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La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) denunció que la iniciativa de ley que regula los canales de televisión de esa entidad y del Congreso es lesiva para sus planes de crecimiento, ya que los ata de manos, al prohibirles comercializar espacios, porque el bajo presupuesto no alcanza para expandir la señal de TV Maya por todo el país.

Lo que preocupa a las autoridades de la ALMG es que el artículo 10 de la propuesta de ley —que pasó la primera de tres lecturas en el Congreso— establece la prohibición de utilizar los canales 4, 5, 9 y 12 de televisión para hacer propaganda partidaria, de empresas lucrativas y anunciantes, con finalidades o no de lucro; además, se impide ceder espacio o tiempo de aire, directamente o a intermediarios.

“Nosotros vemos que ese artículo es lesivo para los intereses del pueblo maya y para el crecimiento y funcionamiento del canal 5”, expresó Pascual Martín Domingo, presidente de la Academia.

Domingo explicó que la ALMG tiene un presupuesto muy bajo, y menos aún el canal 5, TV Maya, ya que para este año se le asignaron Q15 millones. “Vemos una limitante en cuanto a los ingresos; el valor adquisitivo de la moneda no es el mismo, y los materiales han aumentado”, agregó.

El canal TV Maya necesitaría al menos Q15 millones para que cubra toda la capital, pues solo puede captarse en algunos sectores.

En el proyecto de presupuesto para el 2009 se le ha asignado un techo de Q26 millones, aunque todavía no ha sido aprobado.

La ALMG no es la única institución que ha puesto el grito en el cielo, los diputados Mario Taracena y Nineth Montenegro, en el pleno del Congreso, criticaron esa medida. El primero de ellos resaltó que beneficiaría el monopolio de la televisión abierta.

El proyecto de ley pretende que los canales 5 y 12 —de la ALMG—, y 4 y 9 —del Congreso— pasen a propiedad de las instituciones mediante decreto, ya que solo tienen los derechos por usufructo, los cuales fueron cedidos durante la administración de Alfonso Portillo.

¿Ley con dedicatoria?

Montenegro ve con suspicacia la propuesta, porque el Congreso no puede autocederse las frecuencias de televisión abierta, y tampoco se tienen los recursos suficientes para dirigir un canal. “Si a eso le agregamos que no tendrá derecho a pautar publicidad, hará que el canal muera”, consideró la diputada.

“Podría haber intereses económicos detrás, porque al prohibirse la publicidad, se estaría ahorcando a estas instituciones y, en un futuro, trasladar estos canales a otros interesados”, opinó.

Taracena, durante el pleno del martes último, dijo que la medida buscaba beneficiar a Ángel González, quien controla el monopolio de los canales de televisión abierta.

Los referidos diputados coinciden en que con la iniciativa se dejará sin competencia a la televisión abierta en pautas publicitarias.

No obstante, el legislador Noé Orellana, presidente de la Comisión de Comunicaciones, insistió en que el espíritu de la ley no es “malintencionado”, como lo han interpretado aquellos congresistas, y el proyecto de ley se llevó otra vez al pleno porque están próximos a vencerse los contratos de usufructo.

Comentó que el canal 9 no tiene como fin actividad comercial, sino informativa. “No es una institución lucrativa y, ante la incapacidad de manejar los recursos en forma transparente, no creemos conveniente seguir asignado más manejo de recursos”, expresó.

Sin embargo, no pudo explicar por qué no hacen una diferencia con la ALMG, y dejar que se autofinancie. “La Academia trabaja con donaciones y asignaciones, y puede hacerlo así” enfatizó.

El legislador Manuel Baldizón, quien fue el ponente de la primera iniciativa —específicamente para los canales del Congreso—, comentó que hizo el análisis en su momento, y se prohibió la propaganda política para que no estuviera sujeto a una directiva que pudiera decidir espacios a un solo partido. “No es una decisión mía, y la Comisión puede hacerle cambios”, aseguró.

Mientras, el Legislativo anunció que la otra semana continúa la discusión en segundo debate de dicha iniciativa.