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Cómo los nombramientos del Ejecutivo cambian el escenario en la Corte de Constitucionalidad

Analistas consideran que la designación de Anabella Morfín Mansilla y María Magdalena Jocholá por parte del presidente Bernardo Arévalo para integrar la Corte de Constitucionalidad, fue una decisión estratégica que completa la conformación del tribunal para el periodo 2026-2031.

Carlos Gómez

13 de marzo de 2026

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00:05h

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Los cinco magistrados suplentes y los cinco magistrados titulares que fueron electos por los cinco órganos electores, deberán tomar posesión de sus cargos en la Corte de Constitucionalidad el próximo 14 de abril. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó integrada con la designación por parte del presidente Bernardo Arévalo de las abogadas Gladys Anabella Morfín Mansilla y María Magdalena Jocholá Tujal como magistradas titular y suplente, respectivamente, en representación del Organismo Ejecutivo.

Con la designación realizada el pasado miércoles 11 de marzo en Consejo de Ministros por el mandatario, concluye la integración de la alta corte para el periodo 2026-2031, tal y como lo exige la Constitución Política de la República, en donde se establece que los cinco órganos electores, que son la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, deberán realizar la designación a más tardar un mes antes del 14 de abril, que es la fecha en la que los nuevos magistrados constitucionales tomarán posesión de sus cargos.

Sobre la designación del presidente Bernardo Arévalo, analistas consultados coinciden en que la decisión del mandatario fue “acertada” y al mismo tiempo compleja, ya que contaba con muy buenos perfiles para escoger.

También consideran que la decisión del mandatario fue “estratégica” y apegada a los intereses del Organismo Ejecutivo, partiendo de que el mandatario ya conocía quiénes habían sido los magistrados electos por parte de los otros entes encargados de llevar a cabo las respectivas designaciones.

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Decisión estratégica

A criterio del politólogo Renzo Rosal, la decisión del presidente fue acertada, pero también fue tomada de forma “cuidadosa y estratégica”. Asegura que tanto Morfín como Jocholá combinan capacidad técnica, experiencia en el área pública y también “una dosis de valentía”, que es muy necesaria para asumir el reto en la Corte de Constitucionalidad.

“Me parece que tomó una decisión estratégica, en términos de tomar en cuenta a personas que tengan, digamos, el carácter, quizá no la experiencia en la CC porque no han estado ahí. Pero sí creo que tienen la suficiente dosis de capacidad, experiencia en el área pública, experiencia también en el manejo constitucional y una dosis de valentía para asumir el cargo”, asegura Rosal.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, también considera acertada la decisión del presidente, esto a pesar de que algunos sectores ya se pronuncian en contra de la designación.

“Creo que quienes realmente conocen el trabajo que ha desarrollado la licenciada Morfín en toda su trayectoria concordamos en que es una buena designación. No hay ningún problema, ella no tiene ningún impedimento como para que quieran impugnar”, asegura.

Pablo Escobar, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), indica que dentro de los candidatos que se postularon ante la Presidencia para la CC había perfiles muy idóneos para ocupar el cargo. También asegura que lo más probable en este proceso de designación por parte del presidente es que la decisión se enfoque en responder a los intereses del oficialismo.

“Con esta designación lo más seguro y lo más probable es que sea una designación que responda a los intereses del oficialismo, que es algo que se espera en este proceso por parte del Ejecutivo”, puntualiza.

Representantes del CSU en el centro de la balanza

En cuanto a la correlación de fuerzas que se podría dar con la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, Rosal proyecta que la misma estará “balanceada”, lo que hace difícil de predecir si habrá un sector que será el claro dominante en la toma de decisiones. En este aspecto, indica que por un lado estaría el voto de las profesionales designadas por el Ejecutivo y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por el otro están los otros dos que son “bastante cuestionados” por parte de los representantes del Congreso y la CSJ, dejando en medio a la representante del CSU, cuyo voto “será clave” dependiendo del tema a tratar.

“Creo que queda una correlación al final como 2-2-1, los dos bloques que mencioné, y el caso del Consejo Superior Universitario. Yo creo que va a depender mucho de qué tema se aborde, para ver hacia dónde se inclina la decisión de quienes ahora están designados por el Consejo Superior Universitario. Entonces, me parece que es una conformación balanceada, balanceada también entre reelectos y nuevos. Digamos, va a haber dos magistrados reelectos, Ochoa y Molina Barreto, y tres nuevos, eso también le da un sentido interesante”, asegura.

Carmen Aída Ibarra destaca también otro aspecto importante que deberá tomar en cuenta la nueva CC, y es la necesidad de que los nuevos magistrados actúen con mesura y con respeto a la división de poderes, a diferencia de lo ocurrido con la magistratura actual, ya que considera que la CC siempre debe actuar con respeto institucional.

“Esperaríamos que puedan dar su aporte en esta Corte de Constitucionalidad para poco a poco hacer una transición de una corte celestial a una corte con límites y alcances establecidos. Que no incurra en ejercicios de poder arbitrario, como legislar desde sus magistraturas, porque eso solo corresponde al Congreso. O que desde sus magistraturas quieran imponer decisiones o formas de proceder a otros poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial”, afirma.

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Papel de la CC en año electoral

Un aspecto que cobra relevancia en la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad es quién ostentará la presidencia este año y en el 2027, ya que el próximo año la Corte tendrá una gran incidencia debido a los amparos y acciones legales que pueden presentarse con el objetivo de impugnar candidaturas e inscripciones de partidos políticos.

La presidencia de la CC se rota de forma descendente, comenzando por el magistrado de mayor edad. Antes de la designación hecha por el presidente, se mencionaba la posibilidad de que Roberto Molina Barreto, titular designado por el Congreso, tendría la presidencia en el 2027, lo que podría haber beneficiado principalmente a diputados y partidos políticos, porque fue designado por el Congreso. No obstante, ahora el panorama cambia y toma un nuevo giro con la llegada de Anabella Morfín a la CC, según indica Renzo Rosal.

“Ahora queda Anabella Morfín que va a ser la presidenta este año y el siguiente año, que es el electoral, lo será la licenciada Astrid Lemus. Entonces, yo creo que en esa correlación en el año electoral será alguien de buen criterio quien presida la CC y también le da un sentido interesante. Y también hay que recordar que las dos abogadas que mencioné van a ser a las que les toca establecer y conocer probablemente casos vinculados con el actual Ejecutivo. A este Ejecutivo le interesan especialmente estos dos primeros años, 2026-2027, y de ahí en adelante pues la CC tendrá que lidiar con un nuevo Organismo Ejecutivo”, puntualiza.

En este sentido, Carmen Aída Ibarra también destaca que tanto Anabella Morfín como Astrid Lemus, que son de una línea “democrática”, presidirán la Corte de Constitucionalidad tanto en el año preelectoral como en el electoral, lo que vislumbra un panorama interesante.

“Va a ser interesante también que estas dos señoras presidan la Corte porque las dos son democráticas, tienen temple para tomar decisiones, para guiar la Corte, van a estar en un periodo muy difícil porque este año es preelectoral, el otro es electoral, o sea que Ana Bela Morfín va a tener una buena parte de este año preelectoral y parte del siguiente justo cuando se lleve a cabo toda la inscripción de los candidatos y luego el periodo electoral, o sea, en las votaciones ya le van a tocar a Astrid Lemus”, asegura.

Ibarra también resalta que, por primera vez en la integración de la CC, estará representada mayoritariamente por mujeres, con cuatro magistradas titulares y dos suplentes, de las 10 magistraturas que fueron designadas por los cinco entes electores.

CC mantiene confidencialidad del Pacto Colectivo que negocia Educación con Joviel Acevedo

Por medio de una acción de amparo el Movimiento Cívico Nacional (MCN) busca hacer público el Pacto Colectivo de Educación.

Hedy Quino

17 de octubre de 2024

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11:07h

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La Corte de Constitucionalidad rechazó un recurso de apelación del MCN que buscaba un amparo provisional para hacer público el pacto colectivo de Educación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) negó el recurso de apelación que interpuso el Movimiento Cívico Nacional (MCN) en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deniega el amparo provisional con la que se buscaba hacer público el Pacto Colectivo que negocia el sindicalista Joviel Acevedo con el Ministerio de Educación (Mineduc).

Luis Pablo Escobar Guerra del MCN promovió dicha acción legal, en la que solicitó se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoque el auto impugnado y, como consecuencia, se otorgue el amparo provisional requerido.

Sin embargo, la CC consideró: “En el presente caso, no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, ni se dan los supuestos que para el efecto contempla el artículo 28 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado”.

El fallo de la CC fue emitido por los magistrados Nester Vásquez Pimentel, presidente; Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Walter Paulino Jiménez Tejax, y Rony López, este último emitió voto razonado disidente.

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El voto razonado disidente

El magistrado Rony López en su voto razonado disidente dijo: “Desde mi particular punto de vista considero que esta Honorable Corte de Constitucionalidad, con base en los hechos establecidos en el amparo promovido, debió declararse con lugar la apelación planteada y como consecuencia, otorgar el amparo provisional solicitado, toda vez que concurren las circunstancias que lo hacen aconsejable, y se dan los presupuestos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.

También argumentó: “Es necesario tomar en consideración que el derecho a la información pública constituye un Derecho Humano inviolable que se fundamenta en la transparencia, la democracia y la participación ciudadana, tanto en su modalidad activa y/o pasiva, garantizado en el artículo 30 de nuestra Constitución y en el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Solicitud de amparo

El 27 de mayo el MCN presentó en la CSJ una acción de amparo en contra de la ministra de Educación, Anabella Giracca por el Pacto Colectivo que negocia con el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) del Ministerio de Educación (Mineduc), la cual se encuentra bajo reserva de garantía de confidencialidad, por petición del referido sindicato, liderado por Joviel Acevedo.

El MCN indicó los hechos y argumentos que motivaron la promoción del amparo: “El 8 de enero de 2024, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) del Ministerio de Educación presentó a la titular de esa cartera, Anabella Giracca, denuncia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de dicha entidad y, a su vez, entregó un nuevo proyecto, bajo reserva de garantía de confidencialidad, para la negociación en la vía directa con la parte patronal.

Agregó que el 27 de febrero de 2024, Luis Pablo Escobar Guerra compareció ante la Unidad de Información Pública del Ministerio de Educación y solicitó que por vía correo electrónico se le remitiera:

• Copia digital del borrador del nuevo proyecto aludido;
• Información sobre la fecha de inicio, así como el cronograma del proceso de negociación del pacto colectivo indicado;
• Información sobre quiénes conforman la comisión que negociará el nuevo pacto colectivo.

El 27 de febrero de 2024 la Unidad de Información, Asesoría y Asistencia Legal de la Dirección de Asesoría Jurídica del citado ministerio, admitió para su trámite la solicitud aludida.

Posteriormente, la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Educación emitió oficio de 18 de marzo de 2024 identificado como DIAJ-153-2024, por el que informó:

• “La propuesta de pacto colectivo fue presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), bajo garantía de confidencialidad, por lo tanto, en virtud de lo estipulado en el artículo 30 de la Constitución y lo regulado en los artículos 6, 9, 21, 22 y 67 de Ley de Acceso a la información Pública, no es viable proporcionar dicha información”.
• “Las negociaciones sobre la citada propuesta ya se iniciaron, sin embargo, a la presente fecha, no consta que se haya elaborado un cronograma del proceso de negociación del pacto colectivo propuesto”.

También puede leer: Gobierno busca levantar reserva de Pacto Colectivo que negocia con Joviel Acevedo

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Joviel Acevedo “es un dictador de la educación” dice Pablo Guerra del MCN

El Movimiento Cívico Nacional ha presentado varias acciones para que se haga público el pacto colectivo que negocia el Steg con el ministerio de Educación.

Ana Lucía Ola

24 de julio de 2024

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05:00h

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El pacto colectivo del magisterio que Joviel Acevedo negocia con el Mineduc se mantiene en secreto, y varias han sido los recursos legales que buscan que se haga público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pulso entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (Steg) para que se haga pública la negociación del pacto colectivo sigue sin resolverse.

El Gobierno Central y la sociedad civil han elevado recursos legales a las distintas cortes para que la confidencialidad se levante; algunos están pendientes de resolverse.

Pablo Guerra, coordinador de Formación Ciudadana del Movimiento Cívico Nacional (MCN), conversó con Prensa Libre sobre las acciones que desde la institución han realizado con el propósito de que la población conozca el proceso y que se terminen los privilegios de los sindicalistas.

¿Por qué debe levantarse el secretismo en la negociación?

El objetivo es la publicidad en los actos públicos, porque es fundamental que los ciudadanos tengamos acceso a esta información; es un derecho humano. El MCN ha hecho varias solicitudes al Mineduc para conocer qué se negocia en el pacto colectivo del magisterio.

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Hicimos la primera el 31 de enero, y pedimos el pacto que estaba vigente y el expediente administrativo que se conformó durante esa negociación, hace dos años. La información nos la dieron fácilmente, porque el proceso ya había sucedido.

En la segunda, que es la del 27 de febrero, se solicitó la propuesta del pacto colectivo, las fechas de inicio de la negociación y los nombres de los integrantes de las comisiones de negociación. Recibimos un aviso de prórroga. Después, nos dieron la respuesta de denegatoria, argumentando la cláusula de confidencialidad.

Frente a estas negativas, ¿qué acciones legales han llevado a cabo?

La Ley de Acceso a la Información Pública establece un proceso administrativo que hay que agotar antes de utilizar la vía del amparo. Presentamos un recurso de revisión, que es puramente administrativo. Este sube al despacho superior de la ministra de Educación —Anabella Giracca—, que lo resuelve con el mismo argumento: no podían otorgarnos la información.

Acudimos, entonces, a la Corte Suprema de Justicia (CJS) a presentar un amparo —27 de mayo—, solicitando que el Ministerio de Educación nos dé la información.

¿Han interpuesto más recursos?

El lunes 15 de julio, presentamos dos acciones más. En la Corte Suprema de Justicia, un memorial para reiterar la solicitud de que nos otorguen el amparo provisional lo más pronto posible y que el ministerio nos dé la información. La segunda acción fue una solicitud ante el ministerio para que nos diera las actas de las reuniones que tienen semanalmente —el Mineduc y el Steg—, ya nos las entregaron y estamos en un análisis de los artículos que han sido aprobados.

Joviel Acevedo dijo que la ministra avaló, con una firma, la confidencialidad del pacto colectivo, ¿fue eso correcto?

Quizás no fue una decisión tomada pensando en las consecuencias o que hubiera un grupo de ciudadanos que fueran a pedir el pacto colectivo. Creemos que es una decisión política; sin embargo, no consideramos que sea correcta y apegada a derecho, porque las autoridades de todos los ministerios deben tomar en cuenta que todos sus actos son públicos.

¿Por qué mantener esa confidencialidad?

Beneficia y ha beneficiado a Joviel Acevedo como representante del Steg y a su séquito, porque les permite solicitar al Ministerio de Educación privilegios.

El permitir la confidencialidad, desde un punto de vista administrativo, evita las consecuencias de funcionamiento del Ministerio de Educación. Lo que queremos evidenciar es que hay cuotas de poder dadas al sindicato, específicamente a Joviel Acebedo, que coacciona al Gobierno de turno con paralizar la educación.

¿Cuáles serían esos privilegios?

La inamovilidad de los dirigentes sindicales, que no pueden ser destituidos de sus cargos durante su administración sindical y les otorgan cierta inmunidad 24 meses después de dejar el cargo. Pueden hacer y deshacer, cometer faltas administrativas, no ir a dar clases y no los pueden remover. Esos son privilegios absurdos e ilegales.

El otro privilegio son las licencias con goce de salarios.

Esto afecta a la calidad educativa, porque pausa el proceso de aprendizaje de los niños y esa meta de los 180 días de clases se resume a menos días.

¿El que Joviel Acevedo insista en el secretismo del pacto colectivo es para mantener sus privilegios? 

Sí, hay muchas cosas que se manejan esas negociaciones. Un tema muy sonado fue el seguro médico escolar, que no debería ser responsabilidad de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque el pacto colectivo establecido en el Código de Trabajo es para regular las condiciones entre empleador y empleado, no para hablar sobre un programa de salud para los niños, porque no sabemos a nombre de quién están negociando. 

Tenerlo oculto le permite a Acevedo hacer estas negociaciones, le permite esa cuota de poder que ha tenido desde hace 15 o 20 años, que ha sido capaz de obligar a los Gobiernos, se ha convertido en un dictador de la educación. No importa qué ministro esté, él logra la foto de la firma del pacto colectivo con el presidente de turno y los ciudadanos no nos involucramos, cuando realmente tenemos que pensar en el futuro, que son los niños, y la educación es un derecho vital.

¿El sindicato dice que este es un derecho adquirido?

Aquí lo que debe prevalecer es la Constitución en la punta de la pirámide, después la Ley de Servicio Civil. No puede ser que se le sigan otorgando estos privilegios, alguien les tiene que poner el alto y tiene que empezar por la autoridad, por el ente rector que es el Ministerio de Educación, por la ministra, que debe tomar decisiones correctas, hacer que se cumpla la ley y los 180 días de clases.

¿Cuál debe ser la ruta para hacer público este pacto colectivo?

Desde el inicio hemos considerado que la ministra de Educación tiene la potestad para decidir en qué condiciones se va a negociar el pacto colectivo.

En la primera acta se menciona que Joviel Acevedo quiere mantener fuera a los medios de comunicación, para evitar un desgaste innecesario, cuando el desgaste lo vive la ministra con todas estas acciones, con el recurso de revisión, con denuncias en la PDH, en la Comisión Nacional contra la Corrupción, por un amparo de Corte de Suprema de Justicia.

Un primer paso es hacerlo público, tener un diálogo nacional sobre el futuro de la educación y no cerrar las puertas. El interés superior del niño tiene que prevalecer.

No estamos en contra de la sindicalización, ni a que exista un pacto colectivo, sino en contra de los privilegios, de las ilegalidades y de las cuotas de poder dadas a personas que no deberían tener poder, pues esto afecta el proceso de aprendizaje.

En Alta Verapaz un grupo de sindicalistas no deja tomar posesión al director Departamental que fue elegido por la ministra, ¿qué opinan al respecto?   

En qué cabeza cabe que un ministro no pueda contratar y dar nombramiento a las personas que considera son las adecuadas para ciertos puestos porque hay un grupo que no los deja. Es una irresponsabilidad el que se le hayan dado estas cuotas de poder, son abusos de autoridad, son coacciones y afecta los procesos administrativos el que no haya un director departamental.

Por las cuotas de poder dadas a los sindicatos es que suceden estas cosas, que se sienten con impunidad, con poder que no deberían de tener, es una estructura de corrupción, que viola el derecho a la educación de los niños, la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo. 

¿Cómo esperaran que la CSJ resuelva los recursos que han presentado? 

Urge que nos otorguen el amparo provisional para realmente conocer el pliego de peticiones del sindicato, para hablar de que se caen sus privilegios, para mostrar esa transparencia que el Gobierno central ha dice tener y que los guatemaltecos tengamos acceso a la información. 

¿Se corre el riesgo de que la CSJ resuelva cuando ya se haya firmado el pacto?

Sí, por eso presentamos el memorial, para reiterar esa solicitud del amparo, para que resuelva lo antes posible. Vamos a cumplir dos meses sin una respuesta, y existe el riesgo de que nos quedemos sin materia.

¿El Mineduc tiene que mantenerse firme en hacer pública la negociación? 

Sí, y es lo correcto y es lo que tienen que hacer, apegarse a Derecho. La ministra ha mostrado voluntad de hacerlo público y tiene que mantenerse firme.

La organización manifestó que en los años de ejercicio democrático la ciudadanía se ha caracterizado por su participación y por ejercer sus derechos constitucionales velando por la libertad y efectividad del sufragio.

Recientemente el TSE manifestó su intención por adquirir equipo tecnológico para ser implementado en las elecciones del próximo año, que a criterio de varias organizaciones sociales podría representar un peligro si no se respetan los criterios básicos de transparencia.

Por ello hacen una serie de recomendaciones al TSE, que tienen como base evitar que estas nuevas estrategias electorales cambien la forma en que los guatemaltecos emiten sus votos.

Alejandro Quinteros, consultor y experto en político que tuvo a su cargo parte de la presentación, hizo una serie de recomendaciones a las autoridades electorales.

“Desistir de las adquisiciones previstas para evitar modificar el proceso que ha funcionado exitosamente por décadas, que además cuenta con la confianza ciudadana y con el respaldo de instituciones nacionales e internacionales que han seguido los procesos”, fue la primera recomendación del MCN.

Quinteros agregó que afortunadamente en Guatemala son miles los ciudadanos que optan a participar en los procesos de elecciones como voluntarios, y que si el TSE busca hacer nuevas estrategias es vital que se escuche a este tipo de personas.

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“Asegurar que el proceso electoral del 2023 se lleve a cabo siguiendo el procedimiento establecido en ley, que no cambie. Partiendo del desarrollo conjunto entre el TSE y los ciudadanos con experiencia deberían de sentarse a hacer un manual de procesos y procedimientos que sirvan como base para las Juntas Electorales”, señaló.

Otro punto clave para el experto es que se planifique cualquier gasto que tenga como finalidad ser usado en las elecciones, “realizar de forma libre y transparencia los procesos de adquisición que sean estrictamente necesarios para desarrollar el proceso electoral del 2023, fundamentos en ley para seguir procedimientos. Si no tenemos procesos y procedimientos vamos a meter cosas y cuando sintamos ya compramos de más”.

El gran fiscalizador del proceso electoral es la población y los voluntarios que integran las Juntas Electorales, por lo que no es prudente que el TSE complique la integración de las mismas.

El ampliar los requisitos o hacer más difícil formar parte de una Junta Electoral, a criterio de Quinteros, podría desanimar a esa población que contribuye para la democracia y vigilancia.

“Hay que prestar atención a la integración de las Juntas Electorales, no hay que inventarse el agua azucarada de parte del TSE tratando de hacer nuevos procedimientos para llamar gente, pidiendo requisitos extraordinarios que nunca se han pedido”, precisó.

Las Juntas Electorales son una base del proceso democrático puntualiza Quinteros, y se debe de velar porque cumplan con los requisitos que existen en ley y que han sido aplicados para otros procesos de votaciones.

¿Cuáles son los puntos vulnerables en las bases de licitación del @TSEGuatemala para la adquisición de software, equipos y servicios para el proceso electoral 2023?

Entérate de qué está pasando y cómo nos puede afectar: https://t.co/OdwAmEUsnR

— Movimiento Cívico Nacional (@MCNGuatemala) November 9, 2022

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Que sea una corte libre de presiones políticas y apegada al Derecho es lo que espera el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de la nueva CC.

“En esto los mensajes han sido muy claros y ya se han dicho aquí: no queremos una corte de corrupción ni de clientelismo, y yo añadiría que no queremos una corte ideologizada. Hemos aprendido de la manera más dura en los últimos cinco años lo que significa tener una CC que ha sido muy cuestionada en ese aspecto”, comentó Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif.

Cumplir con la ley

Los magistrados deben velar por que se respeten sus resoluciones, pero ellos también deben respetar la Carta Magna, cumpliendo con los límites que claramente les dicta, expuso José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

“Que haga lo que la ley le faculta y lo que la Constitución les dicta hacer, y no más. Puede ser un problema muy grande que se haga un cuarto poder sin frenos y contrapesos. Los magistrados sí están sujetos a la ley, se puede evaluar cómo actúan y se puede ir delimitando para los próximos años cuál es verdaderamente el rol de la CC, y no como un jugador político que tiene la última palabra y que ya nadie puede cuestionar”, afirmó.

Debe guardar distancia

La Asociación en Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) apunta que, además de evaluar el proceso de designación, se debe entrar a valorar los resultados, ya que es imprescindible que la nueva CC haga que se respeten sus resoluciones, demostrando un fundamento netamente jurídico.

“Las decisiones de la Corte siempre van a ser políticas, porque su principal herramienta de trabajo es la Constitución Política de la República de Guatemala, y debe velar por el orden político, pero lo debe tomar con procesos jurídicos, no al revés, tomando decisiones políticas para después ponerle el tacuche jurídico”, agregó Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes.

Designaciones dudosas

“Una Corte de Constitucionalidad independiente no es imposible, pero en último proceso hay dudas sobre algunas designaciones”, señaló Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).

“Es un proceso viciado, con muchos actores de por medio, muchos intereses que reflejan esa captura del Estado. Si vamos a ver quiénes son los órganos electores, tenemos una Corte Suprema de Justicia que lleva más de un año de forma ilegal, un Congreso cuya cuarta parte está vinculada con el crimen organizado y sabemos qué tipo de magistrados quieren; un Consejo Superior Universitario con dos electores con orden de captura, un Colegio de Abogados donde hay candidatos señalados, y el presidente, que ha hecho totalmente opaco el proceso de selección. Creo que estamos enfrentando un proceso bien oscuro”, dijo De León.

La independencia es clave para la próxima CC, coincidieron los representantes de los distintos sectores,  ya que, explicaron, esto garantiza resoluciones ajenas a presiones, favores e intereses políticos.

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Sin embargo, el actual proceso de designación de la nueva CC se encuentra envuelto en una serie de dudas por los procesos de designación de los órganos electores que han motivado una docena de impugnaciones y otras que, advierten, podrían llegar en las siguientes semanas, previo a la toma de posesión de la nueva corte, el 14 de abril.

En cuanto al trabajo que podría llegar a hacer Lemus a la CC, las opiniones están divididas. Mientras hay quienes señalan que será una labor oficialista, otros opinan que hay que esperar y juzgar a partir del desempeño de la, hasta ahora, secretaria general de la Presidencia.

Esperan para evaluarla

La única forma de medir la independencia de un magistrado será revisando su ejercicio como tal, según José Echeverría, presidente del MCN, quien estima que cualquier impugnación que se presente no tendrá futuro si el nombramiento se llevó a cabo respetando los principios legales.

“El tema va a ser ese rol que ella (Leyla Lemus), como magistrada pueda hacer, un rol independiente de quien la nombró y que pueda hacer su función de magistratura junto a los otros designados que van a integrar la Corte ceñida específicamente al rol que tiene la CC, que nunca sean superiores a la ley y que tampoco sean completamente irresponsables ante la ley con su actuar”, refirió.

Roberto Ardón, Director Ejecutivo del Cacif, señaló que la designación de Lemus no es sorpresa, ya que su nombre ha venido sonando desde hace mucho tiempo, y coincide con Echeverría en que la única forma de medir su independencia será viendo su rol como magistrada.

“Siempre hay una enorme sospecha, no de ahora sino cada cinco años de la designación del presidente, que está haciendo llegar a su abogado, gente de su círculo de confianza, la discusión va a venir siempre alrededor de eso y de si hay independencia o no. Es muy importante, ya ha pasado en otras magistraturas, que las personas han probado en algunos casos ser independientes de sus designaciones, tocará ver cuál será el ejercicio de las dos personas designadas”, precisó.

Junto a Lemus fue nombrado como suplente Juan José Samayoa Villatoro. Los cuatro expertos participaron en un foro virtual para evaluar el proceso de renovación de la CC desarrollado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Guatemala Visible, Guate Integra y el MCN.

Dudan de su autonomía

Carmen Rosa de León, directora del Iepades, no se mostró satisfecha con la decisión que tomó la presidencia y aseguró que se perdió una oportunidad de oro para demostrar que se quiere una CC ajena a presiones.

“Es una elección donde diferentes fuerzas buscan poner operadores políticos para comprar, no sé, ¿si impunidad? y lo voy a decir, para el futuro de las acciones que se puedan hacer a nivel de la Presidencia de la República.  Yo sí lamento que se haya perdido esa oportunidad por parte del presidente de hacer un proceso abierto y de haber escogido a una persona que no sea de su círculo más cercano, con lo cual la independencia está en entre dicho”, señaló De León.

Por su parte Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de Asíes, opinó alrededor de este nombramiento que las dudas que puedan surgir no van a fortalecer la imagen del nuevo tribunal, algo que es necesario para que la población confié en sus futuras resoluciones.

“Vamos a seguir viviendo el proceso de integración de la CC dentro de un ámbito de impugnaciones, amparos, cuestionamientos; no es positivo para la propia Corte, sobre todo, en el supuesto que se va a dar en donde los magistrados reelectos (Dina Ochoa y Gloria Porras) estén conociendo y resolviendo de quienes van a sustituir a los demás, esos creo que no son elementos favorables para el fortalecimiento de la institucionalidad”, comentó.

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Echeverría, desde la vigilancia permanente que MCN tiene, tanto de los procesos de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones, considera que son los decanos de las facultades de Derecho los que deben velar porque se realice un proceso de postulación transparente y desde las comisiones se debe garantizar que la selección se hace alejada de vicios o de presiones de sectores políticos.

¿Por qué es importante el proceso de elección de magistrados?

La importancia que tiene el sistema de justicia, y la justicia en general en Guatemala, es el tema de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción, que es uno de los principales problemas que se identifican o uno de los principales desafíos que, como Estados y país, hay que eliminar, pero no se tiene el enfoque adecuado.

¿Se debe de vigilar más el desempeño de la justicia en Guatemala?

Es esencial y prioritario para la lucha contra la corrupción, porque quienes administran la justicia juegan un rol clave en la lucha contra la corrupción, y cuando vemos el estado de la administración de la justicia es preocupante.

¿Qué tan mal está el sistema de justicia?

Por ejemplo, en el Índice de Estado de Derecho, que es una entidad que publica un estudio para medir el Estado de Derecho en la región, Guatemala tiene índices preocupantes. El país ocupa el puesto 96 de 126 países evaluados.

¿Cuáles son los principales problemas que ahí se identifican?

En el tema de la corrupción, en el 54 por ciento de casos judiciales hay una especie o presencia de corrupción, estamos hablando de más de la mitad de los casos que son llevados. En el tema de derechos humanos y derechos fundamentales, en el 60 por ciento de los casos no hay respeto al debido proceso y en un 45 por ciento de los procesos no se respetan los derechos fundamentales.

Existe la posibilidad que sea la siguiente legislatura quien elija las nuevas cortes ¿Cómo perciben este escenario?

Vemos con preocupación que muchas personas estaban hablando que convenía que el próximo Congreso eligiera a los próximos magistrados, lo cual es un sinsentido en el sistema republicano de pesos y contrapesos; si el otro Congreso va a estar por cuatro años y los diputados electos piensan que es conveniente de elegir a los magistrados que van a estar en su legislatura, no es correcto.

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Echeverría calificó de “abuso” la prisión preventiva y el retraso de la justicia. El dirigente del MCN le preocupó que se suspendan “de forma arbitraria” las audiencias. “Hacemos un llamado a los jueces a aplicar la ley y no ceder a presiones”, agregó.

“No es posible que las audiencias se detengan de forma arbitraria. Todos los guatemaltecos tenemos derechos a una justicia pronta, la presunción de inocencia y a un debido proceso”, mencionó Echeverría.

El caso al que se refirió Echeverría fue el proceso judicial de IGSS-Ambulancias que fue suspendido la semana pasada en el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz.

La audiencia de revisión de las medidas de coerción para la exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quienes están procesados por un fraude vinculado a la adquisición de ambulancias, fue suspendida debido a la inasistencia de los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)  y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El juez Cruz aceptó la excusa de la abogada Amanda Trejo, representante de la Cicig, quien envió un memorial el 22 de enero pasado para estar ausente en la audiencia. Esta fue la segunda oportunidad en que se suspendió la revisión. El 5 de diciembre último fue la primera oportunidad por incapacidad material en la judicatura.

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“Por eso hacemos un llamado a los jueces y a los magistrados, de igual forma al Ministerio Público (MP), para que apliquen la ley de forma objetiva. Guatemala está en urgencia de construir un estado de derecho. Tenemos el puesto 97 de 113 países con relación al estado de derecho”, dijo Echeverría.

José Excheverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, dejó coronas de flores frente a la Corte Suprema de Justicia como señal de luto a la justicia.
Se refiere a la reprogramación de la audiencia del caso IGSS Ambulancias. pic.twitter.com/Lvg5cusy3u

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 28, 2019

El caso

El nuevo caso, Igss-Ambulancias, se presentó en marzo del 2017 y señaló a los miembros de la Directiva del Igss de autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil – unos Q231 mil 709.80- de un edificio en la zona 9 capitalina. Además se señaló la sobrevaloración de 50 ambulancias para esa entidad -Q880 mil- y la compra, sin justificación, de un sistema informático valorado en Q250 millones.

En ese caso, los funcionarios fueron ligados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

Señalados

• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva del IGSS.
  Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
• Julio Roberto Suárez Guerra, ex primer vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.
  Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
• Max Erwin Quirin Schoder, exvocal II de la Junta Directiva del IGSS.
  Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.
• Julia Amparo Lotán Garzona, ex vocal III de la Junta Directiva del IGSS.
  Delitos: asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción.
• Oscar Armando GarcÍa Muñoz, exgerente del IGSS.
  Delitos: fraude y peculado por sustracción.
• Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS.
  Delitos: asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

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