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Justicia
Arévalo y 48 Cantones de Totonicapán se pronuncian por cumplirse un año del proceso penal contra Pacheco y Chaclán
Arévalo y dirigentes señalan criminalización contra exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán; presidente también se pronuncia por elección de nuevo fiscal general.
El presidente Bernardo Arévalo y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, en conferencia de prensa este jueves 23 de abril, se pronunciaron al cumplirse un año del proceso penal contra los exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
En su intervención, Arévalo indicó que, desde hace un año, Pacheco y Chaclán fueron acusados de delitos que no cometieron.
“Esta acusación falsa fue una represalia contra ellos por haber defendido el derecho de todas y todos los guatemaltecos a elegir libremente a nuestras autoridades, por defender la democracia cuando esta fue atacada”, afirmó.
Agregó: “Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron reprimidos y perseguidos por autoridades ilegítimas del sistema de justicia, por personas cuyo régimen de abuso y miedo está por terminar”.
Dijo que se ha denunciado “la injusticia” con que han sido tratados y sometidos a una persecución “sin las garantías mínimas del debido proceso”.
Afirmó que este caso no es único, pues se suma a una larga lista de acoso, hostigamiento y criminalización contra otras autoridades indígenas, jueces y fiscales “honestos”, periodistas, defensores de derechos humanos y, según Arévalo, contra personas que integran el equipo de Gobierno.
Señaló que hay casos de corrupción en la impunidad, mientras la criminalización desde las instituciones que deberían garantizar justicia ha causado dolor a muchas familias.
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“Nos encontramos a las puertas de un cambio de tiempo, del momento en que la historia de la justicia en Guatemala puede cambiar para siempre. Podemos dejar atrás un sistema que se ha plegado a proteger los privilegios de unos pocos”, agregó.
“Ese cambio de tiempo es el cambio de autoridades en el Ministerio Público. La responsabilidad constitucional de este cambio pesa sobre mis hombros como presidente de la República. Esta semana recibí la lista de seis postulantes al puesto de fiscal general, cuyos expedientes reviso, consciente de que el proceso está en la fase de impugnaciones”, agregó.
Indicó que “ha llegado el momento del cambio”, pero ese cambio es realmente posible porque el pueblo de Guatemala se ha enfrentado a las fuerzas de la impunidad y de la corrupción.
Dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán pidieron que su voz sea escuchada y expresaron su “profunda” indignación y preocupación por cumplirse un año de la privación de libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes dirigieron manifestaciones en 2023.
Añadieron que el expediente del caso contra ellos se ha disfrazado de persecución penal por los supuestos delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal.
Afirmaron que lo anterior es una estrategia deliberada de criminalización contra quienes “se atreven” a defender el territorio, la autonomía y la vida comunitaria.
Señalaron que la prisión preventiva prolongada contra ambos, sin que la etapa intermedia se lleve a cabo, no responde a un proceso legítimo, sino a un propósito político: “desactivar la voz indígena”.
Indicaron que el proceso no solo recae sobre las dos referidas personas; recae sobre un sistema de justicia, sobre la cosmovisión y el derecho colectivo.
Indicaron que la judicialización selectiva está acompañada de una reserva del caso, una cadena de excusas y recusaciones impulsadas por el querellante adhesivo.
Remarcaron que el proceso ha estado paralizado y, según los dirigentes, esto no es casualidad, “es parte de un patrón sistemático de obstrucción a la verdad”.
Indicaron que han solicitado la revisión de la prisión preventiva y la etapa intermedia, pero no han obtenido respuesta.
Afirmaron que varios jueces se han excusado de seguir conociendo el caso.
Según los dirigentes, el juez Fredy Orellana presentó excusas bajo el argumento de que en el expediente consta que se pide su renuncia; también se pide la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche.
“Defender la democracia no es terrorismo. Lo que se juzga en este proceso es la defensa de la democracia, la protesta social legítima y la resistencia pacífica de los pueblos indígenas”, externaron.
Agregaron: “Criminalizarnos por terrorismo y asociación ilícita es un atropello que no vamos a tolerar. Exigimos la inmediata revisión de la prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán y su sustitución por medidas alternativas que respeten su dignidad y sus derechos”.
Le pidieron a Arévalo que elija a un fiscal general probo y objetivo.
Se consultó al Ministerio Público por los señalamientos efectuados durante la conferencia, se está a la espera de respuesta.
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