Sandy Pineda
Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.
NOTAS DE Sandy Pineda
La filtración de datos de más de 8.3 millones de registros altamente confidenciales robados a una empresa de gestión de datos, no tendría impacto en Guatemala, según el administrador del programa en el país.
Paso a desnivel de la Petapa sumaría otros 303 días para concluir, pese a más de tres años de atraso
Iniciado en el 2022, el paso a desnivel de la Petapa continúa inconcluso. Un cronograma oficial estima que aún faltan 303 días, luego de una suspensión por amparo y múltiples complicaciones administrativas.
Videos y testimonios dan cuenta de detonaciones durante un concierto en el campus de la zona 12. Hasta ahora, no hay una versión oficial que confirme el origen de los disparos ni el tipo de arma utilizada.
Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos explica por qué manifestará el 23 de marzo y qué peticiones presentará.
Más allá de ser una obligación legal, el limitador de velocidad se plantea como una herramienta para reducir accidentes al evitar que los vehículos pesados superen el límite permitido, incluso si el conductor intenta hacerlo. ¿Cómo funciona?
El Legislativo aprobó reformas para garantizar que jubilados del IPM alcancen el salario mínimo, además de estudios para evaluar la sostenibilidad del régimen.
Solo un 5.7% del total de vehículos de transporte pesado y colectivo cuenta con limitadores de velocidad, una cifra que cobra relevancia tras el accidente en la autopista Palín–Escuintla que dejó tres fallecidos y reavivó las críticas por la falta de controles.
Organizaciones sociales y la PDH señalan que el incumplimiento de la normativa y la instalación de los reductores de velocidad refleja debilidad institucional y refleja pocos esfuerzos para reducir la siniestralidad vial.
La construcción del nuevo penal se anunció después de la crisis causada por la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Fraijanes II a finales del año pasado.
Ante el incremento de procesiones y actividades religiosas, la DGAC recordó las normas para operar drones, entre ellas el registro obligatorio para ciertos equipos y no volar sobre determinada altura.