen cierto grado de aceptación y respeto para llevarse a los menores a Estados Unidos”.

El especialista en temas migratorios aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias y fronterizas entre 2012 y 2013 cambió la forma de viajar irregularmente. Frenó el ciclo circular de migración, de aquellas personas que se iban dos años, volvían, y luego regresaban para seguir trabajando.

Los cambios en esas políticas, dijo Solares, obligó a las familias a quedarse y a buscar las formas de reunificarse. Es por eso que muchos niños, niñas y adolescentes no acompañados comenzaron a emprender el viaje.

#PLPlus Enormes montañas, bosques, clima frío y hermosos paisajes caracterizan a los municipios del altiplano occidental guatemalteco. Pero esconde otra realidad, es el lugar donde se produce la mayor migración de guatemaltecos. https://t.co/naBWMGzklB

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 19, 2023

“Ellos tienen claro que van a trabajar, y no a estudiar. Quieren hacer lo mismo que en el país, pero que les paguen por ello y ayudar a sus familias”, reflexionó el experto.

La primera ola migratoria de niños y adolescentes fue en 2014 y ahora se vive algo parecido. “Sobre el caso de 57 niños migrantes rescatados en México, son nuevas olas de este fenómeno que está instalado”.

Según Solares lo que se mira en las comunidades de estos migrantes es que migrar en forma irregular ya es una forma de vida instalada. “Ya está en la cultura del lugar”.

Pero eso sí, sentenció Solares, detrás de todo esto que se vive actualmente con los menores de edad es que “hay una actividad criminal multimillonaria, fuerte, que los estados no pueden contrarrestar.

“A mi no me gusta pensar que esto solo lo propician los coyotes nada más. No creo que sea el caso. La teoría es que los padres los mandan a estudiar y se ven sorprendidos porque están trabajando”, explicó.

Solares agregó: “En la práctica, los padres y los menores conocen y agradecen trabajar en Estados Unidos porque así cambian la condición del trabajo que no es bien pagado en Guatemala”.

El excónsul general de Guatemala en Los Ángeles, Tekandi Paniagua, opinó que los casos recientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores en Alabama y Nebraska, más el hallazgo de 57 niños hacinados en un camión a escasos kilómetros de la frontera sur de EEUU “no solo denotan una conexión causal y una modalidad clara de explotación y trata, sino evidencia el absoluto fracaso de la coordinación de las partes involucradas en la protección de la niñez por parte de los gobiernos, la sociedad civil y la academia”.

De acuerdo con Paniagua, el hecho de que haya una investigación federal en curso “nos dice que las organizaciones criminales están más sofisticadas y articuladas ahora”.

Para el especialista en temas migratorios “el Minex tiene alcances limitados en operación y presupuesto. Esto los obliga a jugar un papel reactivo y no preventivo. A esto hay que sumar la desconfianza, ya que las agencias federales conocen las causas de migración de países con índices altos de pobreza y corrupción, por lo tanto los consulados no tendrán mucho alcance para incidir o profundizar en los casos”.

Instituto Guatemalteco de Migración da a conocer estadísticas de deportaciones y reincidencia desde Estados Unidos y México durante el año pasado. https://t.co/JZMf01K9Cm

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 10, 2023

“La responsabilidad de la Cancillería es denunciar estos abusos laborales y buscar la protección y un alivio a las familias”, dijo Paniagua, quien coincidió en que ese lugar se han asentado conciudadanos que llegaron desde comunidades de Huehuetenango.

Para Paniagua es importante que entidades como el Registro Nacional de las Personas (Renap) revisen sus protocolos porque en muchos casos de niños no acompañados se ha detectado que llevan certificaciones de nacimiento falsas y van acompañados por adultos que se hacen pasar por sus padres. “Es un problema que las certificaciones de nacimiento no lleven una fotografía. Es necesario reforzar esto”, expresó.

El último caso

El 26 de enero las autoridades migratorias de México informaron sobre el rescate de 67 migrantes guatemaltecos, entre ellos 57 niños no acompañados, que viajaban en el furgón de un vehículo que transitaba en la ruta Chihuahua-Juárez. Su destino era Estados Unidos.

Los 67 guatemaltecos viajaban hacinados en el remolque del vehículo, el cual fue ubicado en un punto de verificación migratoria en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Los migrantes guatemaltecos están comprendidos entre los 14 y 17 años. Son 43 niños y 14 niñas, todos no acompañados. Además, ocho hombres adultos y un núcleo familiar integrado por una madre y su hija, todos con estancia irregular en México.

El caso pasaría como uno más en esta crisis migratoria actual que ha orillado a miles de guatemaltecos a viajar en forma irregular hacia los Estados Unidos.

El Minex sobre este caso

Por medio de la Red Consular de Guatemala se ha comenzado a brindar atención a los migrantes rescatados el 26 de enero en la carretera en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez, en México.

Se ha constatado que de los 71 connacionales, 61 son niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados; 8 adultos, y 1 núcleo familiar (madre e hija). Todos están bien de salud, y ya se llevaron a cabo entrevistas con cada uno de ellos. Asimismo, se trabaja en asistirlos con la documentación para su pronto retorno a Guatemala.

Los menores están al resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los adultos en una estación migratoria.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, explicó este 22 de noviembre, durante una conferencia de prensa telefónica con medios latinoamericanos, que la medida sigue vigente por ahora.

“Hasta hoy se siguen expulsando a adultos y miembros familiares que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en forma ilegal por medio del Título 42″, aseveró.

Por ahora, según Nuñez-Neto, están activando sus planes para la conclusión del título 42. “Se procesará a los individuos y las familias que quieren cruzar en forma ilegal”, explicó. 

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Pero eso sí, agregó, “para quienes cruzan ilegalmente se seguirá recurriendo a la repatriación inmediata y la pérdida de la elegibilidad de ir a los Estados Unidos hasta por 10 años”.

“Los coyotes – traficantes de personas – están aprovechando y haciendo girar rumores que el título 42 ya fue eliminado y no es así, sigue vigente. Las personas de cualquier nacionalidad que lleguen en forma irregular serán deportadas”, expresó Nuñez-Neto.

“Los coyotes están causando mucha desinformación. Por ahora sigue vigente el Título 42. Cuando se vuelva al 8, lo aplicaremos como se ha hecho durante décadas. Sabemos cómo aplicarla. Será un cambio significativo, tenemos mucha experiencia aplicando esa ley”, manifestó Nuñez-Neto.

El funcionario indicó que mientras usaron el Título 42 “establecieron nuevos parámetros para la frontera con México. Desde abril publicaron un plan de seguridad que incluye todos los pasos para enviar recursos y mejorar el proceso de los individuos que se procesan en la frontera”

Agregó que han trabajado en conjunto con “sus aliados en la región como México, entre otros”, para atacar a los coyotes y el crimen organizado.

“Esto viene desde hace más de un año. Tenemos muchos recursos en la frontera, más de 23 mil agentes. Hemos incrementado nuestra capacidad de detención para capturar y deportar a los migrantes”, reveló.

El objetivo, puntualizó, es interrumpir a las redes criminales. “Todo esto comenzó hace siete meses. Durante este periodo se ha detenido a 5 mil coyotes y contrabandistas en igual cantidad de operaciones. Este trabajo es significativo”, valoró Nuñez-Neto.

Fin al Título 42

La administración de Joe Biden no podrá usar más el Título 42, una disposición del Código de los Estados Unidos que se remonta a 1940 y que sirve para regular la migración proveniente de distintos países del mundo, entre ellos Guatemala, según la orden del juez del Tribunal de Distrito de Columbia, Emmet Sullivan.

Sullivan reconoció en su orden que el gobierno de Biden no cuestionó su decisión, sino pidió tiempo para prepararse. Es por ello que se fijó el 21 de diciembre como fecha para dejar de usar el Título 42 y volver al 8, el cual es que se ha utilizado regularmente para los controles migratorios de aquella nación.

El togado consideró que usar el Título 42 ha sido arbitrario y caprichoso porque sustituye a una verdadera política migratoria y por esa razón deben de cesar su utilización.

Bajo el título 8 las personas migrantes deben ser entrevistadas por agentes fronterizos, que determinan si hay un miedo creíble para quedarse en el país y así evitar la deportación inmediata, o podrían otorgarles una orden de liberación bajo reconocimiento, conocida como I-220A.

Hasta el 21 de diciembre, cuando llegará a su fin el Título 42, los migrantes que sean interceptados en la frontera continuarán siendo regresados a México y será esta nación la que decida el destino de esos deportados.

Todo esto ha provocado alertas en casos de ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países con los que Estados Unidos no tiene buenas relaciones diplomáticas.

El expresidente Donald Trump adoptó el Título 42 cuando el virus de covid-19 fue declarado pandemia en marzo de 2020.

Sus asesores en temas de migración interpretaron usarlo “en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) podía expulsar de inmediato a las personas migrantes indocumentadas, sin permitirles solicitar asilo, algo que las leyes estadounidenses garantizan”.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró hasta noviembre de 2022 el retorno de 31 mil 315 guatemaltecos bajo el Título 42. En total, bajo esta legislación, la nación norteamericana ha expulsado a 2 millones y medio de migrantes de diversas nacionalidades.

No obstante, durante el proceso de mitigación de la pandemia los flujos migratorios irregulares se han incrementado al igual que los retornos, indicó el IGM en un comunicado.

Y, de hecho, los traficantes de personas o coyotes han generado rumores de que el Título 42 ya no tiene vigencia para motivar y cobrar a las personas migrantes a emprender el viaje antes del 21 de diciembre próximo.

La medida sigue vigente, y, de hecho, una coalición de estados conservadores de Estados Unidos busca por medios legales mantenerlo en pie. Esto permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.

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Los estados argumentan que sufrirán daños irreparables ante la caducidad inminente del Título 42 y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.

Fueron 15 estados los que presentaron una moción para  ser parte del proceso legal en torno a la ley de salud pública conocida como Título 42.

De acuerdo con una nota de la Voz de América la ley debe caducar el 21 de diciembre, “lo que podría trastrocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda”.

Venezuela, Cuba y Nicaragua

A Guatemala han llegado ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su intención es llegar a Estados Unidos, pero han quedado varados en la frontera con México.

El fin del Título 42 supone una nueva crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Por ahora, ha sido recurrente retornarlos porque así lo establece la ley tomada desde marzo de 2020.

Sin embargo, con el fin de ésta, el Título 8 obliga a entrevistar a cada uno de los ciudadanos para analizar los casos. “Tenemos la capacidad de hacer vuelos de repatriación a Nicaragua”, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional,

En el caso de Venezuela, explicó, “estamos en discusión con México y otros países para saber qué se puede hacer. No tenemos relaciones diplomáticas, pero sí hay una práctica de hace años de devolver un número limitado de venezolanos”.

Nuñez-Neto confirmó que la gran mayoría de venezolano que están varados en su frontera “serán devueltos a México. Estos venezolanos han perdido la elegibilidad para darles una visa, por tratar de ingresar en forma ilegal”, aseveró.

El funcionario comentó que “están en el proceso de planificar para procesar a la gente en los puntos de entrada. Cuando se levante el Título 42, de seguro se presentarán personas que quieren aplicar para el asilo político en Estados Unidos”:

Ahora vive en un campamento improvisado de migrantes en Ciudad Juárez, a donde llegó dos semanas después de que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara el cierre de la frontera con México para los venezolanos, con el objetivo de “abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas”.

La venezolana de 26 años superó la primera noche a la intemperie, a 4 grados centígrados, vestida con un jean y un delgado suéter de algodón rosado que recolectó de las donaciones que hacen organizaciones y habitantes de Ciudad Juárez desde que los venezolanos se instalaron en las márgenes del Río Bravo, frente al muro que construyó el gobierno de Donald Trump en El Paso, al sur de Texas.

Ciudad Juárez es uno de los cinco puntos de la frontera mexicana que recibe a los venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses desde el miércoles 12 de octubre de 2022, cuando se anunció la nueva medida migratoria.

Más de 150.000 venezolanos ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el último año fiscal, un aumento de 293% con respecto al año anterior.

Hasta septiembre de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha reconocido el 94% de las 8.665 solicitudes de estatus de refugiados que ha recibido de ciudadanos venezolanos.

“Tu guerrera está bien”

A Estafanía le regalaron una carpa, confeccionada con una delgada tela de poliéster que la resguardaba del viento y el polvo. Desplegó sobre la carpa una pesada lona azul que encontró en la calle para hacerla más cálida, tomó un par de cobijas gruesas del puesto de donativos y logró dormir.

A medida que se acumulaban las donaciones, carpas de diferentes colores y tamaños se armaron como refugios para otros migrantes. Familias de seis personas se acomodaban en carpas para dos, aprovechando el calor corporal para conciliar el sueño.

Al día siguiente, Estefanía evitó comer los tacos y burritos picantes que repartían los voluntarios. Debía pagar 5 pesos cada vez que usara el baño en la tienda de neumáticos ubicada al otro lado del camino. Decidió tomar sopa una vez al día. Si disminuía las visitas al lavabo, podría ahorrar algunos pesos y pagar su turno para cargar la batería del celular en el mismo comercio.

“Quédate tranquilo, tu guerrera está bien”, le dice a su padre cuando puede llamarlo. Le ha contado que disfruta de una amplia vista de Estados Unidos desde el lugar donde se encuentra, sin aclarar que duerme en una carpa.

No le ha dicho que las autoridades migratorias mexicanas la detuvieron dos veces antes de llegar a la frontera norte. “¿Quién te mandó a salir de tu país?”, respondió un agente cuando protestó porque la comida tenía gusanos.

Tampoco le ha contado que solo 4 de los 21 compañeros que salieron con ella desde Bogotá para cruzar la selva del Darién y Centroamérica lograron llegar a Ciudad Juárez.

Al conocer la noticia de que no podrían entrar a Estados Unidos, los otros 17 se dispersaron. Unos decidieron quedarse en Costa Rica. Otros fueron detenidos por las autoridades migratorias de México o tomaron el camino de vuelta a Venezuela.

La duda

Desde la loma que habitan unos 600 migrantes, censados informalmente aquella mañana del viernes 28 de octubre por un venezolano, Estefanía observa a otros compañeros del campamento que atraviesan el Río Bravo y se entregan a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

No se ha decidido a cruzar. Si la salud la acompaña, calcula que puede resistir 15 o 20 días más en su carpa de Ciudad Juárez, para dar tiempo a que ocurran las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el martes 8 de noviembre, que definirán cuánto apoyo tendrá Biden en el Congreso para la segunda mitad de su mandato.

“Tenemos la esperanza de que el presidente Joe Biden recapacite la decisión que tomó y nos dé una oportunidad a los que estamos aquí. Tengo el temor de que si cruzo, tenga esa mancha y eso me impida cumplir mi sueño”.

Volver a Venezuela le resulta impensable. “Uno no puede extrañar algo que no existe. Y el país que yo dejé ya no existe”.

Confiando en Dios

Los migrantes del campamento de Ciudad Juárez izaron una bandera de Venezuela y otra de México, delinearon con piedras un SOS gigante en el suelo y desplegaron pancartas para pedir la ayuda de Biden, visible para cualquiera que se asome desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso.

Poco después del mediodía, Julieta baja la cuesta que conduce al río tomada de la mano de sus dos hijos, junto con su madre y su hermana menor, para entregarse y pedir asilo.

“Estoy confiando en Dios. Me levanté decidida, con la fe grandísima. Dios me ha puesto en el camino tantas cosas maravillosas que esto es de él y de nadie más”, dice mientras se quita los zapatos y las medias para evitar resbalarse con las piedras lavadas por el agua.

Le pregunto si es consciente de que pueden ser expulsados. “Sí, claro. Nos dijeron que están dándoles prioridad a los niños“, responde la venezolana de 32 años. “Tenemos familiares de aquel lado que nos están esperando”.

Al igual que otros migrantes, Julieta dejó las pocas pertenencias que le quedaron luego de atravesar el Darién. Una vez que se entregue, sólo podrá conservar el pasaporte, el teléfono, el dinero, y las prendas. Tendrá que tirar todo lo demás.

“Mi mayor temor es que me regresen más lejos, a otro lugar de la frontera. Si me regresan hasta aquí, perfecto. Sigo intentando y sigo luchando porque para eso salí, para luchar por el futuro de ellos”, afirma rodeada por sus familiares.

Expulsados versus admitidos

Mileyde presencia el intento de Julieta de cruzar la frontera vestida con un suéter y un pantalón deportivo gris y unas crocs azules, la ropa que le dieron en el puesto migratorio en Estados Unidos en el que durmió una noche, y desde donde fue expulsada el día anterior.

“Nos llevaron a un refugio, no sé cómo llamarlo, una cárcel. Uno se siente como privado de libertad completamente. No tuvimos acceso a llamada, siempre con la puerta cerrada, siempre con las órdenes de los oficiales. Tuvimos una ducha y nos entregaron este uniforme”.

Mileyde, su esposo y su nuera no han decidido cuál será su próximo destino. “Estamos a la expectativa porque está la opción de ir a Venezuela, aunque no es muy claro para nosotros”. Su hijo ya está en Estados Unidos. “Quedarnos en México sería una opción, porque nos están ofreciendo 180 días para optar a un permiso de trabajo. Estamos pensándolo”.

Un migrante que pidió el anonimato pronosticó que el campamento se mantendrá hasta que los carteles del narco mexicano que operan en Ciudad Juárez lo permitan. “Sabemos que el día que ellos quieran, nos sacan de aquí a plomo“.

Milena es uno de los pocos ejemplos de migrantes que han sido admitidos en Estados Unidos después del cierre de la frontera para los venezolanos. Cruzó a través de Matamoros, en el extremo oriental de México, junto con su hija, su hermana y su sobrina. La venezolana de 32 años pidió mantener su identidad anónima por temor a que su testimonio interfiera en el trámite del asilo.

“En todos los países nos robaban y se aprovechaban de nosotras. Todo el esfuerzo que hicimos para pasar el infierno de la selva y México no puede quedar en vano”.

Los albergues de Tijuana

Tijuana dispone de más de 30 refugios para migrantes en el extremo occidental de México. Al otro lado se encuentra la ciudad de San Diego, en el estado de California. La mayoría de los albergues ya estaban llenos cuando comenzaron a llegar los venezolanos, a mediados de octubre.

“En la casa donde nos encontramos hay venezolanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos“, explica Claudia Portela, directora del albergue Desayunador Salesiano Padre Chava en Tijuana. “Vienen por diferentes situaciones, y cuando llegan los venezolanos estamos a tope”.

De los 96 migrantes que durmieron en el Desayunador Salesiano el jueves 27 de octubre, 36 eran venezolanos. Preguntan a Claudia qué opciones tienen, qué ocurrirá con ellos ahora. Prefiere ser honesta y responder que nada está claro.

“Si les tomaron huellas y entraron de forma irregular, eso puede pesar si solicitan asilo. Realmente no lo sabemos. La persona tiene que saber que es una posibilidad. Si no, tristemente los van a deportar a su país”.

En la negociación que el gobierno de Biden sostuvo con el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para aplicar la nueva medida no participaron las autoridades de ciudades fronterizas como Tijuana, principales receptoras de los migrantes.

“Los términos que firmó el gobierno federal con Estados Unidos se nos hacen injustos, porque no ven las consecuencias que puedan causar en las ciudades fronterizas. No están obligados a consultarlo, pero sí están obligados a ayudarnos a resolver este tema”, considera Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

Para afrontar la contigencia, el gobierno de la ciudad acondiciona una instalación deportiva como refugio para 300 venezolanos.

“Es una migración que está en el peor de los mundos, porque llegan sin condición migratoria, retornados de Estados Unidos. No es una migración que nos llegó del sur, sino que los están retornando desde el norte. Atravesaron diez países para llegar a la frontera y el Darién, gastaron US$6.000 y a su representación diplomática no se le ve mucha iniciativa”.

El dilema de escoger un nuevo destino

José llegó hace pocos días al Desayunador Salesiano. Cruzó la frontera junto con su pareja y su hijo por Ciudad Juárez. Ella y el niño fueron admitidos y trasladados a Chicago. Él fue expulsado por Tijuana. “Si hubiera un vuelo humanitario, me devolvería a Venezuela. Me quedé sin plata, sin nada. La decisión de venir aquí me costó mi familia“.

Junior es padre de unas mellizas que cumplieron un año de edad tres días después de que él emprendiera el viaje por tierra desde Venezuela hacia Estados Unidos. Tras haber visto cadáveres en el Darién, asegura no estar dispuesto a volver a la selva, aunque sí a Venezuela en avión para Navidad, si el gobierno de Biden no rectifica su decisión sobre los migrantes venezolanos luego de las elecciones de mitad de período.

“Mis hijas están creciendo sin mi amor. Mi ilusión era comprarles una casa en Estados Unidos, pero si no puedo lograrlo, prefiero volver a Venezuela”, asegura el técnico en administración contable de 31 años mientras ayuda a servir la cena en el comedor del albergue.

Emmanuel es la excepción. Tras haber sido expulsado en Tijuana, el universitario de 22 años está decidido a volver a Venezuela. Conserva los zapatos que usó para atravesar Colombia, el Darién, Centroamérica y México como un símbolo del coraje que desarrolló a lo largo de la travesía.

“Estos zapatos son para mí como un trofeo, valen mucho. Siento que soy un hombre más hecho. Después de esta experiencia, para mí todo es posible”.

Tres días después de entrevistar a Estefanía en el campamento de Ciudad Juárez, un grupo de migrantes atravesó el Río Bravo agitando una bandera de Venezuela gigante. Fue repelido por las autoridades estadounidenses con disparos de balas de goma.

Estefanía cruzó ese día. Desde entonces su chat de Whatsapp aparece desconectado. Los amigos que cruzaron con ella la selva del Darién y se quedaron en el campamento en Ciudad Juárez no han vuelto a hablar con ella, para saber si fue admitida o expulsada de Estados Unidos.

Según algunos informes, más de 4.000 inmigrantes han sido retenidos en los últimos días en el campamento, destinado a acoger a 1.600 personas.

El Ministerio de Interior británico afirma que se están cubriendo “todas las necesidades básicas” de los inmigrantes.

Por su parte, el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, insistió previamente en que el número de personas en Manston está disminuyendo.

Ahmed, quien abandonó el centro el lunes después de 24 días allí, aseguró que le obligaban a dormir en el suelo y le impedían ir al baño, ducharse o salir a hacer ejercicio.

El joven declaró a la BBC que había huido de su país natal, Irán, en busca de libertad y para evitar la persecución. Asimismo, relató que había temido por su vida en su país.

Ahmed declaró que a los migrantes del centro se les impidió llamar a sus familias para hacerles saber que habían llegado sanos y salvos tras hacer la travesía hasta Reino Unido.

“Durante los 24 días que estuve allí, no pude llamar a mi familia para decirles si estoy muerto o vivo. No saben nada de mí”, afirmó.

“Todas las personas que están allí tienen una familia. Deberían saber lo que nos está pasando”.

De base militar a centro de registro de inmigrantes

Manston, una antigua base militar en Kent, abrió como centro de procesamiento en febrero para hacer frente al creciente número de migrantes que llegan a Reino Unido en pequeñas embarcaciones. Los inmigrantes deben permanecer allí durante breves periodos de tiempo mientras son sometidos a controles de seguridad e identidad.

Después, se supone que se les traslada al sistema de alojamiento de asilo del Ministerio de Interior, lo que a menudo significa un hotel debido a la escasez de alojamiento disponible.

Pero Manston se llenó de gente el fin de semana cuando 700 inmigrantes fueron enviados allí desde otro centro en Dover, que fue incendiado.

Varios cientos de solicitantes de asilo fueron reubicados desde el centro de Manston el martes, según informó un diputado de Kent, el conservador Roger Gale.

A lo largo de la semana se irán más, dijo, tuiteando: “No se debe permitir que esto vuelva a ocurrir”.

Jenrick tuiteó el martes que el número de inmigrantes retenidos en el centro había “disminuido sustancialmente”.

“A menos que recibamos un número inesperado de migrantes en pequeñas embarcaciones en los próximos días, el número se reducirá considerablemente esta semana”, dijo. “Es imperativo que el centro vuelva a tener un modelo de funcionamiento sostenible y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que eso ocurra rápidamente”.

Sin embargo, la Cruz Roja británica declaró que “los graves problemas en Manston son indicativos de los problemas más amplios a los que se enfrenta el sistema de asilo”.

Este año ha llegado a Reino Unido un gran número de inmigrantes. En lo que va de año, han llegado 40.000 migrantes a Kent, de los cuales casi 1.000 cruzaron el Canal sólo el sábado.

Por otra parte, la BBC recibió fotos de niños que llegan al país solos, sin la compañía de un adulto, y son obligados a dormir en el suelo en otra instalación del Ministerio de Interior en Kent. Las imágenes muestran una habitación escasamente decorada, con unos pocos libros y una caja de Scrabble como entretenimiento para ayudar a pasar el tiempo en la instalación.

Las fotografías muestran también pintadas en diferentes idiomas garabateadas en las paredes sobre una fila de sillas de plástico fijadas al suelo. Las instalaciones se utilizan para registrar a los niños no acompañados que solicitan asilo.

Una portavoz del Ministerio de Interior declaró: “Manston sigue contando con los recursos y el equipamiento necesarios para procesar a los inmigrantes de forma segura y proporcionaremos un alojamiento alternativo lo antes posible”.

“El número de personas que llegan a Reino Unido a través de pequeñas embarcaciones ha alcanzado niveles récord, lo que ha supuesto una gran presión para nuestro sistema de asilo y cuesta al contribuyente británico millones de libras al día”, explicó.

“Atendemos todas las necesidades básicas de personas que llegan cansadas, con frío, con ropa mojada y que puede que no hayan comido durante su viaje. El Ministerio de Interior ofrece instalaciones sanitarias en Manston las 24 horas del día, además de contar con sólidos planes de contingencia para hacer frente a problemas sanitarios como enfermedades contagiosas”, agregó.

El gobierno se ha visto sometido a una gran presión para hacer frente al aumento de las travesías en pequeñas embarcaciones y para acelerar la tramitación de los inmigrantes que ya están en Reino Unido.

La ministra de Interior, Suella Braverman, ha sido acusada por los partidos de la oposición de ignorar el asesoramiento jurídico que le aconsejaba que tenía que buscar más alojamiento en hoteles para evitar el hacinamiento en el centro de Kent, algo que la política conservadora ha negado.

Braverman también fue acusada de utilizar un lenguaje incendiario, tras decir que el sur de Inglaterra se enfrentaba a una “invasión” de inmigrantes, durante una acalorada sesión en el Parlamento británico.

La organización The Refugee Council calificó el lenguaje empleado por la política como “atroz, equivocado y peligroso”. Su ministro de Inmigración reconoció más tarde que los políticos deben tener cuidado con el lenguaje que emplean a la hora de tratar cuestiones migratorias.

Mientras, el portavoz del gobierno dijo que el primer ministro, Rishi Sunak, indicó a su gabinete en una reunión mantenida el martes, que Reino Unido “siempre sería un país compasivo y acogedor”.

Nelly Yadira Morataya Aguilar, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del MP, informó que dicha fiscalía recibió una denuncia por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrita a la embajada de los Estados Unidos de América.

Comentó que en dicha denuncia se puso de conocimiento la existencia de una posible estructura criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de personas desde El Salvador, pasando por Guatemala y con destino final en Estados Unidos, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación y la Unidad de Trata de Personas de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC.

Añadieron que se estableció la forma de operar de esta organización que tenía distintas personas para captar migrantes en de distintas nacionalidades para trasladarlas ilegalmente hacia estados unidos.

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Según las investigaciones, luego de que captaban a los migrantes, los trasladaban a las fronteras entre Guatemala y El Salvador, en donde utilizaban vehículos particulares o transportes públicos para llevar a los migrantes.

A hoteles de la capital

Morataya señaló que los migrantes eran trasladados a hoteles ubicados en la capital, uno de ellos fue identificado como Hotel Hacienda, en la zona 9 de la capital.

Contó que en ese lugar se coordinaba con los encargados del hotel el hospedaje y la alimentación para luego coordinar el transporte hasta la frontera con México.

Las rutas

Morataya dijo que la investigación logró identificar las rutas que utilizaba esta organización para trasladar a los migrantes desde las fronteras con El Salvador hasta las fronteras con México.

Añadió que la primera ruta era en la frontera de la Ciudad Pedro de Alvarado, desde donde los migrantes eran llevados a la ciudad de Guatemala, posteriormente eran llevados a Quetzaltenango y desde allí hacia la aldea Camojá, Huehuetenango, para luego llevarlos a la frontera con México.

La otra ruta era el paso de migrantes desde la frontera Valle Nuevo, desde donde eran trasladados a la capital y luego a Quetzaltenango y finalmente a Huehuetenango.

La otra ruta era desde la frontera Anguiatu, desde donde los migrantes eran llevados a Esquipulas, Chiquimula, luego a la ciudad de Guatemala, para ser llevados posteriormente a Quetzaltenango y luego a Huehuetenango.

Lea además: Video muestra presunta extorsión de agente de la PNC a migrantes en Izabal

También fue identificada la ruta hacia Comitán, Huehuetenango, hacia La Mesilla y luego a Comitán de Domínguez, Chiapas, México, desde donde eran llevados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para continuar con su viaje hacia Estados Unidos.

Morataya también señaló que esta red de tráfico de personas utilizaba las horas de la madrugada para trasladar a los migrantes y tenían vehículos que iban adelante para alertar sobre presencia de algún puesto de control.

Comentó que dentro de la estructura se identificó a algunos integrantes de la PNC quienes estaban en puestos de control en la ruta Interamericana, quienes facilitaron el traslado de migrantes y no cumplían con sus deberes.

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Resultados

Morataya afirmó que la operación que realizaron incluyó 35 allanamientos en el departamento de Guatemala, 16 en Huehuetenango y 5 en Quetzaltenango.

Resultado de esto se logró la incautación de Q1 millón 084 mil 643.10, US$17 mil 752 y monedas de otros países.

También se incautaron 36 celulares, 3 computadoras, un arma de fuego y 2 vehículos.

Lea también: Cómo Guatemala se convierte en el embudo que frustra el camino de miles de venezolanos que van hacia EE. UU.

En los operativos se logró la captura de 21 personas y tres más capturados in fraganti, quienes son sindicados de asociación ilícita, tráfico ilícito de personas, incumplimiento de deberes y conspiración para el tráfico ilícito de personas.

En los hoteles que se allanaron fueron localizados varios migrantes que fueron remitidos a Migración de Guatemala.

En El Salvador

El operativo Hacienda Río también incluyó operativos en El Salvador, y el director contra crimen organizado de la Fiscalía General de la República de ese país, Santiago Hernández Pérez, dio a conocer los resultados de los cateos.

Agregó que en la investigación participaron la Unidad de narcotráfico y la de tráfico ilegal de personas y como resultado de eso se giraron 34 órdenes de captura de las cuales se ejecutaron 21, pero que se continúa el proceso.

Algunos de los detenidos son señalados de narcotráfico y proposición y conspiración por el delito de homicidio, pues se cree que también se dedicaban al sicariato.

Otro grupo es procesado por tráfico ilegal de personas y se cree que el primer grupo era utilizado para actuar contra personas que se oponían al traslado de los migrantes.

El caso “Hacienda”, de cuya desarticulación informaron las autoridades este 24 de octubre, era investigado desde 2021, informó la PNC y el Ministerio Público (MP), tras la denuncia sobre un presunto traficante de personas —coyote— que operaba en la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con las averiguaciones, usaban el hotel Hacienda, en la zona 9 capitalina, y allí recibían a los migrantes que aseguraban su viaje mediante un primer pago US$5 mil de los US$15 mil que cobran por llevarlos en forma irregular hacia Estados Unidos, por vía terrestre.

A este lugar, según las pesquisas de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC, no solo llegaban ciudadanos guatemaltecos, sino también de El Salvador y Honduras.

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Las personas que contrataban el viaje daban un anticipo de US$5 mil para iniciar la travesía que consistía en viajar hacia Huehuetenango y cruzar hacia México por la frontera que está en la aldea La Mesilla, La Democracia.

La investigación oficial determinó que el 30 de abril 2021 un grupo de 60 migrantes salió del referido hotel “en un bus extraurbano de parrilla” hacia La Mesilla, para luego cruzar a municipios de Chiapas, México, donde ya los esperaban otros tratantes de personas para ubicarlos finalmente en Estados Unidos. En el trayecto le pagaban a agentes de la PNC para no ser detenidos.

Del lado mexicano los esperaban otros tratantes de personas, que a bordo de otros vehículos, los trasladaban hacia estados vecinos donde hacían transbordos.

De estos casos, según las autoridades, hay muchos migrantes que hasta hoy se desconoce su paradero, y se presume que no alcanzaron llegar al destino final debido a que en el trayecto se toparon con grupos armados que cobraban “un pago por recorrer territorio mexicano”.

El subdirector de la Deic, Adal Rodríguez, expuso que esta organización criminal delinque en el territorio nacional, pero también se coordina con estructuras de México, El Salvador y Honduras.

Los migrantes de países centroamericanos llegan a Guatemala por los diferentes puntos fronterizos establecidos y otros pasos ciegos. Al hacer el viaje hacia la capital del país, debían pagarle a agentes de la PNC hasta llegar al hotel La Hacienda, aunque también usaban otros, en las zonas 1 y 4, que están bajo investigación.

Los presuntos integrantes de esta estructura son Henry Yovani Cobón Cruz, de 32 años, líder; Evelio Orlando Gómez Gómez, 39; Julio César Pérez Vásquez, 52; Nelson Augusto Moreno Nájera, 45; Andrés Antulio Ambrocio Ambrocio, 38; Antonio Simaj Lux, 28 y José Gregorio Ambrocio de León , 38.

Además, Lesbia Yolanda De La Rosa, de 54;  Dereek Edgar Hernández Sánchez, 34; Mario Luis Andrés González Pérez, 25; Rosita Jom Urizar, 42, Alys Judith Chavarría Álvarez, 26; Edy Jesús Méndez Mejía, 39; Misael Ismael Hernández Pérez, 47 y Yoselin Fabiola Vargas González, 23. Los delitos que les sindican son asociación ilícita  y tráfico ilícito de personas.

La banda de los Coloma

Este grupo criminal estaba integrado por nueve personas, entre ellas tres mujeres. Los Coloma, según la PNC y el MP, operaba entre Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango y El Progreso y cometió los delitos de trata de personas, remuneración de la trata de personas y violación, trata de personas en sus modalidades de mendicidad y explotación laboral con circunstancias agravantes, según el titular de la cartera del Interior.

Las pesquisas determinaron que estos sujetos obligaban no solo a niños y adolescentes a trabajar y prostituirse, y también a pedir dinero en calles de la ciudad de Guatemala y de El Progreso.

Los aprehendidos son Jorge Humberto Coloma Ixpaché, de 62 años; Guillermo Arnoldo Sánchez Monzón, 55; Delfido Esdardo Arriaza Castañeda, 49; José Rolando Meléndez Torres, 61; Ana Cristina Valencia Castillo, 35; Mónica José Peralta Albeños, 30; Francisco Colindres Orellana, 68; Rosa Lizeth Quevedo Herrera, 29 y  Mario Jesús Vásquez Muy, 20.

Policías implicados

Del seguimiento de la investigación de la estructura Hacienda las autoridades arrestaron a siete agentes de la PNC “que se aprovecharon de su servicios en las rutas del país para facilitar el paso a cambio de un beneficio económico”.

Cuatro de los siete agentes policiales fueron arrestados en la subestación de la aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché, y se supone que en esta área era donde operaban para permitir, mediante “sobornos”, el paso de los buses en donde viajaban los migrantes centroamericanos. El resto estaba también en esa misma demarcación.

Los policías son Domingo Cruz Medina, de 34 años; Cándido Neftaly Baten Pérez, 31, Dennis Leonidas Morales Cifuentes, 32; Carlos Mauricio Sajbin Teletor, 27; Rudi Modesto Villacinda Agustín, 33; Osman Maidin Morales Morales, 25 y Berly de Jesús Barrios Pérez, 29. Los sindican de sindicados de los delitos de conspiración para el tráfico ilícito de personas e incumplimiento de deberes.

El jefe de la cartera del Interior destacó la confianza de la población para denunciar a agentes de la PNC que están implicados en hechos ilegales como el tráfico ilegal de personas, además de los cobros que le hacen a migrantes que están en tránsito por el país para continuar su recorrido hacia México y Estados Unidos.

“Los hechos no los podemos negar, son visibles, y estamos actuando contra esos malos elementos porque la PNC está interesada en depurarse”, dijo Barrientos.

“Este año van seis estructuras que se han desarticulado donde participan efectivos de la PNC. Son más de 200 efectivos que han sido sancionados y 38 de ellos han sido puestos a disposición judicial para que diluciden sus actuar”, reveló.

Según Barrientos estos hechos no pueden quedar en la impunidad. “Es importante todo tipo de denuncia, ya sea en el MP, en la PNC o en las redes sociales. Toda esa información se agradece. Pareciera que esto afecta a la PNC, pero no es así. Como el caso que presentamos hoy. Esto va a los tribunales y ahí se debe resolver. Lo más importante es transformar a la institución”, puntualizó.

“Fueron rescatados cuando permanecían abandonados y hacinados al interior de un vehículo” estacionado en las inmediaciones de la carretera federal que comunica a las comunidades de Chiapa de Corzo y La Angostura.

Los centroamericanos, que recibieron atención médica y alimentos, fueron entregados a las autoridades migratorias.

En Chiapas, fronterizo con Guatemala y por donde ingresa el grueso de los migrantes irregulares, se han multiplicado los operativos para detectar los vehículos en los que los trasladan traficantes de personas.

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El traslado en camiones es una de las modalidades más peligrosas que emplean los traficantes para llevar migrantes a territorio estadounidense.

SSyPC en coordinación con el grupo interinstitucional rescata a 153 migrantes en Chiapa de Corzo.https://t.co/M6Dpl7LXC4@lopezobrador_@BeatrizGMuller@SSPCMexico#TuSeguridadYTuBienestarSonNuestraPrioridad#ProtegerYServir#SSyPCChiapas#GabrielaZepedaSoto pic.twitter.com/PDGmLWJNg8

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@ssypcchiapas) September 22, 2022

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler que trasladaba a unos 160 migrantes chocó contra un puente peatonal en una carretera de Chiapas dejando 56 fallecidos.

El 27 junio, los cuerpos de 53 migrantes, la gran mayoría de ellos mexicanos, fueron hallados en la caja de un camión en la ciudad de San Antonio, Texas.

Cada año, miles de migrantes de de diversos países buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y de la violencia.

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En su camino por México suelen ser víctimas de extorsión por parte de autoridades mexicanas, pero también de bandas criminales.

Desde 2014, unos 6.430 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 850 perecieron en siniestros o por viajar en condiciones infrahumanas.

A pesar de esta medida para evitar el incremento del flujo migratorio en el país estadounidense continúa agravándose la situación.

Como ejemplo, hace unos días, los ojos del mundo fueron puestos en San Antonio, Texas, ya que un tráiler fue abandonado con 67 migrantes al interior. Más de 50 murieron, de ellos 27 eran de nacionalidad mexicana.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos negó a los estados de Texas y Missouri un recurso que demandaba mantener vigente este programa, poniendo fin al proceso que permitía a las autoridades fronterizas de Estados Unidos enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo.

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Esperanza de cumplir un sueño

Uno de los indocumentados que viven con esperanza de lograr su meta es María de Monserrat, originaria del sureño estado de Oaxaca. Ella lleva ocho meses con su familia en el albergue la Casa del Migrante.

Ella declaró a Efe: “Estamos contentos por esto que ya se quitó el MPP, somos familias completas y sería mejor que nos ayuden a cruzar a todos los migrantes, cada uno de nosotros tenemos un caso específico por el que cruzar a Estados Unidos”.

Aseguró que ella y los miembros de su familia se encuentran desesperados, ya que se les están acabando los recursos económicos.

“Vengo huyendo de Oaxaca con mis hijos, por el narcotráfico que hay allá, la situación que vivimos es muy difícil”, concluyó.

Otro caso es el de Neri Felipe Roligan, originario de Nicaragua. “Voy a cumplir 3 meses en México, estoy alegre porque este presidente de Estados Unidos (Joe Biden) tomó esta decisión”, compartió.

Anteriormente, cruzó a Estados Unidos y fue retornado por el programa MPP y ahora con esta medida, tiene fe de poder lograr su meta.

Un ejemplo más, es el de Pedro Antonio Gómez Pineda, procedente también de Nicaragua, quien señaló a Efe que tal vez con la supresión todo vaya más rápido.

“Es duro acá, gracias a Dios que ya lo quitaron porque nos va a ayudar en mucho. Dios les siga tocando el corazón para que todo salga bien y podamos sacar a nuestras familias adelante”.

Narró que el próximo 7 de julio tiene cita con las autoridades migratorias para poder cruzar y espera poder ir con su padre que lo espera en el territorio estadounidense.

La profunda crisis

El padre Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, declaró que la nueva medida los llena de “alegría” porque es algo que los beneficia en la frontera norte.

“Estamos pasando por un momento difícil y crítico por los migrantes que murieron en el interior de un tráiler en Texas. La reacción fue inmediata, quitar el MPP”, mencionó y agregó que él cree que estos migrantes fueron asesinados, no solamente murieron a causa de un descuido.

“Me ha tocado escuchar testimonios de gente que me dicen que venía en un vehículo con capacidad para 30 personas, ahí los coyotes meten hasta 100 para intentar cruzar a Estados Unidos, no se detienen cuando les dicen que alguien está mal, que uno de los migrantes está enfermo, que viene muriendo”, abundó.

Calvillo espera que con la eliminación del MPP los migrantes puedan cruzar y que se respete la dignidad y la vida.

El número de migrantes capturados al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado números récord.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), detectaron a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera México-Estados Unido, en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. En este periodo, México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021.

Ante este escenario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, tendrán un encuentro el próximo 12 de julio, uno de los principales temas de la agenda es en materia migratoria, según confirmó Marcelo Ebrard, secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

Las nuevas iniciativas, anunciadas por la vicepresidenta Kamala Harris, cuentan con el respaldo del Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Alianza para Centroamérica (PCA) y el apoyo de empresas y organizaciones del sector privado.

Un documento publicado por el Departamento de Estado de EE. UU. detalla que Acción, CARE International, Cargill, Mastercard, Microsoft y PepsiCo, empresas y organizaciones que se han sumado al proyecto “Llamado a la Acción”, asumieron compromisos adicionales para eliminar las barreras que impiden la plena participación económica de las mujeres y fortalecer el acceso a empleos de calidad, herramientas, recursos y redes para el desarrollo y el crecimiento empresarial, promoviendo así una recuperación económica equitativa en el hemisferio occidental.

Agrega que “estos compromisos también abordarán la violencia de género en el norte de Centroamérica”.

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El documento señala que “se asume el compromiso con estas iniciativas en apoyo de la Estrategia de Estados Unidos para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración en el norte de Centroamérica, que la vicepresidenta -Harris- lanzó en julio de 2021”.

De esa cuenta, este martes, Harris y la Alianza para Centroamérica lanzaron el proyecto “En sus manos”, una iniciativa del sector privado para empoderar, capacitar y proteger a las mujeres de Guatemala, el norte de Centroamérica y el Hemisferio Occidental.

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Agrega que “los miembros fundadores son una coalición de empresas y organizaciones que respondieron al ´Llamado a la Acción´ de la vicepresidenta Harris, entre ellas CARE, Cargill, Mastercard, Microsoft, Millicom, Nespresso, PepsiCo, PriceSmart y Pro Mujer”.

La iniciativa “En sus manos” tiene como objetivo conectarán a más de 1.4 millones de mujeres y sus comunidades con el sistema financiero y la economía digital y se entrenará a más de 500 mil mujeres y niñas en competencias laborales básicas.

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Proyecciones

Por lo anterior, la organización “Acción”, con el apoyo del Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo”, “se asociará con instituciones locales para conectar a más de 300 mil mujeres guatemaltecas con el sector financiero para 2025”.

Además, PriceSmart, INCAE Business School, Mastercard y Cargill trabajarán con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas para “apoyar a 120 pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Honduras y Guatemala”, con lo que se pretende aumentar el acceso a los mercados y al capital para hacer “crecer sus negocios y aumentar el crecimiento del empleo en áreas de alta migración”.

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Apoya a trabajadoras agrícolas

En tanto, Cargill se comprometió a empoderar a las mujeres en el sector agrícola del norte de Centroamérica, incluida Guatemala, al asignar una parte de su compromiso de US$160 millones en inversiones comerciales y benéficas hechas en diciembre de 2021.

PepsiCo América Latina llevará el Fondo para la Agricultura de Próxima Generación a Guatemala, en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo y un socio local de implementación. “El programa acelerará la participación de las mujeres en la agroindustria y ahorrará sus ingresos”, señala el documento.

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Digitalizando las empresas de mujeres

También Mastercard digitalizará 300 mil empresas dirigidas y propiedad de mujeres en Guatemala, Honduras y El Salvador para 2025, sumado al compromiso de Mastercard de mayo de 2021 de incorporar al sistema financiero a cinco millones de personas en la región y digitalizar un millón de micro y pequeñas empresas en los tres países.

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Sumado a lo anterior, la vicepresidenta Harris anunció varias iniciativas por parte de su gobierno para “complementar los compromisos del sector privado con el objetivo de empoderar a las mujeres y a las niñas” de América Latina.

Entre los anuncios hecho por Harris esta la “Iniciativa de prevención, protección y responsabilidad en materia de violencia de género”, por medio de la cual la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) proyecta nuevos programas en el norte de Centroamérica para “acabar con el flagelo de la violencia de género”.

El documento del Departamento de Estado agrega que “en Guatemala, un nuevo programa de US$6.5 millones proporcionó acceso a emergencia y servicios de prevención de la violencia”, y aumentó la capacidad de las instituciones locales y los proveedores de servicios.

“Los patrones de migración y la violencia de género están profundamente interrelacionados, y las personas en las rutas de migración, especialmente aquellas que son irregulares, a menudo están en mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de género debido a su condición vulnerable como migrantes indocumentados”, refiere el documento.

También el Departamento de Estado promueve el programa “Desafío a la innovación del empoderamiento, el cual cuenta con US$3.5 millones y por medio del cual se “reforzará la capacidad de las organizaciones locales de la sociedad civil y de las pequeñas empresas propiedad de mujeres en Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Perú”.

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Además, se ampliará el programa “Promoción de los derechos de las trabajadoras domésticas en México”, un proyecto que también promoverá intercambios entre organizaciones de trabajadoras domésticas de México y Guatemala.

También la misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Integral de la OEA, pondrá en marcha el proyecto “Mujeres económicamente empoderadas para sociedades equitativas y resilientes”  para aumentar los conocimientos y la capacidad de las mujeres para “involucrarse eficientemente en la economía digital, crear medios de vida sostenibles y aumentar su participación en la formulación de políticas y el liderazgo en sus sociedades”.

La Secretaría de Desarrollo Integral de la OEA implementará dicho proyecto durante 36 meses en colaboración con Meta, y cuyo objetivo es “desarrollar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres para digitalizarse, crear una presencia en línea y acceder a servicios financieros y mercados internacionales”. La iniciativa beneficiará a 18 mil mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras, entre otras.