La pregunta es: si un procurador general de la Nación no defiende con fuerza, integridad y constancia los intereses del Estado de Guatemala —no del presidente ni de la camarilla oficial de turno—, entonces, ¿quién?

Conforme se acerca el período electoral, gobernantes, diputados y alcaldes aumentan su susceptibilidad, quieren publicidad y no denuncias, quieren flores y no verdades acerca de los fiascos en que pararon los ofrecimientos de idílicos e inexistentes planes de Estado.

El 2021 dejó un excedente presupuestario que se diluyó en opacos subsidios a los combustibles y al gas propano, aunque el destino más polémico fue el botín de Q3 mil 191 millones destinado, según dijeron, a reparar carreteras, cuyo efecto es casi imperceptible, por no decir inexistente.

Alrededor de una quinta parte de los continentes se encuentra en áreas montañosas y aproximadamente el 15% de la población vive en ellas, usualmente en comunidades rurales, aunque también hay zonas urbanas.

Hará falta ver si las restricciones devenidas de esta decisión tienen algún efecto, pues hasta ahora hay varios designados que siguen campantes.

La presidenta Boluarte tiene ante sí un panorama de polarización, desgaste y malestar ciudadano por el deterioro del poder adquisitivo.

El solo fallo de culpabilidad de los dos delitos cometidos por las máximas autoridades del Organismo Ejecutivo entre el 2012 y el 2015, marca desde ya un precedente histórico

Existen otros procesos pendientes contra la expresidenta argentina, de los cuales el más importante es el llamado Cuadernos, en el cual se tiene el testimonio y los registros de un excontador de los Kirchner.

Todos los integrantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala están convocados a participar en la consulta de hoy.

La ciudadanía ya conoce los nombres y apellidos de los “representantes” de sus distritos. Por allí puede empezar la evaluación del desempeño y resultados de los diputados locales, no en obras de última hora, bolsones discrecionales de gasto o repartos de víveres o tiempos de comida pagados con dinero público, sino en resultados reales en legislación, designación de funcionarios, fiscalización, impulso al desarrollo y la competitividad.