Resulta interesante cómo la cronométrica CC ordena con vehemencia la remoción de los manifestantes frente al edificio del MP, pero deja en segundo plano los bloqueos viales, que afectan a mayor cantidad de ciudadanos y la productividad del país

Los discursos y las acciones de autoridades del Ministerio Público —con el aval de un juez específico— en contra de los resultados electorales constituyen precedentes lamentables que tarde o temprano serán eliminados del ordenamiento jurídico.

Lo que tanto se temía llegó: la muerte de un guatemalteco en el contexto de los bloqueos viales que en su tercera semana causan molestia, pérdidas económicas y dificultades logísticas casi inéditas.

El mundo contiene la respiración en estos días y también los principales indicadores económicos a futuro.

El panorama se agrava ante la incertidumbre sobre si continuarán los bloqueos esta semana. El derecho a manifestarse de manera pacífica no significa violar la libre locomoción ni la seguridad alimentaria.

La tensión por ventas perdidas, salarios no devengados, pérdida de embarques de exportación y daño en los bolsillos de miles de hogares comienza a tornarse en un factor de desgaste al reclamo inicial.

La actual CSJ debió ser relevada el 13 de octubre del 2019. A causa de las ilegalidades, parches legales y retrasos del proceso de postulación, la fecha se pasó.

Los 48 Cantones y otras organizaciones, comunidades o grupos de vecinos deben deponer los bloqueos como medida de buena voluntad.

Urge desbloquear vías para iniciar la recuperación, pero también es necesario desbloquear la institucionalidad usada aviesamente.

Los manifestantes que afirmen tener motivación cívica deben demostrar cordura y retornar a sus casas a la espera de los resultados de las conversaciones.