No se trata de ecohisterias ni de agendas opuestas a generar bienestar. Tampoco se trata de limitar la productividad o de impedir el avance de la industria competitiva descentralizada, pero sí se trata de elaborar un plan de reconocimiento y ordenamiento territorial nacional que permita valorar aquellos recursos nacionales insustituibles que en el mundo actual constituyen un tesoro único.

La alianza oficialista sigue sin elegir a las próximas autoridades del Organismo Judicial —del período legal solo restan dos años— porque no quiere ver exhibidos sus tráficos de favores, no quieren votar de viva voz, como se los ordenó la CC: para sus amigos, cargos; para la ciudadanía, hermetismo.

Tanta y tan súbita celeridad es llamativa en un TSE parsimonioso. Tanto secretismo desata recelo respecto de un Tribunal cuestionado por las verdaderas fidelidades de sus integrantes, que no se han pronunciado respecto de esta voluminosa compra mediante un mecanismo tan indefendible.

El cambio climático figuró en algunos discursos, como asunto políticamente correcto y planetariamente urgente.

Cada sello político debe presentar una lista de aspirantes a alcaldías y diputaciones, lo cual diluye aún más la posibilidad de que el ciudadano diferencie quién es quién, de dónde viene, en qué partido estuvo y por qué se fugó a otro.

Se necesita una auténtica transformación del sistema Judicial, pero también del Penitenciario para poder desfogar las cárceles con medidas sustitutivas acordes al historial del acusado, a su presunción de inocencia.

La historia nacional ha dado duras lecciones del altísimo costo humano que tiene la imprevisión, el descuido y la negligencia en eventos masivos.

Queda claro que el desarrollo productivo de las comunidades constituye un objetivo fundamental para generar seguridad alimentaria permanente.

Hace 98 años fue creado el quetzal para sustituir al peso, que cargaba sobre sí con una descontrolada emisión de billetes y notas de crédito de bancos particulares. En 1926 se fundó el Banco de Guatemala como la única entidad con la potestad para autorizar la emisión monetaria y la rectoría del crédito público.

Agregarle funciones a un ministerio que no cumple con las actuales no es viable ni prudente, menos aún si existen los conflictos de interés de sobra conocidos.