Cómo las acciones de Estados Unidos impactan en la cooperación internacional y podrían provocar un nuevo orden mundial

El mundo observa con atención un contexto global que revive viejas tensiones de poder y plantea nuevos desafíos. En entrevista, el excanciller Gabriel Orellana analiza la crisis del multilateralismo y sus implicaciones para Guatemala.

Belinda S. Martínez

11 de enero de 2026

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Las acciones recientes de Estados Unidos abren interrogantes sobre la vigencia del derecho internacional y el impacto de un orden global cada vez más unilateral. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las recientes acciones de Estados Unidos en el escenario internacional han reavivado el debate sobre el futuro del orden mundial construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El multilateralismo, que durante décadas sirvió como marco de contención y cooperación entre potencias, enfrenta hoy cuestionamientos profundos, en medio de una creciente disputa por la hegemonía global.

En este contexto, un análisis desde América Latina permite dimensionar las implicaciones de estos cambios para países como Guatemala. En esta entrevista con el excanciller Gabriel Orellana, se abordan las incertidumbres que plantea un mundo marcado por la concentración de poder, la imprevisibilidad política y el debilitamiento de las instituciones globales.

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¿Cómo interpreta el impacto internacional de las acciones de Estados Unidos en Venezuela, tanto a nivel regional como en el orden jurídico internacional?

Desde mi perspectiva, el caso venezolano abre dos grandes vertientes que plantean múltiples incógnitas. La primera, centrada exclusivamente en Venezuela, es el retiro de un dictador —no puede hablarse de un derrocamiento—, ya que el grupo gobernante continúa y esto abre la puerta a una administración, o incluso una ocupación política, por parte de Estados Unidos.

La segunda, y posiblemente la más trascendente, es el impacto que esta acción tendrá en el ordenamiento jurídico internacional. Estados Unidos está proyectando una posición unilateral como potencia mundial, actuando al margen de normas que en gran medida ayudó a construir. El propio presidente Trump habló de una administración de Venezuela por tiempo indefinido, lo que podría extenderse por décadas.

El problema no es solo la salida del presidente Maduro, sino las consecuencias que esto puede acarrear. A ello se suma una preocupación mayor: que Estados Unidos busque constituirse en el amo del mundo, o al menos del continente americano, lo que plantea la interrogante de si América Latina, incluido Brasil, podría ser transformado en un eufemismo como estados libres asociados.

¿Y eso cómo podría afectar a las naciones?

Simplemente que ellos —Estados Unidos— van a decidir el destino de todos nuestros países.

¿Es posible que esto suceda en un mediano plazo?

Claro, lo estamos viendo nacer en este momento. Sin embargo, hoy no existen bases sólidas para para hacer más que cábalas ya que todo apunta a que estamos entrando en un período de incertidumbre que, eventualmente, podría despejarse hasta las elecciones de segundo término en Estados Unidos.

¿De qué manera puntual podría afectar a Guatemala que Estados Unidos se quiera posicionar como “el amo del continente americano”?

Basta con remitirnos a la historia. En 1954, el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo e influencia de una multinacional poderosa en ese momento, la United Fruit Company, contribuyó a la expulsión del presidente Árbenz, quien había sido electo popularmente. El escenario que se perfila es que, tarde o temprano, Guatemala podría verse obligada a someterse a los intereses de las multinacionales y de Estados Unidos que operan en el país.

¿Cómo evalúa el impacto de este ataque en el sistema internacional?

El principal impacto es que está en juego el sistema internacional basado en el multilateralismo. Los tratados internacionales vigentes implicaban, con sus limitaciones, una autolimitación del poder de las grandes potencias, pero con esta actitud de Estados Unidos ese esquema se ha roto. Esto abre una serie de incógnitas cuyo alcance todavía no podemos dimensionar y deja al sistema internacional sujeto a las decisiones y caprichos de quien ocupe la presidencia de Estados Unidos.

¿Considera que estas acciones marcan un quiebre del sistema multilateral vigente y el posible surgimiento de un nuevo orden mundial?

Sí, y ese es precisamente el problema. Durante 80 años vivimos bajo un sistema multilateral que, con limitaciones, funcionó y al que nos acostumbramos. Hoy se abre la incógnita de hasta dónde continuará ese sistema o qué ocurrirá con él.

A esto se suma que el sistema legal de Estados Unidos está diseñado de tal forma que el poder presidencial puede escapar a los controles de su propio sistema legal, lo que coloca a ese país en una posición holgada para operar en el sistema internacional, amparándose en su marco legal interno y desconociendo el sistema internacional.

¿Cómo evalúa la legalidad de las acciones de Estados Unidos?

Depende del marco que se analice. Desde la perspectiva del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado, Estados Unidos actuó dentro de su propia legalidad. En el sistema internacional, no.

Ese es el grave precedente que se está estableciendo, ya que lo mismo podrían hacer China o Rusia. Además, no debe pasarse por alto que Estados Unidos, China y Rusia son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano que, en este caso, se vio vulnerado.

¿Cuál es el impacto del “factor Trump” en el escenario internacional y cuáles podrían ser sus consecuencias a mediano y largo plazo?

Un analista venezolano señalaba que la mejor arma del presidente Trump es su impredecibilidad. Ha logrado concentrar una cantidad de poder sin precedentes en la historia de Estados Unidos y lo ha ejercido de manera imprevisible.

Lo más grave es que lo hace con controles limitados: cuenta con la administración pública, un Congreso que apenas empieza a intentar recuperar cuotas de poder y una mayoría en la Corte Suprema.

El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos darán una pauta sobre su posición dentro de ese esquema de poder. Algunos analistas consideran que podría no salir bien librado, pero si ocurriera lo contrario y resultara fortalecido, Guatemala tendrá que retomar una política exterior basada en la capacidad de contemporizar y adaptarse a los cambios, sin bajar la guardia, aunque eventualmente deba hacer concesiones.

Pero, ¿Quién le dio este poder a Donald Trump?

Las masas. Los mismos votantes y sus seguidores.

¿Considera posible que Trump busque nuevamente una candidatura en las próximas elecciones?

No me extrañaría. Sin embargo, hay que considerar que la vida no está garantizada y que el señor Trump tiene una edad en la que sus expectativas de vida no son necesariamente optimistas.

Entonces, ¿Hasta qué punto las políticas impulsadas durante este período podrían tener continuidad en futuros gobiernos de Estados Unidos?

Una cosa es la política como cuerpo ideológico y otra la personalidad del candidato.

Se mencionan nombres como Vance, Rubio o incluso una fórmula conjunta, pero también hay que considerar que deberán enfrentar a candidatos del Partido Demócrata, entre los que se menciona al gobernador de California o al alcalde de Nueva York.

A estas alturas, y sin haber llegado siquiera a las elecciones de medio término, resulta aventurado pensar en una permanencia o continuidad asegurada. La política es dinámica y cambiante: lo que hoy es, puede ser distinto en muy poco tiempo.

¿Cómo describe el rumbo del mundo ante la crisis del orden internacional en este nuevo año?

El mundo está entrando en un proceso en el que el orden internacional basado en el multilateralismo, pese a sus defectos, funcionó durante décadas y hoy atraviesa una crisis.

Esta crisis está afectando a instituciones que han sido pilares del sistema internacional, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización de la Aviación Civil Internacional.

No se trata de una crisis provocada deliberadamente, sino del resultado de la pugna entre las grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia.

Esto ha disgregado sistemas que antes funcionaban a escala global y ha generado, para países como los nuestros, un escenario de inseguridad e incertidumbre.

La forma de paliar esa situación pasa por fortalecer la solidaridad entre Estados con niveles de desarrollo similares, aunque ese proceso tomará tiempo, exigirá un gran esfuerzo y un cambio de mentalidad. Estamos entrando en una crisis de desarrollo que demandará capacidad de adaptación, diálogo y creatividad para enfrentar transformaciones que apenas están comenzando.

¿Cómo se origina esta crisis de desarrollo y qué efectos tiene en la relación y el avance entre las naciones, especialmente las más pequeñas?

El mundo se había acomodado a una lógica primero bipolar, entre Estados Unidos y Rusia, y luego unipolar, con Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, ese país fue el principal impulsor del sistema multilateral, con instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y, posteriormente, la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, con la irrupción de China, el escenario cambia drásticamente y se reactiva una disputa por la hegemonía entre grandes potencias.

Esa pugna resiente el sistema multilateral, porque Estados Unidos, China y Rusia ya no se sienten vinculados por decisiones que antes se asumían como consensuadas.

Esta tensión, además, estaba latente desde el origen del sistema, con el Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho de veto otorgado a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El uso reiterado de esos vetos ha vuelto nugatorias muchas decisiones colectivas de la Asamblea General y ha ido debilitando el orden internacional.

Para países como los nuestros, esto se traduce en una sensación de vacío e incertidumbre: de pronto hay que aprender a nadar contra la corriente y, sobre todo, a mantenerse a flote.

De cara al año, la salida pasa por fortalecer la cooperación con países homólogos y desarrollar capacidades de diálogo y creatividad para avanzar en un contexto que, por ahora, ofrece más incertidumbres que certezas.

Por qué el 2026 será decisivo para el Estado de derecho y la institucionalidad en Guatemala

En 2026 se renovarán instituciones clave del Estado. En entrevista con Marielos Fuentes, se analizan cómo las decisiones que se tomen marcarán la democracia, la justicia y la confianza ciudadana en los próximos años.

Belinda S. Martínez

11 de enero de 2026

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Las elecciones de segundo grado de 2026 definirán la estabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En el transcurso de un solo año, confluyen varios procesos de renovación institucional cuyas decisiones tendrán consecuencias directas sobre la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía.

En el 2026 se designará a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, quienes velarán por las elecciones generales del 2027 y del 2031. También deberá elegirse al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. A estos procesos se suma la elección de magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, y, por último, la del contralor general de Cuentas.

Ante este escenario, Marielos Fuentes, directora ejecutiva en Guatemala Visible, advierte que las decisiones que se tomen en 2026 no solo definirán la integración de cargos clave, sino el rumbo del Estado de derecho y la confianza ciudadana en los próximos años.

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¿Por qué deberían importarles a los guatemaltecos las elecciones que se celebrarán en el 2026?

Porque son muchas las instancias que cambiarán durante el año y, aunque uno diga: ‘Yo no soy abogado, no tengo nada que ver con procesos de ley’, nuestro día a día es resultado del impacto que tiene la buena o mala elección de quienes serán nombrados próximamente.

El hecho de acercarnos cada vez más a un Estado de derecho en el que se cumpla la ley y sepamos, como guatemaltecos, que podemos confiar 100% en nuestras instituciones, se deriva de la elección de las personas que ocuparán estos diferentes cargos. Eso impacta directamente en nuestra vida.

Todo lo que hacemos se rige por las leyes del país, y quienes las hacen cumplir serán las personas que resulten electas.

Desde su análisis, ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad del país a raíz de estas elecciones?

Yo lo veo con un aire de esperanza. Nosotros trabajamos mucho en el fortalecimiento de las instituciones y confiamos, además, en fortalecer a los ciudadanos como actores activos.

Creo que este momento es crucial para que el rumbo del Estado de derecho en Guatemala se afiance y logremos tener magistraturas independientes.

Las primeras son las del Tribunal Supremo Electoral y luego, por supuesto, está quien dirija el Ministerio Público, que tiene la enorme responsabilidad de velar, ante todo, por el cumplimiento de la Constitución y de dar seguimiento a todas las denuncias que se presenten ante esa institución, ya sean por delitos comunes u otros. Es una gran responsabilidad.

También está el contralor general de Cuentas de la Nación, quien, además, es la única persona que puede pedir cuentas, por ejemplo, a entidades autónomas como la Universidad de San Carlos. La Contraloría debería estar muy fortalecida para poder asumir este proceso electoral con una institución capaz de tener, por ejemplo, un criterio uniforme para otorgar los finiquitos a quienes deseen optar a cargos públicos.

Lo mismo aplica para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes deben actuar con imparcialidad, para que sepamos cuáles serán las reglas y que estas sean claras.

La relevancia de estas elecciones es que nos devuelven, aunque sea poco a poco, parte de la institucionalidad del país. Con ello damos ese primer paso hacia una mejor elección general, en la que los guatemaltecos podamos confiar en quiénes serán los candidatos a alcaldes, diputados y a la presidencia de la república.

¿Qué repercusiones puede tener en las políticas guatemaltecas unas buenas o malas elecciones?

Las repercusiones son altísimas, especialmente en el fortalecimiento de las instituciones. El Tribunal Supremo Electoral está muy debilitado y necesita, con urgencia, buenos perfiles con liderazgo, que ejerzan la supremacía que su función exige. Debería ser una institución noble, como lo ha sido, y garantizar a los guatemaltecos la certeza de que su voto será respetado.

El Tribunal es un eje fundamental de la democracia, porque organiza las elecciones. Si no hay buenos perfiles, se mantiene la debilidad institucional y se abre la puerta a la manipulación. Al final, somos los guatemaltecos quienes pagamos ese precio, con autoridades que no están a la altura, que fueron impuestas o que resultaron electas tras excluir a otros aspirantes. En muchos casos, no somos realmente quienes elegimos, porque durante el año previo se va depurando quién puede o no participar.

Los partidos políticos también se ven afectados cuando, dentro del Tribunal, los criterios no son uniformes y se favorece a unos sobre otros. Las sanciones deberían aplicarse de manera uniforme, pero no ha sido así. Todo esto repercute directamente en la ciudadanía, porque delegamos en esas autoridades el manejo del Estado, del presupuesto nacional y del quehacer público.

En el ámbito de la justicia, con la elección del Ministerio Público, los guatemaltecos necesitamos sentirnos seguros de que se respeta el debido proceso: que una acusación permita una defensa efectiva y que una denuncia sea investigada de manera eficiente. ¿Cuántas personas dicen: “No, no puse la denuncia porque no pasa nada”? Aunque ha habido avances, los desafíos siguen siendo enormes. La justicia se ve manipulada y presionada; jueces y magistrados han denunciado presiones en sus comunidades, y eso no debería ocurrir.

Todo debería funcionar como un reloj suizo, cuyo engranaje no tuviera ningún problema, y que nos dé, cada vez más, certeza de que vivimos en un país donde la ley se cumple.

¿Percibe que hay grupos oscuros o de crimen organizado tratando de influir en estos procesos?

Percibimos que hay una serie de actores que siempre han estado presentes. Algunos son visibles y otros no, pero todos comparten un mismo interés: mantener el poder. Cuando ese poder se pierde, también se pierden espacios de influencia, y los lugares que quedan vacíos los ocupa alguien más. Por eso, hay mucho en juego.

En este tablero hay distintos jugadores a los que les interesa seguir teniendo poder y contar con autoridades afines para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, un político puede querer personas cercanas en el Tribunal Supremo Electoral, para tener control sobre cómo se desarrollan las elecciones generales. Pero no es el único caso: distintos actores de la sociedad guatemalteca, sean o no beneficiosos para el país, buscan mantener o aumentar su cuota de poder.

¿Cuáles son los mecanismos que tiene el sistema para evidenciarlos y eventualmente, anular su participación e influencia?

Es complicado, porque cuando se habla de crimen organizado no se trata de estructuras que lleven registros visibles o transparentes. Por su propia naturaleza, las actividades ilícitas ocurren a oscuras y no siempre es fácil evidenciar vínculos. En contraste, los partidos políticos y quienes han ejercido cargos públicos sí tienen una trayectoria visible, porque su gestión está a la vista de todos los guatemaltecos.

Ahora bien, hay casos en los que los vínculos sí son evidentes y de conocimiento público. Por ejemplo, personas que aspiran a estos cargos y que han tenido relación con organizaciones ilícitas o con el narcotráfico, incluso con condenas en Estados Unidos. Esos casos pueden identificarse con mayor claridad, aunque no son la mayoría.

Aun así, existe suficiente información para que las autoridades que integran las comisiones de postulación puedan formarse un criterio. Si hay dudas razonables sobre un aspirante y existen otros perfiles disponibles, lo lógico es inclinarse por quienes no tienen señalamientos, cuentan con una mejor trayectoria y una hoja de vida intachable. Se trata de elegir personas cuya carrera profesional hable por sí misma, que no hayan estado involucradas en escándalos, que tengan una vida recta y un ejercicio profesional digno.

Como ciudadano, ¿cómo me puedo involucrar más en estos procesos?

Informándose, pero también siendo conscientes de que se avecina una gran cantidad de noticias falsas, desinformación y campañas de desacreditación creadas deliberadamente para confundir a la ciudadanía sobre los perfiles de quienes se postulen. Por eso, es fundamental identificar bien las fuentes de información y no reenviar automáticamente todo lo que llega a los chats familiares, escolares o universitarios.

Vivimos sobrepasados por información y no siempre tenemos la capacidad de filtrarla. Antes de compartir algo, es importante saber quién lo envía y de dónde proviene. Con la inteligencia artificial, esto se ha vuelto aún más complejo, porque es fácil manipular contenidos, sacar frases de contexto o incluso crear videos en los que personas parecen decir cosas que nunca dijeron. Esto no solo ocurrirá en estos procesos, sino en todo el ciclo electoral.

Veremos una gran cantidad de contenido generado con inteligencia artificial circulando en redes sociales, lo que representa un desafío importante para distinguir qué es real y qué no. Por eso, es clave dar crédito a los medios tradicionales, que cuentan con procesos de verificación, y ser cautelosos con plataformas muy dinámicas y atractivas, pero que muchas veces carecen de profundidad.

Otra forma de involucrarse es participar. Muchas de estas sesiones son públicas. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, el proceso es distinto, porque no se rige por comisiones de postulación. Ahí, por ejemplo, el Ejecutivo —en Consejo de Ministros— nombra a su titular y suplente; el Congreso lo hace en sesión pública, que puede seguirse por su canal oficial; y, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, aún no se ha determinado si será una sesión pública.

En los procesos del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral, las sesiones sí deben ser públicas por ley. Estas serán transmitidas en vivo, lo que permite a la ciudadanía dar seguimiento al proceso.

¿Cuáles son los puntos clave para entender los procesos de elección que se llevarán a cabo en el 2026?

Lo primero que hay que entender es que ya se vivió un episodio en el que no se respetaron los plazos y en el que recursos legales impidieron que las comisiones de postulación concluyeran a tiempo, lo que nos dejó en un limbo jurídico que no debería repetirse. Por eso, es clave estar atentos a que se cumplan todas las fases y los tiempos establecidos.

Las comisiones de postulación inician con la definición de su cronograma, el perfil idóneo y las tablas de gradación. Estas últimas merecen especial atención, porque no deberían privilegiar únicamente los títulos académicos o la acumulación de doctorados, sino reflejar trayectorias profesionales honorables. Hay juristas con amplia experiencia y ejercicio intachable que, si se sometieran a ese tipo de tablas de gradación, obtendrían apenas 20 o 30 puntos.

En ese sentido, la ciudadanía puede trasladar inquietudes y observaciones a los rectores y a los integrantes de las comisiones.

Los días de votación también son fundamentales. Es importante saber quién votó, cómo lo hizo y de qué manera, ya que se trata de información pública. Los integrantes de las comisiones deben entender que tienen en sus manos una oportunidad clave para generar un cambio, especialmente en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, colocando perfiles que no respondan a partidos políticos, que no actúen con sesgos ideológicos y que prioricen la democracia, el Estado de derecho y las libertades.

En el caso de la elección del fiscal general, aunque la comisión solo elabora una nómina y la decisión final corresponde al presidente de la República, lo relevante es que esa nómina esté integrada por perfiles tan sólidos que cualquiera de los seleccionados garantice un buen desempeño. El mismo criterio aplica para la nominación del contralor general de Cuentas.

Qué cambiará con el Mundial 2026 y por qué marcará una nueva era en la historia del fútbol

Entre estadios, migración y redes sociales, el próximo Mundial plantea un escenario inédito y deja lecciones clave para países que aún sueñan con clasificar. En entrevista, Rafael Tinoco analiza el impacto cultural, político y deportivo que trasciende la cancha.

Belinda S. Martínez

11 de enero de 2026

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El Mundial 2026 no solo ampliará el número de selecciones: cambiará la forma de vivir el futbol, dentro y fuera de la cancha, en todo el continente. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol: será el primero con 48 selecciones y se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, con una magnitud logística y mediática sin precedentes.

Más allá del espectáculo deportivo, el torneo plantea debates sobre infraestructura, migración, cultura, economía y desarrollo del fútbol en regiones que aún buscan consolidarse.

En esta entrevista, Rafael Tinoco, expresidente de la Unión Centroamericana de Futbol (UNCAF) analiza el impacto global del evento y aterriza la conversación en Guatemala: las limitaciones estructurales, los retos mentales del jugador, el papel de la juventud y los procesos que el país debe asumir si quiere aspirar, algún día, a clasificar a una Copa del Mundo.

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¿Qué se puede esperar del Mundial 2026 con su nueva estructura y formato ampliado?

Me impresiona y entusiasma ver un Mundial con 48 equipos y múltiples sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Esta estructura rompe la dimensión tradicional del torneo y lo convierte en un evento aún más grande. Ya era el mayor evento deportivo del mundo, y ahora su alcance será mayor.

No se trata solo de los estadios, sino de la fiesta que se generará en las ciudades sede y a nivel global. El impacto se sentirá en todos los países participantes. Basta ver casos como Curazao o Surinam: naciones pequeñas que, al clasificar, se paralizan por completo.

¿Cree que el Mundial 2026 tendrá un impacto que trascienda el torneo y se proyecte hacia el futuro?

Sí, es un Mundial que va a trascender por su magnitud. Para la FIFA representa un reto organizativo enorme, por la logística y todo lo que implica un torneo con esta cantidad de equipos y sedes. Durante ese mes, el futbol dominará la conversación pública: tendrá una cobertura total y será el centro de atención, incluso para quienes no siguen el deporte.

Ese impacto hace que, al menos durante el torneo, la atención se concentre en el futbol. Aunque el evento termina, deja un efecto que impulsa al siguiente Mundial. El crecimiento del torneo ha sido constante y esta edición, por su escala, marca una nueva dimensión. Habrá que ver cómo la FIFA organiza todos los elementos adicionales que se han mencionado, como espectáculos y actividades previas, para entender hasta dónde llega esa transformación.

¿Qué cambios culturales genera un Mundial durante el evento y qué impacto deja después en las sociedades que lo albergan?

El impacto cultural y organizativo depende mucho de cada país, pero sí hay efectos que permanecen. La infraestructura deportiva queda y también el aprendizaje en organización, y eso luego se traslada a otros deportes.

En Guatemala ocurrió algo similar con el Mundial de Futsal 2000. Antes no había sede ni espacios adecuados, y después del evento se desarrolló infraestructura, como el domo, lo que permitió que el país se posicionara a nivel regional en futsal dentro de Concacaf. Eso es lo principal que queda: infraestructura y capacidad organizativa.

En el plano cultural, la gente se adapta y respeta las reglas del evento. Aunque es un torneo muy grande y siempre existen riesgos o problemas, estos se resuelven porque la planificación es extensa. FIFA organiza estos eventos con muchos años de anticipación: se definen rutas, transporte, hoteles, seguridad, fan fest y protocolos ante distintos escenarios. Hay coordinación entre policías y fuerzas de seguridad de distintos países para que el evento funcione. Los riesgos asociados al fanatismo están contemplados y para eso existe preparación previa.

El Mundial es un evento que puede unir, pero también generar tensiones entre naciones. ¿Cuál es su percepción sobre ese fenómeno?

Los conflictos entre aficionados durante un Mundial son mínimos si se comparan con los que se dan en ligas o partidos entre clubes. El ambiente es distinto. Basta ver el momento en que se abren las puertas de los estadios: se percibe la ilusión de personas que planificaron durante meses cómo conseguir boletos, hospedaje y transporte para vivir la experiencia, sin importar si juega su selección o el equipo que quieren ver.

Horas antes del partido, la gente ya está reunida en actividades previas alrededor de los estadios. La actitud cambia, incluso en los países sede. Se ha visto en contextos complejos, como Rusia o Canadá, donde normalmente los trámites de ingreso son estrictos, pero durante el Mundial el entorno se transforma.

También ocurre con las normas locales. En Qatar, pese a las restricciones culturales, los aficionados se adaptaron, respetaron las reglas y el orden. El Mundial modifica el comportamiento colectivo y genera un ambiente de convivencia poco común en otros eventos deportivos.

¿De qué manera el fenómeno migratorio ha contribuido a enriquecer el futbol a nivel mundial?

La migración ha ampliado y fortalecido el futbol. Se vio claramente en Alemania 2006, cuando la selección alemana ya incorporaba jugadores de origen migrante, lo que ayudó a romper paradigmas que antes eran un tabú. Hoy las selecciones utilizan todos sus recursos y convocan a los mejores jugadores disponibles para competir al más alto nivel, algo que ya no genera cuestionamientos como en el pasado.

En los últimos Mundiales, este tema ha dejado de ser un obstáculo. Además, la FIFA ha sido firme en la lucha contra el racismo: existen protocolos claros, advertencias a los aficionados y la posibilidad de detener los partidos. Si las conductas persisten, incluso se puede cancelar un encuentro. Aunque no fue fácil implementar estas medidas, el proceso avanza y ha contribuido a frenar este tipo de ataques.

Estados Unidos será una de las sedes del Mundial. ¿Cómo observa el contexto migratorio y la participación de aficionados ante las políticas actuales en ese país?

Las políticas migratorias de Estados Unidos son actualmente estrictas, pero el Mundial es una fiesta y, mientras la gente se comporte, el evento debería desarrollarse con normalidad. No parece un escenario para operativos como redadas durante el torneo.

El contexto político hace que el tema sea sensible, pero no considero que durante el Mundial ocurra algo fuera de lo previsto. Si a algún aficionado no se le permite el ingreso, será por razones específicas. Hoy los controles comienzan incluso antes del viaje: para otorgar una visa se revisan antecedentes y hasta redes sociales. En ese sentido, es preferible un entorno seguro dentro de los estadios.

La seguridad en los Mundiales es muy alta. Desde la compra del boleto y la asignación del Fan ID, los aficionados pasan por procesos de verificación estrictos. Estos eventos no pueden permitirse fallas en ese aspecto, y por eso el control es exhaustivo desde el inicio.

¿Cómo participa hoy la juventud en el futbol, tanto desde el rol de deportistas como desde el de aficionados?

La participación de la juventud se da en dos ámbitos distintos. Por un lado, está el deportista: el niño o joven que sueña con llegar a una selección, que sabe que existe una posibilidad y se esfuerza por mantenerse en su equipo, en su liga y en sus torneos. Ese sigue siendo un camino claro.

Por otro lado, está el joven aficionado, cuyo rol ha cambiado con las redes sociales. Antes el fanático iba a ver el partido; hoy busca estar, compartir y formar parte de la experiencia. El entorno mediático y digital es muy fuerte y ha transformado la forma de consumir futbol. Ahora los partidos se pueden ver en cualquier momento desde un teléfono, algo impensable antes, cuando había que adaptarse a horarios fijos de radio o televisión.

Este nuevo escenario ha llevado al futbol a otra dimensión. Los departamentos de redes sociales de la FIFA son enormes y los jugadores se convierten en superestrellas, como se ha visto con el efecto Messi.

¿Qué representa ganar el trofeo de la Copa del Mundo para jugadores, aficionados y países?

Para un jugador y para un aficionado, no hay nada comparable a ser campeón del mundo. Se pueden ganar otros torneos, como la Champions League o copas regionales, pero el título mundial tiene un valor distinto. El campeón del mundo es campeón del mundo, y ese logro marca un ciclo de cuatro años. Es un momento único.

Además del prestigio deportivo, el país ganador recibe premios económicos millonarios que suelen reflejarse en infraestructura deportiva. Para los jugadores, ganar una Copa del Mundo los coloca en otro nivel: su vida cambia, se convierten en figuras mediáticas y aumentan de forma significativa su valor en el mercado. Las ofertas que reciben se multiplican y, desde ese momento, se les trata de manera diferente por haber alcanzado el máximo logro del futbol.

Más allá de la duración del torneo, ¿qué repercusión económica deja un Mundial y cómo impacta en países como Guatemala?

En el caso de Guatemala, el impacto posterior es limitado y se concentra más en el gasto y el consumo durante el evento. Ya se habla de fondos de inversión vinculados al futbol, y la FIFA ha impulsado mecanismos junto con países sede futuros, como Arabia Saudita, para el desarrollo de estadios. Para países como el nuestro, esto debería ser una señal para invertir y mejorar la infraestructura deportiva, que es uno de los grandes déficits y una de las razones por las que no se logra clasificar a un Mundial.

La infraestructura es un problema serio: desde las condiciones de los estadios hasta el tipo de grama necesaria para el alto rendimiento, estamos muy lejos de los estándares internacionales.

En términos económicos, habrá más gasto, pero también mayor consumo. Restaurantes y bares se verán beneficiados, especialmente porque el Mundial se jugará en nuestra zona horaria, con varios partidos diarios desde la mañana hasta la noche. Ese movimiento económico será fuerte durante el torneo, y aún más evidente en los países clasificados y en las sedes mundialistas.

¿Por qué la infraestructura deportiva es uno de los principales obstáculos para que Guatemala pueda aspirar a un Mundial?

Centroamérica no tiene la capacidad para albergar un Mundial, y en el caso de Guatemala el problema es más evidente. Nuestros estadios fueron construidos entre las décadas de 1950 y 1970, y ya no cumplen con los requerimientos que exige un evento de esta magnitud.

Además, la infraestructura no se limita al estadio. FIFA evalúa aspectos clave para los jugadores, como vestuarios adecuados, tipo de grama, salas de prensa, atención a áreas VIP, control de flujos de personas, transporte público y conectividad entre sedes. En otros países, como Brasil, estas exigencias implicaron inversiones específicas, como líneas de transporte específicas.

Guatemala no cuenta con esa capacidad: ni en estadios, ni en hoteles, ni en sistemas de transporte para recibir grandes volúmenes de visitantes. La infraestructura deportiva quedó estancada en el tiempo y, a nivel centroamericano, solo Belice presenta condiciones similares. El resto de países de la región ya superó a Guatemala en este aspecto.

¿Y esto cómo afecta en el tema de clasificación de los jugadore a un mundial?

La infraestructura incide directamente en las eliminatorias. Si un jugador está acostumbrado a jugar en campos en mal estado, no está preparado para competir en terrenos de primer nivel. La grama, por ejemplo, debe ser híbrida, bien balanceada y de alta calidad.

Esa infraestructura es la que marca el desarrollo de un país. En el caso de Guatemala, el futbol refleja ese estancamiento.

Pensando en el futuro, ¿qué acciones concretas debe tomar Guatemala para aspirar a clasificar a un Mundial?

Clasificar a un Mundial es un proceso de largo plazo. Un primer paso acertado ha sido buscar jugadores guatemaltecos o con posibilidad de obtener el pasaporte en Estados Unidos, y ese trabajo debe continuar. Pero no se trata de apostar a un ciclo de cuatro años. Para llegar a un Mundial hay que clasificar selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23, e incluso a los Juegos Olímpicos. Ese es el camino.

Guatemala debe entender que no se trata de desearlo, sino de construirlo. Los jugadores tienen que creer que es posible, y ahí existe un problema importante: el aspecto mental.

Hoy lo que ocurre es que Guatemala suele caer ante rivales más pequeños. Es un problema de mentalidad. Hay que trabajar psicológicamente al jugador, convencerlo de que puede competir y sostener ese proceso en el tiempo.

También es clave dar seguimiento a los futbolistas que ya han participado en torneos juveniles mundialistas. Esos jugadores deben convertirse en referentes para las siguientes generaciones. En otros países, como Colombia, varios futbolistas de selecciones Sub-20 fueron contratados en el extranjero; en Guatemala eso no está ocurriendo. Para crecer, los jugadores deben salir a competir fuera del país y profesionalizarse en otras ligas.

Finalmente, se debe invertir mejor en infraestructura deportiva. Recursos existen, pero el problema está en la ejecución. Sin instalaciones adecuadas, sin procesos juveniles sólidos y sin un trabajo serio en lo mental, no es realista pensar en llegar a un Mundial de forma inmediata.

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Carmen Urízar / Especial para Prensa Libre

11 de enero de 2026

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En el 2026 por lo menos habrá tres eventos para expandir las redes de transmisión de energía e incluye modernización. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Carmen Urízar, exministra de Energía y Minas, asevera que Guatemala entra al 2026 con una mezcla de oportunidades y riesgos en su sector eléctrico. Por un lado, enfrenta la necesidad urgente de asegurar capacidad de generación a largo plazo para acompañar el crecimiento económico y evitar tensiones de suministro; por otro, la red de transmisión requiere inversión y coordinación para integrar nueva generación y evitar cuellos de botella que encarecen la electricidad. Estos dos frentes serán determinantes para la estabilidad energética del país en el 2026.

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La gran apuesta

La licitación PEG-5, definida por las autoridades como el mayor evento de contratación de energía y potencia en la historia del país, busca contratar hasta 1,400 megavatios (MW) de potencia garantizada y energía asociada para asegurar la demanda firme futura. Este volumen es ambicioso y necesario: sin proyectos adjudicados y contratos de largo plazo que garanticen ingresos, la inversión privada en generación difícilmente llegará al ritmo requerido.

El desafío aquí es doble. Primero, diseñar bases claras, previsibles y atractivas para inversionistas, evitando contradicciones regulatorias o requisitos técnicos que reduzcan la competencia. Segundo, balancear criterios de precio con exigencias de confiabilidad. Si PEG-5 no logra atraer ofertas sólidas, o si las impugnaciones y adendas dilatan adjudicaciones, Guatemala podría enfrentar una brecha de potencia en los años clave hacia el 2030.

Urgencia por modernizar

La otra cara de la moneda es la red de transmisión. En el 2025, el proceso PET-3 fue declarado desierto por fallas en la participación y en la documentación técnica, dejando pendientes proyectos esenciales de interconexión y reforzamiento. Ante ese revés, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha señalado la preparación de una nueva convocatoria, PET-4, para corregir errores, retomar lotes pendientes y atraer una oferta técnica y financiera más sólida.

Sin la infraestructura de transmisión adecuada, los proyectos que pueda adjudicar PEG-5 correrán el riesgo de quedar embotellados: parques solares o eólicos rentables a escala podrían no evacuar su energía o requerir costosas obras complementarias que aumenten el costo final al usuario. Además, la falta de coordinación temporal entre adjudicaciones de generación y adjudicaciones o ejecución de líneas y transmisores crea riesgo de activos paralizados, costos hundidos y conflictos entre operadores.

Integración de renovables

Guatemala tiene un alto potencial renovable, y la PEG-5 ha abierto la puerta para que esas tecnologías compitan. Sin embargo, la integración masiva de renovables exige planificación: intermitencia, almacenamiento, gestión de redes y mecanismos de mercado que valoren la flexibilidad.

Además de los retos vinculados directamente con la PEG-5 y el PET-3, Guatemala enfrentará en el 2026 un conjunto más amplio de desafíos energéticos estructurales, algunos heredados y otros que se intensificarán, tales como:

Vulnerabilidad climática

El cambio climático seguirá afectando la disponibilidad hídrica. Las sequías más frecuentes o prolongadas reducen la generación hidroeléctrica, que históricamente ha sido un pilar de la matriz energética guatemalteca. En el 2026, esta vulnerabilidad obligará a depender más de la generación térmica o de importaciones regionales, lo que presionará los costos y las emisiones.

Dependencia de combustibles

Aunque Guatemala ha avanzado en renovables, la necesidad de potencia firme para respaldar la intermitencia solar y eólica seguirá recayendo en plantas térmicas. En el 2026, la volatilidad internacional de precios de los combustibles podría impactar las tarifas y los costos de generación. El reto será avanzar hacia respaldos más limpios (gas natural, almacenamiento, sistemas híbridos) sin perder confiabilidad ni encarecer el sistema.

Integración energética

El almacenamiento (baterías o sistemas híbridos) ya no es un lujo tecnológico, sino una necesidad operativa. Sin embargo, el marco regulatorio guatemalteco aún no define con claridad cómo se remunera el almacenamiento ni cuál es su rol en el mercado. En el 2026, la ausencia de reglas claras podría retrasar inversiones clave, limitar la penetración renovable y aumentar los costos de operación del sistema.

Cambios en el consumo

El crecimiento económico, la electrificación de procesos industriales, el aumento del uso de aire acondicionado y, progresivamente, la movilidad eléctrica, han venido modificando —y seguirán transformando— el perfil de la demanda. El reto para el 2026 será anticipar no solo cuánto crecerá esta, sino cuándo y cómo se consumirá la energía. Sin señales tarifarias horarias más eficientes y sin una adecuada gestión de la demanda, el sistema podría requerir inversiones sobredimensionadas en potencia.

Pérdidas en distribución

Aunque el debate suele centrarse en la generación y transmisión, la distribución continúa siendo un punto crítico. Las pérdidas —especialmente las no técnicas— afectan la sostenibilidad financiera del sistema y terminan reflejándose en tarifas o en menor inversión. En el 2026, reducir pérdidas requerirá decisiones políticas complejas: combate al hurto de energía, inversión en redes inteligentes y fortalecimiento institucional de las distribuidoras.

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Aceptación y conflictividad

Cada vez más proyectos energéticos enfrentan oposición comunitaria, ya sea por desconfianza histórica, problemas de comunicación o impactos reales y percibidos. En el 2026, la falta de licenciamiento social puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella, incluso cuando los proyectos sean técnicamente viables y cuenten con aprobación ambiental. El desafío será pasar de una lógica de imposición a una de diálogo temprano, beneficios compartidos y transparencia.

Dependencia

Guatemala es un actor relevante en el MER, pero también depende de él en momentos de estrés interno. En el 2026, la disponibilidad regional no estará garantizada: otros países también enfrentarán sequías, crecimiento de la demanda y restricciones internas. El reto será usar el MER como complemento estratégico, no como sustituto de la planificación nacional, y evitar una dependencia excesiva de las importaciones en momentos críticos.

Reflexión final

En síntesis, el 2026 no será un año de un solo desafío energético para Guatemala, sino de convergencia de riesgos: climáticos, tecnológicos, financieros, sociales e institucionales. La realización exitosa de la PEG-5 y el PET-3 será central, pero no suficiente por sí sola. El verdadero reto será no perder la visión integral del sistema eléctrico, donde generación, transmisión, distribución y demanda evolucionen de forma coherente.

OPINIÓN

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¿Qué factores impulsarán la economía de Guatemala en el 2026 y cuáles la limitarán?

Guatemala llega al 2026 con estabilidad macroeconómica y crecimiento moderado, sostenidos por remesas y comercio exterior, pero limitados por una institucionalidad débil y la ausencia de una visión de largo plazo.

María Antonieta Del Cid de Bonilla / Especial para Prensa Libre

11 de enero de 2026

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06:00h

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La economía guatemalteca creció en 2025 impulsada por remesas récord y condiciones externas favorables, más que por reformas estructurales internas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El 2025 estuvo marcado por una alta incertidumbre global, producto de tensiones comerciales impulsadas por las políticas de Estados Unidos y por un complejo entorno geopolítico.

Para Guatemala, país altamente dependiente de las remesas, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense generó, como efecto paradójico, un fuerte crecimiento de los envíos ante la incertidumbre de los migrantes. A noviembre del 2025, las remesas alcanzaron un nivel récord superior a US$23 mil millones, 19% más que en el mismo período del 2024.

En el ámbito comercial, Guatemala se vio relativamente favorecida por la imposición de un arancel mínimo de 10% por parte de Estados Unidos y por condiciones favorables para sus principales exportaciones, junto con la estabilidad en los precios del petróleo. Según el Banco de Guatemala, la economía habría crecido alrededor de 4.1% en el 2025, con una proyección similar para el 2026.

La inflación mostró un comportamiento moderado, situándose en 1.73% a noviembre, por debajo del límite inferior del rango meta de la Junta Monetaria (JM).

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En Estados Unidos, pese a una inflación cercana al 3%, la Reserva Federal redujo gradualmente su tasa de referencia, con tres recortes 0que la ubicaron en un rango de 3.5% a 3.75%. El contexto descrito permitió a la JM reducir la tasa líder de 5% a 3.75%.

En conjunto, el crecimiento económico de Guatemala en el 2025 respondió principalmente a factores extraordinarios y temporales, como el fuerte aumento de las remesas y términos de intercambio favorables. Sin estos, el país seguiría creciendo cerca de su potencial de 3.5%, limitado por el rezago en reformas estructurales, los altos niveles de pobreza y desnutrición, la baja escolaridad, escasa innovación y un significativo atraso en infraestructura, todo ello asociado a una débil institucionalidad.

¿Qué nos espera en el 2026?

Entorno externo

De acuerdo con las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, la economía global crecería 3.1%, ligeramente por debajo del crecimiento observado en el 2025. En el caso de Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, se espera un crecimiento de 2.1%, superior al 2.0% que se prevé para el 2025.

Estados Unidos ha anunciado que mantendrá una política migratoria más restrictiva, lo cual probablemente seguirá influyendo en el comportamiento de las remesas.

Aunque el Banguat estima una desaceleración en su crecimiento, hasta alrededor de 5%, todo indica que los flujos seguirán siendo dinámicos, sosteniendo el consumo interno y apoyando el crecimiento económico, aunque posiblemente a un ritmo algo menor que en el 2025.

Entorno interno

En el ámbito interno, el año se caracterizará por elecciones de segundo grado, que incluyen la designación de autoridades clave del sistema de justicia y del contralor general de Cuentas.

Asimismo, en el 2026 se realizarán los nombramientos del presidente del Banco de Guatemala y del superintendente de Bancos, quienes iniciarán un nuevo período a partir del 1 de octubre.

Estas designaciones son de enorme relevancia para el país, particularmente en un contexto de débil institucionalidad del sistema de justicia, que genera dudas sobre imparcialidad, transparencia y certeza jurídica.

Este factor ha sido uno de los principales obstáculos para la atracción de inversión extranjera directa. Guatemala se encuentra entre los países de la región que menos IED reciben: en el 2024, según el Banco Mundial, captó apenas el equivalente al 1.6% del PIB, muy por debajo de Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En este contexto, la auditoría ciudadana y la vigilancia de los procesos de elección serán fundamentales para asegurar que se nombren personas idóneas, con integridad y trayectoria profesional sólida, lo cual tendrá efectos tanto de corto como de mediano plazo. Si el Ejecutivo no logra aprovechar el 2026 para dinamizar la inversión en infraestructura y avanzar en proyectos prioritarios, será poco probable observar avances significativos en el 2027, al tratarse de un año electoral.

A pesar de la persistente incertidumbre externa, las condiciones apuntan a que Guatemala podría crecer entre 3.5% y 4% en el 2026, impulsada nuevamente por las remesas y un comercio exterior relativamente favorable, sobre todo a la luz del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.

En materia fiscal, el presupuesto aprobado para el 2026, de más de Q163 mil millones —superior al vigente en el 2025 en alrededor de 5%—, implica un déficit fiscal mayor al 3% y una deuda pública de 28% con respecto al PIB.

Desde un punto de vista macroeconómico, dada la fortaleza de la posición externa del país y su nivel relativamente moderado de endeudamiento, este margen de déficit podría dar espacio, temporalmente, para mayores niveles de gasto social y de inversión; no obstante, persiste la falta de claridad sobre los resultados concretos del gasto público.

En efecto, aunque el presupuesto aprobado prioriza educación, salud, seguridad, protección social e infraestructura, no existen indicadores claros que permitan evaluar su impacto real en el bienestar de la población.

Además, hay opacidad en ciertos rubros, como los recursos asignados a los Consejos de Desarrollo —cuyo nivel de ejecución a octubre del 2024 era de apenas 41%— y a pagos a veteranos militares, ex patrulleros y algunas ONG.

Asimismo, la baja ejecución en infraestructura en el 2023 y el 2024 refleja más problemas de capacidad institucional que de disponibilidad de recursos.

Guatemala, aunque sigue siendo la economía más grande de Centroamérica, ocupa posiciones rezagadas en términos de PIB per cápita y desarrollo humano. Se sitúa por debajo de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, países que cuentan con estrategias nacionales de largo plazo claramente definidas.

A esto se suma un salario mínimo relativamente alto frente a la región, deficiencias en infraestructura y presiones de apreciación cambiaria, factores que afectan la competitividad exportadora.

La ausencia de una visión de país de mediano y largo plazo continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Aunque la estabilidad macroeconómica ha permitido enfrentar choques externos e internos con resiliencia, Guatemala carece de una hoja de ruta clara que impulse reformas estructurales, fortalezca la institucionalidad y permita avanzar hacia un crecimiento sostenido que se traduzca en mejoras tangibles en el bienestar de la población.

Esta necesidad se vuelve aún más urgente en un entorno global con impresionantes avances tecnológicos, pero cada vez más complejo en términos económicos y geopolíticos.