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Caso Xochi pone a prueba la certeza jurídica y envía señales de alerta a los inversionistas
La arbitrariedad de la Municipalidad de Mazatenango respecto del corredor Xochi podría derivar en una serie de consecuencias, especialmente por el riesgo país que representa para los inversionistas locales e internacionales en obras de infraestructura.
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Guatemala entra nuevamente en un escenario de incertidumbre y de falta de certeza jurídica para la inversión, luego de las acciones de la Municipalidad de Mazatenango respecto de la puesta en marcha de la autopista privada corredor Xochi. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Guatemala entra nuevamente en un escenario de incertidumbre y falta de certeza jurídica para las inversiones, luego de que la Municipalidad de Mazatenango impidiera la puesta en marcha de la autopista privada corredor Xochi.
El proyecto de peaje, que está por habilitarse para los usuarios de la costa sur, y la decisión de la autoridad de cerrar la obra envían un mensaje negativo a los potenciales inversionistas interesados en proyectos de gran envergadura, debido al riesgo que representa para la inversión. Además, generan una percepción de desconfianza sobre el clima de negocios del país.
Estas situaciones pueden generar la percepción de que las reglas para invertir en Guatemala no son tan claras, según expertos consultados.
Riesgo para nuevas inversiones
Consultados acerca de cómo una autoridad local puede irrumpir de manera arbitraria en un proyecto privado de infraestructura vial y sobre el mensaje que ello transmite a los inversionistas nacionales e internacionales, los expertos ofrecieron diversas interpretaciones.
Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, destacó que los inversionistas toman decisiones con base en reglas claras, procedimientos predecibles y respeto a los derechos adquiridos.
Añadió que, cuando una autoridad interviene o paraliza una obra que ha cumplido con los requisitos exigidos, sin apego al debido proceso o mediante exigencias no previstas en la normativa, se genera la percepción de que las reglas pueden cambiar de forma arbitraria.
A su juicio, esta situación incrementa el riesgo de invertir en el país, afecta la confianza en las instituciones y puede provocar que proyectos futuros se trasladen a jurisdicciones con mayor seguridad jurídica.
Advierten daño al clima de inversión
Para Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la medida envía una señal de riesgo y coincide con la postura de Cáceres.
Explicó que, cuando una obra con permisos y capital invertido se detiene por decisión unilateral de una autoridad local, el inversionista entiende que en Guatemala las reglas pueden variar de un territorio a otro, aunque todo esté en orden a escala nacional.
“Eso genera desconfianza. La inversión internacional busca predictibilidad: que lo que aprueban las instituciones se respete en la práctica. Si una municipalidad puede detener una carretera solo con rótulos, el mensaje es que el poder está fragmentado y cualquier actor local tiene poder de veto”, apuntó.
Añadió que esa situación ahuyenta capital y proyectos futuros, no solo en Suchitepéquez, sino en todo el país.
Ven señal negativa para inversión
En esa misma línea, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que el caso Xochi envía una señal de alerta de primer orden, precisamente en un momento en que Guatemala trabaja para mejorar su perfil crediticio y atraer inversión privada en infraestructura.
El mensaje, en concreto, es: “En Guatemala, un inversionista privado puede cumplir con todos los requisitos legales, construir 31 kilómetros de autopista con estándares internacionales, tener fecha de inauguración confirmada y, aun así, ver su proyecto bloqueado por una autoridad local que retiene discrecionalmente una prórroga de licencia solicitada desde febrero, sin resolución ni notificación formal”.
Eso genera desconfianza. La inversión internacional busca predictibilidad: que lo que aprueban las instituciones se respete en la práctica. Si una municipalidad puede detener una carretera solo con rótulos, el mensaje es que el poder está fragmentado y cualquier actor local tiene poder de veto.
El directivo afirmó que, en términos de análisis de inversión, el daño es desproporcionado respecto del tamaño del conflicto.
“Un inversionista que analiza Guatemala para un proyecto de APP, una concesión portuaria o una planta industrial no necesita leer el expediente legal de Mazatenango; le basta saber que esto ocurrió”, consideró Zapata.
Recalcó que Xochi no es solo un conflicto de licencias en Mazatenango. Es un caso que pone a prueba si Guatemala es un país donde la inversión privada en infraestructura puede operar con certeza jurídica real, y no solo formal. La respuesta institucional en las próximas horas y días definirá cuán costosa resulta esta señal.
Inversión exige reglas claras
El surgimiento de este conflicto deja varias lecciones, según los entrevistados.
Cáceres resaltó que la protección de la propiedad privada y la certeza jurídica no solo son garantías constitucionales, sino también condiciones indispensables para atraer inversión, generar empleo y promover el desarrollo económico.
Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y garantizar que las decisiones administrativas se adopten con criterios técnicos y jurídicos claros, para evitar actuaciones que generen incertidumbre y afecten la confianza de ciudadanos e inversionistas.
Xochi expone siete trabas a inversión
Maul agregó que este caso deja tres lecciones “duras”.
La primera es que los documentos no bastan. Tener licencias, estudios y prórrogas aprobadas no garantiza que una obra avance. En Guatemala, la viabilidad real se define en el territorio y no solo en los expedientes. Xochi contaba con todos los requisitos técnicos, pero aun así fue paralizado.
La segunda es la existencia de demasiados obstáculos. El caso muestra que, cuando muchos actores —alcaldía, comunidades, ambientalistas y autoridades de vialidad— pueden bloquear un proyecto sin coordinación, este se paraliza. “No es que falte inversión, es que sobra poder de veto sin un ente que ordene y medie”.
La tercera es la debilidad del Estado en el territorio. Según Maul, la lección de fondo es que el Estado no logra articular esos poderes locales.
“Mientras no haya una rectoría clara que traduzca los permisos nacionales en ejecución local, cada proyecto grande va a depender más de su capacidad política para sobrevivir que de sus méritos técnicos”, añadió Maul.
Por su parte, Zapata enfatizó cuatro lecciones:
- La reforma regulatoria no puede detenerse en el ámbito nacional.
- Los mecanismos de resolución de disputas deben ser expeditos.
- La inversión privada en infraestructura necesita protección explícita frente al riesgo político subnacional.
- El costo reputacional se paga colectivamente. Guatemala no puede permitir que un jefe edil ponga en riesgo la reputación del país como destino de inversión.
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