Campaña entre Biden y Trump condicionada por la inmigración desde América Latina hacía Estados Unidos

Existe disputa también entre los votantes porque Biden levantó la restricción del Título 42 que permitió la deporatción de migrantes durante la pandemia de covid-19.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

28 de abril de 2024

|

16:03h

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Migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia hacen su paso ´por Chiapas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Donald Trump que pretende regresar a la Casa Blanca y el presidente Joe Biden que busca su reelección se enfrentan a un escenario incierto para abordar estrategias sobre la crisis fronteriza la cual puede impactar en su intención de votos y en los resultados de los comicios en los estados en disputa.

La migración de latinoamericanos en búsqueda de una nueva vida en Estados Unidos condicionan las estrategias de campaña que diseñan Biden y Trump para ganar las elecciones presidenciales en noviembre ya que se prevé un resultado muy ajustado de los comicios.

“La posición política sobre la inmigración puede determinar la reelección de Biden o el regreso de Trump a la Casa Blanca”, cita Infobae debido a que millones de inmigrantes indocumentados recorren un azaroso camino que puede atravesar el Triángulo Norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala y Honduras), el Tapón del Darién -una selva espesa que separa Colombia de Panamá- y México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Los migrantes viajan en caravanas que incluyen familias enteras, jóvenes y niños que se exponen a una serie de peligros en el trayecto, como narcotraficantes y el crimen organizado.

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Sondeo refleja preocupación del estadounidense

Un sondeo de Gallup realizado en febrero de este año, mostró que “la inmigración es la principal preocupación en Estados Unidos delante de la gestión del gobierno, la economía y la inflación”, según Infobae.

Además, en un sondeo anterior realizado en enero, señaló que la inmigración preocupó al 20 por ciento de los encuestados, y un mes después, al 28 por ciento de los consultados por Gallup, un 40 por ciento más en apenas cuatro semanas.

Cifras oficiales, muestran que en diciembre de 2023 se contabilizaron 249 mil 785 detenciones por cruces ilegales, un aumento del 31% con respecto a noviembre de ese año, y del 13% con respecto a diciembre de 2022, cuando se registró la anterior marca según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Biden y Trump sobre temas migratorios

La política migratoria del presidente Biden está en jaque por la interna del partido demócrata, se suma la presión de la opinión pública que aún no ha definido su voto para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

El candidato demócrata, prometió en la campaña de 2020 que modificaría las normas establecidas por el gobierno de Trump, pero la crisis migratoria dejó su promesa a mitad del camino.

En su caso, Trump utilizó el Título 42 para restringir la inmigración indocumentada argumentando la pandemia de COVID-19. Pese a que Biden levantó esa norma restrictiva basada en razones de salud pública, estableció “nuevas reglas de juego cuestionadas por los sectores de izquierda del partido Demócrata y similares en su dureza a la legislación que aplicó la administración Trump”, cita Infobae.

El 12 de mayo de 2023, Biden levantó la aplicación del Título 42 y el 17 de abril de 2024, Estados Unidos deportó 690 mil 000 personas, la mayoría migrantes indocumentados que cruzaron sin permiso la frontera con México. En este contexto, Biden tiene una fuerte oposición hacia adentro del partido Demócrata, y a su vez, no logra contener las críticas del candidato Trump.

Los diputados (representantes) y senadores republicanos, alineados con Trump, trabajaron una ley inmigratoria destinada a aplacar la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Esa iniciativa era contradictoria con el discurso de campaña de Biden en 2020, pero su sentido apuntaba a reducir las críticas de la opinión pública y plantear una solución transitoria a un problema que ya había superado todas las previsiones técnicas.

“Este día arribó al país un vuelo bajo la medida migratoria del Título 8 con 115 guatemaltecos (111 hombres y cuatro mujeres) retornados desde Alexandria, Luisiana”, dijo a periodistas la vocera del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alejandra Mena.

“Este sería el primer vuelo que arriba al país posterior a la finalización del Título 42. Los retornos bajo el Título 8 continuarán”, afirmó.

El Título 42, activado en 2020 por la emergencia de covid-19, permitía a autoridades migratorias estadounidenses expulsar inmediatamente a personas sin papeles.

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Bajo esta modalidad, Estados Unidos deportó a 61 mil 433 guatemaltecos entre el 2 de septiembre del 2021 y el 11 de mayo del 2023, según datos del IGM.

El Título 8 es una antigua norma más drástica que conlleva que los migrantes sin papeles sean trasladados por tiempo indefinido a un centro de procesamiento.

La vocera aseguró que la frontera de Estados Unidos “está cerrada para la migración irregular, quienes intenten ingresar a ese país serán trasladados hacia un centro de detención y posteriormente retornados a Guatemala”.

El 11 de mayo pasado, cuando el Título 42 expiró, se informó que había llegado el primer vuelo con deportado bajo la norma del Título 8; sin embargo, este miércoles, mena dijo que esa medidas siempre ha estado vigente y que los deportados de este miércoles son los primeros que llegan exclusivamente bajo esa modalidad.

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Durante 2022, Estados Unidos deportó vía aérea a 40 mil 713 guatemaltecos, cifra que duplicó los 17 mil 806 deportados en 2021 y los 21 mil 57 de 2020, años en los que los vuelos fueron irregulares por la pandemia del covid-19.

La cancillería calcula que cerca de 2.7 millones de guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero sólo 400 mil poseen documentos para trabajar.

Analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que de momento no se visualiza un efecto negativo para el país en términos de los flujos de transferencias luego de la finalización del Título 42, así como por las medidas contra la migración irregular en el Estado de Florida, donde hay una comunidad importante de guatemaltecos que podría desplazarse hacia otros estados de la Unión Americana.

El asunto migratorio empieza a provocar debate entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones presidenciales del 2024 en EE. UU., mientras en Guatemala durante el primer trimestre del año la tendencia de las remesas familiares empieza a desacelerarse -ritmo de crecimiento menor- tal como se había previsto, luego de marcar por 26 meses consecutivo tasas de crecimiento a doble digito, incluso estableciendo récords.

¿Cuál es la lectura?

Cuando se declara alguna medida como la decretada por Estados Unidos muchos de los migrantes irregulares pueden entrar en pánico y temen que puedan ser perseguidos.

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El activista Juan Carlos Pocasangre, presidente de la organización Guatemaltecos en Nueva York, explicó vía telefónica que la terminación del Título 42 va a afectar a muchos hispanos, pero para el caso de los originarios de Guatemala, la afectación será muy poca, ya que tienen familiares en Estados Unidos, quienes hacen los sacrificios para poder llevar a sus parientes a ese país, y la mayoría lo hace pagando “mucho dinero”, dándole la vuelta a la frontera, y no se entregan como hace el resto de migrantes de otras nacionalidades.

La mayoría de indocumentados que se entrega explicó Pocasangre, son haitianos, venezolanos, colombianos, africanos, y nicaragüense, que no tienen familiares que puedan apoyarlos financieramente, pero es distinto para un guatemalteco. Se conocen casos en los cuales se paga entre US$10 mil (Q77 mil), US$15 mil (Q115 mil), y hasta US$20 mil (Q154 mil), para que “le den la vuelta” a la frontera.

“Cuando un guatemalteco entra, si se porta bien, empieza a trabajar; envía remesas y eso ayuda mucho. Pero si se entrega en la frontera debe seguir un proceso migratorio que es un poco peligroso, pues el otorgamiento de un asilo es imposible, complicado y un guatemalteco difícilmente puede calificar, ya que eso ocurría cuando estaba la guerra civil. La mayoría de las personas vienen por la falta de trabajo, seguridad o estafa y con eso no califican”, afirmó el activista.

Por lo tanto, su creencia es que los flujos de remesas se mantendrán igual o incluso pueden aumentar en el corto plazo, puesto que se observa el ingreso a EE. UU. de hijos, primos, tíos y otros allegados.

Asimismo, Mario Arturo García, analista independiente en temas sobre remesas y catedrático universitario en liderazgo organizacional y administración de proyectos, comentó que se está viviendo una “coyuntura extraña”.

A su juicio, el Título 42 o el final de su aplicación no producirá dinámicas diferentes; es decir, el gobierno de turno seguirá con sus políticas duras de combate a la migración no documentada. Sin embargo, Estados Unidos atraviesa una desaceleración en su economía que sí puede provocar un crecimiento menor al ingreso de las remesas a Guatemala.

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“En los próximos meses recibiremos flujos con menos crecimiento, pero provocando más por variables de coyuntura económica y no por la situación legal-migratoria”, precisó García.

Por otro lado, Pocasangre dijo que hay una clara preocupación en que EE. UU. ha anunciado que Guatemala y Colombia serían los países donde se pedirá asilo, aunque no se ha planteado de manera oficial, pero si se llegará a concretar “habrá migrantes de todo el mundo llegando al país para aplicar esos asilos. Es como una lotería lograrlos, y no sé qué pasaría con tanto migrante para hacer el asilo”.

Con la finalización del Título 42 quedó vigente el Título 8 y nuevas restricciones en la frontera de Estados Unidos.

Redes se aprovechan

Marcel Arévalo, coordinador del programa de pobreza y migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advirtió que, si hay alguna declinación de los flujos de remesas, será muy corta con relación a lo que se recibe en un año, y, por el contrario, seguirá una tendencia del crecimiento.

En todo caso los efectos de la terminación de capítulo 42 incentivará la migración con cierta tendencia, pero “lo más delicado de esto”, añadió, serán los temas de vulnerabilidad, riesgos a otros eventos que les afecten, “y se está manejando que los coyotes, así como las redes criminales, se están aprovechando para asegurar que el fin de este programa facilitará el ingreso -de migrantes-”, cosa que no es cierta.

Arévalo resaltó que ya había información sobre el incremento de viajeros por la acumulación de personas cercanas a las zonas de fronteras, la preparación de misiones humanitarias por el lado mexicano y estadounidense, previendo precisamente la aglomeración de más personas.

Efecto de Florida

Con respecto a las medidas ordenadas en Florida, de la implementación de leyes contra la migración irregular impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, Arévalo aseguró que tiene que ver con la cuestión electoral, polémica partidaria, y la relación entre demócratas y republicanos, que tiene como tema central la migración.

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Recordó que en la Florida hay radicados muchos guatemaltecos. “Cuando se acerca la temporada electoral en Estados Unidos, en este caso el año entrante, la migración es un tema que va a ir creciendo y creciendo, tal como sucedió en la contienda electoral y cada partido hace sus ofertas”, resaltó Arévalo.

Por su parte, Pocasangre contó que, si se llegara a implementar estas medidas en el Estado de Florida, donde hay muchos guatemaltecos, ellos tendrían que salir a otras ciudades. “Lo que siempre hacen por los hijos y sus familiares cuando ocurren este tipo de medidas es que mandan por adelantado todo lo que pueden en remesas, para que aguanten mientras se ubican en otro lugar para insertarse a trabajar”, añadió.

Si las medidas llegan a implementarse en Florida reiteró el activista que esto podría impactar en el largo plazo mientras los migrantes se ubican en otras ciudades, pero según la información que manejan es que hay varias organizaciones que solicitarán a la Suprema Corte de EE. UU. que se impida. “Pero ahora hay mucho temor entre los migrantes que los pueda obligar a salir de ese Estado”, comentó.

Algunas de las medidas que fueron aprobadas y que el texto entraría en vigor el 1 de julio es que que:

• Se exigirá a las empresas con más de 25 empleados utilizar el E-Verify, un sistema federal para comprar el estatus migratorio de las personas que quieran contratar.
• Obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recabar datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
• El transporte de personas indocumentadas desde otro Estado a Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de presión.

Remesas se desaceleran en abril

Durante el primer cuatrimestre del año, las remesas se desaceleraron en 9.8% y se alcanzó un monto de US$5 mil 984.8 millones -unos Q46 mil millones-, según la actualización de la balanza cambiaria.  El año pasado el monto fue de US$5 mil 452.7 millones en el mismo período.

Solo en abril, el ingreso fue de US$1 mil 551.4 millones, y en marzo, US$1 mil 665, que es el monto más alto en lo que va del 2023, en tanto que en febrero fueron US$1 mil 381.1 millones y en enero US$1 mil 386.5 millones.

La estimación de la banca central es que para 2023 el año cierre con US$19 mil 393 en divisas por remesas, y para 2024, en US$20 mil 556 millones.

Anteriormente, los migrantes podían llegar hasta la frontera y solicitar protección; sin embargo, Washington anunció más medidas que restringen ese acceso. Estas son las claves para conocer más acerca de las esas nuevas reglas.

Qué implicaba el Título 42

El pasado jueves 11 de mayo a las 23:59 horas llegó a su fin la política conocida como Título 42, implementada por el gobierno de Donald Trump durante la pandemia y que permitió expulsiones aceleradas de migrantes a sus países de origen.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró que 61 mil 433 guatemaltecos fueron expulsados bajo esta medida migratoria, desde el 2 de septiembre hasta el 11 de mayo del 2023. Previo a esa fecha, los migrantes fueron retornados bajo el Título 8, confirmó la institución.

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Bajo el Título 42, los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) tuvieron potestad para que, discrecionalmente, decidieran qué hacer en el momento de detener a los migrantes:

• Expulsarlos o devolverlos a México de manera inmediata
• Deportarlos bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA)
• Procesarlos y referir probables casos de asilo si en caso los migrantes manifestaran miedo creíble, para que un juez decidiera si tenía opción de permanecer en suelo estadounidense

Sin embargo, el Título 42 no tenía mayores implicaciones legales para los migrantes al cruzar la frontera de manera irregular. Por ello, si intentaban ingresar de manera irregular en varias ocasiones no significaba mayores consecuencias.

Lea también: EE. UU. dice que ha hablado “personalmente” con Giammattei sobre centros de procesamiento de migrantes

Qué dice el Título 8

El Título 8 establece que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos lleven a cabo “entrevistas de miedo creíble” a los migrantes, de esa manera evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Si concluyen que existe un motivo razonable se inicia un proceso y el migrante deberá comparecer ante un juez. Entre tanto puede quedarse en EE. UU. o bien puede ser enviado a México, en virtud de la política conocida como “Quédate en México” para que espere allí la cita judicial.

En caso de que se considere que no existe un peligro, el migrante será sometido a una “deportación acelerada”, bajo medidas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta medida tomará más tiempo para que los migrantes sean procesados. Medios estadounidenses consignan que con el Título 42 el tiempo de evaluación de cada caso podía tomar 30 minutos, mientras que el Título 8 podría representar más de una hora.

Nuevas condiciones

Las nuevas reglas que anunció Washington obliga a migrantes a utilizar nuevos caminos legales para entrar a los Estados Unidos:

A través de un permiso humanitario para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

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Por medio de la reunificación familiar si en caso son migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras una vez aprobado un trámite de un formulario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS que se descarga en su sitio.

A través de la aplicación del sistema de asilo de Estados Unidos, CBP One, donde se obtiene una cita para presentarse en un puerto fronterizo.

Haber pedido asilo en el país por el que transitaron antes de llegar a la frontera con EE. UU.

“Anticipamos una situación humanitaria muy fuerte en la cual pondría en desafío las capacidades logísticas del Estado de Guatemala para albergar a las personas en lo que esperan su procedimiento” de refugio en Estados Unidos, dijo el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López.

Estados Unidos dejó sin efecto el jueves a la medianoche el Título 42 invocado desde 2020 para expulsar a la mayoría de los migrantes que entraban por la frontera con México, y anunció la creación de “centros regionales de procesamiento” de pedidos de refugio en América Latina, empezando por Guatemala y Colombia.

Sin embargo, López señaló que Estados Unidos no ha brindado hasta ahora información a Guatemala sobre la apertura de este centro y afirmó que la medida anunciada de “formal unilateral” por Washington “fue una sorpresa” para las autoridades guatemaltecas.

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“Queremos aclarar que al gobierno de Guatemala no nos han comunicado realmente la operatividad de estos centros de recepción”, dijo López a periodistas, en el marco de una cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad colonial de Antigua.

Sin embargo, el portavoz manifestó que Guatemala buscará trabajar en conjunto con Estados Unidos ante el posible aumento de la migración.

“Guatemala no será un tercer país seguro”

“Guatemala, el presidente de la República -Alejandro Giammattei- lo ha dicho muy enfáticamente, que no será un tercer país seguro, como se ha conocido esta medida tanto impositiva que sea que se ha mantenido en años anteriores”, expresó López.

Afirmó que el Gobierno de Guatemala ha tenido una comunicación con Alejandro Mayorkas, del Departamento de Seguridad Nacional, con quien han conversado las distintas consecuencias que pueden traer a la región el levantamiento del título 42.

Refirió  que debido a la buena relación bilateral que existe entre Guatemala y Estados Unidos, el presidente Giammattei, , la embajada y la Cancillería han mantenido conversaciones telefónicas con algunos congresistas de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos en donde han expresado también algunas opciones y han dado unas propuestas el abordaje integral  tras el anuncio que hizo el Departamento de Estado.

López dijo que por el momento están a las espera de la respuesta a esas propuesta que se hicieron.

Señaló que la respuesta a este tema es un abordaje coonunto y regional y que Guatemala ha mantenido la seguridad migratoria de los Estados Unidos y de la región.

López afirmó que Guatemala va a continuar con la protección de sus fronteras, que están desplegadas fuerzas de seguridad tanto de la PNC como del Ejército en las frontera con Honduras y El Salvador  y que por esa política, que afirmó no es coyunturalo, las caravanas de migrantse no han pasado a Guatemala.

Resaltó que rcientemente por iniciativa de Giammattei reforzaron las penas contra el tráfico ilícito de migrantes, conocida como Ley de coyotaje y eso impactó para que acá en el país no se organicen caravanas y si se generan en otros países el despliegue de seguridad en Guatemala no las deja pasar.

#ConferenciaDePrensaGT | Declaraciones del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, @KLopezOliva. https://t.co/PYapf2DFf9

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) May 12, 2023

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Capacidades insuficientes

López reconoció que sí se necesita apoyo logístico para abordar el tema migratorio y que en la actualidad las capacidades del país no serían suficientes para una eventual concentración de migrantes para procesamiento para petición de asilo.

“Anticipamos una situación humanitaria muy fuerte que sí pondría en desafío las capacidades  logísticas del  Estado de Guatemala para albergar a las personas en lo que esperan su procedimiento y es por ello que nos anticipamos y buscamos ese abordaje en conjunto para solicitar más apoyo logístico para un posible incremento derivado del retiro del título 42 en la región que significaría un aumento en el flujo de personas”, comentó.

Al consultarle si Guatemala estaría en disposición de abrir ese centro de procesamiento de migrantes si se proporcionaban los recursos y la logística respectiva, respondió que el tema debe ser abordado conjuntamente, pero reiteró que Guatemala no sería un tercer país seguro.

Miles migran anulamente

De acuerdo con información de AFP, miles de guatemaltecos emigran cada año de forma irregular a Estados Unidos para escapar de la violencia y también de la pobreza en que vive casi el 60% de los 17 millones de habitantes del país, según datos oficiales.

Más de 61 mil guatemaltecos fueron deportados por Estados Unidos entre 2021 y 2023 bajo el Título 42, de acuerdo con cifras de Migración de Guatemala.

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Han hablado con Giammattei

Funcionarios del Gobierno de EE. UU. afirmaron el jueves 11 de mayo que han sostenido pláticas con el presidente Alejandro Giammattei sobre la instalación de un centro para el procesamiento de migrantes en Guatemala, del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) no ha querido pronunciarse esta semana.

Dcho centro funcionaría, según la versión estadounidense, para la recepción de solicitudes de refugio y otros alivios migratorios y podrían aplicar migrantes de los países de la región, hasta seis mil mensuales.

“Nuestro secretario ha hablado personalmente con el presidente Giammattei acerca de estos temas en la última semana”, afirmó Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en una conferencia de prensa vía telefónica.

El funcionario estadounidense afirmó: “hemos estado comunicándonos muy de cerca con Guatemala, así como con los otros países socios de EE. UU. en la región que tiene que lidiar con el reto que plantea un aumento de la migración una vez concluido el Título 42″.

Por su parte, Marta Youth, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU., confirmó que han trabajado “muy de cerca” con los países socios.

Youth refirió que EE. UU. está dispuesto a apoyar a los países de la región, y dijo que en los últimos dos años la cooperación para asistencia humanitaria a estas naciones suma US$2 mil 400 millones.

Fue justo cuando expiraba el Título 42, situación que ha generado incertidumbre y desesperación en un nuevo episodio de la crisis migratoria.

Llevaba a su hija en brazos y desconcertada ante lo que le depararía a ella y a cientos de miles de personas. Decidió tomar el paso y se acercó al cruce de la frontera para recibir la respuesta que tanto temía. Los agentes que custodiaban el lugar, le negaron el paso. No podría cruzar.

La guatemalteca se identificó como Paola. Se acercó a la frontera con su hija, pero un agente le explicó en español que no podía pasar y le recomendó que descargara la aplicación del sistema de asilo de Estados Unidos, CBP One, para pedir una cita y tramitar la solicitud.

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“Voy a intentar, dije, a ver qué pasa”, comentó la joven madre a AFP. Relató que ya lo había intentado en el pasado y en varias veces. Sin embargo, fue en vano.

Así como Paola, son miles de migrantes tanto en la frontera como en refugios de México los que esperan pedir asilo en línea.

Su caso, particularmente, es el recordatorio de la continua crisis de la migración desde Guatemala, país que se ha convertido en un punto de paso para extranjeros que se dirigen al norte, pero también en una de las naciones de donde migran más personas que buscan mejores condiciones de vida en suelo estadounidense, muchos de ellos huyendo de la pobreza o la violencia.

Lea también: Crisis migratoria: Por qué la desinformación reduce las esperanzas de migrantes de llegar a EE. UU.

Desde el jueves 11 de mayo a la medianoche cuando expiró el Título 42, el panorama en la frontera era bastante calmado, aunque para los migrantes son momentos de mucha incertidumbre y de ansiedad ante la imposibilidad de seguir adelante.

Fin del Título 42

El Título 42, que se creó durante el gobierno de Donald Trump como una norma sanitaria por el covid-19, permitió por tres años que prácticamente los migrantes fueran expulsados inmediatamente a sus países de origen.

Ahora, el Título 8 que regirá, además de expulsar a aquellos que entren sin visa o sin autorización, les prohíbe entrar de nuevo en un plazo de cinco años y expone a que los migrantes sean sometidos a procesos judiciales.

La norma que regía desde tiempo atrás, endurece el acceso al asilo y obliga a los migrantes a que pidan una cita a través de la aplicación móvil CBP One o a acogerse a programas de reunificación familiar.

Los permisos humanitarios únicamente tiene cupos para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.

Con información de AFP*

El gobierno del presidente Joe Biden anunció que empezará a aplicar a los inmigrantes una ley conocida como el Título 8, bajo el que son inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país.

Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente un intento del gobierno de Biden de liberar a los inmigrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) se encuentren al máximo de su capacidad.

En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense, reforzada con alambre de púas y soldados, sin saber exactamente a dónde ir ni qué hacer. Otros se instalaron en refugios, decididos a conseguir una cita de asilo que podrían tardar meses en obtenerla.

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En El Paso, Texas, el reloj marcó las 10 p.m., 12:00 a.m. hora del Este, con unas 350 personas aún esperando para ser procesadas por CBP del otro lado del muro fronterizo, en la puerta número 42.

Cerca de la medianoche, unidades de CBP se movieron al área para continuar la transportación de migrantes a centros de procesamiento. El primer bus en salir de la puerta 42 tras el fin del Título 42 lo hizo pasadas las 11:30 p.m. hora local, con un grupo compuesto en su mayoría de mujeres y niños.

Durante las 24 horas previas al fin de la política sanitaria, en el sector de El Paso, autoridades fronterizas ya habían detenido a unas 1.500 personas, según cifras del CBP. El jueves, la fila de migrantes que permanecía en el lado de Ciudad Juárez, México, de la puerta 42 y voluntariamente se entregaron a las autoridades fronterizas estadounidenses superó el millar.

En la mañana del viernes, en las aceras aledañas a la iglesia del Sagrado Corazón, en El Paso, convertidas en campamento improvisado y donde hace unos días se concentraban cientos de migrantes, apenas se veían unas decenas de personas.

Para algunos de los migrantes allí, el cambio de política “no tiene mucha diferencia” a la situación que están viviendo.

“Estamos con la de Dios, de que sea el Título 42 o el 8, sin mentirle, ni sé a qué se refiere”, dijo a la Voz de América Alison Pérez, un venezolano de 27 años que, tras entregarse y haber sido procesado por CBP, dormía en la acera, pues no tenía medios económicos para transportarse.

Al interior del centro de procesamiento, de donde salió el jueves, dice que le fue “mal” por cómo lo trataron. “Pero ¿de qué me puedo quejar? Soy un inmigrante”, lamentó.

¿Qué sucede del lado mexicano de la frontera con EEUU?

En Matamoros, frente a Brownsville, Texas, familias migrantes dudaron apenas un instante cuando venció el plazo para adentrarse en las aguas del río Bravo, que separa las dos ciudades, sosteniendo sus celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen la vuelta.

Lea más: Título 42: qué ocurrió en Guatemala el último día de la medida migratoria y qué podría pasar en el país

“Tengan cuidado con los niños”, gritó un agente a través de un megáfono. “Esto es especialmente peligroso para los niños”.

El Título 42 estaba en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Las autoridades estadounidenses han estado revelando nuevas medidas que restringen los cruces ilegales al tiempo que establecen vías legales para los migrantes que presenten solicitudes por internet, consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera como los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Muchos migrantes estaban muy al tanto de los inminentes cambios en las políticas implementadas para poner fin a los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar solicitudes en línea y sopesar destinos alternativos, como Canadá y España.

“No sé qué va a pasar mañana, si van a extender esto o no”, dijo Jhoan Daniel Barrios, un ex policía militar venezolano mientras caminaba de un lado al otro en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, junto a dos amigos, buscando la oportunidad de pedir asilo en EEUU.

“Es que ya no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos dónde quedarnos, el cártel se la pasa persiguiéndonos”, añadió Barrios, cuya esposa está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. ”¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos maten?”

La semana pasada, Barrios y sus amigos entraron a EEUU y fueron expulsados. No tenían muchas esperanzas de obtener un resultado distinto el jueves.

Del lado estadounidense del río, muchos se entregaban de inmediato a las autoridades y esperaban ser puestos en libertad en lo que sus casos avanzan en las copadas cortes migratorias, lo cual suele tomar varios años.

De momento se desconoce cuántos migrantes se movilizaron o cuánto duraría la oleada. Pero hacia la noche del jueves el flujo parecía desacelerarse en ciertos lugares. Está por verse si el número de cruces aumentará nuevamente luego de la expiración de las restricciones.

Un funcionario federal estadounidense reportó que la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 10.000 migrantes el martes, casi el doble que el nivel de marzo y apenas por debajo de los 11.000 que las autoridades han dicho que es el límite máximo que prevén después del vencimiento del Título 42.

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Había más de 27.000 personas bajo custodia de CBP, indicó el funcionario.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cardenas, un comisionado municipal de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México, mientras los recién llegados se dirigían a distintos puntos de Estados Unidos.

Tomará tiempo antes de que los resultados de las nuevas políticas se perciban. El presidente Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo.

Los grupos defensores de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones judiciales, y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio.

Aunque el Título 42 evitó que muchos migrantes solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, lo que alentaba volver a intentarlo. Después del jueves, los migrantes que crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

Del otro lado del muro conformado por enormes vallas de metal y alambres de púa, está Ciudad Juárez, en México. De este, la pacífica El Paso, Texas. Alrededor, montañas que muchas veces son el difícil camino escogido para eludir a las autoridades y pasar de América Latina al gran vecino del norte.

“Me sugirieron cruzar por acá, por Ciudad Juárez, y con lo que tenía ahorrado llegué y crucé para no quedarme en México, para estar acá antes del vencimiento del Título 42”, cuenta Franklin, un venezolano de 19 años que comenzó su travesía el 5 de marzo desde Valera, estado Trujillo, y que vio su fin a la 1 de la madrugada del miércoles 10 de mayo.

El Título 42 es la política que ya venció. El Título 8 es la nueva. Ambos son reglamentos duros para quienes se presenten en la frontera y pidan asilo.

“Las fronteras no están abiertas”, insiste la Casa Blanca, un mensaje que no llega a Ciudad Juárez ni a los países de donde parten miles de migrantes.

Como tantos otros, Franklin cruzó por un área alejada de El Paso donde no hay muro y no fue interceptado por autoridades ni de un lado ni de otro. Era su quinto intento de llegar a Estados Unidos.

Otra forma en la que los migrantes trataban de pasar era eludir a los agentes fronterizos mexicanos, atravesar los pocos metros del río Bravo que separa a ambos países y entregarse ante las autoridades estadounidenses, que en algunos casos les tomaban los datos y los conducían a albergues. En otros, los rechazaba.

Ese fue el caso del joven venezolano en los cruces anteriores.

“Estaba en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, e intenté entregarme cuatro veces porque me estaban amenazando los cárteles, me quemaron las carpas, y las cuatro veces me regresaron”, relata.

Franklin dice que en el trayecto, además, le robaron su dinero y pertenencias, lo que hizo más difícil la travesía. Pero ya llegó a El Paso, ciudad soñada tras semanas de trayecto.

Condiciones adversas

En la árida El Paso, el calor abruma durante el día y la sombra es un bien preciado entre edificaciones bajas y pocos árboles de escasa altura. La garganta se seca con mayor rapidez.

Al costado del muro, el olor nauseabundo que emana de fábricas cercanas y la tierra que vuela como si fuera una tormenta de arena hacen más dura la estadía antes del cruce.

Por las noches, el frío invade la ciudad en la que hasta el pasado martes cientos de migrantes durmieron a la intemperie.

Entonces fueron realojados en centros especialmente acondicionados por el gobierno local para atender el elevado número de personas que cruzan la frontera cada día y que saturan la ciudad.

Todavía quedan algunas decenas de personas sin un lugar donde alojarse y pasan las horas alrededor de la iglesia del Sagrado Corazón, en el centro de El Paso, uno de los principales puntos de acogida de migrantes aquí.

La mayoría son hombres, y casi todos son venezolanos.

Se les brinda comida, unos colchones muy delgados y mantas. Baños portátiles cumplen su función en una de las calles linderas.

Duermen donde pueden, acompañados del constante olor a basura.

Cambio de legislación

La aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos fue impuesta en marzo de 2020 bajo la presidencia de Donald Trump, cuando la pandemia por covid-19 recién había sido declarada, y especificaba que todo aquel que llegara a la frontera del país sin documentos de ingreso legal serían devueltos, incluso aquellos que pidieran asilo humanitario.

Todo ello basado en razones sanitarias.

Esta normativa también implicaba que aquellos que tocaran suelo estadounidense por tierra de forma irregular no recibían sanciones, por lo que muchos hacían varios intentos.

Tras el cambio de gobierno en enero de 2021, la legislación siguió vigente pero en la práctica muchos de quienes tocaban suelo estadounidense eran registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, luego se los trasladaba a un albergue transitorio y se les agendaba una cita ante un juez para que determinara su situación.

Mientras tanto, podían permanecer en el país y continuar con su vida.

Desde este viernes, volverá a estar vigente el Título 8, por el que quienes sean capturados en la frontera podrán ser deportados y tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos por al menos cinco años.

Entrar antes del viernes

Ismaylin Collantes y Jhonder Alexander Uzcategui son pareja, ambos tienen 24 años y son de Caracas.

Salieron de Venezuela el 9 de marzo y cruzaron el 30 de abril la frontera estadounidense, donde agentes migratorios los frenaron al llegar al muro y los detuvieron.

Los separaron: ella fue liberada rápidamente, pero a él lo retuvieron durante ocho días. “Fue angustiante no saber nada de él”, asegura Collantes.

“Sabíamos del cambio de normativa el 11 de mayo y eso aceleró nuestro viaje para pasar por la frontera”, agrega.

Hasta lograrlo, tuvieron “mucho miedo”.

Ahora, buscarán su futuro en Miami.

Una situación similar es la de Derwi Bracho Suárez, de 30 años y de Maracaibo.

Salió de Venezuela el 5 de octubre y, luego de atravesar el continente, arribó a la frontera el 12 de marzo.

Intentó poner un pie en El Paso dos veces atravesando una montaña, pero fracasó. Finalmente, hace 13 días se entregó a las autoridades y le iniciaron su proceso migratorio.

“Lo he intentado varias veces por el artículo este que van a poner, y uno tenía que buscar la manera de cómo cruzar lo más rápido posible porque no sabíamos qué podía pasar”, afirma.

“Era demasiado difícil estar en Juárez con los carteles, los ladrones, la policía… No podía uno estar tranquilo”, dice con alivio.

Una vez que reúna el dinero suficiente, viajará a Orlando, Florida, donde un amigo lo espera.

Algunos recuerdan con lágrimas a los seres queridos que dejaron atrás en Venezuela, mientras que otros sonríen porque saben que lo peor quedó atrás. Cumplieron con su meta.

Para Franklin, el joven venezolano es un sueño hecho realidad: “Después de tanto tiempo de estar luchando para llegar, estoy demasiado contento de estar acá”.

La normativa, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente, entrará en vigor el 1 de julio próximo.

“Esta ley, pues levantó mucha preocupación, principalmente entre los connacionales que están sin documentos, pero también a nosotros los que ya tenemos décadas de vivir aquí, estamos muy preocupados por lo que pueda pasar”, dijo Marlon González, migrante guatemalteco que reside en Miami y dirige la organización Misión Guatemala USA.

“La gente está alborotada, pues aquí más que todo es a través de las redes sociales que la noticia ha impactado. Se nota la preocupación. Mucha gente se está yendo a California y también a los estados de Georgia, Mississippi o Luisiana. Todos están en alerta, esperando a ver qué sucede, incluso muchos no están yendo a sus trabajos”, indicó Sergio Morales, migrante guatemalteco que tiene de vivir más de 30 años en Miami.

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González recordó que la comunidad migrante guatemalteca en el estado de Florida es la segunda más grande solo después California, de ahí que el impacto de la nueva ley tendrá una serie repercusión. “La gente está muy preocupada, pero muy consciente de que tiene que tomar una decisión: o se va o se arriesga”, enfatizó.

De acuerdo con un estudio de Pew Research Center, publicado en 2017, un 29% de los migrantes guatemaltecos se ubican en California, 8% en Florida, y 7% en Texas.

Por su parte, Morales dijo que los más afectados por la nueva disposición son los guatemaltecos que trabajan en el campo de las zonas agrícolas de Florida. “El 90% de la gente que trabaja en el campo no tiene ningún documento más que un pasaporte o una cartilla consular”, recordó.

Castigarán transporte de migrantes

Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.

Además, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos, según opositores a la norma.

Por otra parte, el transporte de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión.

Y las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles.

La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.

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“De hecho, muchas veces en los hospitales públicos acá, si usted no tiene un seguro médico, lo aguantan (hacen esperar) y no le dan servicio. Eso ya sucede sin que la ley esté en vigencia”, dijo Morales en relación con la medida que obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes.

González por su lado, refirió que conoce guatemaltecos que ha se han ido de Florida hacia otros estados ante el temor de ser detenidos y, eventualmente, deportados. “Se han ido sin decir a dónde ni dejar contacto ante el temor de ser localizados”, contó.

Según González, en Florida hay tres sectores en los que más se emplean los guatemaltecos y latinos en general, cuyas industrias también se verán afectados. Se trata de restaurantes y servicios diversos de mantenimiento, los trabajos de campo, y jardinería, y construcción.

Tanto González como Morales coinciden en que, por ahora, los migrantes están a la expectativa, mientras grupos de activistas pro migrantes y de derechos humanos locales trabajan para encontrar la manera de parar las medidas que endurecen el trato contra migrantes irregulares.

De acuerdo con el activista migrante, las nuevas disposiciones legales, no solo son leyes inhumanas sino que también impactarán en la economía de ese país, considerando que los migrantes proveen mano de obra que es pagada por debajo de los promedios y que los estadounidenses.

Impuesto durante la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), alabado por republicanos, denostado por activistas de los derechos humanos y mantenido por el Gobierno del demócrata Joe Biden, pese a las críticas de su propio partido, su levantamiento ha desatado rumores y una nueva batalla política entre progresistas y conservadores.

Frente a la puerta número 42 de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, a unos 15 kilómetros al este de la localidad de El Paso (Texas), reinaba la calma.

En el lado norte de la valla, decenas de periodistas permanecían apostados al igual que varios agentes de la Patrulla Fronteriza.

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Al sur del muro de cinco metros y medio de altura, fuera del alcance de la vista, unos 400 refugiados esperan, entre la valla y el río Bravo, ser procesados y trasladados a los centros que gestionan las autoridades.

A las 15.15 comenzó la operación de los agentes fronterizos que trasladó a los migrantes más vulnerables, sobre todo menores, en un autobús y varias furgonetas.

El jefe de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional, Raúl Ortiz, apuntó esta tarde que la operación de procesamiento y traslado se prolongaría 24 horas.

Un agente fronterizo presente junto a la puerta confirmó que el traslado continuará e insistió en que la prioridad había sido llevarse a los niños, aunque agregó que la temperatura es suave y no supondrá un peligro para los que todavía están esperando.

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“A partir de esta noche, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Estamos listos para procesar y apartar de manera humana a los que no tengan base legal para permanecer en EE. UU.”, dijo en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“No se crean las mentiras de los traficantes de personas. La frontera no está abierta”, advirtió.

A partir de este momento se aplicará a los refugiados que entren en el país el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos. Además, el Gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México.

Estas nuevas medidas consideran “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE. UU.

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Sin embargo, desde el sector más ultraconservador del Partido Republicano se ha propagado la información de que el levantamiento del Título 42 supone, en la práctica, una política de puertas abiertas a la migración.

 “Mientras el presidente Biden abre las compuertas a más inmigración ilegal, Texas resiste”, insistía esta tarde el gobernador de este estado fronterizo, Greg Abbott.

El Ejército apoyará las labores de vigilancia con mil 500 soldados, el estado ha enviado refuerzos de la Guardia Nacional y la ciudad de El Paso, por ejemplo, ha habilitado cuatro mil 500 camas para recibir a refugiados que hayan superado la criba policial y ha colaborado plenamente con las agencias de seguridad para desalojar un campamento de migrantes que se instalaron hace algunos días en torno a una iglesia en el centro de la ciudad.

Ante el anuncio de la culminación de la aplicación del Título 42, la medida sanitaria que fue implementada por el presidente Donal Trump durante la pandemia, EE. UU. anunció el endurecimiento de sus medidas en las fronteras y l a creación de centros de procesamiento de solicitudes de asilo en Guatemala y Colombia; en embargo, la administración de Alejandro Giammattei no ha dado detalles sobres la administración y ubicación de esos lugares.

Una vez que el título 42 sea levantado en la media noche de este jueves 11 de mayo volverá a entrar en vigor plenamente el Título 8, por el que habitualmente las autoridades estadounidenses se han regido para administrar las cuestiones de migración.

“La aplicación del título 8 es algo que se ha hecho históricamente y claramente continuará”, apuntó el responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que pidió que su identidad no fuera desvelada.

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Un responsable de ICE aseguró que a nivel nacional son fletados hasta 66 vuelos semanales, sobre todo a Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y el Caribe.

La fuente precisó que la repatriación de migrantes venezolanos se hace en grupos más pequeños, sin ofrecer más detalles.

Asimismo, apuntó que los vuelos de ICE suelen despegar con más asiduidad de otras dos localidades de Texas: Harlington y San Antonio, además de desde los estados de Florida, Arizona y Luisana.

El Título 42 es una medida que adoptó Trump y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19, una declaración de emergencia que está por terminar en EE. UU. En este caso los migrantes no tenía derecho de solicitar asilo y la deportación era de forma inmediata.

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Tras el fin del Título 42, las autoridades estadounidenses han señalado que seguirá la aplicación del Título 8 que dicta que “las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen”.

A diferencia del Título 42, el Título 8 si permite que los migrantes demuestren a las autoridades que viajaron por razones humanitarias, aunque si eso no se puede comprobar también pueden ser expulsados de ese país.

Últimos vuelos de deportados

Mientras desde la frontera entre Panamá y Costa Rica, o desde la de Guatemala con México, miles de migrantes siguen su camino hacia EE. UU. con la esperanza de llegar a territorio estadounidense sin sufrir deportaciones inmediatas, al país arribaron los último vuelos de deportados bajo el Título 42.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), este fue el último grupo de guatemaltecos expulsado bajo ese mecanismo.

Además, según el IGM, unos 60 mil connacionales fueron expulsados bajo el esa normativa desde que entró en vigor, aunque aún se trabaja en el consolidado de datos.

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En estos vuelos arribaron 385 guatemaltecos, quienes fueron deportados desde tres ciudades de EE. UU.

El primer vuelo con 129 personas llegó procedente de Harligen, Texas. Se trata de 72 unidades familiares, 57 adultos (6 hombres y 51mujeres), 72 menor de edad (39 niños y 33 niñas) y un niño no acompañado.

En otro vuelo también con guatemaltecos expulsados bajo el Título 42 arribaron 127 mayores de edad, de ellos 125 hombres y dos mujeres, provenientes de El Paso, Texas.

Este 11 de mayo también arribó el primer vuelo con guatemaltecos expulsados bajo el título 8, quienes permanecieron en centros de detención entre un mes y 3 años.

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Stuard Rodríguez, director del IGM, señaló que algunos de los deportados bajo ese Título cumplían condenas por delitos cometidos en Estados Unidos, otros por faltas como manejar sin documentos y otros por haber sido deportado en otras oportunidades.

En este vuelo procedente de Alexandria, Lousiana, arribaron 131 guatemaltecos, de ellos 130 mayores de edad (125 hombres y cinco mujeres), además de una niña menor de edad.

Rodríguez detalló que no tienen claro si habrá aumento de deportaciones como resultado de las medidas que adoptará EE. UU., pero asegura que están preparados para recibir a los connacionales que eventualmente sean deportados.

“Estamos coordinando exactamente la misma cantidad de vuelos para la próxima semana, cuando vamos a recibir vuelos solo bajo la condición de Título 8, tenemos que esperar las estadísticas para ver si aumentarán o no, lo que si tenemos son las condiciones para atenderlos”, refirió.

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Rodríguez remarcó que el Título 8 es el mecanismo por el cual se deporta a guatemaltecos que han cometido algunos delitos o faltas y que han sido detenidos señalados de abuso sexual, golpes o conducir sin licencia.

“Hay diferentes circunstancias en donde han cometido alguna situación no normal y han sido detenidos, pero primero atiende su situación regular en el estado donde han tenido ese problema y después los mandan del lugar de donde serán expulsados, ahí es donde se convierten en Título 8 y por eso el tiempo se extiende.”, refirió el funcionario.

Sin detalles de centro de procesamiento

Como una medida de contención ante la finalización del Título 42, EE. UU. implementará en Guatemala y Colombia centros regionales de procesamiento para migrantes, un esfuerzo por reducir la llegada de migrantes a la Frontera Sur; sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene hermetismo sobre su funcionamiento y se ha limitado a confirmar que será centro para recibir solicitudes de asilo, reunificación familiar, asilo o visas temporales de trabajo, asegurando que ”no serán espacios de acogida de refugiados ni albergues.

Tampoco las autoridades migratorias conocen cómo funcionarán esos centros.

“Estamos coordinando la misma cantidad de vuelos para la próxima semana”, señaló Rodríguez, quien agregó que todos serán bajo las condiciones del Título 8.

Respecto a los centros de procesamiento de migrantes, Rodríguez dijo que no hay información referente al caso, puesto que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución que se encarga de ese tema.

“No tenemos la información, como Gobierno de Guatemala la está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a esperar las instrucciones de ellos para proceder, por el momento no hay ningún acuerdo, no tenemos ninguna información, lo único que tenemos es que vamos a seguro trabajando como Título 8”, dijo Rodríguez.

Funcionarios del Gobierno de EE. UU. afirmaron este jueves 11 de mayo que han sostenido pláticas con el presidente Alejandro Giammattei sobre la instalación de un centro para el procesamiento de migrantes en Guatemala, del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) no ha querido pronunciarse esta semana.

Dicho centro funcionaría, según la versión estadounidense, para la recepción de solicitudes de refugio y otros alivios migratorios y podrían aplicar migrantes de los países de la región, hasta seis mil mensuales.

No obstante, cuando se habló del tema por primera vez el Minex de Guatemala aseguró que colaboraría con la implementación de dicha oficina, pero que estos no serían espacios de acogida o refugio para migrantes y que serían recibidos “únicamente guatemaltecos”.

“Nuestro secretario ha hablado personalmente con el presidente Giammattei acerca de estos temas en la última semana”, afirmó Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en una conferencia de prensa vía telefónica.

Con información de EFE

“Hemos estado trabajando para este día (…) Nos estamos preparando para lo desconocido, porque no sabemos quién viene, si son familias, si son adultos solteros”, insistió el alcalde de El Paso, Oscar Leeser.

Tras un recorrido el miércoles, Leeser reconoció que los números de migrantes en las calles de la ciudad han bajado pero advirtió que aún así, estima que “entre cinco y ocho, tal vez 10.000” personas se han agrupado del otro lado de la frontera con la intención de cruzar hacia territorio estadounidense.

“Y esto es para lo que nos hemos estado preparando”, dijo el alcalde en un encuentro con los medios, a los que mostró una de los refugios que la ciudad ha preparado para quienes sean procesados legalmente en los puntos de entrada fronterizos.

Continuar atendiendo a la cantidad de migrantes que se espera, en un flujo que no se espera vaya a detenerse, “será algo duro, duro todos los días”, precisó Leeser.

“Hemos visto que los números han bajado, pero no sabemos lo que vendrá al día siguiente. No sabemos lo que vendrá en los próximos 10 días. Sabemos que seguirán viniendo y continuaremos asegurándonos de ayudarlos”, subrayó el alcalde de El Paso.

72 horas de refugio

En total, la ciudad ha preparado tres centros de acogida temporales que irá abriendo en la medida que se necesite. El primero de ellos tendrá capacidad para unas 500 personas y junto al resto sumará más de 4.000 capacidades.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que estén aquí entre 24 y 72 horas. Este es solo un refugio temporal y es para asegurarnos de que los ayudemos a ir a su próximo destino”, detalló Leeser.

Aunque las autoridades de El Paso no brindarán ayuda económica a los migrantes que quieran seguir camino a otras áreas de EEUU, si les brindará cobijo, comida y asistencia. “Queremos asegurarnos de ayudarlos. Necesitamos descomprimir el sistema”, agregó el alcalde.

A pesar de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insistió en que el fin de la medida sanitaria no significaba que la frontera estaba abierta, “sino todo lo contrario”, cientos de personas reunidas en el lado mexicano todavía mantienen la esperanza de poder acceder al asilo en EEUU.

Muchos aguardan para poder programar una cita a través de la aplicación CBPOne, que tras el fin del Título 42 y la aplicación del Título 8, con sus nuevas normas, será una de las pocas vías legales para acceder a la protección dentro del territorio estadounidense.

El Paso, uno de los corredores más transitados tanto por quienes son procesados en puntos oficiales de entrada, como por quienes cruzan irregularmente, decretó el estado de emergencia para manejar el inusitado incremento en la llegada de migrantes de diferentes nacionalidades, una declaratoria que le asegura apoyo federal en un esfuerzo que a El Paso le cuesta financiar.

Todavía hay mucha desinformación

” Sabemos desde hace meses sobre toda la gente que está en Juárez”, dijo a la Voz de América el portavoz del Departamento de Bomberos y la Oficina de Emergencias de El Paso, Enrique Dueñas Aguilar, quien coincidió en que la comunidad ha tomado las experiencias acumuladas en los últimos meses para estar listos para esta nueva etapa.

Dueñas afirmó que “hay mucha desinformación allá afuera, sobre todo para esos grupos de migrantes”, que desconocen que el levantamiento del Título 42, una medida que permitía devolver a México a los solicitantes de asilo; no significa que de pronto se abra la frontera.

Todo lo contrario, EEUU anunció este miércoles un endurecimiento en los requerimientos de asilo para migrantes irregulares bajo el Título 8.

“Hemos visto mucha gente que tiene información extremadamente errónea. (…) Entonces estamos esperando grupos grandes. Esta semana estamos por habilitar nuestros albergues y también, si es posible empezar a habilitar autobuses y traslados”, indicó Dueñas.

De acuerdo al funcionario, todavía ultiman detalles, pero lo que buscan es “poder asistir a las organizaciones no gubernamentales, a los albergues de la ciudad que han estado intentando llevar toda esta emergencia que están en un punto donde están al límite y requerimos habilitar esta asistencia para poder seguir dando abasto a todo este grupo”, señaló.

Los migrantes “llegan con lo puesto”

“Tenemos ya casi dos semanas trabajando con sobrecupo, el 25 de abril recibimos a un grupo de 70 inmigrantes. La mayoría de Venezuela y ese grupo creció a 150 al día siguiente y exponencialmente sigue incrementando hasta el día domingo”, dijo a la VOA la portavoz del Centro de Oportunidad en El Paso, Aracelli Martín.

Según la activista, el albergue llegó a tener “850 personas afuera del edificio, durmiendo fuera del edificio, pero recibiendo servicios como comida, ropa y asesoría en cuestión de navegación del sistema de transporte”.

“Estábamos trabajando con 1000 personas. Diarias y obviamente, alimentándolas (…) las personas que vienen aquí llegan con lo que traen puesto y muchas veces no han comido. Entonces, nuestro cosa inmediata es ese, pues brindarles comida y también acceso a las regaderas”, explicó Martín.

Los albergues de El Paso son en su mayoría naves o instalaciones básicas que trabajan con lo indispensable para ofrecer cama y comida caliente, algo invaluable para migrantes que llevan meses en la travesía hasta EEUU. Uno de ellos, el venezolano de 22 años Miguel Ángel Peña Suárez, considera a estos refugios como una bendición.

“Buscamos la manera adecuada de acomodarnos de algún sitio, sea en el piso, sea en un barrio de un cartón, sea sobre una sábana, porque la vida como migrantes no es fácil”, dijo a la VOA desde el Centro de Acogida.

Contó que el camino fue duro y que ellos duermen fuera del refugio mientras que las mujeres y los niños están más protegidos.

“Hemos venido aguantando toda esa travesía de Venezuela a Colombia, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica. México que fue uno de los países más difíciles en pasar. Pero gracias a Dios ya tenemos nuestro documento”, agregó aliviado.

Peña Suárez estuvo entre los migrantes irregulares que se entregó voluntariamente a las autoridades fronterizas este martes con la esperanza de ser admitidos legalmente.

Aunque recién llegados como este joven pronto seguirán camino, en el Centro de Acogida saben que es cuestión de tiempo para que lleguen más migrantes necesitados de ayuda.

“Estamos preparados y hemos estado trabajando en conjunto con diversos sectores, tanto del Gobierno local como de otras organizaciones no lucrativas para estar preparados para lo desconocido, porque no tenemos un número exacto del número de personas que van a venir”, insistió.

Muy pocas opciones

Para la coordinadora estatal de la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas (RITA), Bety Camargo, “la preocupación es sobre la crisis humanitaria que se ha estado viendo desde diciembre”.

La lucha porque exista infraestructura para acoger a quienes llegan a la frontera suroeste de EEUU es una que las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes han sostenido por décadas.

La idea es que “los migrantes puedan venir con respeto y dignidad a pedir la oportunidad de un proceso de asilo, que es estos sistemas que teníamos que se vuelvan a implementar. Ahorita no hay opciones, los migrantes no tienen opciones, entonces cuando empieza la narrativa de invasión y de criminales es, es una narrativa falsa”, denunció.

Camargo sostuvo que la opción de programar citas a través de la aplicación CBPOne es muy limitada hasta ahora.

“Al 90 % de los migrantes aquí hicieron el CBPOne nunca hubo respuesta. Al otro 5 % sí se les dio una respuesta y fue negativa. Todo es a discreción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y no hay un sistema de apelación”, advirtió.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que ampliará los servicios de la aplicación de 300 a 1000 citas diarias y se comprometió a mejorar el sistema.

“Creo que tenemos que empezar a traer a la mesa realmente soluciones porque esto va a seguir cada 6 meses, cada 8 meses vamos a tener un flujo de migración y tenemos que ver cómo vamos a resolver”, dijo la coordinadora estatal de la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas.

“No se va a caer el cielo”

El endurecimiento en las condiciones para el asilo en EEUU no ha sido bien acogida por otros activistas como el director de la Red Fronteriza por los DDHH en El Paso, Fernando García.

“Estamos viendo la implementación de medidas extremas en contra de los migrantes, por un lado el Título 8 que es el arresto la deportación y la cárcel para aquellos que reinciden y es va a ser terrible para muchas familias y la otra parte es el rechazo explícito y de facto de aquellos que están pidiendo asilo o sea la deportación de personas que piden refugio”, señaló.

Una de las preocupaciones de García es que los migrantes no entiendan “que lo que les espera es una posible deportación, es una posible redada”.

“No se va a caer el cielo, como están planteando muchos republicanos extremistas, diciendo que haber una gran invasión de personas. No va a pasar, lo que sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante y creo que eso va digamos a disuadir”, dijo.

Según el veterano activista, lo que se va a “agravar es la crisis humanitaria” que ya se ve en la frontera.

“Vamos a ver más campamentos del lado mexicano, de gente que ha sido deportada ya no expulsada, deportada. Vamos a ver también en Estados Unidos el incremento de las personas que van a ser mandadas a las cárceles por la cuestión de la reentrada, etcétera, entonces esa crisis humanitaria a nosotros nos preocupa”, concluyó.

Dicho centro funcionaría, según la versión estadounidense, para la recepción de solicitudes de refugio y otros alivios migratorios y podrían aplicar migrantes de los países de la región, hasta seis mil mensuales.

No obstante, cuando se habló del tema por primera vez el Minex de Guatemala aseguró que colaboraría con la implementación de dicha oficina, pero que estos no serían espacios de acogida o refugio para migrantes y que serían recibidos “únicamente guatemaltecos”.

“Nuestro secretario ha hablado personalmente con el presidente Giammattei acerca de estos temas en la última semana”, afirmó Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en una conferencia de prensa vía telefónica.

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El funcionario estadounidense afirmó que “hemos estado comunicándonos muy de cerca con Guatemala”, así como con los otros países socios de EE. UU. en la región que tiene que lidiar con el reto que plantea un aumento de la migración una vez concluido el Título 42.

Por su parte, Marta Youth, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE. UU., confirmó que han trabajado “muy de cerca” con los países socios.

Dijo que, aunque normalmente no comentan detalles de las pláticas entre gobiernos “está claro” que se ha hablado sobre temas que se deben trabajar en conjunto, como la responsabilidad compartida que tiene la región “para enfrentar estos desafíos”.

Youth refirió que EE. UU. está dispuesto a apoyar a los países de la región, y dijo que en los últimos dos años la cooperación para asistencia humanitaria a estas naciones suma US$2 mil 400 millones.

“Parte de esa ayuda es para apoyar y complementar los esfuerzos de los gobiernos de la región para brindar apoyo humanitario para los migrantes y refugiados y ayudarles a crear e incrementar programas de regularización”, enfatizó.

Medidas

Ambos funcionarios hablaron este 11 de mayo con medios de todo el continente acerca de qué se espera una vez finalizado el Título 42, y reiteraron que quedará en vigencia el Título 8, que también contempla las expulsiones aceleradas y la penalización de quienes ingresan sin autorización a EE. UU.

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Blass dijo que los protocolos en la frontera sur están siendo reforzados ante el inminente incremento de migrantes. Por un lado, se han asignado más camas a los centros de procesamiento temporales y mil oficiales de asilo estarán para entrevistar a solicitantes.

EE. UU. ha recalcado que, aunque el Título 8 permite a un migrante pedir asilo, serán admitidos solo casos excepcionales, que serán muy pocos. La mayoría serán deportados.

Por aparte, también vigilarán las fronteras 24 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, mil 500 efectivos del Departamento de Defensa y otras mil personas de otras agencias, con el objetivo de detectar, procesar y deportar a quienes ingresen a EE. UU. sin autorización.

Con sandalias y niños en brazos, varios grupos atravesaron el río el pasado jueves desde Ciudad Juárez (norte) en busca de la “puerta 40” del muro fronterizo.

Versiones esparcidas boca a boca y por redes sociales aseguraban que el gobierno estadounidense había abierto ese acceso para procesar solicitudes de asilo. Pero la puerta nunca se abrió.

“Sí se puede. Me entregué por la puerta 40 con mi familia y a todos nos soltaron (…). No hacen preguntas”, señalaba una publicación en un grupo en Facebook, aludiendo a la práctica de ponerse a resguardo de la patrulla fronteriza y pedir protección. La AFP halló decenas de conversaciones similares.

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Del otro lado del río, en suelo estadounidense, unas mil personas de Venezuela, Haití, Ecuador y Turquía se instalaron en carpas y refugios -improvisados con palos y cobijas- esperando durante días para entregarse.

Querían cruzar antes de este viernes, cuando perderá vigencia el Título 42, norma aplicada por los dos últimos gobiernos estadounidenses para evitar la propagación del covid-19, pero que en la práctica sirvió para expulsar hacia México a casi todos los migrantes que llegaban sin papeles.

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En su lugar seguirá activo el Título 8, una normativa específica sobre inmigración que prevé deportaciones y la denegación de asilo a los infractores, que quedarán vetados por cinco años y enfrentarían procesos penales.

Este año, miles de migrantes se han movilizado unas cinco veces en la frontera empujados por la desinformación, detrás de la cual estarían grupos antimigración y hasta traficantes de personas, según expertos.

Cadena de mentiras

En marzo pasado intentaron cruzar un puente internacional ante el rumor de que se les daría paso por un supuesto “día del migrante”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Texas reportó otro intento de “más de mil” personas, movilizadas por versiones similares tras el incendio que mató a 40 extranjeros en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, el 27 de marzo.

En febrero pasado ya había circulado un rumor que aseguraba que quienes se entregaran serían llevados a Canadá. Ángel Pavón, venezolano de 52 años, fue uno de los casi 500 migrantes que lo creyeron y se instalaron junto al muro.

Pavón se entregó con su esposa e hijas, de 14 y 12 años, pero fueron expulsados a México. “Nos botaron las tres cosas que teníamos (…). A las niñas las hicieron llorar porque te tratan como a un terrorista”.

Desconsolado, se enfocó en la aplicación móvil CBP One, habilitada por Washington para pedir citas desde México en las cuales los migrantes pueden solicitar asilo.

Su esposa logró turno y espera a la familia en Estados Unidos.

El infundio de que Canadá había abierto sus puertas surgió luego de que las autoridades de Nueva York decidieron pagar boletos de autobús a migrantes que buscaban llegar a ese país desde dicha ciudad.

También, tras la difusión de un video en el que un hombre cubierto de nieve decía: “La nueva moda es Canadá (…). No están pidiendo papeles”.

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Factor criminal

Ante el colapso continuo de CBP One, se han creado grupos en Facebook y WhatsApp donde migrantes comparten experiencias sobre la aplicación móvil, pero también allí se cuelan falsedades.

Landon Hutchens, funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso (Texas), refiere que “organizaciones criminales impulsan” igualmente la desinformación.

La AFP ha identificado cuentas de TikTok en las que supuestos traficantes de personas y “asesores migratorios” ofrecen sus servicios y descontextualizan la información. Los propios migrantes se comparten esos contactos en Facebook.

El tráfico de migrantes también es “un negocio cuyas estrategias de comunicación utilizan mayoritariamente la desinformación”, sostiene Olivier Tenes, de la Organización Internacional para las Migraciones.

En TikTok se ofrecen además supuestas citas en CBP One. Testimonios recabados por la AFP confirman que son estafas.

La información falsa surge además de “grupos extremistas buscando generar caos y una narrativa antiinmigración”, asegura Sam Woolley, investigador de persuasión y redes sociales de la Universidad de Texas.

Para Enrique Valenzuela, responsable de atención a migrantes del gobierno de Chihuahua (norte), esas personas son susceptibles a la desinformación porque “se quedan con la parte [del mensaje] que les genera esperanza”.

En Ciudad Juárez cae la noche y frente a la “puerta 40” los migrantes retiran sus carpas y forman filas al ver a tres agentes del otro lado. Pero el portón continúa cerrado.

El fin del Título 42, una norma que bajo la emergencia de la pandemia permitía a las autoridades fronterizas de Estados Unidos deportar de forma inmediata a los migrantes alegando razones sanitarias, ha sido sustituido por el Título 8, que también restringe el acceso al asilo y muchos de ellos aún no conocen.

ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA

El venezolano Joan Collado quiere llegar a Estados Unidos, pero “legalmente“. Ha tenido suficiente con la dureza extrema de la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá.

“No, no me atrevo, no me atrevo (a pasar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular). Nada de trocha, nada de eso, no queremos más eso. Lo que queremos es ir legal“, explica a EFE Collado, un barbero de 39 años que acaba de entrar desde Panamá al lado costarricense de la localidad internacional de Paso Canoas.

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Nadie le pidió documentos. Se bajó de un autobús del lado panameño con otro grupo de migrantes, y a pie, sin ningún tipo de control, llegó unos pocos metros después a Costa Rica, donde les esperaba una estación de autobuses para embarcar rumbo a Nicaragua.

El billete hasta la frontera nicaragüense son 32 dólares, que se suma a los 400 dólares que ha gastado desde que inició el viaje en su país. Lo tiene todo planificado, dice, pero el problema es que “lo que te dicen hoy, mañana cambia, cada dos horas va cambiando”, por lo que, aunque uno se informa, “cuando llega allá es otra cosa”.

Collado inició el viaje solo y acabó uniéndose a un pequeño grupo durante el recorrido. Comentan el fin este jueves del conocido como Título 42 en Estados Unidos, pero no tienen claro sus consecuencias al implementarse nuevas políticas migratorias.

“Sí, sabemos (del fin del Título 42), pero hacemos las cosas legalmente, llegamos allá y hacemos las cosas como ellos dicen. Sí, que Dios lo permita que entremos legalmente“, asegura.

“(En México) hacemos el papeleo como tal, tenemos ya familiares allá que si el Cielo lo permite nos pueden recibir. Si toca trabajar en México, trabajaremos en México, pero lo que queremos es salir de todo eso rojo que estamos dejando atrás” en Venezuela, dice.

Collado, como el resto, tienen aún reciente el paso por la selva del Darién, una pesadilla. Allí vio gente morir ahogada en el río, otros se desvanecieron por falta de comida o agua potable, hubo “un haitiano que se ahorcó porque su esposa abortó en el camino”.

Además “robaron aproximadamente a 80 personas (…) Fue bastante traumático para ellos, porque llegaron sin nada y ahora tienen que ir pidiendo todo el camino hasta cumplir su meta. Desde que entras a la selva vas pagando, pagas y pagas y pagas y tú lo que haces es caminar, caminar y caminar“, relata Collado.

Superado el Darién, la jungla aún no ha terminado, queda otra.”México, dicen que es una selva, que es ahora mismo la selva”, sentencia.

A LA ALTURA DE CHIAPAS

En Chiapas, miles de migrantes de varias decenas de países se movilizan hacia Ciudad de México para tratar de llegar este jueves a la frontera norte, antes que finalice el “Titulo 42” y tratar de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones que ha impuesto el país para la migración irregular.

Yuris Pizarró, originaria de Colombia, viaja con siete niños, su esposo y unos amigos, y espera llegar antes de que finalice la norma, al contrario que muchos, por el desconocimiento de lo que ocurrirá después.

Rodeada de niños que le reclaman alimento, Pizarró explica que para poder hacer su travesía han tenido que vender en las calles, pedir dinero y caminar cientos de kilómetros para poder llegar a México y ahora empezar a cruzar este país para poder llegar a Estados Unidos.

“Queremos pasar todos los que estamos aquí migrando, hay bastantes personas con todas las necesidades en el mundo y hemos aguantado nosotros en este camino, que nos ayuden con una prórroga para que todos los que vengamos entremos, porque no venimos por gusto sino por cambiar nuestra vida y el futuro para los hijos”, sentencia.

Otra de las familias es la de Krismar Márquez, una migrante de Venezuela, quien apenas este miércoles volvió a obtener su permiso migratorio en Tapachula.

La mujer, que jala un carro con una niña de dos años, necesita recorrer otros 1 mil kilómetros para llegar a Ciudad de México, donde la espera su esposo para emprender el viaje juntos y determinar qué hacer en medio de esta crisis migratoria.

“Yo le pediría pues (a Joe Biden), que nos considere a nosotros los que pasamos por esta situación y alargue un poquito más porque la verdad esto no es culpa de nosotros, sino de la migración de acá de México, por culpa de ellos a nosotros nos regresan y perdemos todo prácticamente, porque nosotros vamos por una mejor vida para mi hija”, asegura.

LA ÚLTIMA FRONTERA

Entrar en Estados Unidos después de haber sobrevivido a la selva del Darién, a la corrupción de la policía guatemalteca, a La Bestia -el tren de carga que muchos migrantes toman en el sur de México– o a los carteles de la droga, no garantiza el éxito del viaje para quienes buscan una vida mejor en “la tierra de las oportunidades“.

Muchos son detenidos y deportados, algunos se entregan con la esperanza de poder comenzar el proceso de solicitud de asilo y otros deciden continuar su vida como indocumentados, condenados a una vida escondida, de explotación y sin derechos.

“Hay miedo en los que quedamos acá, necesitamos una oportunidad. He pensando, he analizado a ver si me entrego o no me entrego, pero me tocará y a ver con la bendición de dios qué pasa”, comenta a Efe el venezolano Will Rodríguez, que con una sonrisa irónica asegura que el día que vuelve a entrar en vigor el Título 8, cumple 31 años.

“Ahora, con el Título 8 se pueden hacer muchas deportaciones y es lo que no queremos“, repite.

Está sentado en la acera, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de El Paso (Texas, EE. UU.), donde decenas de migrantes recién llegados encuentran un refugio temporal, ya que templos, escuelas, refugios y clínicas se consideran lugares donde los agentes migratorios no pueden hacer redadas.

Salió de Venezuela hace cuatro meses para buscar un futuro mejor, “porque en nuestro país, lamentablemente, la dictadura no nos deja echar para adelante”. Y dejó atrás a su hijo y a su hija, cuyos nombres lleva tatuados en los brazos, donde también tiene grabado un reloj sin manillas que le recuerda a su hermano muerto.

“Lo más duro ha sido la selva, ha sido triste y lamentable, yo vi cuatro muertos y es agobiante, le deja a uno mal psicológicamente. Sigue Centroamérica, que es una corrupción que nos azota. México también no nos brinda esa ayuda que de pronto nos facilite trabajar o tratar de llegar a EE.UU.”, resume.

Si todo le sale bien, concluye: “Mis planes son trabajar fuerte, me gusta mucho la construcción“.

Pero si no, será deportado, como los 250 guatemaltecos y hondureños que fueron devueltos a sus países en dos aviones fletados este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que quiere enviar un claro mensaje: con el Título 8 se seguirá expulsando a las personas que no entren legalmente.

A partir de este jueves 11 de mayo, la frontera entre ambos países cierra un capítulo y entra en una nueva era: El Título 42, una norma sanitaria impuesta por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que permitía las expulsiones en caliente con la excusa de la pandemia del covid-19, llega a su fin, destacó EFE.

Las personas migrantes intentan llegar a los EE. UU. a través del Río Bravo, visto desde Matamoros, estado de Tamaulipas, México.

Al terminar la referida disposición regirá el Título 8, que contrario del Título 42, trae aparejadas sanciones: si el migrante intenta entrar de nuevo sin una documentación válida se le castiga con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.

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Pero qué están viviendo los migrantes ante el blindaje que preparó Estados Unidos para desalentar la migración irregular.

Grillete electrónico

Las familias que sean detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos serán monitoreadas con un grillete electrónico y estarán sujetas a un toque de queda mientras las autoridades estudian sus casos, precisó EFE.

El gobierno tomará esta medida con el fin de asegurarse de que las familias se presenten a las entrevistas con un motivo creíble para determinar si tienen un caso para presentar una petición de asilo, indicó este miércoles 10 de mayo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) en un comunicado.

Las familias que reciban una respuesta negativa después de haberse presentado a la entrevista serán deportadas en un plazo de 30 días, agregó el comunicado.

Este nuevo programa del gobierno estadounidense solo aplica a las familias que provengan de países a los que existan vuelos de deportación y que residan en Newark, Washington, Baltimore y Chicago, según informó el diario L.A. Times.

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A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EE. UU. será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.

Envían 24 mil agentes a la frontera

“Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos 1 mil funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves”, explicó un funcionario estadounidense, informó EFE.

Como parte del refuerzo de personal, el Gobierno estadounidense también desplegó unos 24 mil “oficiales del orden” en la frontera, además de unos 400 “voluntarios”.

Control con drones

El blindaje de la frontera de Estados Unidos no queda solo ahí, ya que hay una batalla en favor de un refuerzo de la frontera con México para compensar el levantamiento de la normativa que ha permitido expulsiones en caliente.

Esta situación tiene uno de sus frentes más activos en el Congreso estadounidense, donde distintas iniciativas buscan imponer nuevos controles migratorios.

La medida estrella de la iniciativa republicana aboga por retomar la construcción de un muro entre ambos países siete días después de su promulgación. Fue una de las principales promesas de Donald Trump en su campaña electoral de 2016 y de su mandato, pero no llegó a finalizarse, y Joe Biden paralizó las obras a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021.

También pretende vigilar la frontera con drones las 24 horas o permitir al Departamento de Seguridad Nacional trasladar a terceros países seguros a los solicitantes de asilo “sin la necesidad actual de acuerdos bilaterales con esos países”.

Alambrado de púas

En el río Bravo se han incrementado los cruces de personas en colchones inflables convertidos en improvisadas lanchas, constataron periodistas de la AFP.

Y una vez en territorio estadounidense cientos de personas acampan con la esperanza de sortear la valla metálica por miedo de que a partir del viernes 12 de mayo sea más difícil.

Jimmy Muñoz, un ecuatoriano de 29 años, logró entrar pero tiene frente a él un alambrado de púas y la valla de unos 4 metros de alto.

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“Tengo la esperanza de poder quedarme en este país”, declaró a un equipo de la AFP en Brownsville, Texas, antes de acceder al punto de control donde se decidirá su suerte.

En imágenes compartidas por AFP se observa cómo soldados estadounidenses cuidan su territorio y junto a ellos un muro de alambra de púas complica la movilidad de los migrantes. Estas escenas son visibles desde Matamoros, estado de Tamaulipas, México.

Helicópteros en la frontera

El recién pasado 8 de mayo, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó el envío de cientos de soldados de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México, en un intento de frenar el previsible aumento de la inmigración.

“La Guardia Nacional de Texas está cargando helicópteros Blackhawk y C-130 y desplegando soldados especialmente entrenados para la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que serán desplegados en puntos calientes a lo largo de toda la frontera para ayudar a interceptar y repeler a grandes grupos de migrantes que intentan entrar ilegalmente a Texas”, dijo Abbott.

Este jueves 11 de mayo finaliza el Título 42 y entra en vigor el Título 8, con lo que se señala que los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente.

Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero en un tercer país serán expulsadas y no serían elegibles para hacerlo en Estados Unidos; mientras autoridades estadounidenses insisten en que la vía para aplicar a procesos migratorios será a través de una cita por medio de la aplicación CBP One.

Por ahora, Guatemala y Colombia serán los países donde se implementarán los centros regionales de procesamiento para que migrantes puedan solicitar asilo, pero hay incertidumbre de cómo funcionarán por la falta de información.

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“¿Qué va a pasar con aquellos que no clasifiquen? Serán miles”, advirtió este miércoles 10 de mayo el director de la Casa del Migrante en la zona 1 de la capital de Guatemala, Francisco Pellizzari.

Afirmó que hay falta de información de los centros que se implementarán en Guatemala y advirtió que pese a ello la migración irregular seguirá hasta que no se trabaje en las causas de raíz.

En los primeros cuatro meses del 2023, esta Casa del Migrante contabilizó más de 8 mil migrantes atendidos. “Es incluso un número mayor a las caravanas migrantes”, dijo Pellizzari al recordar las movilizaciones previo a la pandemia entre 2018 y 2019.

Agregó que será una cifra que estará en aumento pese a las medidas que se buscan implementar en Guatemala y Estados Unidos.

Cómo funcionarán

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha limitado a informar que estos lugares no serán espacios de acogida de refugiados, ni albergues y buscarán gestionar procesos de reunificación familiar, refugio y asilo, así como visas temporales de trabajo.

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Pellizzari agregó que los migrantes tienen muchas dudas y falta de información, pero pese a que vence el Título 42 continúan con su camino, ya que invirtieron para el recorrido y algunos vienen desde Colombia y Venezuela.

Indicó que como Casa del Migrante también duda sobre qué va a pasar sobre los migrantes que no aplican para el asilo o los que no saben cómo aplicar.

“Qué va a pasar con los que aplican y después tienen que esperar la respuesta, dónde van a esperar la respuesta. Hay mucha incertidumbre en lo que es la aplicación de estas medidas”, manifestó.

Dijo que la habilitación de este centro en Guatemala no incrementará el flujo migratorio, pues posiblemente los migrantes seguirán su camino irregular, aunque el fenómeno de la expulsión sigue estando.

Señaló que no se sabe qué va a pasar luego del 11 de mayo cuando venza el Título 42.

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Añadió que hay que reenfocarse en el bien de las personas, y no en interese políticos partidarios, ya que a EE. UU. le interesa preparar una campaña política próxima y la migración se hace un chivo expiatorio para justificar algunas medidas para conseguir votos.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus.

Más países

El secretario de Estado de EE.UU.,  Antony Blinken, planteó este miércoles la posibilidad de que otros países se sumen al acuerdo con España y Canadá para acoger a migrantes latinoamericanos, si bien no detalló negociaciones al respecto con ningún país en concreto.

Así se expresó el líder de la diplomacia estadounidense durante una rueda de prensa con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras sostener un encuentro en Washington.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que España esté participando (en el acuerdo). También participa Canadá y posiblemente otros países podrían hacerlo”, dijo Blinken al ser preguntado si otras naciones europeas se sumarán al plan, informó EFE

Permitía al gobierno estadounidense detener el ingreso de migrantes ilegales para prevenir esta enfermedad transmitible desde afuera de las fronteras de aquel país.

La norma estaba vigente desde marzo de 2020 cuando la impuso la administración de Donald Trump con el pretexto evitar contagios de coronavirus.

El 20 de mayo 2022, un juez estadounidense impidió a la administración de Joe Biden poner fin a la política sanitaria que Estados Unidos impuso al comienzo de la pandemia y que permitía la expulsión inmediata.

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Estas son las repercusiones que tendrá para Guatemala el fin del Título 42 en la frontera sur de EE. UU.

Sus orígenes

El Título 42, como se denomina la medida sanitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX y que raramente fue utilizada, concedía a las autoridades estadounidenses la potestad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa que se presentaban en su frontera terrestre, incluso aquellos que solicitaban asilo, cita una información de AFP.

Por qué fue ampliado

La administración del demócrata Joe Biden anunció que la medida expiraría el 23 de mayo 2022, pero a pedido de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez estadounidense, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal que bloqueó esa acción y había dejado la medida en pie.

La decisión no fue bien recibida por la Casa Blanca, que expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión.

AFP destaca que con la expiración del Título 42, los migrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por la vía judicial, pero es un proceso que puede demorar años.

Esto ha llevado a la administración de Biden a estar bajo fuerte presión del Partido Republicano, que reclama una frontera bajo control.

Algunos integrantes de este partido conservador pronostican la llegada de un millón de personas a la frontera en los próximos tres meses.

En un intento por prevenir llegadas masivas a la frontera, el gobierno de Biden creó nuevas reglas que animan a los migrantes a pedir cita para sus solicitudes de asilo desde una aplicación móvil.

Pero los que se encuentran en Ciudad Juárez, México, se quejan de que la aplicación CBP One no funciona bien.

Usado más de 2.8 millones de veces

Desde que entró en vigor en marzo de 2020, el Título 42 ha sido usado 2.8 millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaban a EE. UU., según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Aumento de migrantes

Estados Unidos está preparado para la posible llegada de miles de migrantes a partir del viernes 12 de mayo 2023, una vez que expire una regla activada durante la pandemia que hizo casi imposible solicitar asilo en la frontera con México.

Las ciudades estadounidenses de El Paso, Brownsville y Laredo están en emergencia y lidian como pueden con cientos de personas, la mayoría de América Latina, y otras de China, Rusia y Turquía.

En El Paso algunos migrantes duermen en las calles, se cubren del sol con sábanas o descansan sobre cartones; además, niños mugrientos piden limosnas.

Título 8. ¿De qué trata?

Se trata de una disposición migratoria que se aplica desde hace décadas, incluso durante los últimos años, y que permite expulsar a todo aquel que entre a Estados Unidos sin una visa o documentación requerida.

Cuando llega un migrante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llevan a cabo las llamadas “entrevistas de miedo creíble”, en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Si concluyen que existe, se lanza un proceso migratorio y deberá comparecer ante un juez. Entre tanto puede quedarse en EE. UU.  o bien puede ser enviado a México, en virtud de la política conocida como “Quédate en México”, para que espere allí la cita judicial.

Si estiman que no existe un peligro lo expulsan a través de una “deportación acelerada”, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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Implicaciones para los migrantes

El Título 8, al contrario del Título 42, trae aparejadas sanciones: si el migrante intenta entrar de nuevo sin una documentación válida se le castiga con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.

Este permite expulsar automáticamente a quienes no califican para solicitar asilo.

El Gobierno estadounidense busca desalentar a quienes han emprendido el camino hacia ese país.

La propuesta de Rick Scott, Tom Cotton y Marco Rubio se produce en respuesta a recientes investigaciones de los medios sobre la situación allí.

The New York Times publicó en marzo pasado que la cifra de menores no acompañados que entraron a Estados Unidos en 2022 alcanzó los 130 mil, el triple que 5 años antes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es el organismo encargado de garantizar que sus tutores, aquellas personas que asumen su cuidado, los mantengan y protejan de la trata o la explotación.

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Pero según el rotativo estadounidense, aunque el HHS comprueba el estado de todos los menores con una llamada un mes después de que estos hayan encontrado un nuevo hogar, a lo largo de 2021 y 2022 la agencia no logró contactar con más de 85 mil niños.

El proyecto de ley republicano aspira a garantizar una “investigación exhaustiva” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del HHS antes de que los menores sean dirigidos a su nueva casa.

En concreto, exige examinar tanto a los posibles tutores antes de que estos reciban al menor como a todos los mayores de 18 años que residan en ese hogar.

La iniciativa también prohíbe que el niño quede en manos de un tutor que se encuentre en Estados Unidos de forma ilegal, a menos que esa persona sea su padre o su madre u otro pariente biológico.

Los tres senadores quieren igualmente que durante el primer año las autoridades efectúen al menos 5 visitas domiciliarias no anunciadas, y requiere al DHS y al HHS que entreguen al Congreso un informe mensual.

“Todo niño merece protección. Cientos de miles de niños migrantes han entrado en el sistema de acogida del Gobierno federal y la Administración de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para mantenerlos a salvo”, apuntó Scott en un comunicado.

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Para Cotton, “la negativa del presidente a asegurar la frontera ha convertido la zona en un semillero de trata de personas, incluida la trata de menores”, y su proyecto de ley “garantizará” que los niños no acompañados acaben con “adultos responsables y legales”.

Los republicanos están en minoría en el Senado, y desde el pasado enero, tras las elecciones de medio mandato de noviembre, tienen el control de la Cámara de Representantes.

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El anuncio de su propuesta se produce a una semana de que el 11 de mayo expire el Título 42, una normativa por la que se han efectuado expulsiones en caliente con el pretexto de la pandemia de la covid-19, y con cuyo fin se espera un aumento significativo del flujo de inmigrantes en la frontera.

Decenas de familias ingresan a diario desde Tijuana a California para pedir el asilo humanitario con un recurso de excepción al Título 42, una regla de la era de Donald Trump (2017-2021) y ampliada por el presidente Joe Biden para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

Organizaciones como Al Otro Lado y Ejército de Salvación trabajan con albergues de la ciudad para que los migrantes accedan a este recurso, que no les garantiza el asilo, pero sí les da la oportunidad de presentar sus casos.

La mexicana Beatriz Cabrera, su pareja sentimental y los dos hijos de ella, fueron una de las familias seleccionadas después de mes y medio vagando en la ciudad sin saber dónde encontrar ayuda.

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“Después de haber estado navegando, viendo a ver quién nos podía recibir, hoy estamos muy contentas porque nos dan ahora esta posibilidad, porque como somos de la comunidad LGBT pasamos por cosas muy complicadas”, dijo a EFE.

Beatriz contó que ellas salieron huyendo de su natal Guanajuato, estado del centro de México, por las constantes agresiones y amenazas que padecían por su diversidad sexual, por lo que su integridad y la de los menores de edad estaba en riesgo.

Llegaron a Tijuana para solicitar asilo en EE.UU., pero durante un tiempo deambularon por distintas partes hasta que encontraron el albergue Juventud 2000, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, donde recibieron refugio y pasaron el fin de año.

Oportunidad anhelada

Mayra Lizeth Vanegas es otra de las personas que, junto con los ocho integrantes de su familia, tuvieron también esta oportunidad.

“Agradezco mucho porque vengo con toda mi familia y llevábamos ya cinco años deambulando por lugares como Tapachula, Quintana Roo, Aguascalientes, y pasamos por amenazas y secuestros”, narró.

Ella compartió a EFE que la familia completa salió de Honduras porque un grupo armado amenazó de muerte a uno de sus hijos.

Pero después, en Tapachula, en la frontera sur de México, también a una de sus sobrinas la secuestraron, por lo que estuvieron moviéndose por distintas ciudades hasta llegar a Tijuana.

En esta ciudad también pernoctaron en la calle hasta que una persona los encontró hace unos días y los llevó al albergue.

“Esa persona es nuestro ángel, mis hijos decían ‘fueron los tres mejores días que hemos tenido’, porque aquí hubo piñatas el fin de año, pastel y regalos”, mencionó.

No se garantiza el asilo

José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, explicó a EFE que desde hace seis meses trabajan en buscar las excepciones legales.

Aunque aclaró que eso no garantiza que vayan a obtener el asilo, porque “tienen que ser casos muy excepcionales”.

Lo que sí representa es “una oportunidad de poder presentar sus solicitudes y no estar en la frontera esperando meses o años como ha pasado con otros migrantes”, dijo.

El activista indicó que, además, este recurso legal también ayuda a los albergues a no tener el espacio saturado y recibir más migrantes.

Sebastián Farías, quien trabaja para la organización Psicólogos Sin Fronteras, compartió que previo a que las personas lleguen al puerto fronterizo El Chaparral, que es por donde ingresan a EE.UU., se les ofrece una charla con psicólogos y abogados,

Ellos les explican el proceso por el que van a pasar una vez que les reciban las autoridades estadounidenses, sepan lo que van a enfrentar y estén preparados también en caso de que sus solicitudes no sean admitidas.

El auxilio de las organizaciones llega después de que Estados Unidos anunció el 5 de enero pasado que acogerá a 30 mil migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto bajo el Título 42.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció que la medida responde a que podrían verse alentado el desplazamiento de migrantes ante la decisión del Gobierno estadounidense de permitir mensualmente el ingreso de 30 mil personas de las tres nacionalidades por razones humanitarias.

El programa ya ayudaba a venezolanos y ucranianos, el cual les permite ingresar al país con un permiso de estadía de dos años, siempre que se apeguen a una serie de requisitos.

Título 42 será aplicado a quienes no cumplan

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) advirtió que los venezolanos, haitianos, cubanos o nicaragüenses, que ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización a partir del 5 de enero de 2023 no serán elegibles para el proceso.

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La restricción también incluye a los menores no acompañados de los cuatro países.

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Las autoridades estadounidenses alertaron a los solicitantes para que no presenten información falsa y estar atentos ante estafas de coyotes por falsas promesas.

Además, se advirtió que Estados Unidos va a deportar a quienes no cumplan con el proceso, utilizando el Título 42, que permite expulsarlos de forma rápida por razones sanitarias.

El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.

El alto tribunal escuchará en febrero los argumentos de estos estados y del Gobierno federal.

La frontera entre México y Estados Unidos sigue estos días llena de migrantes a la espera de que el Supremo resolviera, después de que este Tribunal ya dictara de forma cautelar la suspensión del levantamiento de esta norma, que estaba previsto para el 21 de diciembre.

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Ahora, el Supremo mantiene la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes.

NEW: The US Supreme Court ordered pandemic-era border restrictions to remain in effect, granting a request by GOP state officials who said lifting them would have produced an unmanageable surge of migrants https://t.co/CjthZO7dL7

— Bloomberg (@business) December 27, 2022

Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.

The U.S. Supreme Court on Tuesday ordered the controversial Trump-era Title 42 border policy to remain in place for the time being.

In a 5-4 vote, the high court reversed an order from a federal judge in Washington, D.C., who ruled last month that the border policy must end. pic.twitter.com/JJLVePaSg7

— Prime Time Patriots (@PTPatriots) December 27, 2022

Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones, según datos del International Rescue Comittee.

BREAKING: Supreme Court keeps in place Title 42, a Trump-era immigration policy allowing asylum-seekers to be quickly turned away at the border, putting a judge’s ruling that would have ended it last week on hold. https://t.co/YY3OCHsVrP

— NBC News (@NBCNews) December 27, 2022

“Si se retira o no se retira el Título 42, hay que dejarlo muy claro, vuelve la aplicación de las leyes de seguridad migratoria de aquel país”, advirtió Kevin López Oliva, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.

Agregó que eso significa que cualquier persona puede ser sujeta a remoción en la frontera, especialmente si se retira dicha normativa.

“Las fronteras no están abiertas y hay que hacer un llamado a la población a que no se deje engañar en caso de que se retire el Título 42, porque pueden ser removidos, deportados o expulsados conforme los criterios de la aplicación de la ley migratoria de EE. UU.”, agregó.

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López recordó que dicha normativa es una medida sanitaria que se implementó debido a la pandemia del covid-19 y que hay un procedimiento legal en ese país en el que se determinará si finaliza o no.

Sin embargo, los traficantes de personas podrían utilizar esa situación para engañar a los migrantes que han decidido emprender el viaje a EE. UU.

En el limbo

Mientras en Washington los tribunales deciden si se mantiene o no el Título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes y que tenía que haber finalizado este miércoles, la frontera de EE. UU. con México queda en un limbo y los migrantes se ven expuestos a situaciones de mayor riesgo.

Después de haber cruzado miles de kilómetros y haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos la hostil selva del Darién (en la frontera entre Colombia y Panamá), los migrantes se enfrentan a una decisión: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular.

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Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la Patrulla Fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de acuerdos entre el Gobierno mexicano y el estadounidense.

El Título 42, que entró en vigor durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) y con la excusa de la pandemia, se mantiene en vigor después de una medida cautelar del Supremo, evita que las personas de países como Venezuela o los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica puedan solicitar asilo en EE. UU.

*Con información de EFE.

Durante la tarde de este lunes 19 de diciembre, el presidente de la mayor instancia judicial del país, John Roberts, emitió una consigna pausando “hasta nueva orden” la anulación de la norma, que un juez federal de Washington, D.C. había dictaminado el mes pasado.

“Texas y otros estados insisten en que el Supremo permita que se mantenga el Título 42. La decisión de hoy es un paso en esa dirección”, escribió en Twitter el gobernador de Texas, Greg Abott, quien aseguró que la norma “previene la inmigración ilegal”.

La corte decidió conceder así una petición de los fiscales generales de Texas y otros 18 estados controlados por republicanos para mantener en vigor la normativa, que ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos y por la propia administración del presidente, Joe Biden, y estaba previsto que dejara de aplicarse el miércoles.

Los fiscales consideran que el levantamiento de la norma provocaría “un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular”, según la petición que hicieron en la mañana de este lunes al Supremo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense ya ha confirmado que seguirá aplicando el Título 42 mientras hace las preparaciones necesarias para asegurar la frontera una vez la normativa deje de estar en vigor, al tiempo que pidió nuevos fondos al Congreso para contratar más personal y comprar equipamiento.

La decisión del juez John Roberts obliga también a las partes implicadas a presentar una respuesta hasta este martes a las 17.00 hora local (22.00 GMT).

Cuando reciba la respuesta, el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes de menor instancia resuelven el caso.

Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden, que, pese a sus críticas, se valió de la norma para expulsar a miles de haitianos tras la crisis fronteriza en Del Rio (Texas).

En su demanda ante el Supremo, los fiscales dan por hecho que el fin de esta política va a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán “dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica”.

“Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42″, apuntaron en la petición respaldada después por el Supremo.

Durante su rueda de prensa diaria, antes de conocerse la decisión del tribunal, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el gobierno de Biden está dedicando una cantidad récord de recursos a defender la frontera, pero pidió al Congreso que apruebe una petición adicional de gasto de más de US$3 mil millones.

Jean-Pierre recordó también que el fin del Título 42 no implica una política de puertas abiertas, aunque reconoció que se prevé un aumento de los intentos de cruzar la frontera si la norma sanitaria decae.

El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México.

Tras su levantamiento estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.

La decisión de la Administración de Biden de mantener el Título 42 ha sido ampliamente criticada por organizaciones en defensa de los derechos humanos, que la califican de ilegal ya que evita que la gran mayoría de personas que desean solicitar asilo en la frontera puedan hacerlo.

En Texas, la ciudad de El Paso, limítrofe con Ciudad Juárez en México, había declarado este sábado el estado de emergencia para poder utilizar más recursos y crear más albergues para alojar a las miles de personas que han llegado allí en las últimas semanas ante la inminente suspensión prevista de esa normativa.

Esta orden legal, vigente en la legislación estadounidense desde 1944, se activó en marzo de 2020 como una medida para evitar la propagación del coronavirus; sin embargo, ha seguido vigente y a través de ella se ha expulsado a más de 2.3 millones de migrantes.

Esta cifra se considera sobrevalorada ya que no representa al total de migrantes que han llegado a la frontera sur de EE. UU. desde entonces, ya que el Título 42 facilita la expulsión inmediata de un indocumentado a México tantas veces como sea sorprendido al intentar cruzar la frontera.

EE. UU. ha anunciado que mantendrá otras normativas migratorias para procesar y deportar a quienes ingresen a su territorio sin autorización. No obstante, las autoridades temen que bandas de coyotaje estén vendiendo la falsa idea de que, con el fin del Título 42, habrá entrada libre hacia el país norteamericano.

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Voces del Partido Republicano intentaron utilizar este argumento como una herramienta política en contra de los demócratas para las elecciones de medio término que se celebraron el pasado 8 noviembre. Ahora sostienen que el fin de la orden ya comienza a provocar una crisis en la frontera.

“Lo que está sucediendo ahora es una crisis humanitaria y de seguridad pública, —pero— si creen que las cosas están mal ahora, están a punto de empeorar”, señaló el senado John Cornyn quien representa al estado de Texas.

También algunos senadores demócratas han manifestado preocupación.

Un grupo de cuatro legisladores de este partido expresaron en una carta al presidente Biden su “profunda preocupación por el repentino impacto” que podría provocar en las comunidades fronterizas el fin de la polémica norma, y han pedido explicaciones acerca de si hay suficientes recursos para interceptar a migrantes que se internen a EE. UU. de manera irregular.

Factores

¿Pero, en realidad la finalización de la normativa provocará un aumento incontrolable de la migración?

Analistas en materia migratoria opinan que los éxodos históricos a EE. UU. poco o nada tienen que ver con la implementación de políticas en la frontera sur de ese país.

Desde hace varios años que la migración desde Guatemala ha experimentado un incremento progresivo. Tuvo una pausa en el 2020, en el comienzo de la pandemia, pero regresó con más fuerza en 2021.

“El que se acabe el uso formal del Título 42, por sí solo, no incrementará la migración desde México, Centroamérica y otras partes del continente. Lo que más bien hay que tomar en cuenta es que las condiciones de vida en estas poblaciones no han mejorado”, precisó Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas.

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Estas son las repercusiones que tendrá para Guatemala el fin del Título 42 en la frontera sur de EE. UU.

En estos países, acotó, “no hay empleo, ni buenos salarios, y los servicios básicos siguen siendo deficientes, lo cual alimenta la tentación de que la migración es la única solución”.

Chacón agregó que “lo más triste” es que en EE. UU. hay millones de plazas de empleo vacantes. Y mientras los patronos buscan trabajadores se limita la llegada de más migrantes.

Al terminar el Título 42 es probable que, en el Congreso, que el próximo año estará dominado por los republicanos, se pretendan impulsar una reforma migratoria que ofrezca beneficios a los jóvenes llegados en la infancia a EE. UU., pero a cambio de financiar controles más severos en la frontera.

El activista cree que esto, sumado a la necesidad de una mejor vida en Centroamérica, propiciará más sufrimiento y muerte de los migrantes que seguirán en busca de mejores oportunidades de vida. “Es una verdadera tragedia que no se pueda armonizar la necesidad de mano de obra que hay en EE. UU. con la necesidad de migrar que hay en nuestros países”, subrayó.

Aumento sostenido

El analista Pedro Pablo Solares coincide en que la migración desde Guatemala ha crecido de forma paulatina y sostenida en los últimos años. Añadió que, si bien es cierto, los coyotes tratarán de explotar a su favor el fin del Título 42, hacen lo mismo con cualquier coyuntura. Así, en los años más duros de la administración Trump decían que había que viajar cuanto antes porque los controles en la frontera iban a empeorar.

El éxodo se ha acentuado “independientemente de qué medidas tome Washington”, aseveró el analista. La migración tiene causas estructurales de expulsión, como la pobreza y la violencia, y de atracción, como la oferta de trabajo que hay EE. UU., dijo.

“No se ha visto que las políticas migratorias sea lo que más influya en las familias al momento de tomar la decisión de migrar”, apuntó Solares.

Danilo Rivera, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, expuso que a partir del 21 de diciembre podría verse la movilización de los migrantes que están varados en las ciudades fronterizas mexicanas y que al acercarse la expiración del Título 42 se han aglomerado en estas urbes.

Sin embargo, Rivera no cree que el término de la norma desencadene más migración desde Guatemala.

“Considero que las condiciones económicas siguen siendo las principales causas para migrar”, precisó, al mismo tiempo de recordar que “las fechas de inicio de año generalmente son las más altas en que se van las personas migrantes y el hecho que dejen sin vigencia este Título podría contribuir a que tomen esa decisión”.

Administración en deuda

Óscar Chacón, director de Alianza Américas, lamentó que la administración Biden no ha hecho lo suficiente para combatir las causas estructurales de la migración desde Centroamérica, y sus acciones se han limitado a pedir a grandes corporaciones empresariales a que inviertan en esta región.

“La administración Biden parecía que lo tenía claro. Pero, aunque la intención ha sido correcta, la práctica ha sido deficiente. Los tomadores de decisiones en nuestros países han sido negligentes porque no apoyan a la velocidad y el volumen que se necesitan las transformaciones que refuercen la percepción y la realidad de mejores condiciones y oportunidades”, apuntó.

“A mí no me sirve de nada que me ofrezcan el cielo y la tierra si el tiempo pasa y yo sigo igual”, señaló Chacón.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, explicó este 22 de noviembre, durante una conferencia de prensa telefónica con medios latinoamericanos, que la medida sigue vigente por ahora.

“Hasta hoy se siguen expulsando a adultos y miembros familiares que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en forma ilegal por medio del Título 42″, aseveró.

Por ahora, según Nuñez-Neto, están activando sus planes para la conclusión del título 42. “Se procesará a los individuos y las familias que quieren cruzar en forma ilegal”, explicó. 

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Pero eso sí, agregó, “para quienes cruzan ilegalmente se seguirá recurriendo a la repatriación inmediata y la pérdida de la elegibilidad de ir a los Estados Unidos hasta por 10 años”.

“Los coyotes – traficantes de personas – están aprovechando y haciendo girar rumores que el título 42 ya fue eliminado y no es así, sigue vigente. Las personas de cualquier nacionalidad que lleguen en forma irregular serán deportadas”, expresó Nuñez-Neto.

“Los coyotes están causando mucha desinformación. Por ahora sigue vigente el Título 42. Cuando se vuelva al 8, lo aplicaremos como se ha hecho durante décadas. Sabemos cómo aplicarla. Será un cambio significativo, tenemos mucha experiencia aplicando esa ley”, manifestó Nuñez-Neto.

El funcionario indicó que mientras usaron el Título 42 “establecieron nuevos parámetros para la frontera con México. Desde abril publicaron un plan de seguridad que incluye todos los pasos para enviar recursos y mejorar el proceso de los individuos que se procesan en la frontera”

Agregó que han trabajado en conjunto con “sus aliados en la región como México, entre otros”, para atacar a los coyotes y el crimen organizado.

“Esto viene desde hace más de un año. Tenemos muchos recursos en la frontera, más de 23 mil agentes. Hemos incrementado nuestra capacidad de detención para capturar y deportar a los migrantes”, reveló.

El objetivo, puntualizó, es interrumpir a las redes criminales. “Todo esto comenzó hace siete meses. Durante este periodo se ha detenido a 5 mil coyotes y contrabandistas en igual cantidad de operaciones. Este trabajo es significativo”, valoró Nuñez-Neto.

Fin al Título 42

La administración de Joe Biden no podrá usar más el Título 42, una disposición del Código de los Estados Unidos que se remonta a 1940 y que sirve para regular la migración proveniente de distintos países del mundo, entre ellos Guatemala, según la orden del juez del Tribunal de Distrito de Columbia, Emmet Sullivan.

Sullivan reconoció en su orden que el gobierno de Biden no cuestionó su decisión, sino pidió tiempo para prepararse. Es por ello que se fijó el 21 de diciembre como fecha para dejar de usar el Título 42 y volver al 8, el cual es que se ha utilizado regularmente para los controles migratorios de aquella nación.

El togado consideró que usar el Título 42 ha sido arbitrario y caprichoso porque sustituye a una verdadera política migratoria y por esa razón deben de cesar su utilización.

Bajo el título 8 las personas migrantes deben ser entrevistadas por agentes fronterizos, que determinan si hay un miedo creíble para quedarse en el país y así evitar la deportación inmediata, o podrían otorgarles una orden de liberación bajo reconocimiento, conocida como I-220A.

Hasta el 21 de diciembre, cuando llegará a su fin el Título 42, los migrantes que sean interceptados en la frontera continuarán siendo regresados a México y será esta nación la que decida el destino de esos deportados.

Todo esto ha provocado alertas en casos de ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países con los que Estados Unidos no tiene buenas relaciones diplomáticas.

El expresidente Donald Trump adoptó el Título 42 cuando el virus de covid-19 fue declarado pandemia en marzo de 2020.

Sus asesores en temas de migración interpretaron usarlo “en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) podía expulsar de inmediato a las personas migrantes indocumentadas, sin permitirles solicitar asilo, algo que las leyes estadounidenses garantizan”.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró hasta noviembre de 2022 el retorno de 31 mil 315 guatemaltecos bajo el Título 42. En total, bajo esta legislación, la nación norteamericana ha expulsado a 2 millones y medio de migrantes de diversas nacionalidades.

No obstante, durante el proceso de mitigación de la pandemia los flujos migratorios irregulares se han incrementado al igual que los retornos, indicó el IGM en un comunicado.

Y, de hecho, los traficantes de personas o coyotes han generado rumores de que el Título 42 ya no tiene vigencia para motivar y cobrar a las personas migrantes a emprender el viaje antes del 21 de diciembre próximo.

La medida sigue vigente, y, de hecho, una coalición de estados conservadores de Estados Unidos busca por medios legales mantenerlo en pie. Esto permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.

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Los estados argumentan que sufrirán daños irreparables ante la caducidad inminente del Título 42 y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.

Fueron 15 estados los que presentaron una moción para  ser parte del proceso legal en torno a la ley de salud pública conocida como Título 42.

De acuerdo con una nota de la Voz de América la ley debe caducar el 21 de diciembre, “lo que podría trastrocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda”.

Venezuela, Cuba y Nicaragua

A Guatemala han llegado ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su intención es llegar a Estados Unidos, pero han quedado varados en la frontera con México.

El fin del Título 42 supone una nueva crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Por ahora, ha sido recurrente retornarlos porque así lo establece la ley tomada desde marzo de 2020.

Sin embargo, con el fin de ésta, el Título 8 obliga a entrevistar a cada uno de los ciudadanos para analizar los casos. “Tenemos la capacidad de hacer vuelos de repatriación a Nicaragua”, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional,

En el caso de Venezuela, explicó, “estamos en discusión con México y otros países para saber qué se puede hacer. No tenemos relaciones diplomáticas, pero sí hay una práctica de hace años de devolver un número limitado de venezolanos”.

Nuñez-Neto confirmó que la gran mayoría de venezolano que están varados en su frontera “serán devueltos a México. Estos venezolanos han perdido la elegibilidad para darles una visa, por tratar de ingresar en forma ilegal”, aseveró.

El funcionario comentó que “están en el proceso de planificar para procesar a la gente en los puntos de entrada. Cuando se levante el Título 42, de seguro se presentarán personas que quieren aplicar para el asilo político en Estados Unidos”:

Emmet Sullivan estima que el llamado Título 42, que se ha utilizado para expulsar a cientos de miles de personas que cruzan la frontera desde México, es una medida “arbitraria” que viola las normas federales.

Instaurado al inicio de la pandemia bajo el gobierno de Donald Trump, el Título 42 habilita la expulsión de adultos solteros y familias que crucen sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos para frenar el avance del virus.

El fallo deja al gobierno con pocas herramientas para impedir la entrada de migrantes en la frontera sur con México, la mayoría de los cuales piden asilo.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio cuenta de 185 mil 527 migrantes interceptados a lo largo de la frontera con México en octubre, un aumento del 1.5% en un mes. Muchos, si no la mayoría, fueron rechazados por el Título 42.

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El número de migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua que intentan cruzar la frontera terrestre ha aumentado un 149% con respecto a octubre de 2021, mientras que el de los procedentes de México y el norte de Centroamérica ha bajado 12% desde esa fecha, según datos oficiales.

Sullivan también ordenó que el gobierno no pueda solicitar que se suspenda el fallo para bloquear su aplicación, lo que significa que las autoridades tendrán que apelarlo ante un tribunal superior si quieren que siga vigente.

El fallo se basó en una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Patrulla Fronteriza de “expulsión sumaria” de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por covid.

“La vida o la muerte”

“Esta es una gran victoria y una en la que está literalmente en juego la vida o la muerte”, dijo el abogado de ACLU, Lee Gelernt, al frente de la demanda.

“Llevamos diciendo todo el tiempo que usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por la política. Esperemos que este fallo termine con esta política horrible de una vez por todas”, añadió en un comunicado.

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El fallo llega seis meses después de que un juez de Louisiana dictaminara en respuesta a otra demanda que el gobierno del presidente Joe Biden no podía abandonar la política.

El gobierno aplicó el Titulo 42 heredado de Donald Trump antes de intentar eliminarlo.

Los gobernadores republicanos de una veintena de estados intentaron impedirlo con acciones legales por considerar que el levantamiento de esta medida provocaría un repunte de los cruces fronterizos, cuando ya se batió el récord de 2.3 millones de interceptaciones de migrantes este año hasta el 22 de septiembre.

La crisis migratoria es un tema que enardece los ánimos, como se ha visto durante las elecciones de medio mandato celebradas la semana pasada.

El Título 42 permite la expulsión inmediata de cualquier extranjero o no residente que intente ingresar al país sin visa.

No existe un proceso legal ni una expulsión formal al país de origen. Y los agentes fronterizos pueden invocarlo para expulsar a una persona sin el largo proceso de entrevistas que generalmente se requiere.

Pero, a diferencia de una expulsión regular, no prohíbe volver a intentar entrar a Estados Unidos.

Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, estima que el Título 42 ha sido “una política de gestión fronteriza fallida que causó caos a lo largo de la frontera”.

Esta política, que autoriza la expulsión expedita de migrantes a quienes se considere una amenaza para la salud pública, ha llevado al rechazo en la frontera de más de 1.8 millones de migrantes con el argumento del riesgo que representan por la pandemia de covid-19.

Carlos Rivera, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, dijo a la Voz de América (VOA) que pese a las restricciones que establece el Título 42, miles de migrantes centroamericanos y haitianos siguen llegando a ese paso fronterizo con el propósito de avanzar hacia otros estados de EE. UU.

Recuerda que solo en abril pasado, el cual define como un mes histórico, llegaron a ese lugar más de 30 mil migrantes y refirió que “ese ritmo operacional continúa” en mayo.

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Durante el recorrido, la VOA documentó la historia de nueve migrantes de origen haitiano y guatemalteco que se entregaron a las autoridades y quienes relataron el calvario que les ha tocado vivir para llegar hasta ese punto de la frontera, donde se atiende a un promedio de mil migrantes por día.

Entre el grupo de migrantes iba una bebé y otros menores de edad, entre ellos Emily, de 10 años, quien junto a su madre y dos hermanos decidieron dejar Petén porque, según dijo, eran víctimas de la violencia de las pandillas.

“Fue bien difícil, hemos venido caminando todos los días, no hemos podido descansar”, dijo entre llanto Emily.

Agregó que “mi hermano quieren que se meta en cosas malas, pero mi mamá no quiere, queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro”.

En tanto, Yohana, de 38 años y madre de Emily, relató que “le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Nos han amenazado que si mi niño no se mete en cosas malas nos van a matar y por eso venimos huyendo desde hace tiempo para estar aquí”.

Sin embargo, el Título 42 sigue vigente y corren el riesgo de ser deportados de forma directa y sin tramite alguno.

En tanto, Rivera agregó que “son tantos los peligros a los que estos migrantes son expuestos, el calor, una caída del muro fronterizo, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año han demostrado que lo que les importa es lo monetario y no la vida de las personas”.

Fronteras cerradas

Las fronteras de Estados Unidos “no están abiertas” y el país seguirá expulsando migrantes “cuando sea apropiado” bajo el Título 42, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Estados Unidos continúa aplicando sus leyes de inmigración y las restricciones en nuestra frontera sur no han cambiado”, afirmó el funcionario en un mensaje y video de dos minutos en su cuenta de Twitter.

“Individuos y familias siguen sujetos a las restricciones fronterizas, incluida la expulsión”, añadió.

El Gobierno del presidente Joe Biden había marcado para el 23 de mayo la rescisión de la norma sanitaria conocida como Título 42, activada desde marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump.

Pero un juez federal en Luisiana dejó el viernes pasado en suspenso la decisión de abandonar la aplicación de la norma, en respuesta a una demanda de varios estados.

“Los individuos y familias no deberían poner en riesgo sus vidas al emprender una travesía peligrosa solo para ser devueltos. Los individuos y grupos familiares que sean interceptados seguirán siendo expulsados, cuando sea apropiado, bajo el Título 42″, dijo Mayorkas.

Y aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en el país, también serán expulsados, agregó.

Mayorkas apuntó que la Patrulla Fronteriza ya encara “un número de migrantes a niveles históricos debido a los grandes movimientos de gente que huye de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras tribulaciones”.

“Las cifras podrían aumentar aún más debido a la confusión acerca de recientes órdenes en tribunales, y los contrabandistas siguen divulgando información equívoca para su propio lucro. Estamos preparados”, declaró el funcionario.

“(El Departamento de Seguridad Nacional) está ejecutando su amplio plan, que abarca a todo el Gobierno, para manejar los actuales y potenciales incrementos en nuestra frontera de forma segura, ordenada y humana, congruente con la aplicación de nuestras leyes”, añadió.

Aseguró que las autoridades también están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera “en sociedad con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el Hemisferio Occidental”.

La semana pasada la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que sus agentes efectuaron en abril 234 mil 088 detenciones de migrantes indocumentados, un incremento de 5.4 % respecto al mes anterior.

En los seis primeros meses del período fiscal 2022, la CBP ha efectuado 1.3 millones de detenciones, en comparación con los 1.7 millones de todo el período fiscal 2021.

El Título 42, como se denomina la medida sanitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX y que raramente fue utilizada, concede a las autoridades estadounidenses la potestad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa que se presenten en su frontera terrestre, incluso aquellos que soliciten asilo.

La administración del demócrata Joe Biden anunció en abril que la medida expiraría el 23 de mayo, pero a pedido de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal para bloquear esta acción, dejando la medida en pie.

“De acuerdo con el tribunal, los estados demandantes han completado los requerimientos para una orden judicial temporal”, dice el fallo.

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La Casa Blanca expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.

“La autoridad para establecer las políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y no en un único tribunal de distrito”, dice el texto, que confirma que se continuará aplicando la medida mientras se espera el resultado de la apelación.

“Desafortunada decisión”

Para activistas y expertos, la implementación del Título 42 vulnera el derecho internacional al no acoger a quienes buscan asilo o huyen de condiciones violentas.

“La desafortunada decisión de hoy dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Concejo Estadounidense para Migración, una organización sin fines de lucro.

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“Esta decisión sin sentido derivará en más sufrimiento para quienes buscan asilo y generará más caos en la frontera”, agregó.

“El Título 42 ha tenido un enorme efecto perjudicial en migrantes que buscan asilo”, dice Reichlin-Melnick quien destaca que en muchos casos estas expulsiones no implican una deportación a los países de origen, dejando a las personas en una especie de limbo y en una situación de alta vulnerabilidad.

El juez Summerhays destacó en su fallo que los estados demandantes “argumentan que acabar con esta medida derivará en un aumento de los cruces fronterizos y que esto implicará el aumento de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos”.

Sin embargo, expertos subrayan que, aunque es imposible anticipar lo que ocurrirá si se levanta el Título 42 y se activan las leyes migratorias, la propia naturaleza de esta medida sanitaria puede haber contribuido a inflar las cifras de las autoridades fronterizas, porque los expulsados pueden intentar cruzar una infinita cantidad de veces.

Desde que la administración del expresidente Donald Trump invocó la medida en marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 1.8 millón de veces para expulsar personas en la frontera. Pero eso no se traduce necesariamente en cantidad de migrantes.

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“Tenemos una visión ligeramente distorsionada de las cifras totales de cruces fronterizos”, explica Reichlin-Melnick. “Algunas personas han cruzado varias veces. Eso aumenta los números de aprehensiones por las autoridades y parece que más gente está cruzando la frontera de lo que en realidad ocurre”.

Para los especialistas, en estos intentos los migrantes se exponen cada vez más, muchos arriesgándose en peligrosas rutas a través del desierto, de las corrientes o saltando el muro fronterizo que en algunos tramos alcanza 9.1 metros de altura.

Según datos de las autoridades estadounidenses, el año pasado fue el más letal tras registrarse 557 muertes en la frontera.

“Lo más difícil es saber que más migrantes estarán sin protección y serán puestos en situaciones de alto peligro”, dijo Pedro Ríos, del Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos.