Guatemala

Congreso se apresura a dictaminar las reformas a la Ley de Contrataciones, mientras analistas advierten riesgos de opacidad y corrupción

El oficialismo insiste en que los cambios a la Ley de Contrataciones se deben conocer de urgencia nacional, mientras sectores empresariales, sociales y academia, advierten riesgos de apresurar el proceso.

La Comisión de Economía se declaró en sesión permanente para evaluar el dictamen de la Ley de Contrataciones Públicas . Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los diputados oficialistas no descartan impulsar antes de llegar a su periodo de vacaciones la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que podría aprobarse de urgencia nacional la próxima semana.

La prisa del grupo legislativo allegado al presidente Bernardo Arévalo contrasta con las advertencias de corrupción y opacidad que han hecho especialistas en finanzas y transparencia de instituciones como Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano en Estudios Fiscales (Icefi), y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).  

El pasado martes17 de noviembre, la facción del cancelado Movimiento Semilla ya intentó que se aprobaran los cambios, pero fracasó a último momento. Las negociaciones de los oficialistas perdieron fuerza en medio de pronunciamientos públicos de tanques de pensamiento y sectores empresariales que señalaron la táctica política oficialista de ser un error y advirtieron que una ley de este tipo debía tener una discusión profunda y contar con un dictamen técnico.

La iniciativa de ley en discusión se presentó en noviembre del 2025, pero hasta ahora no ha sido analizada y dictaminada por la Comisión de Economía. Sin embargo, ahora las negociaciones políticas, según fuentes legislativas que prefieren no ser citadas, se concentran en la tramitación de un dictamen exprés para justificar que una iniciativa de 278 artículos se apruebe de urgencia nacional.

Preparan dictamen

Este miércoles 18 de noviembre, la Comisión de Economía del Congreso se declaró en sesión permanente para estudiar a detalle la iniciativa y preparar el dictamen que busca una nueva Ley de Contrataciones.

Jorge Ayala, presidente de la Comisión, dijo que una ley de este tipo amerita una actualización, ya que la inflación, conflictos internacionales y la evaluación de los costos hacen aconsejable una reforma.  

Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, durante la sesión de este 19 de noviembre. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“No estamos abriendo una puerta para contrataciones libres, tenemos mejores criterios de trazabilidad para evitar fraccionamientos, para evitar corrupción, para evitar prácticas que lleven a la corrupción”, dijo Ayala.  

Al ser consultado sobre la posibilidad de que este dictamen permita impulsar la ley de urgencia nacional, probablemente en la sesión del próximo martes 24 de noviembre, Ayala indicó que ese tema lo deciden las máximas autoridades del parlamento por votación de la mayoría.

“Lo más importante es emitir un dictamen. Mi responsabilidad, como presidente de la Comisión, es entregar un dictamen a la Dirección Legislativa, pero la decisión de cómo aprobarla es del pleno”, explicó el congresista.

Persisten dudas

Para Edie Cux, experto en transparencia de la organización Acción Ciudadana, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, la táctica oficialista es peligrosa para el buen uso de recursos públicos debido al contexto político del próximo año.

El analista detalla que además de estar en año electoral también estará en marcha el último año de gobierno del presidente Arévalo, por lo que ve compleja la insistencia en aprobar dicha ley.

“Más que una ley es una columna vertebral del Estado, es tan amplia como la misma Ley Electoral. Tenemos que verla de manera integral, que incluyan frenos y contrapesos”, insistió Cux.

Para el especialista en análisis del gasto público, el no profundizar en una discusión sobre la forma en que se van a gastar los recursos públicos puede dar pie a prácticas corruptas. “Van a aumentar índices de corrupción y de opacidad, habrá mayor gasto, pero también puede que haya corrupción”, agregó.

El criterio de Acción Ciudadana coincide con el de Ricardo Barrientos, del Icefi, quien duda de las intenciones de los diputados por la premura en que busca tener un dictamen. “Inexplicable e injustificado. Se logró parar la aprobación de urgencia con dispensa de dictamen el martes, pero ahora quieren un dictamen a la carrera”, criticó Barrientos.

El director del Icefi señaló que ese dictamen exprés parece ser una justificación a la crítica de hace algunos días que recrimina que la ley no tenía sustento técnico; incluso, duda si existen invitaciones de último minuto ante la Comisión para discutirla con otros foros.

La iniciativa ingresó en noviembre del año pasado pero los análisis se intensificaron apenas unos días. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“Dígame qué analista serio va a discutir los contenidos de la iniciativa, si son más de 250 artículos. Esta es una de las leyes estructurales del país, habrá dictamen, pero quienes están en la Comisión, qué representatividad tienen”, advirtió Barrientos.

A las advertencias de elaborar un dictamen exprés se sumó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, quien manifestó sus dudas por la manera en que los diputados están apresurando el dictamen de una iniciativa tan densa.

"Es una estrategia complicada, una ley nueva de ese tipo necesita mayor revisión.  Es una ley muy técnica que si no se revisa bien puede ser una autopista para la corrupción, como se ha dicho ya en varios foros”, indicó.

Zapata consideró que la propuesta debe de ser aprobada en tres debates, que permitan así abrir un debate nacional, que abra paso a la retroalimentación para dejar una buena herramienta legal para el país.

Por el contrario, advirtió Zapapta, “hay un riesgo crítico de mayor corrupción; además de un problema para el próximo Gobierno.  La falta de ejecución de leyes que se han aprobado demuestra que luego los reglamentos no se hacen o se retrasan, y eso va a limitar mucho la ejecución de inversión del próximo Gobierno”.

Postura oficialista

En el otro extremo está el oficialismo legislativo, encabezado por José Carlos Sanabria, quien al ser cuestionado sobre el futuro de la ley, evadió cuál es la intención de fondo de agilizar una discusión y elaborar un dictamen a 10 días de que termine el periodo ordinario de sesiones.

Sanabria fue cuestionado sobre las críticas hacia la reforma y la posibilidad de que abran un camino a la corrupción y opacidad, no respondió. “Es parte del proceso de discusión, de momento está en la comisión, analizándose la iniciativa”, agregó.

El oficialista evitó explicar cuántos artículos están modificando de la propuesta original enviada por el presidente Bernardo Arévalo; sin embargo, sí adelantó que “ha habido cambios sustanciales que se han hecho, siempre en funciones de mantener el objetivo y espíritu, para mantener la institucionalidad y hacer contrataciones más agiles y transparentes”.

José Carlos Sanabria, oficialista, durante una de las intervenciones. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Sanabria sí fue directo al rechazar las opiniones de opacidad que podría generar la reforma, e insistió en que la Comisión de Economía ha abierto la discusión, para evitar esas malas prácticas. También negó que aprobar de urgencia nacional una nueva Ley de Contrataciones sea parte de las negociaciones del Presupuesto 2027, aunque no descartó que sea alguien del grupo que representa quien solicite el próximo martes la aprobación de la reforma de urgencia nacional.

“Si se toma un camino u otro, es parte del consenso, lo importante es que estamos promoviendo un espacio para escuchar y recibir observaciones”, agregó Sanabria.  

Para la próxima semana, la última del actual período ordinario de sesiones, los diputados han sido convocados a dos sesiones para aprobar decretos. Ahí se abre el escenario de que el martes puedan discutir la reforma a la Ley de Contrataciones y, el miércoles, se presente la iniciativa del Presupuesto 2027.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.