Análisis | La indispensable despolitización de la justicia: herramientas técnicas para una elección meritocrática

La aplicación de herramientas técnicas permitirá privilegiar el mérito de los aspirantes a los cargos públicos, apunta Guatemala Visible.

Guatemala Visible, especial para Prensa Libre

9 de marzo de 2026

|

05:00h

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La comisión de postulación para fiscal general durante la sesión del 5 de marzo pasado. Este año se activan tres postuladoras para seleccionar candidatos a cargos públicos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Las últimas semanas han estado marcadas por el desarrollo de varios procesos trascendentales de nombramiento de autoridades en el país, varios de ellos mediante el mecanismo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación (LCP). En Guatemala llevamos años debatiendo cómo mejorar este modelo para la selección de funcionarios públicos de alta relevancia. Sin embargo, sería ilusorio pensar que ya hemos encontrado una solución definitiva.

Prueba de ello es que seguimos sin lograr los consensos necesarios para reformar la ley y resolver los desafíos y obstáculos que ha evidenciado a lo largo de los años. Uno de los resultados más visibles ha sido la creciente politización no solo de los procesos de selección, sino también de algunos de los actores que participan en ellos, incluidas varias universidades del país. Lejos de fortalecer el papel de la academia y sus estándares de excelencia y rigor académico, en muchos casos se ha incentivado la creación de nuevas universidades con facultades de Derecho cuyo principal objetivo parece ser garantizar representación en las comisiones de postulación.

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El 2026 representa un momento particularmente intenso para la institucionalidad del país. En pocos meses coinciden varios procesos de enorme trascendencia: la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, y posteriormente la designación del contralor general de Cuentas.

En este contexto, uno de los procesos más relevantes en desarrollo es la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. La comisión de postulación encargada de esta tarea tiene un desafío particularmente delicado: garantizar que la preselección de candidatos se realice con objetividad, transparencia y publicidad, de manera que la nómina final de seis aspirantes que será enviada al presidente de la República refleje criterios de mérito, idoneidad y honorabilidad.

Para alcanzar ese objetivo resulta indispensable reducir, en la medida de lo posible, los márgenes de discrecionalidad política que permite el diseño actual de la Ley de Comisiones de Postulación y privilegiar la evaluación técnica de los aspirantes. Esto es especialmente importante en un contexto en el que el país ha experimentado fuertes tensiones ideológicas y en el que distintos cargos del sistema de justicia han quedado expuestos a estas dinámicas.

Con el propósito de aportar herramientas que permitan disminuir la subjetividad en estos procesos, Guatemala Visible desarrolló —en colaboración con el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Universidad del Valle de Guatemala— una arquitectura de instrumentos técnicos orientados a fortalecer evaluaciones más objetivas y basadas en competencias.

El primer instrumento es el perfil y descriptor del puesto, que define con claridad no solo los requisitos legales del cargo, sino también las competencias técnicas y conductuales necesarias para desempeñarlo. Al establecer un estándar claro del perfil ideal, la comisión puede evaluar de forma más objetiva las brechas entre ese perfil y las cualidades de cada aspirante.

El segundo instrumento es la tabla de gradación, que convierte los méritos académicos y profesionales en puntajes cuantificables. De esta forma se asigna un peso específico a cada aspecto de la trayectoria del candidato, lo que permite una evaluación transparente y verificable. Este tipo de herramientas evita que factores ajenos a la función influyan de manera decisiva en la selección.

Finalmente, la guía de entrevista y el assessment center permiten evaluar competencias clave como la independencia, la capacidad de resistir presiones, el pensamiento estratégico y el compromiso con el Estado de derecho. A través de preguntas estructuradas y la resolución de casos hipotéticos es posible analizar cómo reaccionaría un aspirante ante situaciones complejas propias del ejercicio del cargo.

La incorporación rigurosa de estos instrumentos técnicos no elimina por completo los factores políticos que inevitablemente rodean estos procesos. Sin embargo, sí permite reducir significativamente la subjetividad y fortalecer la legitimidad de las decisiones.

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En última instancia, la despolitización de estos procesos no depende únicamente de reformas legales, sino también de la voluntad de quienes integran las comisiones de postulación para aplicar criterios objetivos y resistir de manera rotunda cualquier tipo de presiones externas. En la medida en que las comisiones de postulación tengan la voluntad y la capacidad de evitar y alejarse de las presiones políticas, desde su juramentación y, sobre todo, durante la evaluación y el análisis técnico de los perfiles de los aspirantes, así como en el cumplimiento estricto de los requisitos legales y de trayectoria, será posible avanzar hacia procesos de selección que privilegien verdaderamente el mérito.

Solo a través de este enfoque metodológico es posible garantizar un proceso de selección que realmente priorice el mérito y entregue a la nación un profesional dotado de la calidad, la independencia y la integridad que requiere la máxima autoridad del Ministerio Público.

Después de más de una década de vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación, el desafío sigue siendo el mismo: transformar estos procesos en verdaderos mecanismos meritocráticos capaces de garantizar que quienes ocupen las más altas responsabilidades del sistema de justicia lo hagan por su capacidad, independencia e integridad.

Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

La acción busca que se regrese el trabajo de la postuladora al momento de elaborar la tabla de gradación y repetir la convocatoria con las nuevas reglas.

Douglas Cuevas

2 de marzo de 2026

|

12:32h

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El amparo también busca que se repita nuevamente la recepción de expedientes. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La manera en que la comisión de postulación calificará a los profesionales que buscan ser candidatos a fiscal general sigue generando dudas. Un nuevo amparo busca que se repitan etapas ya concluidas porque la comisión modificó las reglas del proceso al cambiar la tabla de gradación.

Este amparo ingresó la noche del domingo 1 de marzo en la Corte de Constitucionalidad (CC) y fue presentado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien señala “falta de certeza jurídica”.

Sagastume Vidaure destacó en el pasado proceso de elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), tras conseguir un amparo provisional que dejó fuera de las votaciones a los profesionales afines en la elección de magistrados para la CC.

El pasado 26 de febrero la comisión de postulación se reunió para acordar las respuestas a una primera serie de impugnaciones. Algunos de esos amparos cuestionaban la forma en que la tabla estaba calificando la experiencia profesional.

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Pero por sugerencia del comisionado Luis Roberto Aragón Solé, decano de Universidad San Pablo, se entraron a conocer nuevamente las dudas a la tabla de gradación.

Originalmente los comisionados habían acordado que la experiencia profesional de los aspirantes comenzaría a ser contada desde el año 11, asignando dos puntos por cada año de ejercicio.

Esa distribución, a criterio de algunos abogados y organizaciones sociales, daba ventaja a los abogados de mayor experiencia, ya que solo aquello que rondan por los 60 años podrían acumular la experiencia necesaria para obtener una nota alta.  

La discusión

Las dudas alrededor de la tabla de gradación comenzaron a hacer eco después que la comisión concluyó la recepción de expedientes, entre estos el de María Consuelo Porras, actual fiscal general.

La postuladora sesionó a inicios de la semana pasada haciendo que algunos comisionados propusieran cambios a la tabla de gradación, pero en aquella ocasión no hubo mayoría.

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A partir de ese momento, comenzaron a presentarse las acciones de amparo que cuestionaban la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general. Sectores sociales también señalaron deficiencias en la tabla.

La postuladora consiguió cambiar la tabla de gradación el jueves pasado, con 12 votos a favor.

Los votos en contra de esa reforma fueron de Claudia Paredes, presidenta de la comisión y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Ángel Donald González Cuevas, decano de Universidad de Occidente y asociado a la organización Liga Pro Patria; mientras que Henry Manuel Arriaga Contreras, decano de la USAC, se ausentó de la sesión.

La petición

En el amparo el abogado busca que se regrese el trabajo de la comisión hasta la sesión del pasado 11 de febrero, cuando se discutió y aprobó la tabla de gradación.

La herramienta mide los méritos académicos, profesionales y éticos de los abogados que ser incluidos en la nómina de seis candidatos a fiscal general.

Amparo de Diego Sagastume Vidaurre busca regresar la postuladora del @MPguatemala hasta la elaboración de la tabla de gradación, repitiendo recepción de expedientes y depuración de aspirantes por la reciente alteración a la tabla de gradación, señalando falta de certeza jurídica pic.twitter.com/Se5Hhhe7Sd

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 2, 2026

Pero ante los nuevos cambios que hizo la comisión, el abogado Sagastume busca que se repita la fase de convocatoria y recepción de expedientes, etapas que ya están prácticamente concluidas.

Argumenta que ante los posibles cambios, en caso que originalmente se comience a evaluar desde el año uno de experiencia, esto podría abrir la puerta a nuevos aspirantes, quienes optaron por no presentar su expediente por la forma en que originalmente la comisión había acordado hacer las calificaciones.

La comisión de postulación acordó por medio de una comisión, integrada por la presidenta de la comisión; sus secretarios; y los decanos Luis Ruano de Universidad Mariano Gálvez, y Julio Cordón de Universidad Rafael Landívar, elaborar cualquier informe solicitado a consecuencia de amparos o impugnaciones.

OEA observa desajustes en evaluación de candidatos a fiscal general, como priorizar antigüedad

La Misión Especial de la OEA remitió observaciones técnicas a la Comisión de Postulación a fiscal general, al señalar desajustes en la evaluación de experiencia, integridad y componentes cualitativos del proceso.

Sandy Pineda

26 de febrero de 2026

|

17:37h

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Integrantes de la Comisión de Postulación durante una sesión de trabajo en la que se analiza la metodología y la tabla de gradación para la elección de Fiscal General. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala remitió una carta a la Comisión de Postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), en la que plantea consideraciones sobre la metodología utilizada para evaluar el perfil de los aspirantes y la tabla de gradación aprobada para integrar la nómina de candidaturas al cargo.

En la carta, enviada en el marco de su mandato de acompañamiento al proceso, la Misión subraya la importancia de que las actuaciones y decisiones de la Comisión se sustenten en una medición adecuada de los requisitos exigidos, a fin de garantizar que quienes integren la nómina cuenten con el perfil necesario para dirigir el MP.

En cuatro observaciones principales sobre la metodología del procedimiento de elección, el organismo señala, tras un análisis técnico, la existencia de un desajuste estructural entre los criterios y los elementos que han sido evaluados.

Además, advierte sobre posibles controversias relacionadas con la compatibilidad de los criterios aplicados y el trato equitativo entre los aspirantes.

EN ESTE MOMENTO

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La Misión señala que la experiencia profesional se valoró principalmente por el tiempo acreditado, sin diferenciar el nivel decisorio, la complejidad institucional o los resultados obtenidos por los aspirantes.

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También advierte debilidades en la evaluación de la integridad y en los componentes cualitativos del proceso, al centrarse en la ausencia de infracciones y señala que también carece de reglas públicas claras para la entrevista y la prueba psicométrica, lo que expone el procedimiento a cuestionamientos por discrecionalidad.

Finalmente, la Misión detalla una serie de recomendaciones técnicas que, según indica, no alteran la estructura del proceso. Entre ellas, propone definir indicadores verificables para evaluar capacidad, idoneidad, honradez, independencia e imparcialidad, con “reglas claras de valoración”.

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La nota mínima para ser elegible a la nómina de candidatos a fiscal general requiere de 12 aspirantes, de lo contrario la nota acordada podría ser reducida.

Douglas Cuevas

10 de febrero de 2026

|

16:58h

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Los comisionados priorizaron la línea de corte antes de la tabla de gradación. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La Comisión de Postulación del Ministerio Público (MP) acordó una línea de corte de 75 puntos para los futuros aspirantes a fiscal general, pero esa nota está sujeta a cambios en caso los profesionales no alcancen ese punteo al ser evaluados.

La discusión se dio antes de que los comisionados acordaran la tabla de gradación, herramienta que será utilizada para calificar a cada uno de los aspirantes a dirigir el MP.

En la tabla de gradación los comisionados medirán los méritos académicos, profesionales y éticos de aquellos abogados que buscan ser el reemplazo de María Consuelo Porras en la dirección del ente investigador.

El cronograma aprobado por la comisión sugiere que la integración de la nómina de seis candidatos será el lunes 20 de abril, y entre ellos, el presidente Bernardo Arévalo nombrará al nuevo fiscal general.

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La línea de corte de 75 puntos fue propuesta por el comisionado Luis Lepe, decano de Universidad Regional, quien obtuvo en su propuesta 14 votos a favor de los comisionados.

La única que no apoyó esa propuesta fue Patricia Gámez, comisionada presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien mencionó, como propuesta de línea de corte, 50 puntos.

Por su parte, el comisionado Luis Aragón, decano de Universidad San Pablo y secretario suplente de la comisión, sugirió una línea de corte de 80 puntos, pero no fue aprobada.

En la línea de corte aprobada, se establece que debe haber al menos 12 aspirantes que lleguen a esa calificación, pero de no ser así, podrían ir reduciendo esa calificación mínima.

En la postuladora del MP del 2022, la comisión había acordado una línea de corte de 75 puntos, pero se vieron obligados a reducir la rigurosidad de la calificación porque solo dos aspirantes alcanzaban esa nota.

Tabla de gradación

La postuladora acordó después de un tercer intento de votación la distribución de los 100 puntos de la tabla de gradación, asignando la mayor cantidad de la calificación a la experiencia profesional.

La postuladora acordó de manera unánime la asignación de 70 puntos a la experiencia profesional; mientras que la preparación académica queda con una distribución de 28 puntos.

En la propuesta aprobada, hecha por el comisionado Aragón, la entrevista que se la hará a los aspirantes no recibe calificación, mientras que los últimos dos puntos corresponden a la proyección humana.

#PostuladoraMP
Comisión aprueba la distribución general de los 100 puntos de la tabla de gradación y asigna la mayor calificación a experiencia profesional con 70 puntos; seguido de 28 a la preparación a académica y dejando 2 a la proyección humana. pic.twitter.com/KS7RKC4Qaj

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 10, 2026