Las agrupaciones políticas Avanza y Partido Liberal de Guatemala (PLG) tienen problemas internos que los pueden llevar a no proclamar candidatos a elección popular, y de no hacerlo, quedarían cancelados.
Nadie puede dudar de las diferencias de criterios políticos de Armando de la Torre y Edelberto Torres, pero sus similitudes —aparte de tener torres en sus apellidos— son evidentes cuando se les quiere buscar. La entrevista con ambos publicada el lunes en Prensa Libre lo demuestra. Menciono algunas: a) su pertenencia a la tercera edad ya avanzada, con lo cual ocupan un puesto destacado en ese máximo dos por ciento de la población del país, y cuatro por ciento de los adultos. b) La seriedad de sus planteamientos aunque ellos no escapen de la posibilidad, a veces certeramente, de ser calificados de dogmáticos por quienes piensan de manera distinta. c) La capacidad de analizar y de opinar desde la distancia de la larga experiencia vital.
Muchas razones explican la debacle del pseudopartido FCN-Nación, confirmada con la orden del Tribunal Supremo Electoral de cancelarlo, e iniciada con la aceptación de varios empresarios nacionales, quienes hace pocos días pidieron disculpas públicas por haber caído en el delito de financiamiento ilícito, ante lo cual hay pocos temas de discusión, al saberse luego de la decisión del partido de no informar a donde debía porque eran anónimos en ese momento. Si bien el cierre definitivo tomará unos tres meses, ya no hay remedio y las declaraciones de una vulneración del derecho a elegir es, como mínimo, absurda.
De 1954 a la fecha nuestro país ha estado en manos de una organización criminal sofisticada y despiadada.
Para arreglar la situación política del país, se debe hacer a un lado a los politiqueros, reinantes desde hace mucho tiempo.
Una de las ideas contraproducentes aplicadas en la Constitución de 1985 es la creencia de considerar signo de mayor democracia al aumento del número de partidos políticos. Todos los integrantes de la asamblea constituyente del 84 provenían de partidos ideológicamente sólidos y por ello nunca pensaron en el florecimiento de hordas politiqueras dirigidas por alguien autonombrado salvador de la patria, cuya meta única era el ego exacerbado, luego unido al enriquecimiento indebido y el de un grupo de seguidores no de una idea, sino de una forma de aprovechamiento para salir de la lipidia y cambiar la bicicleta por un helicóptero, o la casita de una colonia de clase media baja por una mansión en la playa, o fincas de muchas caballerías, entre otras granjerías.
La libertad implícita dentro de la democracia necesita orden para funcionar de manera adecuada en beneficio del bien común.
Ante esta realidad, silente y parsimoniosamente, el Tribunal Supremo Electoral parece diluirse.
La represión en el siglo pasado, con la ley de defensa de las instituciones democráticas, ocasionó una lamentable indigencia en la cultura política nacional. Ahora, la izquierda es:
Un año antes de que salieran a luz pública los más connotados casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, comandados por el presidente y la vicepresidenta de la República, aupados por un coro de angelitos, un grupo de ciudadanos, hastiados de vivir los últimos treinta años bajo un débil régimen democrático, con renovadas expectativas cada cuatro, pensó que era posible eliminar las exclusiones y privilegios de la clase política al amparo de los acuerdos de paz.
Son necesarios algunos requisitos para el ejercicio de algunos derechos civiles.
El ataque de los medios informativos propiedad del mexicano Ángel González contra empresas no identificadas, pero evidentemente parte del Grupo Multi Inversiones, a los cuales pertenece Pollo Campero, es el resultado de una decisión de la entidad Fundesa, según la cual no pueden ser patrocinadores quienes se encuentren involucrados en juicios legales derivados de acusaciones de corrupción. En vista de todo lo ocurrido desde hace muchos meses, a este grupo de medios practicantes de un periodismo al cual se le puede criticar muy fácilmente y con certeza acerca de donaciones desde hace varios lustros a personajes políticos muchas veces involucrados en todo tipo de abusos de poder, por lo que la decisión de crear un código de ética empresarial acerca de esto, solamente puede ser aplaudida y sobre todo justificada.
La partidocracia corrupta guatemalteca llegó a perfeccionar con extraordinaria pericia un mecanismo capaz de secuestrar el poder público en forma reiterada, amparándose en los rituales electorales que no fueron más que un protocolo cínico, siempre dispuesto a expulsar al pueblo de su derecho a tener representación social en los organismos del Estado y en las municipalidades del país. Cualquier sana intención de algún político excepcional fue ahogada por la cosa nostra local, porque en su estructura se articula un mecanismo orientado a la preservación de un modelo corrupto ajeno al interés nacional.
SEGÚN UNA NOTICIA PUBLICADA en el diario el Periódico, no desmentida hasta ahora por el Tribunal Supremo Electoral, cinco grupos de ciudadanos se encuentran a la mitad o a poco tiempo de iniciar las gestiones previas a convertirse en partidos políticos. Esto constituye un chiste de mal gusto o de humor negro al cual los guatemaltecos nos hemos ido acostumbrando, y solo el listado de sus nombres es suficiente para encender las alarmas: Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Partido Humanista de Guatemala, Avanza, Partido Nacionalista y Vamos por una Guatemala Diferente. A eso se deben unir los 23 “partidos políticos” vigentes, con lo cual es posible la participación de 29 hordas electoreras en los próximos comicios.
El financiamiento electoral ilícito es el más frecuente de los varios delitos que el juez Miguel Ángel Gálvez identificó como razón por la cual se ligó a proceso a 53 personas la semana pasada. Es ilustrativo del podrido sistema político guatemalteco. Aunque estos casos se refieren básicamente al financiamiento del Partido Patriota, ya la CICIG había informado hace un año sobre eventuales casos de financiamiento ilícito de otros partidos políticos, incluyendo a la UNE. Y a ello hay que agregar la cancelación del partido LIDER hace unos días, como resultado de haber superado el límite permitido de gasto electoral. Todos estos son indicios de un sistema de partidos políticos que por la vía del financiamiento ilícito, del clientelismo y de caciques locales han distorsionado el carácter de la política y reforzado en el imaginario social la idea de que la política es “sucia”.
