Los hechos ocurridos en el ámbito político y judicial en la última semana, producto del pulso entre dos grupos que buscan aumentar sus cuotas de poder; la exposición pública ante el mundo, cuando la comunidad internacional alerta a los ciudadanos sobre riesgos para el futuro del estado de Derecho, o la cancelación política del principal aliado del Gobierno en el Congreso hacen recordar que la democracia en Guatemala ha requerido muchos sacrificios y un enorme costo de oportunidad, y que por ello las garantías ciudadanas, impensables hace apenas cuatro décadas, deben ser defendidas y bien utilizadas.

Quizás no se ha terminado de dimensionar la magnitud y gravedad de esta situación, y aún queda mucho por hacer para expandir la conciencia de la sociedad guatemalteca sobre la naturaleza de lo que tiene ante sí y de la urgente necesidad de una vigilancia activa.

No someterse a las leyes y caer en procedimientos anómalos para desatender los fallos y tiempos judiciales solamente conduce a permitir que en Guatemala las decisiones y reglas sean dictadas por los grupos de presión o por el crimen organizado.

La verdadera oportunidad de cambio existe en la elección de magistrados para las distintas cortes y radica en lograr una selección transparente, apegada a Derecho y ajena a las redes políticas y económicas ilícitas que con mucho denuedo quieren terminar de cooptar a las instituciones democráticas.

El regreso a clases anunciado para el 22 de febrero en el sector público en este segundo año de pandemia acentúa la urgencia de enfocarse en la recuperación de aprendizajes no desarrollados y de sentar las bases para acortar la brecha digital, en especial cuando es un hecho que, al menos este año, la población estudiantil seguirá recibiendo la mayor parte de su aprendizaje sin asistir a los centros educativos con la frecuencia deseada.

En el 2020, las denuncias de todos estos hechos alcanzaron 88 mil 711. Para 445 mujeres en ese año las denuncias no fueron una protección: murieron violentamente.

No podemos controlar el comportamiento de un virus, pero sí podemos y debemos mantener alta la guardia.

La tardía aprobación de la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus Covid-19, que hasta anoche fue sancionada por el presidente de la República, constituye otro desafío, pues la falta de previsión sobre los cambios a la normativa que se necesitaban ha dejado al país en las últimas posiciones de la puja entre naciones para negociar la compra de dosis de forma bilateral con las casas fabricantes.

En el contexto actual en que se integrará la nueva corte es necesario que desde todos los sectores que aspiran a una Guatemala en la que realmente se privilegie el imperio de la ley se fiscalicen los procesos de designación y elección.

La continuidad o la ruptura con las políticas migratorias fijadas por Donald Trump será uno de los primeros retos que debe enfrentar Biden.