“La exclusión de electores ya ocurrió, tal como lo advertimos, y el sistema de justicia no hizo nada para evitarlo”. Con esta afirmación, el abogado Javier Monterroso resumió el escenario previo a la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), programada para este miércoles 8 de abril.

Según Monterroso, unos 16 amparos se fueron presentado desde semanas atrás para advertir que cuerpos electorales serían excluidos del proceso. “Se planteó que iban a quitar arbitrariamente a los electores, y eso fue exactamente lo que ocurrió”, sostuvo.

El abogado aseguró que al menos 17 cuerpos electorales han sido apartados: 14 en las últimas horas y tres desde el 25 de marzo, lo que —a su criterio— evidencia la inacción de las cortes para garantizar la participación de estudiantes, docentes y profesionales.

Un proceso marcado por exclusiones

Aunque en las elecciones internas la oposición había ganado la mayoría —22 de 34 cuerpos electorales—, solo cinco fueron autorizados para participar en la votación final, lo que reduce de forma considerable su peso en el proceso.

Este contexto previo, según Monterroso, refuerza estos señalamientos.

El proceso de elección del rector se define a través de 34 cuerpos electorales, integrados por 170 votantes entre estudiantes, docentes y egresados; sin embargo, las decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU) dejaron fuera a 17 de esos cuerpos, equivalentes a 85 votantes, en su mayoría vinculados a sectores opositores.

El abogado, así como grupos de oposición, aseguran que esto ha generado señalamientos de que el proceso favorece al actual rector Walter Mazariegos, quien buscaría su reelección sin una oposición plena en la votación definitiva de este 8 de abril del 2026.

Hasta ahora, la administración no se ha pronunciado públicamente ante estos cuestionamientos y únicamente ha difundido comunicados en sus redes sociales, en los que expone su postura sobre el proceso.

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Ventaja en números

Con las acreditaciones actuales, los electores afines a Mazariegos tendrían ventaja: alrededor de 45 votantes frente a 25 de oposición habilitados, siempre que estos últimos puedan ingresar al lugar donde se realizará la elección.

La votación, además, está prevista en un hotel privado en Antigua Guatemala, lo que para el abogado representan aún más dudas sobre la transparencia del proceso y las condiciones de acceso, ya que indicó que según los estatutos está establecido que la votación final no se puede desarrollar fuera.

En paralelo, el cierre del campus central —justificado por trabajos de infraestructura— ha sido interpretado por estudiantes como una medida que limita la organización y protesta en medio del proceso electoral.

Las tensiones han escalado en los últimos días, con enfrentamientos en los accesos este miércoles 7 de abril, donde incluso se reportó el uso de objetos contundentes y hombres con el rostro oculto y choques con los estudiantes.

Las manifestaciones se mantuvieron hasta horas de la tarde, momento en que los estudiantes de oposición consiguieron abrir uno de los accesos al campus central en el Periférico de la zona 12 capitalina.

Acciones legales y pedido de aplazamiento

En este contexto, Monterroso explicó que distintos sectores —incluidos estudiantes, profesionales, abogados y diputados— han promovido acciones legales no solo contra las exclusiones, sino también para solicitar el aplazamiento de la elección.

“No hay condiciones reales para realizar la elección”, afirmó, al señalar que aún existen amparos pendientes y resoluciones judiciales que ordenan repetir procesos internos en algunos colegios y facultades, pero que no han sido acatadas.

El abogado advirtió que, de continuar bajo estas condiciones, la elección sería no solo ilegítima, sino también ilegal. “Ya hay resoluciones que deben cumplirse y no se están respetando”, indicó en referencia a lo resuelto por salas de Apelaciones.

Otro de los puntos importantes señalados es la posible manipulación del quórum. Según Monterroso, al excluir cuerpos electorales, la votación podría realizarse con cerca de 10 representantes, lejos de los 37 que deberían integrar el proceso completo.

Finalmente, comparó el escenario actual con el de 2022, cuando Mazariegos fue electo en medio de cuestionamientos por exclusiones similares. “Es muy parecido, pero más grave. Antes fueron siete elecciones anuladas; ahora son 17”, afirmó.

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