Si en otros países se ha podido compaginar la humanización del trabajo con las necesidades y posibilidades de los empleadores, no hay razón para que Guatemala siga rezagada en un campo tan obvio.

El costo de la dictadura nicaragüense golpea a todo el comercio de la región. Deben restablecerse sin demora las garantías constitucionales.

El clamor unánime de todos los sectores ciudadanos y productivos apunta a que se permita esclarecer o descartar la participación ilícita de cualquier persona en la negociación de puestos en el sistema de justicia a cambio de favores ulteriores.

El Gobierno debe trazar un plan serio para la recuperación del turismo, una estrategia para abrir nuevos mercados de exportación y plantear incentivos fiscales que conduzcan a la regularización de negocios y la generación de empleos locales con pertinencia cultural.

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, a Guatemala ocurre en el marco de una crisis migratoria detonada por el desempleo, la violencia y la desesperanza, que se han visto agudizados por la pandemia del covid-19.

El objetivo es claro: crear el primer corredor biológico binacional, un proyecto que involucra a una veintena de comunidades en las cuales habitan entre 6 y 7 mil personas, que se dedican mayoritariamente a la agricultura y el aprovechamiento forestal.

Actualmente el IGSS cuenta con unos 22 mil trabajadores para servir a más de 3 millones de personas, entre afiliados, pensionados y beneficiarios.

Es evidente que hay motivos ulteriores para evitar una supervisión unificada y en tiempo real.

Si los enviados previos y los analistas de la embajada han hecho su tarea, en estos momentos ya debería estar sobre la mesa de la señora Harris y, por supuesto, del presidente Biden, un informe detallado de los actores políticos y sectores nacionales que contribuyen a la construcción de una Nación, y aquellos que solo medran en favor de mezquinos intereses.

En el caso de los imprudentes cambios a la Ley de Contrataciones, aprobados el 28 de abril, por 89 diputados evidentemente apresurados para responder a intereses clientelares y no en favor de la eficiencia del gasto público, el veto presidencial era una acción demandada por diversos sectores.