Así como se agotan las posibilidades para rescatar los bosques vírgenes que todavía permanecen en Guatemala, también llega el momento límite para una apuesta sostenida, bien financiada y científicamente fundamentada para rescatar las milenarias joyas que constituyen memoria y raíz de los guatemaltecos.

Los mismos pobladores que se las ingeniaron para transportarse en lanchas y balsas durante semanas han sido quienes conducen la reconstrucción de su poblado, sin la mínima posibilidad de contar con una asesoría ecológica y geológica que pueda evitar la repetición de esta inusitada tragedia en futuros eventos climáticos.

Es ineludible la esfera de influencia de EE. UU., no solo como principal interesado en frenar la migración de miles de personas, sino como potencia económica preocupada por garantizar su propia seguridad nacional.

Lo ocurrido en esa triste fecha, el terremoto y sismos sucesivos, siempre con saldos lamentables, así como las lecciones aprendidas a lo largo de los últimos 45 años, deben mantener a los guatemaltecos enfocados en una mayor cultura de previsión.

Es imprescindible someter al escrutinio ciudadano, y sobre todo a la revisión de las mesas técnicas, el orden de prioridades del gasto público.

Como bien lo señalan conocedores del tema, Salud debe atender dos ámbitos críticos: la correcta gestión de los datos para tomar decisiones, y el procesamiento de la data para convertirla en información útil

Como Estado, Guatemala debe proponerse mejorar la legislación sobre financiamiento político y evitar el abuso y la compra de influencias en los partidos por parte de grupos de interés.

Lo que no hay que perder de vista es el riesgo que conlleva la propuesta de un control gubernamental sobre derechos ya ganados en el mundo real.

Los hechos ocurridos en el ámbito político y judicial en la última semana, producto del pulso entre dos grupos que buscan aumentar sus cuotas de poder; la exposición pública ante el mundo, cuando la comunidad internacional alerta a los ciudadanos sobre riesgos para el futuro del estado de Derecho, o la cancelación política del principal aliado del Gobierno en el Congreso hacen recordar que la democracia en Guatemala ha requerido muchos sacrificios y un enorme costo de oportunidad, y que por ello las garantías ciudadanas, impensables hace apenas cuatro décadas, deben ser defendidas y bien utilizadas.

Quizás no se ha terminado de dimensionar la magnitud y gravedad de esta situación, y aún queda mucho por hacer para expandir la conciencia de la sociedad guatemalteca sobre la naturaleza de lo que tiene ante sí y de la urgente necesidad de una vigilancia activa.