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Huité, La Mesilla y Nahualá: los tres enfrentamientos que han dejado dudas de la reacción del Ejecutivo ante hechos violentos, según analistas
Las versiones contradictorias y la falta de respuestas del Ejecutivo ante hechos violentos generan dudas sobre el manejo de la información y la actuación de las fuerzas de seguridad, comentan analistas.
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El Gobierno de Guatemala anunció la apertura de una investigación para indagar sobre la actuación de miembros del Ejército en la matanza de ocho personas en Huité, Zacapa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
Hechos violentos ocurridos en La Mesilla, Nahualá y Huité muestran diferencias entre las primeras versiones de las autoridades y la información conocida posteriormente. Analistas señalan deficiencias en el manejo de la información y plantean la necesidad de que las investigaciones anunciadas produzcan resultados.
Tres hechos violentos registrados entre junio del 2025 y septiembre del 2026 han puesto bajo cuestionamiento la manera en que el Ejecutivo comunica el actuar de las fuerzas de seguridad: la incursión de policías mexicanos en La Mesilla, Huehuetenango; los enfrentamientos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y la muerte de ocho personas en Huité, Zacapa.
Aunque las circunstancias son distintas, los casos tienen un elemento en común: las primeras explicaciones oficiales fueron ampliadas, modificadas o confrontadas posteriormente por informes, videos o nuevas declaraciones de las propias autoridades, señalan analistas.
Edgar Gómez, exfiscal del Ministerio Público (MP) y analista en seguridad, considera que existe un punto de convergencia entre los casos.
“De los tres casos que hemos hablado y se han sometido a análisis, tienen puntos de convergencia. Lo primero es el mal manejo en cuanto a la información. Guatemala tiene un vasto cuerpo legislativo donde establece lo que debe hacer cada una de las entidades de seguridad. Además, hay una ley muy importante, que es una ley marco en materia de seguridad, una ley del Consejo Nacional de Seguridad”, comentó.
La Mesilla: presencia reconocida y dudas sobre la actuación
El 8 de junio del 2025, integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de México ingresaron en territorio guatemalteco durante una persecución que terminó en un enfrentamiento armado en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó en ese entonces que los militares decidieron “no involucrarse” para evitar víctimas civiles. Videos conocidos después mostraron a soldados y policías en el área e interactuando con algunos de los presuntos criminales que perseguían las autoridades mexicanas.
El 3 de septiembre de 2025, la PNC informó de la destitución de 47 agentes por distintos casos, de los cuales 15 eran investigados por su presunta implicación en lo ocurrido en La Mesilla.
Mario Mérida, analista en seguridad, interpreta la actuación de las autoridades como una decisión para evitar la tensión con México.
“Los incidentes de esta naturaleza afectan severamente la imagen reputacional, sustentada en el respeto a los derechos humanos. En el caso de los Pakal, la decisión fue reducir la tensión y, a la vez, reducir cualquier tipo de desacuerdo con las autoridades mexicanas; de allí la sanción silenciosa a los presuntos responsables”, dijo.
@guatemalagob ¿Qué pasó en La Mesilla, Huehuetenango? Esto dijo el ministro de Defensa, Henry Sáenz. El Ejército priorizó la vida de los guatemaltecos, la soberanía y reforzó su presencia en tierra y aire en la frontera.
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Informes distintos en Nahualá
Otro hecho ocurrió el 13 de diciembre del 2025 en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá, donde 13 personas fallecieron. Un primer informe circunstanciado de la PNC señaló que miembros del Ejército habían disparado contra pobladores y agentes policiales.
Cinco días después, Gobernación y la PNC afirmaron que esa información era falsa y que el documento había sido elaborado bajo amenazas y en condiciones de extrema violencia.
Otra ampliación del informe consignó que hubo fuego cruzado entre el Ejército y grupos armados y que los policías solicitaron a sus superiores comunicarse con los militares para que no les siguieran disparando.
También hubo diferencias sobre las víctimas: el ministro de Gobernación, Marco Villeda, informó de la muerte de un soldado, mientras el Ministerio de la Defensa negó que hubiera fallecido un integrante del Ejército.
Además, el Ejecutivo afirmó que ese enfrentamiento habría sido contra un grupo del crimen organizado que atacó primero la base militar. Por este hecho, se decretaron dos estados de Prevención, aunque los operativos no concluyeron en incautaciones o personas detenidas.
Mérida considera que en este caso se intentó mantener inicialmente la explicación de un conflicto de carácter ancestral.
“En el segundo caso, intenta mantenerlo como un enfrentamiento de carácter ancestral, sin relación con aspectos relacionados con narcotráfico u otras actividades delictivas. Sobre todo, por el referente de turismo que mueve en parte la economía de este departamento”, señaló.
Huité: de la negación a la investigación
El caso más reciente ocurrió el 27 de septiembre del 2026 en Huité, Zacapa, donde ocho personas murieron durante una serie de hechos armados mientras se llevaba a cabo un evento deportivo.
Inicialmente, el Ministerio de la Defensa negó la participación de militares. Posteriormente reconoció que vehículos observados en videos pertenecían al Ejército, aunque sostuvo que las unidades no habían ingresado a Huité.
El 30 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo reconoció la presencia de unidades militares y anunció la integración de una comisión multidisciplinaria encabezada por el Ministerio de la Defensa para determinar qué ocurrió y establecer la actuación de los efectivos.
Para Gómez, las primeras explicaciones fueron apresuradas.
“Fueron versiones bastante apresuradas las que salió a decir el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional. Pero ya en redes sociales incluso había algunos ciudadanos que denunciaban la presencia de las brigadas especiales del Ejército, creadas para combatir el terrorismo y crimen organizado”, señaló.
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Mérida, en cambio, considera que la cautela del Ejecutivo puede responder a la falta de información comprobada.
“En este caso, el Gobierno en su conjunto no tiene mayor información fidedigna y, por lo tanto, es prudente; con esto evita arriesgarse a aclaraciones futuras. La medida anunciada de una comisión del Ministerio de la Defensa viene a corroborar lo anterior, en el entendido de que se trata de investigar el trágico incidente y no de una investigación criminal que, indudablemente, ya está realizando el MP, como corresponde”, añadió.
Gómez advierte que el anuncio de investigaciones debe traducirse en conclusiones verificables.
“Porque hasta acá pueden crearse un montón de comisiones, de mesas y un sinnúmero de espacios o misiones de investigación, pero no han aterrizado en resultados puntuales o a qué ha conllevado cada una de las investigaciones o por qué se dieron los hechos. Puntualmente, debe entrar a regir el Consejo de Seguridad y dar ese acompañamiento, ese asesoramiento al presidente para que tome las mejores decisiones”, comentó.
Mario Duarte, exsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado, enfatizó que el actuar del gobierno ha sido deplorable, no solo en las incursiones de grupos del crimen organizado en áreas fronterizas, sino en la respuesta de otros ataques, como los cibernéticos y el robo de al menos 70 fusiles de una base militar en Petén.
Agregó que no han podido solventar la inseguridad que atraviesa el país y es cuestionable que no hayan cambios en el Ministerio de la Defensa ante los desaciertos que han tenido en materia de seguridad.
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