Los últimos acontecimientos, el clamor de las víctimas y las estadísticas son suficientes razones para que el Ejecutivo no acceda, de nuevo, a prorrogar la entrada en vigor de la totalidad del acuerdo 17-2020, que incluye la reglamentación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte de pasajeros y de carga.

Nadie se opone a que los maestros, la mayoría de ellos entregados con pasión y amor a su trabajo, sean remunerados de la mejor forma posible, pero pactos opacos como el conocido ayer se vuelven del todo cuestionables.

Lo que ocurra en este juicio definirá la credibilidad y confianza de la población hacia el sistema de justicia, cuya independencia es una condición indispensable para la existencia de un estado de Derecho.

Los ejercicios de rendición de cuentas se han constituido como prioritarios para la vida democrática de cualquier país, pues la ciudadanía demanda de las entidades públicas mejor información, transparencia, control y seguimiento a los resultados e impactos de la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades del Gobierno.

El Estado tiene la tarea inmediata de garantizar que, al asistir a clases presenciales, los alumnos en sus planteles educativos cuenten con las condiciones sanitarias adecuadas, comenzando por servicio de agua entubada y servicios sanitarios, algo de lo que cerca de 10 mil establecimientos carecen en la actualidad.

El actual gobierno, igual que su antecesor, ha relegado los mecanismos de diálogo a entes dilatorios, con la falsa expectativa de que los problemas se atenúen e incluso se resuelvan solos.

La gran responsabilidad de los comisionados será entregar al presidente Alejandro Giammattei una lista integrada por las personas que, en el marco de la ley, sean más oportunas para dirigir al Ministerio Público.

Como lo han señalado varios sectores, en distintas circunstancias, un Estado que funciona muestra un trabajo eficiente y transparente de sus instituciones, cumpliendo con los objetivos para los que fueron creadas.

La celebración sirve como pésimo cierre a una gestión que, evaluada técnicamente, deja un rezago en la aprobación de leyes en beneficio de los guatemaltecos.

Las sociedades latinoamericanas e incluso aquellas del llamado primer mundo y cuyas democracias hasta ahora no parecían ser frágiles tienen en Nicaragua la posibilidad de pocos: ver lo que ocurre si no se defiende la democracia.