Editorial
NOTAS DE Editorial
La pugna por la rectoría de la Usac está llegando a un punto agudo del cual solo se podrá salir de dos formas: con un triunfo pírrico y cuestionable de los grupos adláteres del oficialismo o con una revisión total del proceso de votación primaria y una auditoría independiente a las decisiones del Consejo Superior Universitario.
Compromisos binacionales y su propio ordenamiento jurídico han llevado a un creciente número de deportaciones, sobre todo tras las presiones del exmandatario Donald Trump.
De un Congreso que solo ha sido capaz de retrasar la elección de magistrados de justicia, de aprobar una opaca ampliación vial de Q3 mil millones y de amenazar derechos ciudadanos fundamentales a través de iniciativas malhechas, inconstitucionales y casuísticas no se puede esperar una reconfiguración institucional del manejo integral de recursos ambientales.
Se debe convocar al diálogo permanente bajo la disyuntiva de que o transformamos la visión del patrón energético del transporte o la inercia indiferente nos conducirá a un punto crítico de no retorno.
Cabe decir que con frecuencia se interpreta que la libertad de prensa únicamente favorece a los periodistas y a las empresas periodísticas. En realidad, es solo una aplicación del derecho a la libre emisión del pensamiento.
El Ejecutivo debe declarar la lesividad de la ampliación de la vergüenza para pasar a darle un mejor uso a esos Q3 mil 191 millones y pico, que bien podrían servir para surtir de medicinas a los hospitales o comprar vacunas anticovid para los niños a los proveedores adecuados.
Para el 2037 debería estar en marcha la agenda de transformación humana que produzca una Guatemala más preparada para la competitividad global, con trabajos en sectores tecnológicos y trabajadores evolucionados que ya no hagan necesario migrar en busca de oportunidades.
Las cosas a escondidas se presumen malas, y aunque lleguen a ser buenas quedan marcadas con la duda si no se aclara el proceder.
Entidades descentralizadas como el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Migración, que deberían prestar servicios eficientes a los guatemaltecos radicados en EE. UU., se convierten en auténticos lastres para que ellos puedan ejercer su derecho a contar con una identificación de su país de origen o de optar a trámites de licencia, seguro social o legalización.
Más allá del desenlace de este agitado proceso, es necesario resaltar el relevante e histórico papel de la Usac para más de 200 mil guatemaltecos que estudian en ella.