Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, de 41 años, nacido en Zacapa el 8 de marzo de 1982, fue extraditado a los Estados Unidos en marzo recién pasado, según confirmaron fuentes del Sistema Penitenciario (SP).

Cifuentes Sagastume estuvo preso en Guatemala desde el 3 de noviembre de 2017. Alias el Gordo fue detenido por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP) aquel día en el kilómetro 139.3, ruta al Atlántico – Jacobo Árbenz Guzmán -, en jurisdicción de Río Dulce, Izabal.

El 17 de noviembre de 2017 fue presentado ante un juez guatemalteco y se negó a ser extraditado hacia los Estados Unidos, donde lo requería la Corte Distrital para el Distrito Sur de California por los cargos de “conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a bordo de un barco sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

La asociación con compradores mexicanos

Cifuentes estaba prófugo desde el 21 de agosto de 2017, fecha en que se ausentó de su labor como concejal primero en la municipalidad de Zacapa. El ahora extraditado vivía en residenciales Pocara, Zacapa, junto con su esposa y cuatro hijos. En  registros oficiales aparece como propietario de la constructora Guayacán.

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En aquella fecha fueron detenidos Érick Alexander Granados García y Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez, también requeridos en extradición por los Estados Unidos. La acusación que pesaba sobre los tres es que eran miembros de una organización que trafica drogas en Centroamérica.

“Las tres personas en asociación ilícita con compradores en México son responsables de entregarles de cocaína, para su posterior transporte hacia territorio estadounidense”, indicaron las autoridades nacionales.

La acusación revela que en diciembre de 2016 y en marzo de 2017 fueron interceptadas embarcaciones en aguas internacionales con 866 y 855 kilos de cocaína.

Traslado de penal y supuestas amenazas de muerte

El pasado 1 de febrero de 2023 tuvo una audiencia de discusión de acto conclusivo en otro caso en su contra por abuso de autoridad, usurpación de funciones y nombramiento ilegal. Con eso se liberó de todo proceso penal pendiente en territorio nacional y fue así que se consumó su extradición.

El 30 de marzo de 2023 Cifuentes Sagastume fue traslado hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca donde lo esperaba una aeronave estadounidense para presentarlo ante la Corte Distrital para el Distrito Sur de California.

Cifuentes Sagastume estuvo recluido desde 2017 en el centro de detención Matamoros, pero por supuestas amenazas de muerte pidió su traslado a la cárcel preventiva para varones “Álvaro Arzú Irigoyen” en la aldea Los Jocotes, Zacapa.

El juez “A” de primera instancia penal de Zacapa, José Maximino Morales González, le ordenó a las autoridades del SP trasladarlo porque había denunciado que temía por su vida. Y así ocurrió.

Trasladar a Cifuentes Sagastume debía hacerse efectivo el 24 de noviembre de 2022, sin embargo, alegatos de las autoridades del SP atrasaron la ejecución de la orden hasta el 10 de diciembre de ese mismo año.

Contexto entre política y violencia

En las elecciones generales de 2015, Cifuentes Sagastume llegó a la Municipalidad de Zacapa como concejal primero por el Comité Cívico “El Cambio”. Fue la mano derecha del alcalde Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien sumaba su segundo período edil, hasta que lo capturaron.

Cifuentes Sagastume aseguró durante su aprehensión de que todo se trataba de una venganza política porque estaban fiscalizando al edil Enríquez Sánchez, a quien acusaban de malos manejos.

El alcalde, finalmente, murió baleado el 17 de marzo de 2018 en una calle de la aldea La Majada, en la cabecera, a unos 15 metros de su vivienda. Cifuentes no fue vinculado con este caso.

Mientras Cifuentes Sagastume estuvo en prisión delegó el poder político en su esposa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, quien ahora en estas elecciones generales de 2023 se postula una vez más como candidata a alcaldesa por Zacapa.

Ella representa al Comité Cívico Por Amor a Zacapa. En las elecciones de 2019, mientras su esposo guardaba ya prisión, participó con el Comité Cívico “R-19 Paz”. Ocupó el segundo lugar.

En las elecciones de 2019 participaron 14 organizaciones políticas. La victoria fue para el comité cívico Al Rescate de Zacapa, que en un principio había postulado como alcalde al Arnoldo Vargas, pero no pudo participar porque el  Tribunal Supremo Electoral (TSE) decretó que carecía de idoneidad por haber sido condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

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El cargo de alcalde se lo adjudicaron a Mynor Amílcar Morales Vargas, concejal primero y Vargas, desde entonces, ha fungido como gerente general de la comuna.

En las pasadas elecciones Ovalle Madrid ocupó el segundo puesto y ahora intenta hacerse con la corporación municipal de este municipio del Oriente del país.

Maria Eugenia Sagastume Cifuentes, hermana de Sergio Fernando, pertenece al comité cívico electoral R-19 Por Amor a Zacapa.

El 2 de mayo Prensa Libre publicó la primera Encuesta Libre, elaborada por la empresa ProDatos por encargo de este medio de comunicación, con información recabada del 14 al 23 de abril del 2023.

A partir de entonces, parte de los esfuerzos editoriales se han enfocado en cubrir a los cinco candidatos punteros y durante esta semana se publicarán entrevistas individuales con cada uno de ellos, en las cuales exponen de manera puntual sus planes de gobierno y cómo prevén hacerlos realidad.

Para este ejercicio se giró una invitación a los presidenciables para responder un mismo cuestionario, centrado en aspectos de interés nacional como seguridad alimentaria, educación, salud pública, generación de empleo, combate a la corrupción y seguridad ciudadana.

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Las publicaciones se sujetan al orden de intención de voto que mostró la encuesta del 2 de mayo y por ello, ante la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, la primera entrevistada es Sandra Torres, segundo lugar en dicho estudio.

Este será el orden en que se publicarán las entrevistas: Torres, de la UNE; Edmond Mulet, de Cabal; Manuel Conde, de Vamos, y como Pineda queda fuera de contienda, se incluye al sexto lugar de la encuesta: Amílcar Rivera, de Victoria.

Zury Ríos, presidenciable Valor-Unionista, no ha aceptado ser entrevistada y antes de los fallos judiciales, Pineda ya había desistido de participar en estas conversaciones.

Edmon Mulet ocupó el tercer lugar de intención de voto en la Encuesta Libre realizada por ProDatos y publicada el 2 de mayo por Prensa Libre y Guatevisión. Ahora busca la Presidencia de la República por primera vez con el partido Cabal; hace cuatro años lo había intentado como candidato del partido Humanista.

En esta entrevista concedida a Prensa Libre responde y expone algunos proyectos que ofrece para resolver problemas económicos, sociales y políticos del país.

¿Conoce los índices de desnutrición del país? ¿Cuál es el mayor problema que impide frenar esta condición?

Sabemos, por estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, que en Guatemala los niveles de desnutrición son de los más altos en el mundo. La mitad de los niños de menos de 5 años padece algún nivel de desnutrición y eso tiene un efecto en el desarrollo volitivo, el desarrollo físico, y lo vemos en todas partes del país, de personas que debieran tener algún tipo de estatura no la tienen o algún tipo fuerte de cociente intelectual.

¿Por qué cree que su plan de gobierno tendrá éxito en reducir la desnutrición?

Porque estamos comprometidos con combatir la corrupción, estamos comprometidos en tener gente que conozca, que sepa, que tenga experiencia en estos temas. También estamos enfrentando el tema de la desnutrición de una manera diferente. Es a partir del momento en que la mamá, por ejemplo, queda esperando. Nuestro programa de cero a 100 días no resuelve todo el problema que ya existe, pero sí empieza a resolver el problema de los niños que empiezan a nacer.

¿Entonces hay una meta para reducir en cuatro años estos números negativos?

Quisiéramos llegar a 5 puntos y reducir un 5% de desnutrición. Los gobiernos anteriores han hecho esfuerzos, a veces no muy eficientes, y lo que se ha logrado es un punto nada más en 4 años de gobierno. Nosotros esperamos que este programa de Cero a Siempre ayudará a mitigar ese ese efecto.

Esto contemplaría programas sociales y, de ser así, ¿cómo alejarlos del clientelismo?

El programa que tenemos para la madre joven o el bono mujer es no entregar bolsas.

Electoralmente me han dicho que decir esto no es conveniente porque la gente está acostumbrada a recibir una bolsa con un poco de maíz, un poco de frijol, aceite, arroz, azúcar, etcétera, pero sabemos que esos son grandes negocios que se hacen en la capital, grandes contratos donde hay negocios, corrupción, mordidas. Llenan bodegas de eso, tienen que contratar a personal para hacer la distribución.

Con nuestro programa utilizaré esos mismos recursos, pero para dárselos a la mamá en efectivo, que sea ella la que reciba ese dinero; el valor de la bolsa que pudieran estar recibiendo mensualmente y que ella sea la que va a la tienda, ella va al mercado, ella compra lo que necesita y ahí se evita esa intermediación. Con esto se beneficia también la economía local, porque esos recursos van a parar a la tienda, al mercado local y ya no para los grandes intermediarios.

Otro tema que llamó la atención a los guatemaltecos en el 2020 fue el de la salud. ¿Qué se necesita? ¿Mejores sueldos para los médicos o contratar más?

Creo que tenemos que empezar a dotar al servicio de atención primaria en Guatemala de mayores recursos. Si examinamos el presupuesto del Ministerio de Salud en los últimos 20 años, cada año hay menos asignación para medicina preventiva, para medicina de atención primaria.

Guatemala, por ejemplo, necesita seis mil puestos de salud, y actualmente hay más o menos mil 500, pero tampoco están dotados de las medicinas ni de los servicios médicos necesarios.

La idea nuestra es construir, equipar, dotar de medicinas a cuatro mil puestos de salud. En cuatro años no podemos construir los seis mil que se necesitan, pero sí cuatro mil, y utilizando la telemedicina.

Le quiero hablar del tema de la medicina primaria, de atención básica de medicina preventiva, que es la que evita que las personas tengan después que tener atenciones en hospitales nacionales, que se les compliquen las enfermedades o que tengan necesidad de médicos en Guatemala, una de las mayores incidencias de diabetes en todo el continente americano. Hay jóvenes de 18, 19, 20, 21 años que padecen diabetes y la medicina para esa enfermedad es cara.

Usted lo mencionaba, hay medicinas bastante caras y solo para el tema de diabetes. Es posible homologar los precios como ocurre en otros países de la región. Incluso en México se tienen precios un tanto más accesibles para sus ciudadanos.

Ellos tienen la gran ventaja del volumen. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social compra 40 veces más que Guatemala, no solo medicamentos, sino equipo hospitalario o ambulancias, vehículos. Entonces la idea sería que a través del acuerdo que tenemos con México, ser parte de esas compras voluminosas.

Suele ser cíclica las noticias que involucran la red hospitalaria con la corrupción. ¿Cómo garantizar que esto se va a acabar en su mandato?

Es la vigilancia, la advertencia, tiempo, y el castigo y la persecución de personas que están involucradas en estas cosas en las corporaciones, personas en Guatemala que se han hecho multimillonarios a expensas de la vida y de la salud de los guatemaltecos. Todos tenemos ejemplos personales en nuestras familias y gente que ha perdido todo su patrimonio porque los costos de tratamiento son muy altos en el sector privado, las medicinas son muy caras. Hay formas de reducir esto y lo que tenemos previsto, por lo menos a nivel de Estado y de gobierno, es evitar esa corrupción con los mecanismos que hemos estado presentando hoy.

Un aspecto clave para el desarrollo de cualquier sociedad es la educación. Sin embargo, hemos visto cómo los indicadores de educación retroceden. ¿Cómo lograr mejorar la educación?

Garantizar la gratuidad para que los niños y adolescentes que están ahí continúen sus estudios. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación, solo 2 puntos, 7% de nuestro producto interno bruto. Costa Rica casi 8% y todos los países de América Latina invierten en educación. Nosotros no.

Solo el 12 por ciento pasan los exámenes de matemática, 20 por ciento los de comprensión lectora. Invertir en educación es muy importante, pero no la educación del tiempo de las cavernas o de la Edad de Piedra que estamos dando ahora.

¿Continuaría con el programa actual de alimentación escolar?

Sí, ha sido muy efectivo y se puede ir complementando con otros que tenemos para el tema de la desnutrición. Nuestro programa de Cero a Siempre es desde la concepción y durante cuatro años.

Buena parte del presupuesto educativo se encuentra amarrado al sindicato magisterial, en concreto con Joviel Acevedo. ¿Cuál sería su relación con esta agrupación?

Conozco a muchos maestros, una gran mayoría que tampoco se siente identificada con ese sindicato, y hay muchas otras organizaciones magisteriales con las cuales también podemos avanzar en la transformación del sistema educativo en Guatemala, siempre pensando en los niños y en los jóvenes, en la educación.

Yo no conozco al señor Joviel Acevedo y en algún momento habrá la posibilidad de sentarnos a conversar con él y hablar de estos temas fundamentales. Espero que como maestros que son y como personas sensatas que debieran ser, estarán de acuerdo en esta transformación educacional.

En generación de empleo, ¿cómo podrá aumentar la oferta laboral y las condiciones de trabajo dignas y competitivas en el país?

Creando las condiciones para que haya inversiones. Sabemos que el empleo solo se genera con inversión nacional e internacional.

Entonces, para generar esas condiciones, ¿cuáles serían tres acciones inmediatas que se necesitan con urgencia?

No creo que necesitemos más impuestos, la carga tributaria es suficiente. Creo que la SAT está haciendo un trabajo extraordinario. Es reinstitucionalizar el país, elegir a estos magistrados de salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, romper todo el esquema de corrupción que existe en el tema de infraestructura, intervenir los puertos, porque ahí impera la corrupción, contrabando, narcotráfico, y con esos puertos como están, eso no facilita la inversión internacional.

¿La carga tributaria es la adecuada?

Para los que pagan es más que suficiente, porque la carga tributaria está sobre la clase media en Guatemala, que es la que está pagando. Lo que hace falta es extender, ampliar, horizontalizar esa carga tributaria. Un 75% de los guatemaltecos todavía está en la economía informal.

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¿La línea de gobierno sería de más impuestos, más préstamos, o ninguno?

La SAT ha aumentado la tributación en Guatemala en estos últimos tres años. Ha aumentado en Q30 mil millones.

¿Cómo se puede garantizar la certeza jurídica cuando vemos a muchos actores clave de puestos de Gobierno en Guatemala que son sancionados por Estados Unidos?

El tema de la corrupción. He visto ahora que algunos partidos políticos están presentando como candidatos a diputados sancionados no solo en la lista Engel, sino en otras.

Esto también es terrible, grave, y de verdad hay gente que va al Parlamento Centroamericano que ha comprado sus plazas solo para garantizar su inmunidad y su impunidad.

En Cabal no participamos de esos esquemas y tampoco vamos a favorecer, a patrocinar, a nombrar, a incorporar a gente que esté sancionada a nivel internacional.

¿Cuál es su diagnóstico de Guatemala en seguridad y cuáles serían los tres mayores problemas en ese aspecto?

Durante varios años hemos visto un descenso en los índices de homicidios, pero hace tres años ha habido un repunte importante, sobre todo en el tema de extorsiones. En tres años se ha multiplicado por cinco la cifra de extorsiones.

¿La pena de muerte es una solución para controlar la inseguridad?

Ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo es un disuasivo. La pena de muerte es una herramienta demagógica. Ni siquiera en El Salvador. La pena de muerte no se discute en ninguna parte del mundo. No resuelve el problema.

En seguridad ciudadana, ¿la participación del Ejército va a ser mayor, igual o menor a la actual?

Actualmente es casi nula. Lo que sí vamos a incrementar es la presencia del Ejército en seguridad, acompañando las patrullas de la Policía Nacional Civil. Esa presencia disuasiva del Ejército, de apoyo a la PNC, importa. Y eso no es una política permanente, sino temporal, en donde haga falta.

¿Contempla otorgar más fuerza o mayor incidencia a la Policía Nacional Civil?

Darle de nuevo el nivel de respetabilidad que merece y la profesionalización. Durante el Gobierno de Jimmy Morales, cuando el señor Degenhart fue ministro de Gobernación, descabezaron todas las estructuras de la Policía en cuanto a competencia, meritocracia. Todo se volvió a politizar.

En su mandato, ¿cómo piensa poner fin a la corrupción en el Organismo Ejecutivo?

Con la cabeza, con el ejemplo y con la advertencia a tiempo y el chicote. Cualquiera que se desvíe va a tener que pagar las consecuencias, sea quien fuere.

¿Se contempla una instancia nueva para fiscalizar la administración pública?

Primero vamos a desmantelar la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no sirve para nada. Vamos a crear otras instancias de vigilancia y de control, pero independientes, con la sociedad civil, con medios de comunicación. Nadie vinculado al Gobierno. Si no, no funciona.

Ustedes se ven en una segunda vuelta electoral. ¿Contemplan alianzas?

Nosotros tenemos nuestro plan de trabajo, nuestra visión de transformación nacional de modernización, tenemos en nuestro código de ética, una serie de principios y valores, y cualquier persona que se incorpore, que se adapte, que acepte esos principios y valores, es más que bienvenida.

La probabilidad de que las bandas de robacarros se rearticulen en otras no es difícil de creer, y el tiempo ha dado la razón de que así es, según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) al referirse a este delito que en la última semana fue noticia viral.

La semana pasada se conoció la forma en que robaron un vehículo el 27 de febrero del 2023 en el bulevar sur de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

En cuestión de segundos dos sujetos que caminaban por esa arteria simularon una conversación y esperaron el momento para forzar la cerradura de una camioneta roja aparcada en el lugar.

En el país, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público (MP), operan ocho bandas de robacarros. Dos de estas son violentas y el resto no usa la fuerza para hurtar o robar motocicletas y vehículos. Cinco los roban para venderlos en otros puntos del país y solo una lo hace para desarmarlos y negociar las piezas como repuestos.

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La banda que perpetró el robo que quedó grabado en el video se dedica a vender los vehículos en otros departamentos. La información del MP es que los automotores se comerzializan en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Petén, Chiquimula y Zacapa, principalmente.

En los días siguientes al hurto en Mixco, el automotor fue localizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en San Benito, Petén, en un confuso incidente en el que estuvo involucrada una exrreina de belleza, Renata Gilardi Castro-Conde, de 26 años, quien fue ligada a proceso por portación ilegal de arma de fuego, pero no desplazarse en un carro robado.

La denuncia original de la PNC fue que conducía ese automotor, robado en Mixco, pero más adelante las autoridades judiciales explicaron que se trató de una confusión y ella conducía otro.

La jefa

Pero este caso de robo de vehículos no es nuevo. La Fiscalía contra el Crimen Organizado reporta hechos desde hace más de 10 años, aunque conforme avanza el tiempo, las estructuras delictivas se rearticulan y mejoran su forma de operar.

Por ejemplo, hace un tiempo las bandas tenían lugares específicos, estáticos, desde donde operaban, pero hace tres años la modalidad cambió, según el MP. Ahora son itinerantes, lo que hace más difícil su desarticulación.

Este es el caso de la banda La Jefa, dirigida por Nemecia Judith Arroyo Herrera, sus hijos y otros cómplices. Su centro de operaciones fue un taller en Villa Nueva, desde donde también ejercía control sobre los hechos criminales en Guatemala y Chimaltenango.

Las acciones de esta banda, según la PNC, comenzaron en el 2016, aunque se la actividad criminal de Arroyo Herrera habría dado inicio en el 2012, como integrante de otra estructura.

La banda de Arroyo Herrera y fue desarticulada en el 2021, cuando sus integrantes fueron capturados por una investigaión de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC.

Dicha estructura estaba conformda por sus hijos Jordy Leonel y Cristian Orlando Valenzuela Arroyo.

Además, Pedro Kehoma Campa Santiago, Emilio Alexander Reyes, Seidy Yasmin Pineda Pineda, Miguel Antonio Tiul Yac, José Rodolfo Soto Hernández y Elcar Alexander Vásquez Rodas.

El 25 de octubre del año pasado el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Villa Nueva les dictó condenas de 12 a 16 años de prisión por asociación ilícita y hurto agravado.

Esta era una estructura, según las investigaciones, que no recurrió a la violencia para obtener en forma ilegal los automotores, sino que en su mayoría los hurtaba en la vía pública.

Cómo operaban

Escogían el vehículo después de vigilar o conocer el movimiento de la calle o avenida, una estrategia similar a observada en los sujetos que robaron el vehículo en el bulevar San Cristóbal.

Luego, los delincuentes, en promedio tres o más, a bordo de dos o tres vehículos, lo vigilaban y le daban seguimiento, de ser necesario, hasta decidir el momento oportuno para consumar el hurto en la vía pública de las zonas 10, 13, 14, 15 capitalinas y en la zona 8 de Mixco.

Esto lleva a suponer a investigadores de la PNC que algunos integrantes que no fueron capturados con el resto de la banda en el 2021 se reorganizaron y siguen operando en las mismas áreas.

De acuerdo con el MP, al tener el vehículo identificado, uno de los integrantes se acercaba al mismo simulando que hablaba por teléfono y así observar si alguien se encontraba adentro.

Después esperaba la autorización de un “bandera” o “vigilante” para forzar la cerradura del vehículo, ingresar, encender y conducir el automotor, para llevárselo de inmediato con el fin de que el sistema de seguridad no lo apagara.

En otras ocasiones, el “ bandera” se quedaba en el lugar del hecho para observar la reacción de propietarios y alertar a los autores materiales del hecho.

Una vez consumada la acción, se cambiaba la placa de circulación del vehículo robado y lo trasladaban al taller en Villa Nueva para desarmarlo y venderlo por piezas a propietarios de talleres mecánicos, hueseras o bajo pedido.

Arroyo Herrera les indicaba qué debían hacer con el automotor robado, mientras monitoreaban en las redes sociales para constatar si le aparecía reporte de robo.

El vehículo era llevado a predios ubicados en Villa Nueva, donde los desarmaban, y después a Chimaltenango. Allí se detectó, según las investigaciones, que le cambiaban los papeles y placas por otros falsos.

Esta modalidad se extendía a Escuintla, donde también los desmantelaban para vender las partes en negocios ubicados en la zona 8 capitalina.

El tiempo pasa y la justicia sigue pendiente para 56 niñas y adolescentes —41 fallecidas y 15 lesionadas gravemente— víctimas de un incendio que ocurrió entre el 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en de San José Pinula, Guatemala.

Este Hogar era una residencia de abrigo y protección a cargo de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, de la Secretaria de Bienestar Social (SBS).

Desde 2015 surgieron denuncias de malos tratos, malas condiciones de vida, y violaciones de derechos humanos de quienes estaban ingresados en él.

Fue el 7 de marzo del 2017 que un grupo de niños y adolescentes escapó como reacción a esos malos tratos que, incluso, hablaban de trata de personas.

Los menores que se fugaron fueron capturados por agentes de la la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la SBS posteriomente.

Por esa razón en la madrugada del 8 de marzo 56 niñas y adolescentes fueron encerradas en una pequeña aula y 43 más en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candados y quedaron bajo custodia de la PNC.

¿Qué pasó?

En el informe “las víctimas del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), se explica que “la mañana del 8 de marzo de 2017 una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula, para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas”, porque necesitaban ir al baño.

Los testimonios que obtuvo Oacnudh fue que “cuando empezó a salir el humo, las niñas golpeaban la puerta y gritaban, no se entendía qué decían, posiblemente pedían auxilio. Cuando salían las llamas del aula, las niñas seguían pidiendo auxilio. Desde que inició el humo hasta que abrieron las puertas, las niñas seguían pidiendo auxilio”.

Una de las niñas sobrevivientes manifestó, según el documento de Oacnudh: “pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”.

Otra indicó que su reacción fue “gritar y pegar a la puerta para que nos sacaran de ahí”.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), las autoridades presentes en el Hogar Seguro habrían tardado nueve minutos en abrir la puerta, aunque la defensa indica que el tiempo de respuesta fue más breve”.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado reveló que los extintores no funcionaron, por lo que los funcionarios tuvieron que llevar agua en contenedores de plástico de otras fuentes de agua mientras llegaban los bomberos.

“Algunos monitores llevaron sábanas y toallas mojadas. Según testimonios, los Bomberos Voluntarios habrían tenido que esperar cerca de 40 minutos para ingresar en el hogar ya que al principio se les negó el permiso de entrada”, según Oacnudh.

“Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a Oaconudh que los monitores del hogar estaban filmando con sus celulares mientras las niñas heridas salían del aula”.

Juicio y castigo

Seis años después, las 56 niñas, que según la acusación del MP fueron encerradas en forma ilegal en un aula como castigo por intentar huir un día antes, esperan por justicia.

Después de iniciarse el incendio, según la investigación del MP, la subinspectora de la PNC tardó nueve minutos en abrir la puerta del aula, lo que provocó la muerte de 41 niñas y que otras 15 resultaran gravemente heridas.

En el banquillo de los acusados están Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar; Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez; Brenda Jullissa Chamán Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.

Solo en 2023 el juicio se ha suspendido en cuatro ocasiones: el 9, 19 y 26 de enro; mientras que en febrero se ha suspendido una vez. En total, el debate se ha suspendido en 12 ocasiones.

Los argumentos han sido desde infecciones por covid-19 de los imputados, hasta que el sonido de la megasala no ha funcionado para documentar cada una de las declaraciones.

También las recusaciones de las que han sido objetos los integrantes del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que diligencia el caso.

Litigio malicioso

“Fue un crimen de Estado”, sentenció Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación Alianza, quien ha seguido de cerca el caso y desde su organización le han dado apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de la tragedia.

Escobar Sartí agregó: “Durante estos 6 años no ha habido justicia, más bien ha habido un litigio malicioso para que no se conozca la verdad de lo que ocurrió ese día”.

“Suspenden porque no hay luz, no hay sonido, porque presentan pruebas de covid-19”, recordó.

Escobar Sarti dijo que “cosas como estas evidencian que hay un litigio malicioso, una falta de voluntad política, de darle seguimiento por la vía judicial al caso”.

Escobar Sarti consideró que, ádemás de los que hoy enfrentan el proceso, debería de procesarse también a un exmandatario – Jimmy Morales – porque el crimen ocurrió bajo el amparo del Estado y en una institucion gubernamental.

Jordán Rodas Andrade, candidato vicepresidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

¿Qué hace Jordán Rodas en estos momentos en que no se ha admitido su inscripción como candidato vicepresidencial?

Por ahora siguiendo la ruta adecuada, dentro de un Estado de Derecho, para defender mi decisión de participar en las próximas elecciones.

¿Por qué cree que decidieron no admitir su inscripción?

No tengo la menor duda que es debido al temor que despierta en los sectores más conservadores, políticos y económicos, el binomio Thelma Cabrera y Jordán Rodas, que propone el Movimiento para Liberación de los Pueblos.

Creo que ocurre porque es la única y verdadera opción real de cambio. Cualquier otra cosa puede ser un intento, pero han sido todos, en mayor o menor medida, parte del problema.

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Esta es una segunda situación que le ocurre. Primero fue en la elección de rector de la Usac, donde denunció un fraude. Ahora esto. ¿Es una persecución o revancha política?

Revancha no. El asunto es que como han visto mi participación en diversos espacios y he sido coherente y consecuente con lo que hago y digo eso no le conviene al estatus quo.

Ellos cada cuatro años solo quieren cambiar de rostro, pero el sistema es el mismo. Ellos solo quieren seguir teniendo tontos útiles. En el caso de la Usac, lo dije en su oportunidad. Era un entrenamiento para lo que se avecinaba en las Elecciones Generales.

Hicieron suficiente entrenamiento. Hoy tenemos un rector impuesto que todavía genera malestar e indignación. Ese cuadro quedó evidenciado cuando el partido oficial nombra a un excandidato a rector como vicepresidenciable.

El pacto de corruptos ha logrado hacer eso, e incluso, colocar a un Procurador de los Derechos Humanos que, como paradoja, está violando los derechos de elegir y ser electo. Pero se entiende por la gran amistad que tiene con el presidente desde que Giammattei estuvo en presidios.

La Contraloría General de Cuentas también se está prestando a esto. Usted insiste en que tiene finiquito y que eso no es impedimento para participar. ¿Sostiene eso?

Sí, tengo finiquito aun cuando no es un requisito constitucional para participar. No es un obstáculo ni impedimento constitucional. Imaginemos dos datos concretos. Hay un pastor evangélico participando como vicepresidente y hay otro que fue secretario de la comuna capitalina que tenía reparos, igual que el alcalde, pero a ellos sí los inscribieron.

¿Cuáles son las acciones que han tomado?

Respetamos el Estado de Derecho. Estamos agotando todos los recursos y las instancias ante la arbitrariedad que se está cometiendo. Ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público contra el titular del Registro de Ciudadanos, esperando que la investigación sea ágil y objetiva.

El Tribunal Supremo Electoral, por mayoría, dijo que no se puede. Acá valoro el voto disidente de la magistrada Blanca Alfaro. Además, presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia que esperamos resuelvan adecuadamente. Si esta la declaran sin lugar, vamos a pelear ante la Corte de Constitucionalidad. Nuestro camino es seguir la ruta legal para que nos inscriban.

¿Qué hace en Washington ahora?

Decidimos con Thelma Cabrera y el MLP de agotar y denunciar públicamente y accionar a nivel internacional el asunto. Estamos solicitando desde los primeros días de febrero la adjudicación de la carta del artículo 41, que es un procedimiento que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir información, comenzando por el procurador de los Derechos Humanos, que siguen una actitud opaca y he solicitado dos veces las denuncias penales. Hasta ahora como coloquialmente se dice, se han hecho los locos y buscan evasivas. Tarde o temprano vamos a conocer porque están haciendo esto.

¿Hay algún plan B?

Esperamos que las leyes nacionales y los tratados internacionales prevalezcan. Tarde o temprano va a llegar la justicia. Esperamos que sea más temprano que tarde, porque queremos comenzar a hacer campaña, cuando se pueda oficialmente, aunque ya la mayoría se robaron la salida.
En ese caso me llama la atención cómo es que se inscribe a unos sí y otros no. Creo que se están pasando la Ley Electoral por el arco del triunfo.

Hoy Thelma Cabrera y yo seremos atendidos por la secretaria de la CIDH. No podemos sufrir una vulneración a nuestro derecho humano a ser electos, planteamos la vulneración del artículo 23 del Pacto de San José. #NosTienenMiedo pic.twitter.com/ReGkAviR8l

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) February 10, 2023

Roberto Arzú, candidato presidencial del partido Podemos

¿Qué piensa de la negativa para inscribirlo como candidato presidencial?

En primer lugar, tengo que aclarar que no es que no me han inscrito, ya me inscribieron. Otra cosa es que me hayan desinscrito. Han puesto en suspenso mi inscripción. Eso es muy importante hacerlo ver porque la ley, después de la convocatoria, dice no pueden desinscribir a nadie. Puede haber multas al partido, pero no desinscribir a nadie. Eso es clave para empezar. Para demostrar la ilegalidad de lo que están haciendo. En segundo lugar, obviamente, lo burdo de que, cómo puede ser que pagáramos una multa el 31 de enero y el 4 de febrero el registrador dice que no la hemos pagado, cuando ahí están los recibos. El mismo Tribunal Supremo dijo el 19 de enero al registrador que no hay campaña anticipada de Roberto Arzú, déjenlo inscribirse y por eso me inscriben, por tal razón, esto no es un tema legal, no tiene pies ni cabeza. Un niño de 5 años lo entiende. Esto es un tema político, que no quieren que yo participe.

¿Quiénes y por qué no quieren que participe?

Empezando por el presidente Alejandro Giammattei y este muchachito Miguelito Martínez. El pacto de corruptos y empresarios grandes que quieren seguir con privilegios, monopolios, abusos, como banqueros, farmacéuticos, azucareros y obviamente los contrincantes que han visto un crecimiento de nosotros en las encuestas, al punto de ya estar en primer lugar. Nos quieren descalificar, para poder tener oportunidad, porque hemos crecido a raíz de denunciar la corrupción nunca antes vista de este gobierno y la complicidad de estos empresarios al no denunciarla y ser parte de ella. Hemos dado a conocer que el sistema está cooptado por este pacto de corruptos, que mira en mí que yo sí voy a destruirlos y acabar ese sistema. Eso todos los guatemaltecos sabemos lo que pasa.
Considera que esta situación va a cambiar.

¿Lo van a inscribir?

Estoy 100 por ciento convencido de que nos van a inscribir. Creo firmemente que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos darán el amparo porque al no hacerlo representa que ellos quedarán en la historia de Guatemala como los que fueron cómplices de romper la libertad y la democracia en el país. En el momento que a Roberto Arzú y a Thelma Cabrera no nos inscriban el Estado de Derecho, la legitimidad de las elecciones, la libertad y la democracia, se acabó en Guatemala. Y hoy es a mí, lo importante no es Roberto Arzú, acá no es lo que me están haciendo a mí, es lo que le están haciendo a ustedes, al pueblo de Guatemala, al privarlos de su derecho de elegir y ser electos. Desde un principio es dicho que todos los guatemaltecos deben de participar para que sea el pueblo el que elija y no las Cortes o los gobernantes o el sistema que se dedica a descalificar para poder seguir cooptando todo.

¿Qué piensa que a otros candidatos que han tenido señalamientos de estar, por ejemplo, con grupos del crimen organizado o acusados de corrupción, los hayan inscrito ya y a usted no?

Es porque son parte de ese sistema que hoy tiene arrodillados a los guatemaltecos. El crimen organizado, la corrupción, el pacto de corruptos, el gobierno, el presidente, el muchachito, los empresarios con privilegios y monopolios. A esos serviles sí los inscriben, son los que reciben órdenes de este sistema, diputados, jueces, magistrados, para que hagan lo que ellos quieren, porque es el sistema que representan. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no son nada más que empleados de este sistema y que les giran instrucciones y órdenes para que hagan lo que les piden que haga para ellos salir beneficiados.

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¿Y qué acciones han tomado hasta ahora para revertir esa situación?

Ya metimos todos los recursos, más de cuatro amparos y también ante los derechos humanos. Hemos planteado querellas penales contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es importante entender si al hacer todo esto vale la pena el dinero que les puedan dar o las amenazas que puedan recibir o los beneficios que puedan tener, para ser perseguidos penalmente el resto de sus vidas porque eso es lo que les va a suceder, van a ser perseguidos penalmente el resto de sus vidas y tarde o temprano la ley los alcanzará y pararán sus últimos días en la cárcel.

¿Si las Cortes en Guatemala no les respaldan, Roberto, qué harán?

Estamos dispuestos a luchar por la libertad de la democracia hasta el final. Si acá no sucede nada iremos al ámbito legal internacional de Derechos Humanos.

¿Duda de la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral?

No dudo. Estoy absolutamente convencido que no son imparciales. Es más, las pruebas claras demuestran eso. La Constitución, por ejemplo, en el caso de Jordán Rodas, dice que no se necesita finiquito para participar y por eso no lo inscriben. ¿Dónde está la Constitución, entonces? Imagínese. A pesar de que entiendo que sí tiene. Y por ejemplo, acaso no hizo campaña anticipada Zury Ríos, Sandra Torres, Manuel Conde. Ellos sí hicieron campaña anticipada y ¿dónde están? No es que haya una imparcialidad, sino que es que son terribles al hacer lo que están haciendo. La discrecionalidad y la parcialidad con la que están manejando esto. Manchan las elecciones con un fraude moderno que es descalificando candidatos y no robándose y quemando urnas.

#rompiendoelsistema #sísepuede #hagamosgrandeguatemala
La respuesta es simple, soy el único que no se ha vendido para ser parte del pacto de corruptos, soy el único que cada día expone sus actos en contra del país, soy el único que habla frontal y el único que los hará pagar pic.twitter.com/muiFVtfk5o

— Roberto Arzú (@robertoarzugg) February 11, 2023

¿Cuál es su reflexión final, Roberto?

Esta lucha es mucho más importante que cualquier candidatura o cualquier cosa para Roberto Arzú. Esta es una lucha por el país, por la democracia, por la libertad. Eso es lo que es esta lucha y por eso no vamos a claudicar, porque sabemos que es lo correcto. Yo sé que algún día todos nuestros hijos, a los que estamos en esta lucha, que somos la gran mayoría, nos lo van a agradecer porque Guatemala libre vale la pena.

Las fuerzas policiales efectuaron el 18 de enero la segunda fase de un operativo para desarticular a la banda que roba en viviendas de las zonas 10, 14, 15, 16 y de la carretera a El Salvador, a la cual denominan los Barrancos.

Los miembros de dicha estructura son buscados, además, por ser autores materiales de la muerte violenta de Luis Rodrigo Mendizábal Pivaral, de 46 años, ocurrida el 13 de diciembre último.

El crimen contra Mendizábal Pivaral ocurrió en su apartamento, ubicado en un condominio de la 18 calle y 26 avenida, zona 10 capitalina, supuestamente luego de haber forcejeado con los delincuentes que entraron a robar.

La madre de la víctima se encontraba en la casa al momento del robo y tuvo que saltar de un segundo piso, según relataron vecinos, para ponerse a salvo y pedir ayuda a los agentes de seguridad privada que vigilan el inmueble.

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Las investigaciones revelan que los delincuentes ingresaron en el condominio a través de un barranco aledaño. Desde este crimen, que coronó una serie de robos a seis familias en 2022 y tres en 2023, las autoridades policiales actuaron, el 11 de enero.

Hasta ahora han sido capturadas cuatro personas vinculadas con la red los Barrancos y cinco nicaragüenses que residen en áreas boscosas que dividen las zonas 10 y 15 fueron expulsados del país porque se encontraban en forma ilegal en Guatemala. Vecinos de los residenciales han indicado que esas personas cometen robos en el área.

Integrantes de asociaciones aglutinadas en el Proyecto Zona 15 se han reunido con las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para trazar planes preventivos de seguridad, a fin de evitar que sigan ocurriendo robos en residencias y, sobre todo, que más víctimas mortales.

El último hecho se reportó hace dos semanas, en el condominio Donde Ubieto, carretera a El Salvador. Según se ha indicado, los delincuentes agredieron a una familia y robaron sus pertenencias. En esta ocasión pudieron ingresar a dicha vivienda por una zona boscosa adyacente al residencial.

Sofisticados

Vecinos de los residenciales afectados han detectado que el grupo que asalta las residencias tiene relación con residentes de asentamientos ubicados en el barranco que divide las zonas 10 y 15.

No obstante, otra línea de investigación supone que la banda está integrada por sujetos con entrenamiento militar que conocen el área boscosa y saben qué buscar en las viviendas.

Detectives de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC no descartan ninguna de las dos hipótesis y aseguran que siguen la huella de sujetos de los que han sabido a partir de denuncias recibidas por la línea 1561 de Crimen Stoppers.

El ministro de Gobernación, Napeoleón Barrientos, aseguró que, como este caso, investigan otros en el territorio nacional.

La prioridad, enfatizó el funcionario, es capturar a quienes estén cometiendo este tipo de ilegalidades, sean guatemaltecos o extranjeros.

El gerente de la asociación de vecinos del residencial Vista Hermosa 2, Sergio González, explicó que por ahora se sienten seguros porque tienen presencia de agentes de la PNC, pero su mayor preocupación es qué pasará cuando se marchen.

“Estamos tratando de conseguir que las autoridades nos apoyen para verificar lo que ocurre en el barranco que tenemos detrás del residencial. Nosotros buscamos adquirir más tecnología y contratar más seguridad, pero se hace difícil”, expresó González.

Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez están bajo acecho ahora de las dos estructuras criminales predominantes en el país.

Aunque la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) han incrementado en las últimas dos semanas los operativos para desarticular clicas, los hechos siguen ocurriendo.

Fuentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC)  de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la disputa.

El detonante, según su análisis, es “la falta de liderazgo de la Rueda del Barrio 18 y de la MS-13”.

Los investigadores creen que Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo, jefe en la Rueda del B-18, preso en Fraijanes II, y Jorge Yahir de León Hernández, alias el Diabólico,  de la MS-13, recluido  en Pavoncito, han perdido liderazgo y algunos nuevos pandilleros intentan reemplazarlos desde hace dos años.

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Y no solo se trata de poder, sino de control territorial y de asegurarse las fuentes de “financiamiento”, explicaron.

“Sin liderazgos en prisiones en las calles cada quien busca apropiarse de un territorio para vender drogas y extorsionar para comprar armas y vivir”, aseveraron.

No todo está bien

En las prisiones  no todo está en calma. Ha habido 11 fugas confirmadas por el MP. Solo ha ocurrido una recaptura, y precisamente de un pandillero salvadoreño recluido en la cárcel de Chimaltenango.

Mientras que en Pavoncito, una presunta tregua entre Howard Wilfredo Barillas Morales, alias el Matazetas, se acabó cuando, se supone, mandó  a envenenar a cuatro miembros, y amigos, de el Diabólico.

En otras prisiones ocurre lo mismo.  En la cárcel de El Boquerón, así como en Pavoncito, hay MS-13. Y están bajo acecho. Francisco Javier García González, alias Blacky, líder de la clica Parkin Locos de la Mara Salvatrucha (MS13), escapó de esta prisión en el pasado 18 de octubre. 

En Fraijanes II está la Rueda del Barrio, que antes había estado en el sector 11 del Preventivo de la zona 18.

Allí, según la PNC, hay nuevas generaciones que estarían detrás de la violencia en los territorios.

“En la cárcel del Infiernito, Escuintla, hay miembros del B-18, líderes de segundo nivel que envían órdenes para operar en ese departamento y otros cercanos como Sacatepéquez y Chimaltenago. De hecho, en este último ha habido batallas en la cabecera y otros municipios cercanos.

En la granja penal de Cantel en Quetzaltenango, por ahora, ambas estructuras han logrado acuerdos, pero nada es definitivo, según las fuentes consultadas.

Cambios y tensión

Federico Reyes, doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, Escocia, explicó que “los cambios en las  pandillas generan tensión y roces entre los que las dirigen y los que ejecutan las extorsiones, secuestros exprés, procesos de cooptación, captura de líderes y/o cambio de estos al ser organizaciones con jerarquía”.

Aunque aclaró que “eso no es un proceso establecido, pero si por olas, inicio y fin de año, entrada y salida de líderes de centros de privación de libertad, fechas de pagos de extorsiones a grandes y medianos empresarios”.

Sobre la relación de las pandillas con el ambiente prelectoral del país, Reyes explicó que “siempre las pandillas han sido vistas como causantes de esto, no lo dudo que hay nexos, los contratan para crear zozobra, inseguridad y que sean los “usual suspects” en lugar de otros actores”.

Añadió: “Es la respuesta fácil para un fenómeno criminal complejo. Pero hay múltiples estudios académicos de acá y fuera del país, que revelan que algunas clicas son muy organizadas y otras a las que se les sindica no tanto”.

“La violencia homicida tiene mucho que ver con rangos y jerarquías, sumisión y roles de poder. Por supuesto, se maneja mucho más dinero en efectivo en fechas de todos conocidas, pero durante las elecciones, han sido utilizadas para eliminicación de competidores politicos, es más fácil y conveniente culparlos de eso que investigar a estructuras del crimen organizado y algún complot verdadero o no”, asegura.

Se debe considerar, expuso también, que “la inconsistencia en la investigación criminal influye en que no hay un seguimiento pormenorizado de estos grupos, a pesar que hay unidades que teóricamente hacen ese tipo de investigación”.

“Todo evoluciona y se mueve, difícil mantener cuadros en estos grupos por mucho tiempo. La ambición y necesidades creadas a lo interno hace que haya competencia por subir y ejercer el poder”, asegura el especialista.

Para Reyes los dos grupos predominantes actúan diferente y pareciera ser que se juntan para delinquir y crear caos en épocas electorales o pre electorales. “Eso los convierte en crimen organizado, por lo tanto debiera de investigarse de igual manera, lo cual no se hace sobre una base regular”, expresa.

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“La ubicación geográfica también incide en el auge o aparición en las denominadas áreas rojas, tanto a nivel urbano como rural. Chimaltenango y Sacatepéquez resurgen en estas épocas, ataque a buses de rutas cortas, asaltos en carretera, robos y hurtos en centros urbanos, violaciones sexuales a toda hora, ya que al saturar el sistema de justicia e investigación, no se atiende todo, por la gran demanda de esto y aunado a que los intereses generalizados de la época, decrementa el nivel de alerta, solamente en días de pago de aguinaldo, algún bono y salarios”, analiza.

“El dejar de investigar constantemente tiene incidencia directa en la maximización de las actividades criminales, se diversifican o mutan de un lugar o área a otra, hago y no me atrapan, cometo un crimen o delito y no se les da seguimiento, saturo el sistema y lo desbordo, además que los entes de justicia entran en períodos de turnos vacacionales desde el 15 de octubre  hasta el 15 de enero, entonces hay menos personal en todos los niveles, lo que sugiere que no se dan abasto”.

“La excepción suele ser la PNC, que concentra y congela vacaciones a su personal”, expone. 

Sobre las fugas de pandilleros de prisión Reyes declaró que “muchas veces es fácil culpar al de siempre, pero no investigan lo que deberían de hacer, siempre”.

“Muchas veces las condenas, salvo homicidio, femicidio, asesinato, son relativamente cortas. Las cumplen y salen, no siempre se reintegran porque no cometieron un grave error y se dejaron atrapar y sentenciar o si está pactado que entran con órdenes específicas y salen con otras iguales. Las visitas también llevan y traen información, como se sabe. La mayoría se reintegra, pero no al nivel que tenían o llegaron a tener, no todos terminan como creen imaginar. Es la ley no escrita de pertenecer a una pandilla”, finalizó.

Sin duda, la PNC fue creada en 1997 después de una serie de discusiones entre sectores económicos y políticos porque el monopolio de la seguridad siempre había estado en manos del Ejército, incluso con la existencia de la Policía Nacional (PN) y la Guardia de Hacienda (GH).

De acuerdo con los Archivos de la PN, la institución castrense se encargaba de la persecución y desaparición de “los enemigos de las dictaduras militares”.

Veinticinco años después de su fundación, la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrenta a los altibajos propiciados por los gobiernos de turno, que la han usado como han querido, desde desmantelar sus cuadros, en la década del 2000, hasta formar escuadrones para limpieza social, en 2004. Lo último, en 2018, destruir la carrera policial que con esfuerzo se había retomado desde 2009.

La PNC se ha enfrentado no solo a la falta de voluntad política para darle independencia plena, sino que, entre el reciclaje que se hizo antes de su formación, exagentes de la PN y GH optaron no solo por vincularse con estructuras del crimen organizado, sino que desde adentro cooptaron una institución que nació con mucha ilusión de los guatemaltecos.

Un editorial de Prensa Libre, de marzo de 1999, en ocasión de la presentación del noveno informe de la Comisión de Verificación de la ONU para Guatemala, (Minugua), señalaba un estancamiento en el respeto a los derechos humanos, luego del progreso que se observaba en esa materia tras la firma de la paz, al tiempo que se acusaba a la PNC de violaciones y excesos.

El señalamiento de Minugua contra la Policía coincidía con denuncias de conductas impropias de agentes de ese cuerpo policial en los últimos meses y con el incremento de la violencia, representada, como se indica en el informe, en “ejecuciones extrajudiciales, amenazas y torturas, y varios asesinatos cuyas circunstancias y características alientan la hipótesis de la motivación política”.

En 2022 pareciera que el panorama es parecido, aunque a lo interno de la institución se hacen esfuerzos por cambiar la situación.

Pesa el poder militar

Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, asegura que la creación de la PNC supuso que “no estuviera bajo la bota de los militares, porque eran dos doctrinas distintas, dos cuerpos distintos; sin embargo, por razones obvias de corrupción, nunca permitieron que se profesionalizara como requería”.

Mack señala que desde los acuerdos de paz nunca se logró un presupuesto acorde y una profesionalización en las diversas especialidades, tanto administrativas como técnicas.

“Se quedó con la Academia, pero nunca hubo una instancia que preparara una escuela de oficiales, que profesionalizara en su especialidad y tampoco que les diera un presupuesto ideal”, añade.

Para Mack, “siempre hubo un presupuesto, de esos escondidos, a la Policía, que eran las plazas fantasma de los soldados. Pero todo tiene que ver con los contratos de seguridad. Por más que los policías quieran cambiar su situación, no se puede, porque ni siquiera está reconocida por la Constitución”.

El Gobierno y la guerrilla convinieron en 1996 la creación de la PNC, profesional, y con el rango constitucional que menciona Mack, “para garantizar que fuera el único cuerpo policial armado del Estado con competencia nacional, y con la función de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, además de prevenir, investigar y combatir el delito y mantener el orden público y la seguridad interna”.

Una consulta popular en 1997 rechazó modificar la Constitución y con ello se cayó la posibilidad de sumar los acuerdos de paz, entre ellos el relacionado con la PNC.

“No es falta de voluntad de los policías”, dice Mack, “sino que son asuntos políticos, porque hay muchos buenos elementos en la institución que buscan transformarla”.

Para la excomisionada, la PNC es hoy una PN, porque no hay policías dirigiendo la institución. “Siempre hay un militar a la cabeza. Entonces, sin esa independencia, cuál es su autonomía, ¿dónde está su autoestima?”, cuestiona.

#Ahora | Corte Suprema de Justicia otorga amparo provisional a @PDHgt @JordanRodas y deja en suspenso el oficio emitido por @mingobguate y ordena a las autoridades que garanticen las medidas de seguridad para el resguardo y la conservación de los documentos del Archivo de la PN. pic.twitter.com/3RQAqtI47z

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 8, 2019

El director de la PNC, Héctor Hernández, no está de acuerdo con la opinión de Mack respecto de la injerencia del Ejército.

Asegura que “hay mucha madurez” y que hoy tienen “mucha relación con el Estado Mayor, la sección de operaciones”, porque les han apoyado para fortalecer la seguridad en algunos puntos donde hay mayor incidencia criminal”.

Pone como ejemplo los conflictos entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, y en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, donde han surgido grupos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.

“Ellos están conscientes de que su papel es más de prestarle seguridad al policía porque saben que tampoco han formado a sus elementos para ese acercamiento comunitario”, resalta el director.

Para el ex subdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, la finalidad de la institución, más allá de desplazar al Ejército de las tareas de seguridad, es que cada quien asuma el rol que le corresponde en atención a sus capacidades y naturaleza enmarcada en los Acuerdos de Paz.

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“Es oportuno recordar que en junio de 2017 el presidente Jimmy Morales ordenó el retiro del ejército de las calles porque sobre la base de estudios y resultados reales se determinó que era la PNC quien planificaba, lideraba y brindaba seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, recuerda.

Sin embargo, reflexiona, cinco años después se vuelve a esta práctica. Entonces la pregunta es ¿Qué se ha hecho diferente para que hoy, con más agentes de PNC, se recurra al clásico patrullaje que de alguna forma es ultra conocido por el crimen organizado y sabe cómo evadirlo?

Velasco refiere que es necesario fortalecer las capacidades de investigación criminal, de inteligencia policial y tecnología .

“Deben asumirse los nuevos desafíos de la delincuencia transnacional y del crimen organizado. Y sobre todo comprendiendo que un proceso de Reforma Policial, nunca debe detenerse, debe ser constante, recurrente, con apoyo presupuestario orientado a fortalecer la institución de una forma real y estructural”, justifica.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, valora la creación de la PNC, que proviene del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

“Considero que el perfil institucional de la PNC se ha mantenido dentro del concepto de seguridad democrática, a pesar de los tropiezos que ha tenido en estos años”, expresa.

Pero el exfuncionario está consciente de que el Ejército ha mantenido una injerencia en la PNC y como ejemplo se refiere al Consejo Nacional de Seguridad, creado con la Ley Marco de Seguridad Democrática.

“En este ente funciona más la lógica militar que la civil. La inteligencia militar se sobrepone a la civil. Entonces, el aporte de la PNC, lo civil, pasa a un segundo plano”, dice Menocal.

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El exministro puso como ejemplo la fotografía oficial de la conmemoración del 25 aniversario de la PNC. “Hay más militares que policías. Sigue siendo una fuerte incidencia, y esto se marcó más desde el período del Partido Patriota, aunque hay que reconocer que Mauricio López les abrió más espacios a los miembros de la PNC que los siguientes ministros, no digamos los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei”, apunta.

Para el exjefe del Interior Francisco Rivas, uno de los mayores logros de la PNC es que durante el período en que se ha encargado de la seguridad interna del país logró la reducción de la violencia homicida.

Rivas valoró que aquellos 40 homicidios por cada cien mil que ocurrían antes de la PNC se redujeron a 16.  “Ahí están los números. La Policía ha crecido significativamente, mientras que el Ejército se quedó prácticamente estancado en una labor de seguridad ciudadana netamente operativa”, indica.

“Creo que ha sido demostrado con números concretos que la PNC ha asumido su papel histórico y ha logrado reducir la violencia homicida. Obviamente ha contado con el apoyo del Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal”, asevera Rivas.

Menocal concuerda con Rivas en cuanto al logro de la reducción de la violencia homicida a partir de las funciones de la PNC. “En estos 25 años, a pesar de las dificultades, el trabajo de la policía, en particular de la investigación criminal, ha logrado reducir, en 10 años, la tasa de homicidios”, expresa Menocal.

Agrega: “Es importante resaltar este dato porque, a pesar de los cambios de gobierno, de directores o dirección, hay institucionalidad, han logrado mantener esa fortaleza en el esquema de investigación criminal y de delitos contra la vida”.

Para ex subdirector de investigaciones “los nuevos desafíos para la seguridad son el narcotráfico, que cada vez se posiciona más en las áreas fronterizas del país. “Es ahí en donde un Ejército profesional y transparente debe acudir y cerrar realmente esas rutas de la delincuencia transnacional que cada vez los carteles van tomando impunemente para el trasiego de sus ilícitos”.

“Al final son instituciones que que enfocadas en su competencia deben trabajar en conjunto para brindar seguridad interna y externa a la nación”, resalta Velasco.

Helen Mack concuerda en que, si se dejara trabajar con total independencia a la PNC, los resultados serían mayores.

“Me alegra que les hayan dado un poco de independencia, de reconocimiento, pero es evidente que hay manos que no la sueltan, no la dejan operar con la libertad que requiere. Estoy segura de que hay policías que añoran eso, los buenos policías, que son muchos, sin duda”, señala Mack.

“El problema no es la institución policial como tal, son las otras instituciones que jamás salen de ahí y que son las que bloquean que la PNC se profesionalice”, agrega.

Mack considera que, así como tratan al Ministerio de Salud, que le quitan dinero para dárselo a otras carteras, hacen con la PNC. que siempre ha sido un comodín para apoyar a otros entes del Estado.

El golpe de 2018

En medio de la crisis que provocó la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por parte del gobierno de Jimmy Morales, la PNC fue nuevamente víctima de decisiones políticas que la llevaron a un desmantelamiento de mandos superiores y el boicot a la carrera policial.

El exministro Rivas ve ese episodio como “una deuda del Estado porque la administración de gobierno anterior, en los últimos dos años, cortó los procesos de profesionalización y de especialización que se habían alcanzado”.

“Fueron prácticamente destruidos, al haber sido destituida en forma arbitraria toda una camada de los mejores agentes y no se continuó con procesos académicos y de profesionalización”, recuerda.

Menocal también señala que en esa administración “desbarataron estructuras muy sólidas, con alta formación y capacitación histórica dentro del esquema de investigación criminal, la investigación policial”.

“Se desbarataron direcciones como la de niñez y adolescencia, trata, lavado, crimen organizado, pandillas. Destituyeron a comisarios y oficiales que en este momento no pasan de 40 años y que fueron formados durante más de 10 años en Corea, Estados Unidos, México, Colombia y Alemania, entre otros” países, lamenta.

Señalar a una o dos personas nada más “no se me hace justo porque uno conoce institucionalmente cómo han sido los procesos”, señala el actual director de la PNC.

El asunto, al final, responde a una serie de factores en los cuales los cursos de profesionalización dejan de ser prioridad por aspectos presupuestarios.

“De 2017 al año pasado tuvimos el mismo presupuesto, y eso obligaba a que todo lo que iba en relación a personal se quedara sin efecto porque la nómina no puede dejar de pagarse y el crecimiento institucional sigue dándose.

Entonces los cursos de profesionalización quedaron a un lado. Obviamente que había que gestionar de mejor manera y entiendo que esa parte y no se realizó”, recuerda.

Aun con esos antecedentes y que en los últimos meses se sigue arrestando a agentes vinculados con el crimen organizado o prácticas de corrupción, el director policial asegura que en las filas hay esperanza de que pueda haber cambios para que la población confíe en la institución.

Reconoce que hay malos elementos, que son una minoría, y que luchan por dignificar la labor, profesionalizar a sus cuadros y respetar la carrera policial por medio de un proyecto al que han denominado Transformación Policial, el cual sustituirá a la reforma policial.

Stu Velasco, que vivió en primera fila la situación de la PNC, considera valioso que durante más de dos décadas esta entidad se ha hecho cargo de enfrentar los principales desafíos del crimen organizado mediante operaciones de seguridad ciudadana y desarrollo de investigación criminal.

Con ello han llevado a responsables de delitos ante los tribunales de justicia bajo un modelo de seguridad democrática que respeta la Constitución Política de la República y los derechos humanos de las personas.

“Es la única institución mixta que sostiene al sistema de seguridad interna del país y al sistema de justicia, todos los casos penales que conoce los tribunales tienen como base una investigación criminal desarrollada por la PNC”, expresa.

Los desafíos, dice Velasco, son retomar el proceso de Reforma Policial, que debe ser permanente y trascender gobiernos. “En profesionalización del talento humano, tecnología, infraestructura, dignificación laboral, procesos de inspectoría general en todo el país. Y se requiera de una  nueva ley de PNC que los garantice”.

Velasco reconoció que ha habido aspiraciones de que se cree un ministerio de seguridad, pero ve más urgente una nueva ley de la PNC que le otorgue un blindaje político para evitar que cada gobierno y cada ministro de Gobernación decida cómo manejarla.

“Se requiere de un instrumento legal, un marco jurídico, para que ampare la naturaleza civil de la Policía Nacional, su manejo estratégico en seguridad interna acoplado a la seguridad del modelo de seguridad democrática y que le permita administrar su propio presupuesto y desarrollar sus propios planes y  ejecutar el presupuesto en base a la comprensión de la criminalidad y las necesidades institucionales que ésta tiene”, finalizó. 

Han sido días de angustia para una madre que reportó la desaparición de sus dos hijas el pasado 23 de junio en una subestación de la Policía Nacional Civil ubicada en la zona 18 capitalina.

Una tiene 26 años y la otra, 15. Hasta hoy persiste su búsqueda, mientras las autoridades hacen lo suyo para localizarlas sanas y salvas. Ambas tienen activas las alertas Isabel-Claudina y Alba-Keneth, respectivamente.

Era jueves, alrededor de las 15 horas, cuando las vieron por última vez entre las colonias Las Ilusiones, Kennedy y Las Tapias. Desde entonces todo ha quedado en manos de las autoridades. Guardan esperanza de hallarlas sanas y salvas.

En Mixco y San Juan Sacatepéquez cuatro padres de familia viven la misma angustia. Buscan con desesperación a sus hijas desaparecidas casi una semana después del caso de la zona 18.

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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) indagan sobre la desaparición de mujeres. Exponen que se dan muchas variables, aunque parte de sus pesquisas se enfocan en pandillas que reclutan mujeres y adolescentes, así como otros grupos que se dedican a la trata de personas y explotación sexual.

En el área metropolitana se han reportado estos casos en zonas con altos índices de delincuencia, también conocidas como rojas, situadas en la capital, Villa Nueva y Mixco, entre otros.

El Observatorio de la Mujer del Ministerio Público (MP) muestra en los registros oficiales de la alerta Isabel-Claudina que en el 2020 se reportó como desaparecidas a mil 556 mujeres entre los 18 y 45 años en el país. En el 2021 fueron 2 mil 149, y en presente año sumaban mil 18 al 7 de julio.

Cada año se registran unas 4 mil alertas Alba-Keneth, según entidades gubernamentales, que corresponden a menores desaparecidos.

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El dato oficial indica que en promedio, al día desaparecen cinco mujeres y en un 90 por ciento son localizadas. En el restante 10 por ciento se mantienen activas las alertas y se trabaja en su búsqueda, como en los casos antes descritos.

La mayoría de las desapariciones ocurren en el área metropolitana porque es donde más se denuncia, refiere Karla Campos, coordinadora del área de ciudadanía y violencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Los datos que ofreció esta organización y que obtuvo del Ministerio de Gobernación (Mingob) revelan que de enero a mayo del 2022 desaparecieron, solo en el departamento de Guatemala, 480 mujeres entre los 12 y 40 años.

De acuerdo con la información de las autoridades, el 45 por ciento de las mujeres desaparecidas tienen entre 21 y 30 años, y en un 25 por ciento, de 18 a 20.

Si usted se entera de la desaparición de una mujer, apoye a la familia y cuénteles que la #AlertaIsabelClaudina es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

Reporte al:
1572 Ministerio Público
110 Policía Nacional Civil#AlertaIsabelClaudina pic.twitter.com/xP4pJ3JFh3

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 4, 2022

Todos estos casos tienen activa una alerta Alba-Keneth o Isabel-Claudina. El municipio que más reportes registra es Mixco, que hasta mayo sumaba 121 mujeres desaparecidas, seguido de la capital, con 98, y Villa Nueva, con 81.

Además, Chimaltenango, con 35; San Juan Sacatepéquez, 32; Amatitlán, 30; Zacapa, 25; Escuintla, 21, y Palín, 19.
De acuerdo con las cifras que reveló el GAM, del 2003 al 2021 han desaparecido 24 mil 499 mujeres, en su mayor parte entre los 12 y 40 años, y muchas de ellas siguen sin ser ubicadas a la fecha.

Para Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, las desapariciones de mujeres y niñas son causa de preocupación por las implicaciones.

Según indicó, se ha establecido como causas principales que son reclutadas por pandillas u otras estructuras criminales o se las llevan para explotación sexual o laboral.

Sin embargo, agregó, no son las únicas causas y por ello es preciso reforzar la búsqueda inmediata de estas mujeres para frenar el flagelo y aclarar las circunstancias de cada caso.

Su denuncia nos ayudará a localizar mujeres desaparecidas

Denuncie llamando al teléfono 110 de la #PNC o al 1572 del Ministerio Público. #PolicíaNacionalCivil25añosdeProtegerYServir pic.twitter.com/6ca3qtLeIg

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 4, 2022

Hernández hizo ver que en las alertas activas no se especifica las posibles causas de la desaparición y esto complica las investigaciones para determinar si están asociadas con este tipo de fenómenos criminales.

Karla Campos, del GAM, dice que las “desapariciones pueden ser por muchos motivos. De acuerdo con el análisis que hemos realizado desde hace tiempo, hemos detectado que no solo se puede hablar de trata de personas o reclutamiento de las pandillas, sino que también hay otros fenómenos como la migración legal o ilegal hacia otros países”.

#Editorial: Nombres de mujeres que reclaman justicia

Los nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas se suceden en Guatemala desde hace décadas, en una dantesca pesadilla…

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— Prensa Libre (@prensa_libre) March 2, 2021

También se conocen casos que surgen por la violencia que ocurre en algunas zonas y localidades, por lo cual las mujeres se ven obligadas a desplazarse a zonas más seguras, donde corran menos riesgo.

“La trata es de las principales causas, sin duda, y si revisamos la edad en que desaparecen se refuerza esa teoría, pero se necesita ahondar para conocerlas mejor”, aseveró.

El ciclista de 28 años, Julio Padilla Miranda, comenzó con buen pie la participación en la 60 Vuelta Ciclistica a Guatemala e ilusionó no solo a sus compañeros del equipo Ópticas Deluxe, sino a muchos chapines que han celebrado en los últimos tres años las victorias de dos atletas nacionales, Manuel Rodas y Alfredo Ajpacajá.

Padilla, desde que salió de Esquipulas, marcó el paso a los corredores y propició que cinco ciclistas más lo siguieran para avanzar rápido y sacar ventaja de 9 minutos al principio y 4 al final. “Fue una competencia dura. Estoy satisfecho por lo que se consiguió. Es un triunfo de todos”, dijo emocionado el atleta al terminar la etapa.

En esta jornada consiguió dos metas volantes y un premio de montaña. Es líder en ambas especialidades. Al concluir la etapa, y levantar los brazos justo cuando cruzó la meta, los medios buscaron entrevistarle, pero las normas sanitarias de los organizadores de la Vuelta no lo permitieron y fue hasta después de las premiación que ofreció una conferencia de prensa.

Padilla, por si mismo, se colocó los suéteres de líder, mejor guatemalteco, líder de metas volantes y montaña. Levantó los brazos, en señal de victoria, cada vez que subió al podio. Siempre tuvo puesta la mascarilla.

Ya en la conferencia Padilla dijo: “Ha sido un año muy difícil para muchas personas, para las empresas, no solo en lo personal, sino en general. Quiero agradecer a muchas personas, principalmente a Ópticas Deluxe, porque no nos desampararon como ciclistas. Agradezco mucho a la familia Ramos, ellos lo merecen”, expresó. De hecho, aseveró que había pensado en dejar la bicicleta, pero muchas personas lo motivaron para continuar en esta disciplina deportiva.

Agregó que sus amigos, los de la “grupeta”, que siempre entrenan con él, así como su familia, han sido pieza fundamental para lograr este éxito de hoy. “Hemos pasado momentos difíciles por la pandemia, pero seguimos adelante, intentando hacer historia”, expresó.

La etapa de mañana 24 de octubre da inicio en Monjas, Jalapa y culminará en Barberena, Santa Rosa.

Los nacimientos obtuvieron un 46.3% de los votos de la encuesta, seguido por los tradicionales tamales y el ponche con un 30.1% de los votos de los lectores de este diario.

Los cohetillos y el abrazo a las doce de la noche obtuvieron la misma calificación, 6.7%, mientras que por la tradición de Papá Noel y el árbol de Navidad votó el 4.3%.

El tradicional estreno de la noche y los regalos, así como la cena de Navidad, obtuvieron el 2.1% de los votos. El pavo no obtuvo un solo voto dentro de la encuesta.

Celso Lara, historiador guatemalteco, en algunos de sus estudios, asegura que los primeros nacimientos o belenes, como les llaman en Europa, los trajeron curas españoles a principios del siglo XVI.

En un principio, éstos eran exclusivos de las iglesias católicas y con el tiempo esta tradición empezó a ser una práctica común para conmemorar la Nochebuena en casas de familias españolas y luego mestizos.

Según Lara, fue el santo español Pedro de San José de Betancur el promotor de la recreación del nacimiento del Niño Jesús en 1625 en las casas de Santiago de los Caballeros, ex capital del Reino de Guatemala, y ahora Antigua Guatemala.

“Son ya casi 400 años de una tradición que continúa viva y pujante, y que hoy día es representativa de la cultura guatemalteca”, asegura.

En todo el país, hay familias que recrean el nacimiento del niño Jesús en sus casas, y abre las puertas a miles de fieles católicos que quieren apreciar estos escenarios.

Rafael Ríos Villeda, tiene 62 años y desde hace 20 trabaja el Cementerio ha sido su lugar de trabajo en la venta de contratos funerarios. Sin embargo, desde hace cinco, debido a las condiciones económicas, decidió involucrarse en otro “chance”: canta en los panteones en días especiales como la Navidad.

A Ríos se le ve caminar por las calles y avenidas del camposanto ofreciendo sus servicios de trovador.

Amelia Rivera pasa la primera Nochebuena sin su padre. Acompañada de su hermano, deja una ofrenda de flores a quien se adelantó el viaje hace un mes. A su lado pasa Rafael y le pide que interprete Más allá del Sol, melodía con acordes tristes y una letra que hace remojar los ojos de los Rivera.

Navidad, Año Nuevo y las fiestas familiares tendrán la silla vacía de su padre. Una mirada húmeda y fija hacia el sepulcro, con la música de la cuerdas tristes, recuerda las viejas celebraciones.

Ríos asegura que los sentimientos que se viven en el lugar son diversos, y que él, no solo con ese ingreso de cantarle a las personas que ya no están, ayuda a sostener a su familia.

“En esta fechas la gente está más propensa a la tristeza, y quizá una canción les hace pasar un rato tranquilo. Llorar no es siempre malo”, asegura.

Ya lo hizo en el Desfile de las Rosas, en Pasadena, California, el 1 de enero último, y ahora la banda coatepecana desfilará en tierras norteamericanas.

Esta vez representará a Guatemala y Latinoamérica en el desfile anual de los almacenes Macy’s y su caravana de globos, que celebrará su 84 edición.

Este desfile, que le da colorido al Día de Acción de Gracias, se celebra desde 1920, según los organizadores.

La banda guatemalteca participará con un repertorio de merengues, salsa, cumbia norteña y música colombiana. De manera especial ensaya Luna de Xelajú, del compositor Paco Pérez.

El representante de la banda en EE. UU., Ricardo Cóbar, expuso: “Estamos ansiosos, felices y muy orgullosos de representar a Guatemala en tierras extranjeras. Muchos de los integrantes son de escasos recursos y jamás habrían imaginado viajar a una actividad como esta”.

Cóbar aseveró que su participación se dio por iniciativa de la directora del instituto Pedro Molina, Patricia de Boiton.

“Macy’s decide hacer algo nuevo para este año, según su director creativo, Wesley Whatley, al incluir por primera vez en la historia del desfile a una banda internacional y latina”, explicó.

Señaló que previamente habían invitado a un grupo de Canadá, pero por la cercanía con Nueva York, y el idioma, lo descartaron y les dieron la oportunidad a los guatemaltecos.

Fue de esta manera, afirmó Cóbar, como se dio la posibilidad de que la banda coatepecana viaje por segunda ocasión a un desfile estadounidense, y sobre todo participe en la celebración de Acción de Gracias, uno de los días más representativos de la cultura norteamericana.

Se van a Nueva York

De acuerdo con Cóbar, el viaje lo harán los días 17 y 18 de noviembre próximos. Dos días después harán un ensamble con un grupo de residentes latinos en Washington, como preámbulo del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s.

La banda está integrada por 240 jóvenes. “Son 124 hombres y 116 mujeres, comprendidos entre los 13 y 24 años, quienes tienen la ilusión de representar dignamente a Guatemala en esta actividad”, señaló.

Aunque aún les falta conseguir dinero para pagar el viaje, Cóbar indicó que la Dirección General de Educación Física les donó 200 pasajes aéreos.

“Aún recaudamos fondos para los restantes 40, por lo cual solicitamos patrocinio de la población y empresas que deseen hacerlo”, dijo.

En Nueva York y Connecticut, dos comités de guatemaltecos trabajan para darles alojamiento, alimentación y transporte a los miembros de la banda. Además, EE. UU. les dio visa.

“Es la primera vez en toda la historia del desfile de Macy’s que un grupo latinoamericano va a participar”, aseguró Cóbar.

Preparan el viaje

Rito Pérez, profesor encargado del sistema coreográfico de la banda, informó que se preparan para participar en este nuevo reto musical internacional.

“Nos preparamos intensamente para hacer un buen espectáculo. Ensayamos de ocho a 13 horas, ponemos el mejor esfuerzo, definimos el espectáculo visual, las maniobras de banda y diseñamos los trajes para la presentación. Queremos representar orgullosamente a Guatemala y a Latinoamérica”, expresó Pérez.

Buscan fondos

El 30 de septiembre último, durante una presentación en México, 40 integrantes de la banda resultaron heridos cuando un caballo se desbocó y los golpeó.

Además, el animal dañó algunos instrumentos musicales que ahora les harán falta en esta presentación.

“Se dañaron 10 trompetas, una tuba y dos timbales, además de los integrantes que salieron lastimados”, dijo Pérez.

Por esta razón, aseveró, piden ayuda a la comunidad, para que los apoye en su afán por representar dignamente a Guatemala.

Este grupo musical fue fundado en 1982 como banda de guerra, pero a partir del 2005 cambió a un repertorio versátil y popular.