Estados Unidos
Comunitario
Infraestructura vial sigue rezagada pese a mecanismos de emergencia impulsados por el Estado
Los mecanismos de emergencia impulsados por el Ministerio de Comunicaciones no han evitado que el 59% de los proyectos viales continúe sin ejecución, según el más reciente informe de infraestructura del país compartido por Fundesa.
|
Varios proyectos viales en infraestructura (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Durante el 2026, el país únicamente ha logrado alcanzar un 41% en la ejecución de proyectos de infraestructura vial en distintos puntos del país, a cargo de diversas entidades estatales, según el informe elaborado por la Comisión de Infraestructura del Plan Guatemala No se Detiene, de la cual forma parte la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que compartió el informe.
Según el documento, este porcentaje de ejecución de proyectos aún está lejos del 50% proyectado por el Estado para el presente año. El informe también alertó de un 30% de obras que se encuentran en color rojo dentro del semáforo de proyectos, ya que están declaradas desiertas o sin licitación, pese a los mecanismos de emergencia que se han puesto en marcha por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la implementación del artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
En el documento, con corte a abril, también se aborda una estrategia organizada en torno a tres Metas Crucialmente Importantes (MCI) para el presente año y que han mostrado resultados mixtos y que han sido proyectadas hasta diciembre del 2026.
Dentro de estas metas se indica que, hasta la fecha de corte, se ha alcanzado el 96% de la meta de incremento de la inversión de capital para el inicio, adquisición o mejora de proyectos, conocido como Capex, del portafolio vigente de proyectos público-privado por un monto de US$8 mil 920 millones, de un total de US$9 mil 430 millones, estando el porcentaje actual cerca de la meta. Sin embargo, solo el 41% de estos proyectos se encuentran en ejecución o finalizados (20% y 21%), aún lejos del 50%, mientras que el restante 59% todavía no se lleva a cabo.
Dentro de estas metas también señala el acompañamiento a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en su institucionalización, que es parte de los "hitos" cumplidos en el 2026. No obstante, aún falta la implementación de reglamentos en la DIPP, así como la propuesta de reglamento para la ANI, lo que aún se encuentra en proceso.
Portafolio de proyectos
El informe hace un resumen detallado del portafolio de proyectos activo, que asciende a US$8 mil 920 millones, equivalente al 6.74% del PIB, distribuidos en 106 obras, dentro de los que predominan los proyectos viales para la cobertura de mil 302.9 kilómetros, por un monto de US$6 mil 21 millones. Les siguen proyectos destinados a aeropuertos, por US$1 mil 397 millones; rutas turísticas, US$172 millones, y distribuidores viales, por US$45 millones.
Semáforo de ejecución
Dentro del informe también se elaboró un semáforo en el que se identifica cómo avanzan estos proyectos, el cual, según Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quien también participó en la elaboración del informe.
Este semáforo indica que un 30% de los proyectos se encuentra en color rojo, ya que están pendientes de ejecución o suspendidos. El 29% se encuentra en amarillo; acá están los proyectos priorizados, pero que no tienen fondos para su ejecución. Un 21% se encuentra en color verde, lo que significa ejecución normal. Mientras que un 20% se encuentra en color azul o finalizados.
“Aunque el indicador entre los colores verde y azul se ha elevado de 32% en el 2024 hasta el 41% actual, todavía se requiere una aceleración significativa para alcanzar el 50% de la meta establecida”, afirmó Zapata.
Proyectos críticos y priorizados
En el informe también se destacan varios proyectos calificados como “emblemáticos” para el Estado, pero que se encuentran detenidos por problemas como la falta de financiamiento, falta de pago a contratistas, licitaciones desiertas o impugnaciones.
Dentro de estos proyectos se encuentran la ampliación de la ruta CA-02, del kilómetro 110 al 144, que se encuentra estancada con un 63% de avance físico. También la licitación para la ampliación a cuatro carriles de la CA-2, en el tramo comprendido del kilómetro 172 al 198, la cual la junta de licitación decidió no adjudicar por incumplir las bases de licitación. Asimismo, el tramo de la ruta CA-9 Norte, de Mayuelas a Puerto Santo Tomás, del kilómetro 170 al 292, el cual está pendiente de formalizar la donación de Taiwán para financiar los estudios de ingeniería, entre otros proyectos cuya ejecución está a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC), del CIV.
Además, miembros de la Comisión de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene han priorizado una cartera de proyectos por un monto de US$5 mil 556 millones, entre los que destacan varios que consideran de suma importancia para el desarrollo del país, tales como el Anillo Regional C-50, tramo 1 al 8 y construcción de carretera, por un monto de US$1 mil 676 millones, cuya ejecución estaría a cargo de Caminos. También, la vía exprés del tramo que va del kilómetro 23 de la CA-01 Oriente al kilómetro 10 de la carretera al Atlántico, por un monto de US$785 millones. De acuerdo con el informe, este proyecto estaría a cargo de la DIPP.
La comisión también incluyó dentro de estas obras prioritarias el Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana, presentado en el 2025 por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), que ascendería a unos US$441 millones y cuya inversión y ejecución se realizarían por medio de la modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP). Así como el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-01 Occidente, de Cuatro Caminos a Huehuetenango, por un monto de US$375 millones, cuya inversión sería por medio del procedimiento normal a través del Estado.
Licitaciones por emergencias
Uno de los aspectos más innovadores detectados por la Comisión ha sido la modalidad de licitación por emergencias a través del artículo 95 del Decreto 29-2024, que contiene la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, ya que permite contratar obras obviando los procedimientos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado, previo a un informe de riesgo emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y con aval de la DGC.
El informe indica que, hasta inicios de mayo, se habían adjudicado 10 contratos para la ejecución de obras por más de Q1 mil 178 millones y nueve contratos de supervisión por un monto de Q42 millones, abarcando rutas críticas en varios departamentos del país como Guatemala, Santa Rosa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa e Izabal entre otras.
Desafíos pendientes
Pese a los avances, la Comisión ha identificado varios desafíos, como mantener una comunicación fluida con autoridades del CIV sobre proyectos. Completar los reglamentos de la DIPP y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), así como garantizar el uso adecuado del artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para emergencias.
“La consolidación del ecosistema de infraestructura dependerá de la capacidad de ejecución presupuestaria, la institucionalización de las nuevas agencias y la sostenibilidad del diálogo entre el sector público y privado”, concluyó Zapata.
Desde el lunes 25 de mayo se solicitó la postura del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones acerca de lo expuesto en el informe compartido por Fundesa. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
ESCRITO POR:
